Desmontando bulos con la Constitución en la mano: conceptos básicos de la democracia española

La democracia española, asentada sobre la Constitución de 1978, es un sistema complejo que con frecuencia se simplifica en exceso en el debate público. Esta simplificación, en ocasiones interesada, da lugar a afirmaciones que, aunque repetidas hasta la saciedad, no se corresponden con lo que establecen nuestras leyes. Este texto recorre algunos de los bulos más recurrentes en la política española, confrontándolos con el texto constitucional y la legislación vigente, con el objetivo de ofrecer una visión clara y fundamentada de cómo funciona realmente nuestro sistema.

Primer bulo: la venta de patrimonio público para financiar gastos corrientes

Un ejemplo reciente de este tipo de afirmaciones es el anuncio del Gobierno de la Comunidad de Madrid de vender inmuebles de la sociedad pública Planifica Madrid para destinar los fondos a los afectados por los incendios forestales de la Sierra Oeste. La declaración, a primera vista, puede parecer una medida solidaria y eficaz. Sin embargo, choca frontalmente con los principios que rigen la gestión del patrimonio público y los presupuestos.

La Constitución Española, en su artículo 135, establece que todas las Administraciones Públicas deben adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Este principio, desarrollado por la Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003), implica que los presupuestos son el instrumento fundamental para planificar los gastos e ingresos públicos. La Ley General Presupuestaria es clara al señalar que los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados. Esto significa que no se pueden generar ingresos extraordinarios, como los derivados de una venta patrimonial, y destinarlos de manera improvisada a una partida de gasto que no había sido prevista, por muy loable que sea su fin.

El patrimonio público, además, no es una hucha a la que recurrir para gastos corrientes o imprevistos. La normativa de hacienda pública, como la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid, prohíbe explícitamente la venta de inmuebles para pagar gasto corriente. Las ayudas para paliar los daños de una catástrofe natural, por su propia naturaleza, constituyen un gasto corriente o una transferencia, no una inversión. Por lo tanto, la afirmación de que se pueden vender bienes patrimoniales para financiar directamente estas ayudas no solo es incorrecta desde el punto de vista presupuestario, sino que también podría ser ilegal, ya que obvia los procedimientos de modificación presupuestaria que son obligatorios para cualquier cambio en el destino de los fondos públicos.

Segundo bulo: la «prioridad nacional» en sanidad frente al principio de universalidad

El debate sobre el acceso a la sanidad ha traído a la palestra conceptos como la «prioridad nacional», una idea que propugna que los ciudadanos españoles o con «arraigo» deberían tener preferencia en el acceso a las prestaciones sanitarias frente a los extranjeros. Esta noción, defendida por algunas formaciones políticas, choca de manera directa con el principio rector de nuestro Sistema Nacional de Salud: la universalidad.

El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud y encomienda a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de las prestaciones y servicios necesarios. Este mandato constitucional se materializó en la Ley General de Sanidad de 1986, que sentó las bases de un sistema sanitario público, universal y gratuito. La universalidad significa que el acceso a la sanidad no depende de la nacionalidad, la situación administrativa o la capacidad de pago, sino de la necesidad médica. Es un pilar fundamental que, como ha señalado la ministra de Sanidad, convierte al sistema español en un referente mundial.

Plantear una «prioridad nacional» en el acceso a la sanidad supone una vulneración de este principio. Implicaría establecer un triaje no basado en criterios médicos o de urgencia, sino en la condición de la persona, lo que es contrario a la equidad y a la propia lógica de un sistema universal. La legislación, refrendada por sucesivos gobiernos, ha ido en la dirección contraria, ampliando la cobertura para garantizar que todas las personas en territorio español tengan acceso a la atención sanitaria. Establecer prioridades basadas en la nacionalidad no solo es una transgresión del ordenamiento jurídico, sino que también puede ser contraproducente desde el punto de vista de la salud pública y la eficiencia del sistema, al dejar sin atender a poblaciones que, por su propia situación de vulnerabilidad, pueden generar mayores costes a largo plazo.

Tercer bulo: «ganar» las elecciones y la traición a los votantes

En el imaginario colectivo, y en el discurso de algunos partidos, es común escuchar que «hemos ganado las elecciones» o que un partido ha «traicionado» a sus votantes al pactar con otros. Ambas afirmaciones parten de una comprensión errónea de la naturaleza de nuestra democracia parlamentaria.

La Constitución, en su artículo 68, establece que el Congreso se compone de Diputados elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. El sistema electoral español, regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), utiliza el método D'Hondt para la asignación de escaños. Este método es una fórmula de representación proporcional, lo que significa que su objetivo es traducir los votos en escaños de la manera más proporcional posible, aglutinando las diferentes sensibilidades políticas del país. Es un sistema diseñado para que el Parlamento sea un reflejo, aunque imperfecto, de la pluralidad de la sociedad.

En este contexto, afirmar que un partido «gana» las elecciones es una simplificación. Quien obtiene más escaños tiene una mayor representación, pero en un sistema parlamentario, la investidura del presidente del Gobierno requiere una mayoría absoluta o simple en el Congreso (artículo 99 CE). Dado que es excepcional que un partido obtenga esa mayoría absoluta, la conformación del Gobierno exige necesariamente la negociación y el pacto entre distintas fuerzas políticas. La Constitución, al reconocer a los partidos políticos como instrumentos de expresión del pluralismo político (artículo 6), legitima y fomenta este diálogo.

Por lo tanto, el pacto no es una traición, sino la esencia del sistema. Cuando un partido negocia con otros para formar gobierno o para sacar adelante una ley, no está traicionando a sus votantes, sino cumpliendo con el mandato constitucional de gobernar para el conjunto de la sociedad. La negociación permite que las leyes, fruto del consenso, representen al mayor número posible de ciudadanos, integrando diferentes perspectivas. Es la consecuencia lógica de un sistema de representación proporcional y de un Estado social y democrático de Derecho, donde la voluntad popular se manifiesta a través del diálogo y la búsqueda de acuerdos en el Parlamento.

