Te engañaron: un atónomo no es un empresario.

En el anterior post abordamos cómo la narrativa económica dominante, al servicio de intereses extractivos, cuestiona constantemente los mecanismos redistributivos del Estado socialdemócrata. Señalábamos que la economía, como disciplina, es a menudo un campo de batalla ideológico donde los datos se moldean para justificar agendas políticas. Hoy no nos queda más remedio que dar un paso más en este desmontaje y centrarnos en una de las grandes falacias del capitalismo contemporáneo: la equiparación entre el autónomo y el empresario. Esta confusión, deliberadamente alimentada por las organizaciones empresariales y ciertos discursos mediáticos, no es un mero error de terminología; es una trampa conceptual que sitúa a millones de trabajadores por cuenta propia en el bando equivocado de la lucha de clases.

Para entender esta distorsión, es imprescindible partir de una definición clara y fría, desprovista de juicios morales. Un autónomo es una persona física que realiza una actividad económica de forma habitual, personal y directa, a cambio de una remuneración, sin estar subordinada a un empleador. Un empresario, en cambio, es aquel que crea y gestiona una estructura empresarial, una organización formal con personalidad jurídica propia, para desarrollar su actividad. Esta diferencia no es baladí. El autónomo no tiene un «capital» que invertir en una estructura, sino que es su propia fuerza de trabajo la que pone en el mercado. El autónomo es, en esencia, un trabajador que ha asumido el riesgo de la gestión de su propio empleo, pero que sigue siendo, ante todo, un vendedor de su tiempo y de su capacidad productiva.

La confusión se agrava cuando analizamos la naturaleza de la empresa desde la perspectiva de la Teoría General de Sistemas. Una vez que una empresa ha superado su fase inicial y ha logrado estabilizar su producción y su mercado, su función fundamental deja de ser la creación de valor para convertirse en la gestión de flujos. La Teoría General de Sistemas, formulada por Ludwing Von Bertalanffy, concibe la organización como un sistema abierto que intercambia continuamente materia, energía e información con su entorno. Bajo este prisma, la empresa se convierte en una máquina de optimización de flujos: de materiales, de capitales y de información. Su objetivo no es tanto «producir» como «extraer». Extraer valor pagando a los proveedores lo más tarde posible (obteniendo así un crédito sin coste), cobrando a los clientes lo antes posible (obteniendo liquidez inmediata) y, crucialmente, gestionando la plusvalía generada por los trabajadores.

La plusvalía, en su definición más clásica, no es más que el valor que el trabajador asalariado crea por encima del valor de su propia fuerza de trabajo, es decir, por encima de su salario. El empresario, por tanto, no es un creador de riqueza, sino un gestor de la misma. Su habilidad reside en maximizar los márgenes entre lo que se paga por los insumos (incluida la mano de obra) y lo que se cobra por los productos finales. La empresa, como sistema, es intrínsecamente extractiva. No es una crítica, sino una descripción de su función en el modo de producción capitalista.

Frente a esta lógica extractiva, el autónomo emerge como una figura que, en su origen, busca precisamente escapar de ella. El trabajador autónomo es aquella persona que ve la posibilidad de que las plusvalías y los márgenes de su trabajo no se los quede un conglomerado empresarial, y que él, como resultado directo de su esfuerzo y sus ideas, pueda obtener el máximo rendimiento. Es un intento de recuperar el control sobre el fruto de su propio trabajo. Sin embargo, el gran éxito ideológico del capitalismo ha sido convencer a estos autónomos de que sus intereses son los mismos que los de las grandes corporaciones extractivas. Se les ha vendido la idea de que son «pequeños empresarios», que deben luchar por las mismas banderas: menos impuestos, menos regulación, menos derechos para los trabajadores (que ahora son ellos mismos). Este es el autoengaño fundamental.

La realidad es muy diferente. El autónomo no es más que una pieza más en la cadena de flujos que las grandes empresas utilizan para extraer riqueza. A menudo, son la base de la pirámide productiva, suministrando bienes y servicios a corporaciones que, gracias a su poder de mercado, imponen condiciones de pago y precios que exprimen al máximo el margen del autónomo. El discurso de la «carga fiscal» que tanto resuena en el colectivo es, en este contexto, una distracción. Muchos autónomos, llevados por este relato, contribuyen durante toda su vida laboral con cantidades miserables a la sociedad, cotizando por las bases mínimas para reducir sus cuotas a la Seguridad Social. Se quejan amargamente de los impuestos, pero cuando llega el momento de la jubilación, reclaman que el «Papá-Estado», al que contribuyeron siempre de forma renegada y en la medida justa para obtener las prestaciones más básicas, les resuelva la papeleta con una pensión digna. No es una crítica moral, es una constatación de una contradicción interna: se exige al Estado que provea cuando se ha hecho todo lo posible por no contribuir a él. La paradoja es que muchos autónomos, que se consideran defensores del libre mercado, se convierten, al final de su vida, en los mayores dependientes del Estado del bienestar que tanto criticaron.

