Los sistemas democráticos que se han desarrollado en los últimos doscientos años se asientan sobre un pilar fundamental: el Estado de Derecho. Este principio, articulado a través de acuerdos internacionales que desarrollan los derechos humanos, establece las reglas del juego que permiten la convivencia pacífica en sociedades plurales. La democracia, en esencia, es diálogo, negociación y acuerdo. Es el arte de ceder para encontrar puntos de encuentro, de legislar no para las mayorías absolutas sino para el mayor número posible de ciudadanos, atendiendo siempre a las minorías que, progresivamente, van adquiriendo derechos en un proceso de constante ampliación de la ciudadanía.
Es crucial comprender que los derechos no se otorgan contra nadie; se reconocen a favor de determinados grupos. Esta distinción, aparentemente sutil, es fundamental: la conquista de derechos para colectivos históricamente marginados no merma los derechos de quienes ya los poseen. Sin embargo, en los últimos años, asistimos a un preocupante movimiento que busca redefinir los límites de lo democráticamente aceptable, un desplazamiento del eje promovido sistemáticamente por las derechas, no solo en España sino en el contexto internacional.
La estrategia ha sido sutil pero efectiva. Se parte de un silogismo falaz: "todas las opiniones son respetables". No es cierto. El derecho a tener una opinión es, sin duda, respetable y debe ser garantizado en cualquier democracia que se precie. Pero la opinión en sí misma puede ser reprobable e incluso punible legalmente cuando atenta contra los derechos fundamentales, incita al odio o cuestiona la dignidad humana.
Este falso silogismo ha permitido que principios y exposiciones que en sociedades democráticas inclusivas eran socialmente sancionados por atentar contra la libertad, la igualdad, la legalidad y la fraternidad, comiencen a normalizarse. Lo que antes era inaceptable, hoy se presenta como una opinión más en el mercado de las ideas, digna de ser escuchada y debatida. Y en ese debate, la propia idea de lo inaceptable se va desplazando, ampliando el espectro de lo tolerable hacia posiciones que hace una década habrían sido calificadas sin ambages como extremistas.
Un ejemplo paradigmático de este fenómeno lo encontramos en la columna escrita por Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol. En ella, el expresidente del Gobierno argumentaba que, aunque nacidos en Francia con plenos derechos, algunos jugadores no eran «realmente» franceses por el color de su piel. La afirmación, que no es sino un postulado de extrema derecha que cuestiona la nacionalidad de ciudadanos de pleno derecho basándose en criterios raciales, representa una aberración democrática y socialmente inaceptable.
Sin embargo, lo realmente revelador no fue la columna en sí, sino la reacción de las derechas conservadoras españolas. Ante la evidencia de que M. Rajoy había traspasado una línea roja, la respuesta fue intentar hacer pasar sus palabras por una broma, una «campechanía», un comentario sin importancia. Esta estrategia de trivialización es precisamente el mecanismo mediante el cual se desplaza el eje de lo inaceptable hacia los intereses de la derecha: se dice lo indecible, se normaliza y, cuando la indignación es inevitable, se minimiza como una anécdota.
La figura de Mariano Rajoy es, en este contexto, profundamente paradójica. Llegó a la presidencia del Gobierno siguiendo la línea de la gran coalición alemana, con el supuesto objetivo de evitar que las ultraderechas europeas accedieran al poder. Sin embargo, su gobierno se caracterizó por una corrupción sistémica que alcanzó las más altas instancias del Estado: el caso Montoro, la operación Kitchen, el escándalo de las eólicas, la policía patriótica... Una gestión que terminó con la única moción de censura exitosa de nuestra reciente historia democrática.
Pero el legado más preocupante de su mandato no fue la corrupción, sino la deriva hacia la que empujó a su propio partido. El Partido Popular, que se declaraba moderado y conservador, comenzó a regalar en bandeja de plata los gobiernos autonómicos a la ultraderecha fascista, racista y extractiva más salvaje de Europa. Y lo que es peor: asumió como propios los postulados antidemocráticos y xenófobos de esa ultraderecha, pintada con un recuerdo entrañable de la despreciable dictadura franquista.