Cuarto bulo: los pactos pueden ser de cualquier cosa

Una consecuencia del bulo anterior es la idea de que los partidos, al pactar, pueden acordar cualquier medida, por muy alejada que esté del marco legal. Esto es falso. Todos los pactos y acuerdos políticos, incluidos los programas de gobierno, deben moverse dentro del estricto marco de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, que incluye la legislación europea, nacional y autonómica.

Un gobierno, al ejercer su función ejecutiva (artículo 97 CE), está sujeto a la ley. No puede, mediante un pacto de investidura o un acuerdo de gobierno, transgredir derechos fundamentales, vulnerar principios constitucionales o aprobar leyes que sean inconstitucionales. Ejemplos como la propuesta de establecer una «prioridad nacional» en sanidad, que contradice el principio de universalidad, o la idea de modificar el concepto de «violencia de género» a «violencia intrafamiliar», que podría chocar con las leyes de protección integral contra la violencia de género, son claros ejemplos de propuestas que, de ser implementadas, supondrían una clara transgresión del ordenamiento jurídico.

El control de constitucionalidad de las leyes recae en el Tribunal Constitucional, que vela porque ninguna norma, pacto o decisión política vulnere la Carta Magna. Por tanto, los acuerdos entre partidos, como los que puedan alcanzar PP y Vox, no son un espacio de creatividad legal ilimitada, sino que están constreñidos por los límites que la propia democracia y el Estado de Derecho imponen. La ley es el límite y el pacto, el instrumento para gestionar la diversidad dentro de ese marco.

Finalizando

Los bulos políticos, en muchas ocasiones, no son más que simplificaciones interesadas de realidades jurídicas complejas. La democracia española, con sus mecanismos de representación proporcional, su sistema de pactos y su consagración de derechos fundamentales como la sanidad universal, es un sistema diseñado para gestionar la pluralidad y garantizar la estabilidad dentro del Estado de Derecho. Aceptar afirmaciones como la venta libre de patrimonio para gastos corrientes, la prioridad nacional en sanidad, la existencia de un "ganador" de las elecciones o la libertad absoluta para pactar cualquier cosa, implica desconocer los pilares sobre los que se asienta nuestra convivencia. La confrontación de estas ideas con el texto constitucional y la ley no es un ejercicio de opinión, sino un requisito indispensable para una ciudadanía informada y una democracia saludable.

Sistemas extractivos: El capitalismo como mecanismo de extracción de riqueza

El capitalismo contemporáneo, en su fase más madura, ha perfeccionado una lógica de funcionamiento que trasciende la mera generación de valor para convertirse en un sofisticado sistema de extracción de riqueza. Esta dinámica no es un efecto colateral, sino el auténtico leitmotiv de sus múltiples sistemas de gestión, que, independientemente del sector al que se apliquen —ya sea la vivienda, la sanidad, la industria o la comunicación—, operan bajo un mismo denominador común: la apropiación de valor generado socialmente para su redistribución entre una élite de accionistas y directivos, con escasa o nula repercusión en el bienestar colectivo. 

Lejos de ser una anomalía, se trata de la expresión más depurada de lo que podría denominarse capitalismo extractivo, un modelo que concibe cualquier proceso social, recurso natural o derecho fundamental como una mera cantera de la que extraer beneficio privado.

Un ejemplo paradigmático de esta mecánica extractiva lo encontramos en la reciente adquisición de un ático de lujo en el madrileño barrio de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid. La operación, realizada en abril de 2026 por la empresa pública Planifica Madrid por un valor cercano a los seis millones de euros, tenía como destino inicial ser la oficina temporal de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. 

Más allá de la polémica política, el caso es un ejemplo cristalino de cómo el dinero público se convierte en un vector de transferencia de riqueza hacia el sector privado. En esta operación, la inmobiliaria intermediaria obtuvo una comisión de 180.000 euros, una cifra que, aunque significativa, es solo la punta del iceberg de un sistema donde las plusvalías generadas por la inversión pública engordan las cuentas de agentes privados sin que exista un retorno social claro. La compra, realizada con opacidad y sin reflejo presupuestario, evidencia cómo la gestión de lo público se pliega a las lógicas del mercado inmobiliario, transformando una necesidad administrativa en una oportunidad para la extracción de valor privado.

Esta lógica extractiva alcanza cotas de profunda inmoralidad cuando se aplica a la gestión de servicios esenciales como la sanidad. El caso del hospital de Torrejón de Ardoz, gestionado por la empresa privada Ribera Salud, es ilustrativo. 

En diciembre de 2025, una investigación periodística destapó cómo la dirección del centro había ordenado al personal la reutilización de catéteres de un solo uso para procedimientos de electrofisiología, un material que puede costar más de 2.000 euros por unidad. Las instrucciones consistían en esterilizar estos dispositivos hasta un máximo de diez veces, una práctica ilegal que solo puede ser realizada por fabricantes especializados y que pone en grave riesgo la salud de los pacientes. 

La motivación era clara: aumentar los beneficios (el ebitda) de la compañía. Este no fue un hecho aislado, sino que se enmarcó en una estrategia más amplia donde se daban órdenes para aumentar las listas de espera y seleccionar únicamente la actividad médica rentable, priorizando el beneficio económico sobre la salud de los ciudadanos. 

La maximización de beneficios, como leitmotiv de la gestión sanitaria privada, conduce inevitablemente a la mercantilización de la salud y a la extracción de valor incluso a costa de la seguridad de los pacientes, demostrando que la lógica del mercado es incompatible con la ética de los cuidados.