Un ejemplo paradigmático de esta contradicción lo encontramos en el reciente caso de abogados y procuradores. Durante años, estos profesionales cotizaron a sus mutualidades, a menudo por las bases mínimas, lo que se tradujo en que, al llegar a la jubilación, se encontraron con pensiones que en muchos casos no llegaban a los 800 euros mensuales. La situación era tan precaria que muchos no alcanzaban siquiera el umbral del Ingreso Mínimo Vital. La reacción del sector fue exigir al Estado una solución, una «pasarela» que les permitiera complementar sus pensiones con cargo a los presupuestos generales. Es decir, después de haber contribuido de forma mínima durante décadas, reclamaban un salvamento público. El Estado, finalmente, ha tenido que intervenir para paliar una situación generada por la propia lógica de la «optimización fiscal» que el discurso dominante tanto alaba.

Otro caso similar es el de los funcionarios que cotizan a MUFACE. La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado no gestiona las pensiones de jubilación, que dependen del Régimen de Clases Pasivas. Los funcionarios tienen la opción de cotizar al régimen general de la Seguridad Social, pero sus prestaciones y condiciones no son homogéneas. La comparación entre ambos regímenes es compleja, pero lo que subyace es el mismo patrón: la búsqueda de un sistema de protección social que, al final, debe ser sostenido por el conjunto de la sociedad, incluso por aquellos que, durante su vida activa, han contribuido a erosionar la base del mismo.

El colmo del autoengaño se manifiesta cuando los autónomos se alinean con las grandes patronales y organizaciones empresariales que dicen defender sus derechos. Creen que comparten un enemigo común: el Estado y los impuestos. Pero olvidan una ley fundamental del capitalismo: si una gran empresa comprueba que el sector en el que opera el autónomo es productor de altos márgenes y plusvalías, no dudará en ejercer su poder e influencia para «comerle la tostada». Los ejemplos son numerosos y evidentes. El sector del taxi, compuesto mayoritariamente por autónomos con licencias propias, ha sido literalmente devorado por la irrupción de plataformas como Uber y Cabify. Estas empresas, con su capacidad para operar a gran escala y eludir ciertas regulaciones, han generado una competencia que muchos califican de desleal, poniendo en jaque a los autónomos del sector. Lo mismo ha ocurrido en el sector hotelero con la aparición de Airbnb, que ha permitido a grandes tenedores de viviendas competir directamente con pequeños hostales y B&B, a menudo sin cumplir con las mismas cargas fiscales y regulatorias.

Estos ejemplos demuestran que el interés de las grandes corporaciones no es el del pequeño autónomo. El capitalismo no es un ecosistema de pequeñas y grandes empresas compitiendo en igualdad de condiciones; es un sistema jerárquico donde el capital concentrado tiende a absorber o destruir al capital disperso. Los autónomos, al abrazar el discurso del «empresario individual» y alinearse con las fuerzas que promueven la desregulación y el debilitamiento del Estado, están cavando su propia tumba. Están desmantelando las únicas herramientas que podrían protegerles de la voracidad de los grandes conglomerados: un sistema fiscal progresivo que financie servicios públicos de calidad, y una regulación que limite el poder de mercado de las grandes corporaciones.

En conclusión, la confusión entre autónomo y empresario no es un accidente semántico. Es una construcción ideológica que sirve para dividir a la clase trabajadora, para hacer creer a aquellos que venden su fuerza de trabajo (aunque sea por cuenta propia) que sus intereses están alineados con los de aquellos que viven de la gestión de la fuerza de trabajo ajena. Es un canto de sirena que lleva a los autónomos a luchar contra sus propios intereses, a renegar del Estado que podría protegerles y a abrazar la lógica de un mercado que, en última instancia, les devorará. Es hora de que los autónomos comprendan la esencia del capitalismo y dejen de ser piezas útiles en un juego que está diseñado para que siempre pierdan.