Este proceso no puede entenderse sin considerar el sustrato franquista que aún subyace en la mentalidad de ciertos poderes fácticos. Como señala Martín Pallín, existe un «Estado Profundo» compuesto por sectores de la judicatura, las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación y las élites económicas que mantienen una concepción autoritaria del poder. Esta estructura, heredera del franquismo sociológico mas pertinaz, ha visto en la estrategia de desplazamiento del eje democrático una oportunidad para recuperar privilegios perdidos.
La derecha española, en su deriva hacia posiciones extremas, no hace sino reflejar este sustrato. Ya no se conforma con ser una oposición conservadora dentro de los márgenes democráticos; aspira a redefinir esos márgenes para incluir discursos que antes eran patrimonio exclusivo de la extrema derecha. El resultado es una normalización progresiva de postulados que atentan contra los fundamentos mismos del Estado de Derecho y los derechos humanos.
La consecuencia es, una vez más, la banalización del mal.
El peligro de este desplazamiento del eje es doble. Por un lado, efectivamente, banaliza el mal, haciendo que afirmaciones racistas, xenófobas o antidemocráticas pierdan su carga transgresora y se conviertan en opiniones más en el debate público. Por otro, legitima a formaciones políticas que, en condiciones normales, quedarían relegadas al margen del sistema. Cuando un partido conservador asume los postulados de la ultraderecha, está diciendo a la ciudadanía que esas posiciones son aceptables, que forman parte del espectro democrático.
La sucesión de M. Rajoy en el liderazgo del Partido Popular no ha hecho sino profundizar esta deriva. Un partido que se declaraba moderado y conservador se ha convertido en el socio indispensable de la ultraderecha para acceder a gobiernos autonómicos, asumiendo con ello toda su agenda antidemocrática. La xenofobia, el racismo, la negación del cambio climático, el cuestionamiento de los derechos LGTBI, la derogación de leyes de memoria histórica... Todo ello ha pasado a ser moneda corriente en el debate político español.
Urge recuperar el centro democrático, ese espacio de diálogo y acuerdo que permite a las sociedades avanzar sin romper el tejido social. Pero para ello es necesario, en primer lugar, reconocer que el desplazamiento del eje existe, que no es una percepción subjetiva sino una estrategia consciente impulsada por las derechas internacionales. En segundo lugar, es preciso señalar sin ambages cuándo una opinión traspasa los límites de lo democráticamente aceptable, sin caer en la trampa del falso silogismo de que todas las opiniones merecen el mismo respeto.
El caso de Rajoy y su columna sobre la selección francesa es solo el último síntoma de una enfermedad más profunda. La derecha española, como buena parte de las derechas europeas, ha decidido competir con la ultraderecha en su propio terreno, asumiendo sus postulados para no perder electorado. El resultado es un desplazamiento progresivo de lo políticamente correcto hacia posiciones que socavan los cimientos del Estado de Derecho y los derechos humanos.
No se trata de censurar opiniones, sino de no normalizar lo inaceptable. La democracia no es un mercado de ideas donde todas tienen el mismo valor; es un sistema que se sostiene sobre principios éticos y jurídicos que debemos preservar. Cuando un expresidente del Gobierno puede afirmar impunemente que unos ciudadanos franceses no son realmente franceses por el color de su piel, y su partido lo defiende como una broma, algo se ha roto en el consenso democrático.
Recuperar ese consenso exige valentía: señalar las aberraciones como lo que son, no dejarse arrastrar por la falsa equidistancia y defender con firmeza los valores de la ilustración y los derechos humanos. Solo así podremos impedir que el eje de lo democráticamente aceptable siga desplazándose hacia el abismo.
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