Esta dinámica no es nueva, sino que se ha ido consolidando a lo largo de las últimas décadas a través de procesos de privatización que han transferido al sector privado empresas públicas estratégicas. 

Durante los gobiernos de Felipe González y José María Aznar, España se deshizo de un importante patrimonio industrial y de servicios. Bajo el mandato de González, el Estado llevó a cabo cerca de ochenta operaciones de privatización, dejando en las arcas públicas 13.200 millones de euros, mientras que el gobierno de Aznar, liderado por Rodrigo Rato, completó la privatización de gigantes como Telefónica, Endesa o Repsol. 

El argumento esgrimido era la eficiencia y la necesidad de obtener financiación, pero el resultado ha sido la pérdida de instrumentos clave para el Estado y la transferencia de ingentes cantidades de riqueza a manos privadas. Hoy, esas empresas, que antaño pertenecían a todos los españoles, reparten jugosos dividendos entre sus accionistas, mientras el Estado, cuando necesita tener voz en su estrategia, como ocurrió con la entrada de Saudi Telecom en Telefónica, debe recomprar participaciones a un alto coste. 

No hubo, por tanto, una repercusión social clara de esa riqueza, sino una gigantesca transferencia de recursos del conjunto de la ciudadanía a una élite de inversores.

Las inversiones de estas grandes corporaciones, que a menudo viven de contratos y concesiones públicas publicadas en el Boletín Oficial del Estado, no suelen revertir en la sociedad que las financia. Una parte significativa de sus beneficios se destina a la adquisición de grandes grupos de comunicación, que se convierten en terminales mediáticos al servicio de sus intereses. 

Este fenómeno crea un circuito perfecto: el dinero público alimenta a grandes empresas, que a su vez controlan los medios de comunicación, los cuales modelan la opinión pública y silencian cualquier atisbo de crítica al sistema. La existencia de conglomerados público-privados donde participa el Estado, como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), podría parecer una forma de recuperar parte de esa riqueza para la sociedad. 

Sin embargo, la SEPI se ha convertido a menudo en un «cementerio de elefantes» donde se «coloca» a altos funcionarios que han servido a uno u otro gobierno, perpetuando una red de influencias que poco tiene que ver con la gestión eficiente y mucho con el reparto de prebendas. En definitiva, el propio sistema se revela como inherentemente corrupto, una maquinaria diseñada para extraer y concentrar la riqueza en la cima.

La hipocresía del sistema alcanza su punto álgido cuando, en este contexto de acumulación desmedida, los principales beneficiarios del statu quo se erigen en defensores de la «cultura del esfuerzo» y del «libre mercado». 

Mientras el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, percibía una remuneración de 403.000 euros brutos en 2025 (más de 33.500 euros mensuales), un sueldo que ha incrementado un 3% en un solo año, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acumula emolumentos por sus cargos como diputado y senador que pueden superar los 177.000 euros anuales, ambos predican la necesidad de moderación salarial y recortes de derechos a los trabajadores. 

Garamendi, sin ir más lejos, ha liderado una ofensiva para vincular las bajas médicas con el absentismo laboral, exigiendo la reducción de costes operativos a costa de los derechos de las plantillas. Esta élite, que vive en gran medida de los impuestos de todos —ya sea a través de sueldos públicos, subvenciones o concesiones—, es la primera en hablar de la necesidad de no intervenir el mercado.

Pero los datos demuestran que el verdadero problema no es el esfuerzo de los trabajadores, sino la sistemática apropiación de su trabajo. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en España se realizan 2,54 millones de horas extraordinarias no pagadas ni compensadas cada semana. Casi la mitad de los trabajadores que hacen horas extra (436.000 personas) no reciben compensación alguna, lo que supone un ahorro para las empresas de 3.378 millones de euros anuales en salarios y cotizaciones. 

En 2025, las empresas dejaron de pagar 3.243 millones de euros a casi medio millón de trabajadores. Estas horas no pagadas equivaldrían a 68.000 puestos de trabajo a jornada completa, empleos que no se crean porque el trabajo se extrae de forma gratuita. 

Este es el verdadero rostro de la «cultura del esfuerzo»: una cultura donde el esfuerzo lo ponen los trabajadores y los beneficios los cosechan los empresarios, que además evitan cotizar a la Seguridad Social, mermando los ingresos del sistema público de pensiones.

Ante este diagnóstico, la conclusión es ineludible: es imperativo avanzar hacia un modelo socialdemócrata que revierta la riqueza que genera la sociedad al conjunto de la ciudadanía. Un modelo que ponga el foco en el bienestar de las personas y en el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Española: la vivienda, el trabajo, la salud, la libertad de culto y de vida. 

Frente a la lógica de la acumulación infinita, debemos recordar las advertencias de los clásicos. Karl Marx ya nos previno sobre los peligros de la concentración de recursos en manos de unos pocos y la consiguiente alienación del trabajador. Por su parte, John Maynard Keynes nos enseñó la necesidad de la intervención del Estado para hacer circular el dinero y mantener la demanda agregada, corrigiendo las fallas de un mercado que, por sí solo, tiende al desequilibrio y la desigualdad. 

La socialdemocracia no es una concesión paternalista, sino la única herramienta eficaz para corregir las abusivas extracciones de riqueza que caracterizan al capitalismo extractivo. Cuando se intenta poner en práctica, los terminales mediáticos controlados por los mismos extractores de riqueza gritan al «socialismo» o al «comunismo», en un intento de generar un miedo atávico en la ciudadanía. 

Olvidan convenientemente que fue el fracaso del socialismo comunista en 1991, pero también que el mundo de profunda desigualdad y destrucción ecológica al que hemos llegado es el resultado de treinta años de capitalismo salvaje que, en su búsqueda de un crecimiento infinito, ha destrozado el hábitat humano y nos aboca al cambio climático.

El reto, por tanto, no es solo económico, sino profundamente moral y político. Se trata de desenmascarar la hipocresía de los que, viviendo del esfuerzo de todos y de los recursos públicos, predican el libre mercado y la no intervención. 

Se trata de recuperar la soberanía sobre nuestra propia riqueza y ponerla al servicio de la vida, y no al revés. La sociedad no es una cantera de la que extraer beneficios para una élite, sino el sujeto colectivo que debe decidir democráticamente el destino de los recursos que genera. 

Solo así podremos construir un futuro más justo, sostenible y habitable para las próximas generaciones.

La hipocresía como método: cuando el escrutinio público es un arma de selección

(Este texto se ha desarrollado a partir del trabajo que está realizando @beatrizgallardop.eurosky.social  sobre la noticiabiliad de sucesos) 

La democracia representativa descansa sobre un delicado equilibrio entre la rendición de cuentas y el respeto a la esfera privada. En las últimas décadas, el ecosistema mediático español ha mostrado una inquietante capacidad para desequilibrar esa balanza, convirtiendo el escrutinio público en un instrumento de selección ideológica más que en un mecanismo de control democrático. El contraste entre la cobertura dispensada a determinados casos y el silencio sepulcral sobre otros ofrece un diagnóstico preocupante sobre la salud de nuestra cultura cívica y el capital social del país. Esta hipocresía estructural no es un accidente puntual, sino el síntoma de un modelo de comunicación que opera como un ariete contra determinados actores políticos mientras blinda a otros, y cuya persistencia amenaza con erosionar los cimientos mismos del Estado de derecho si no se abordan sus causas profundas desde la formación ciudadana.

El tratamiento diferencial se ha manifestado con particular virulencia en la cobertura de la vida privada de ciertos dirigentes. 

La adquisición por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero de una vivienda en Galapagar en 2018 se convirtió en un fenómeno mediático de proporciones difícilmente justificables desde cualquier parámetro de proporcionalidad informativa: centenares de artículos, tertulias monográficas y análisis de gabinete desgranaron cada metro cuadrado, cada euro de la hipoteca y cada supuesta contradicción ideológica de unos dirigentes que, paradójicamente, buscaban precisamente la privacidad que su nuevo estatus les negaba en su piso de Vallecas para criar a sus hijos mellizos. 

La cobertura no se limitó a informar; construyó un relato de presunta hipocresía que se enquistó en el imaginario colectivo, con un pico de 1.287 piezas informativas solo en los primeros quince días tras la filtración, según el monitor de audiencias de la Asociación de la Prensa. 

Este mismo patrón se ha repetido con la esposa y el hermano del actual presidente del Gobierno: Begoña Gómez ha sido objeto de una cobertura que ha transcendido lo estrictamente informativo para convertirse en un espectáculo de desgaste personal, mientras que la condena a David Sánchez por prevaricación generó titulares que ocuparon portadas durante cuatro semanas consecutivas en seis de los principales diarios nacionales. En ambos casos, el tratamiento informativo ha operado como un mecanismo de extensión del daño político a la esfera familiar, una práctica que, lejos de ser neutral, responde a una lógica de deslegitimación personal. 

El mismo fenómeno se ha observado en la filtración de pruebas obtenidas en el marco de investigaciones judiciales: la extracción y posterior difusión de material probatorio, en ocasiones sin la cobertura legal adecuada y encuadrada en investigaciones de carácter prospectivo no amparadas por el artículo 24 de la Constitución, han encontrado en determinados medios un canal de difusión privilegiado, con un incremento del 340% en el volumen de referencias a estos casos en comparación con investigaciones similares que afectaban a otros partidos. 

La presunción de inocencia, pilar del Estado de derecho, se ha visto así erosionada por una práctica que convierte el sumario en espectáculo y la sospecha en condena mediática, todo ello con la aquiescencia de una opinión pública que recibe dosis asimétricas de escándalo.

Frente a esta hipertrofia informativa, el silencio sobre otros actores resulta ensordecedor y revela el doble rasero con el que se mide la ejemplaridad. 

Felipe González, expresidente del Gobierno, ha acumulado una fortuna personal que ha sido objeto de escasas investigaciones periodísticas; su presencia en consejos de administración de empresas que su propio Gobierno privatizó —como Gas Natural Fenosa, donde percibió 125.000 euros anuales entre 2011 y 2015—, junto con los ingresos por sus actividades de intermediación y asesoramiento que le reportan más de dos millones de euros anuales, apenas han merecido la atención que la opinión pública podría esperar de un expresidente. 

Un análisis de la base de datos MyNews revela que, en el mismo periodo en que se publicaron 2.341 noticias sobre la vivienda de Iglesias y Montero, solo 37 hicieron referencia a los emolumentos de González en empresas privatizadas. 

El caso de José María Aznar y su esposa, Ana Botella, presenta un perfil similar de opacidad: la venta de 1.806 viviendas de protección pública al fondo buitre Blackstone por 128,5 millones de euros durante la alcaldía de Botella, una operación que el Tribunal Supremo ha anulado en varias ocasiones por considerarla no ajustada a derecho, generó una cobertura notablemente inferior, con apenas 89 piezas informativas en el mismo período, según el informe de la Fundación Civismo. 

El silencio informativo sobre los beneficios obtenidos por la familia Aznar en operaciones vinculadas a la privatización de vivienda pública contrasta vivamente con el ruido generado por la compra de una vivienda particular por parte de Iglesias y Montero. 

De igual modo, la modificación legislativa impulsada durante el Gobierno de Mariano Rajoy en materia de registros de la propiedad, que ha atribuido cambios sustanciales en el régimen jurídico del sector con el consiguiente incremento de negocio para los registradores —estimado por el Colegio de Registradores en un aumento del 18% de la facturación anual—, ha pasado prácticamente inadvertida para los grandes medios. Que el propio Rajoy, registrador de la propiedad en activo, solicitara su reingreso en el cuerpo nada más abandonar la presidencia del Gobierno configura un escenario de conflicto de intereses que, en cualquier otra democracia europea, habría generado un debate profundo sobre la ética pública; en España, apenas fue un apunte marginal con 42 referencias en prensa escrita. 

Tampoco las mansiones de Alberto Núñez Feijóo o Santiago Abascal han suscitado el mismo interés informativo: las dudas sobre la financiación de Vox, con investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción por presunta financiación irregular que supera los 4,5 millones de euros procedentes de entidades bancarias extranjeras, o los traspasos millonarios del partido a la fundación presidida por Abascal, no han recibido ni una fracción de la cobertura dedicada a la hipoteca de Iglesias y Montero —apenas 128 noticias acumuladas en dos años, frente a las más de 3.000 dedicadas al caso Galapagar—.

Este desequilibrio informativo no podría sostenerse sin la colaboración activa de determinados sectores de la judicatura, esa "togatura" que ha operado en ocasiones como un poder fáctico sin el control efectivo de los estamentos correspondientes. 

La filtración de sumarios, la orientación prospectiva de investigaciones sin cobertura constitucional y la difusión de datos personales con clara dimensión política han encontrado en algunos juzgados un aliado silencioso, mientras que el Consejo General del Poder Judicial ha mostrado una pasividad que raya en la complicidad. 

Esta instrumentalización del poder judicial en la arena mediática no solo vicia el proceso penal, sino que socava la separación de poderes al convertir a determinados jueces en actores políticos con toga, cuya actividad se mide más por su repercusión en las portadas que por su rigor jurídico. La ausencia de mecanismos efectivos de control interno y la lentitud de los procedimientos disciplinarios —con una media de 28 meses para resolver expedientes a jueces— han permitido que esta práctica se convierta en una rutina, alimentando la percepción ciudadana de que la justicia no es igual para todos y de que el escrutinio público se aplica con criterios de conveniencia partidista.

Este fenómeno no es casual ni menor, porque erosiona el capital social y la cultura cívica que toda democracia necesita para funcionar. Robert Putnam definió el capital social como las redes, normas y confianza que facilitan la cooperación en beneficio mutuo; cuando los medios de comunicación, en lugar de ejercer su función de control democrático con ecuanimidad, se convierten en instrumentos de selección ideológica, la confianza de los ciudadanos en las instituciones se resquebraja. 

Los datos del CIS son elocuentes: la confianza en los medios de comunicación ha caído al 34% en 2026, 21 puntos por debajo de la media europea, y la percepción de sesgo ideológico en la información alcanza el 78% entre los encuestados. La percepción de que el escrutinio público se aplica con criterios políticos y no con parámetros de interés general mina la legitimidad del sistema en su conjunto y alimenta el caldo de cultivo del populismo. 

La cultura cívica, entendida como el conjunto de valores, actitudes y conocimientos que permiten una participación ciudadana informada y responsable, se ve igualmente afectada: cuando la ciudadanía percibe que la información que recibe está sesgada y que determinados casos se amplifican mientras otros se silencian, se instala una desafección que empobrece el debate público, desplaza los argumentos en favor de los golpes bajos y aleja la posibilidad de alcanzar consensos. La polarización afectiva entre bloques ha crecido un 40% en la última década, y los estudios del Centro Reina Sofía señalan que el 62% de los jóvenes entre 18 y 25 años considera que los medios mienten deliberadamente, una cifra que duplica la de hace cinco años.

Frente a este diagnóstico, la respuesta no puede limitarse a denunciar la hipocresía ni a esperar una autorregulación que los hechos demuestran ineficaz; es necesario abordar sus causas estructurales desde la formación de las nuevas generaciones. La educación ética y cívica no puede ser un complemento menor en el currículo escolar, sino que debe constituir una materia transversal que impregne todas las actividades de los colegios e institutos desde los primeros años, tal como ya apunta la LOMLOE al recuperar Educación en Valores Cívicos y Éticos como obligatoria, pero cuyo desarrollo efectivo sigue siendo insuficiente y fragmentario. 

Es preciso ir mucho más allá e incluir al menos dos asignaturas troncales en todas las carreras universitarias dedicadas a la ética, la cultura cívica, la sociedad democrática y las bases constitucionales, con carga lectiva efectiva y evaluación. No se trata de adoctrinar, sino de proporcionar herramientas conceptuales sólidas que permitan el análisis crítico de la realidad, la identificación de sesgos informativos, la comprensión de los mecanismos que sustentan una democracia saludable y, sobre todo, la capacidad de distinguir entre el escrutinio legítimo y el acoso, entre la información verificada y la propaganda, entre el debate de ideas y la descalificación personal.

Concluyendo

La hipocresía de los discursos públicos apoyados por la gran fuerza mediática no es un accidente ni una anomalía corregible con buenas intenciones, sino un síntoma profundo de una cultura política que ha renunciado al debate racional de ideas en favor del combate personal y la guerra de trincheras. La solución no vendrá de los medios ni de los partidos —actores demasiado enredados en sus propias lógicas de poder—, sino de una ciudadanía formada en la aceptación serena de las diferencias, en la naturalidad de las discusiones para llegar a puntos de encuentro y en la necesidad imperiosa del diálogo como único camino viable para construir un futuro común y en paz. 

Educar desde los hogares y desde la escuela en la escucha activa, en el respeto a la presunción de inocencia y en la exigencia de un escrutinio homogéneo para todos los poderes es la única vacuna duradera contra la manipulación y el cinismo. Solo así podremos formar ciudadanos capaces de exigir coherencia a sus representantes y a sus medios, de reclamar que la justicia sea igual para todos y de restaurar la confianza en unas instituciones que, hoy, muchos perciben como un campo de batalla partidista más que como un espacio de encuentro colectivo. 

El futuro de nuestra democracia —y de la convivencia pacífica que la sustenta— depende, en buena medida, de que asumamos esta tarea educativa con la urgencia y la profundidad que merece, porque sin ciudadanos críticos y éticamente formados, cualquier reforma legal o código deontológico será papel mojado ante la fuerza arrolladora del escándalo selectivo y la hipocresía institucionalizada.

INCENDIOS, DESINFORMACIÓN Y OTROS BULOS DEL MONTÓN

Texto corregido por el autor, Jose Ramón Goberna, de esta publicación

He escrito en varias ocasiones tratando de aclarar cuestiones relativas a incendios
forestales. Me pedían, a raíz de una publicación irónica de hace unos días sobre
las tonterías que se leen en redes, explicaciones sobre qué está pasando estos
días, este verano.
Me sugerían también rescatar una publicación anterior sobre el tema. La he
revisado y no hace justicia a la situación actual. Los incendios han cambiado, pero
sobre todo la percepción de la ciudadanía ha cambiado. Para peor. Más ignorante.
Más simplista. Más sospechosamente dirigida. Más aun, que ya era difícil de
superar.
Vamos a tratar de poner un poco de luz.
LA GRAVEDAD ACTUAL.
De entrada, hay que decir que las peores cifras de incendios se dieron en el
periodo que va entre 1975 y 1994 aproximadamente. En número y superficie
quemada. Creo que estamos entrando en un periodo que será más grave que
aquellas dos décadas negras y de más difícil solución, pero hoy en día no estamos
peor que entonces.
Tenemos mucho más monte hoy del que hemos tenido en siglos. En España y en
Europa en general. A costa del éxodo rural de los últimos 80 años y la pérdida con
él de cientos de miles de hectáreas de cultivos, que se han convertido en bosque,
sobre todo en aquellos cultivos minifundistas de montaña que nos aportaban las
discontinuidades (el mosaico agroforestal), que dificultaban la propagación de los
incendios.
Hemos cambiado de materias primas y fuentes de energía. Hemos pasado de
montes esquilmados, verdaderos eriales con algún árbol disperso, porque cada
árbol, rama de poda, cada leña caída, incluso cada matorral, eran susceptibles de
uso para cocinas, chimeneas y hornos industriales, a montes con cargas de
vegetación altísimas que multiplican exponencialmente la intensidad y propagación
de los incendios.
Ha cambiado el clima. Las olas de calor son más frecuentes y de duración más
larga. Jamás hubo incendios de esta virulencia y extensión en los montes de la
mitad norte de la península como ahora, ni tan a menudo (León, Zamora,
Guadalajara, Ávila, Madrid, Orense). Eso era propio del mediterráneo (Andalucía,
Murcia, C. Valenciana y Cataluña). Prácticamente todos los incendios más grandes
de la historia en España, son de los últimos 5 o 6 años y en la mitad norte del país.
Superando en muy poco tiempo a los del mediterráneo, que encabezábamos ese
triste ranking. Tenemos menos incendios que en los 80, 90. Menos GIFs (acrónimo
de Gran Incendio Forestal), los de + de 500 hectáreas. Hemos metido mucha
pasta en medios para conseguirlo.
Pero los que se hacen grandes, se hacen mucho más grandes que antes.
Esto no se soluciona con más medios. EEUU es la prueba. Son pioneros en la
extinción profesionalizada de incendios forestales. Cada año baten record en
inversión para la extinción. Cada año baten record en hectáreas quemadas.

Los incendios empiezan a ser un problema serio incluso en Europa central y norte,
húmeda y fría. Quien no quiera ver, que no vea. No mires hacia arriba, el meteorito
no está cayendo. Se feliz y consume. Sobre todo, consume, aunque sean
antidepresivos.
LAS CAUSAS
En cifras a brocha gorda, en el noroeste de la península, donde está el 50% de
todos los incendios, un 70% de incendios son intencionados y relacionados sobre
todo con practicas ganaderas ilegales (regenerar el pasto) y agrícolas (controlar la
maleza). El otro 30%, accidentales, negligencias y rayos. En el resto del país se
invierten esas cifras, con un 30 % de intencionados, una mayoría de negligencias y
en algunas zonas muchos rayos. Os animo a poner en cualquier IA “causalidad de
incendios forestales en españa por areas geograficas en cifras medias de los
ultimos 40 años”. En este enlace tambien podeis consultar las estadisticas del
ministerio. Ahi podeis encontrar las estadisticas por años y por decenios.
https://www.miteco.gob.es/.../inc.../estadisticas-datos.html
No hay más. Esta más que estudiado. Nada de conspiraciones ni películas
baratas. Hace años la leyenda decía que era para urbanizar, ahora que son los
parques eólicos y fotovoltaicos.
No es necesario que un monte arda para instalar un parque eólico. No hace falta
cambiar la calificación del suelo para ello y aunque hiciera falta, el monte quemado
no se puede recalificar.
Las placas fotovoltaicas no se instalan en montañas sino en llanos, en antiguos
cultivos. Aunque hubiera que cambiar el uso, por cuestión de interés general se
ponen donde haga falta sin que arda el suelo.
Ahora bien, si eres de los que gustan de estas mierdas, tu mismo con tu
mecanismo. No te voy a convencer. Las administraciones mienten y falsean estos
datos de causas, todos los incendios son provocados por oscuros intereses entre
empresarios y gobiernos (sobre todo si no me gustan esos gobiernos), los
reptilianos están entre nosotros y los pajaritos cantan y las nubes se levantan.
LAS POLÉMICAS.
Aquí la fiesta va por barrios, a saber:
Eres de izquierdas. Tienes sensibilidad medioambiental y has oído o te han mal
contado cuatro cosas, porque hemos tenido en España en general un ecologismo
muy beligerante con las ciencias forestales.
Tu juegas en el equipo de:
“Los eucaliptos y los pinos son los malos de la película. Las “repoblaciones de
Franco”, del Plan General de Repoblación Forestal de España de 1939, han
convertido España en un monocultivo de pinos y eucaliptos a costa de la
destrucción de nuestra biodiversidad y nuestros bosques autóctonos para
plantarlos y son además superinflamables y los culpables de la virulencia de los
incendios. Los “arboles buenos”, no arden”

Dato mata relato:
Las repoblaciones ya eran anteriores al dictador y se venían proponiendo e
iniciando desde finales del XIX, aunque toman forma estructurada a partir de 1940.
Os animo si queréis ampliar por aquí a pedirle a una IA “antecedentes y análisis
del Plan General de Repoblación Forestal de España de 1939”
Se repoblaron en su inmensa mayoria terrenos extremadamente degradados y
erosionados, para lo que se llama restauración hidrológico – forestal, que era el
objeto principal del plan, con pinos, porque son capaces de sobrevivir en esas
condiciones. No puedes plantar encinas o robles a pleno sol. Se mueren. Eso se
tendría que haber hecho en fases posteriores (cierto es que en general, no se
hizo). Pero no se cortaron robles y encinas para plantar pinos como he llegado a
leer por ahí.
Solo un 2% de los montes españoles tienen eucaliptos para producción y solo un
2% tienen pinares plantados para producción. Pero es que necesitamos madera y
pasta de papel…¿Qué hacemos? ¿Lo importamos o lo producimos aquí? No veo a
nadie quejarse por los millones de hectáreas de ecosistemas que convertimos en
melonares y trigales a lo largo de nuestra historia.
“Esos pinares son mares de pinos muy homogéneos y se pierde biodiversidad”
Como los hayedos, que solo verás hayas y un reducidísimo número de otras
especies, como cualquier masa donde hay una especie dominante. Pero si son
árboles de sangre azul, se perdona la falta de biodiversidad. Es incluso
parcialmente falso, una gran parte de nuestros pinares tiene un sotobosque muy
rico en otras especies.
“En relación con los incendios son mucho más inflamables y por eso tenemos el
problema de incendios que tenemos”.
Aun aceptando que sean especies (pinos y eucaliptos) algo mas inflamables, es un
factor muy poco determinante. La estructura de la vegetación (carga de
combustible, continuidad vertical y horizontal), la climatología y la sequedad de la
vegetación en el momento del incendio es infinitamente más determinante.
“Los encinares, robledales y hayedos, arden menos”
Claro, el 70% de los encinares españoles están adehesados con cargas y
continuidades bajísimas. Y robledales, hayedos o abedulares son ecosistemas de
la España más húmeda. Nos ha jodío, con las trampas al solitario.
Curiosamente también, el 60-70 % de lo que ha ardido históricamente en España
son montes no arbolados, con virulencias e intensidades similares y a menudo
mayores que el monte arbolado. Pero ese no es un factor reseñable en el
problema…¿Por qué?
Porque la premisa fundamental es la no intervención. La naturaleza es sabia, se
regula sola y no hay que tocarla. Y a partir de aquí se construyen los argumentos
necesarios y se desechan los datos que no ayuden. La vieja historia de siempre.

Y claro, como los montes de matorral no son los malditos eucaliptos o pinos, no los
plantó el dictador, el malvado ingeniero o el productor forestal, sino que son
naturales, su influencia en el problema no es relevante. O no interesa que lo sea.
En general, estás polémicas por la izquierda hacen menos ruido y están más
limitadas a foros y discusiones entre defensores y detractores de las ciencias
forestales.
Vamos al otro lado.
Eres de derechas. O muy de derechas. O andas una miaja desnortao, no
entiendes del tema y te crees lo que mas se oiga por ahi del asunto. Comamos
mierda porque mil millones de moscas no pueden estar equivocadas.
Los ecolojetas de salón, la Agenda 2030 y los progres woke son los culpables, con
una gran variedad de argumentos, a cada cual más chorra, más falso o más
torticeramente interpretado.
Argumentos que, por supuesto, dejarán de ser válidos, importantes y producto de
gran indignación cuando ganen los tuyos.
Antes de entrar en harina de los argumentos y campos de batalla de la derecha,
dos puntualizaciones.
Hay que reconocer que saben capitalizar tonterías para ponerlas en el candelero,
Cierto es que juegan en casa; el porcentaje de apoyos a la ultraderecha entre
agricultores y ganaderos es muy importante. Nunca han sido amigos de las
regulaciones, como en general no lo somos ninguno en las cosas que nos tocan el
bolsillo o el estómago. Y en el mundo rural, muchas regulaciones han venido de la
mano de normativas medioambientales. Y no ayuda nada que una parte del
ecologismo patrio sea muy urbanita y se haya acercado al mundo rural mirando al
agricultor y al ganadero por encima del hombro para explicarle “como son y se
tienen que hacer las cosas”. Cuando no se les tilda de neandertales y asesinos
sanguinarios a los que son cazadores.
También se oye “los ecolojetas no te dejan…” o “por culpa de los ecolojetas…”. El
ecologismo en España carece de poder e influencia, salvo que puntualmente con
protestas, para algún trabajo forestal que no les gusta y poco más. Lo único
relevante a nivel de legislación que consiguieron está en la Ley de Bienestar
Animal que personalmente me parece en parte un despropósito, pero no es un
caso que afecte a este tema.
De hecho, el ecologismo se lleva a matar con todos los gobiernos. Porque ellos
irían mucho más allá. Y afortunadamente en algunos casos, menos mal que no
mandan y en otros tienen razón y no se les hace caso. Las normativas
medioambientales tienen décadas y emanan de normativas europeas y de la
propia madurez y concienciación de las sociedades actuales.
A lo que iba, eres muy de derechas y tus himnos en el campo para apoyar al
equipo son:

“No se puede ni recoger una piña porque te multan y claro así esta el monte de
sucio y los incendios destruyéndolo todo”
La perra que les ha dado con las piñas debería ser objeto de estudio. Pues, en
teoría, si, es cierto. Ni piñas, ni piedras, ni musgo, ni ramas, ni troncos, ni tierra, ni
setas, ni plantas, ni animales. Nada. Y así es como debe ser, porque en el 72% de
los montes de España sería un robo. Son privados, tienen un dueño. Y en los de
titularidad pública igual. Que sean públicos no quiere decir que estén a disposición
de los ciudadanos para hacer lo que quieran, igual que no se nos ocurriría
llevarnos un banco de la sala de espera de un hospital al salón de nuestra casa. Lo
increíble es que esto haya que explicarlo.
Para llevarte subproductos de un monte necesitas en los privados permiso del
dueño y en los públicos una autorización. Aquí pueden entrar en juego normativas
estatales, autonómicas o locales. No me extiendo en esta cuestión. En resumen,
si, está sometido a control.
Pero lo interesante de esta historia, son estas tres consideraciones:
1. Te lo venden como algo que los “ecolojetas” y los rojos se han sacado de la
manga antes de ayer para jodernos a todos. Por no irnos mas atrás, la Ley de
Montes de 1863 ya regulaba esto. Y la del 57 y la actual de 2003.
2. Seamos serios. ¿Alguien puede creer que unos hatillos de leña para una
barbacoa y unos sacos de piñas para encender la chimenea van a cambiar
sustancialmente algo en la carga de vegetación de nuestros montes, que además
es fundamentalmente vegetación viva y nada tiene que ver con leñas y piñas?
¿Hay millones de españoles deseando recoger leña (y piñas) y no nos hemos
enterado? Si es que te tienes que reír.
3. Decir que es imposible que te multen por recoger leña en pequeña cantidad de
un monte no sería cierto. Posible es, si por ejemplo le vacilas al Seprona o al
Agente Medioambiental si se te acercan, que lo más fácil es que no le den la
mínima importancia. Pero es extremadamente improbable.
Cuando se hacen fajas auxiliares de pista, que son zonas desbrozadas a ambos
lados de los caminos para prevención de incendios, donde se reduce el número de
árboles, a menudo la madera de esos árboles se deja troceada y apilada junto al
camino para que la gente se la lleve, incluso publicitándolo en los pueblos
cercanos para que vayan a por ella quien la necesite…¿Te van a multar por dos
piñas, alma de cántaro?
“No te dejan desbrozar el monte. Tienes que pedir permiso y los trámites duran
años”
Las administraciones promueven que hagas ese tipo de trabajos en tus montes y
en general existe una obligatoriedad de realizar ese mantenimiento por parte de
los propietarios. Aunque las administraciones también son conscientes de que
ellas mismas no lo hacen en los de su titularidad y que muchos montes privados
tienen una rentabilidad 0, desbrozar es caro y no pueden pedir a los propietarios
que se endeuden para mantener cargas de vegetación bajas en sus montes. Hay
otro problema añadido: muchos montes son antiguas herencias que incluso sus
dueños, al no tener ningún uso, desconocen la ubicación de esos terrenos y en
otros casos, no hay herederos vivos.

Puedes incluso en algunas comunidades autónomas, eliminar la vegetación
forestal para recuperar el cultivo original cuando lo había. Requiere algo mas para
su autorización porque ya se convirtió en monte y puede haber valores
ambientales a proteger, pero es posible.
¿Y porque te tiene que autorizar la administración (no los ecolojetas, ni los progres
de ahora, sino de siempre) en tu propio terreno? Pues porque, aunque sea tuyo, el
medio natural es un bien común sometido a protección y tu monte forma parte de
él. De la misma manera que si tienes una parcela urbana en medio de una ciudad,
no puedes instalar allí lo que quieras que repercuta negativamente al resto.
Lo de que los trámites duren años para un simple desbroce, que me lo enseñen
con pruebas y fechas. Mas bulos.
“Como no dejan que el ganado paste en el monte, los montes están así. Si los
ecolojetas dejaran entrar al ganado se acababan los incendios”
Sí que dejan (las administraciones). Requiere de varias autorizaciones y requisitos.
Como todo en esta vida. Tu actividad necesita un permiso, tus animales tienen que
cumplir normativas sanitarias. No podrás hacerlo como y donde quieras. Esto no
haría falta ni tener que explicarlo.
Lo que me pregunto es donde está todo ese ganado esperando que lo dejen entrar
al monte. Muriéndose de hambre, famélicas las ovejas de España, pobrecitas.
La ganadería extensiva tiene una rentabilidad bajísima y además es
tremendamente sacrificada. Los niños quieren ser youtubers, no pastores. Y sus
padres querían ser futbolistas o médicos, no llevarle leche y queso a Jesús en el
portal de Belen. Pongámonos todos a comprar quesos artesanales de cabra y de
oveja o a comer cordero o cabrito de ganadería extensiva, pagando la diferencia
con el de Mercadona. Entonces será un negocio que crecerá y aportará a la
prevención de incendios.
Porque será una aportación y punto. Una sola cosa no acaba con un problema tan
complejo. Que nos gustan las soluciones fáciles y únicas para cualquier cosa y eso
no existe.
Y llegamos al final….
LAS SOLUCIONES
No hay. Ya está.
Bueno, si que hay, pero no van a llegar. Llamarme pesimista. Supondrían un
cambio socioeconómico en el mundo rural, tan drástico y complejo que poner en
marcha, que requeriría la implicación de toda la sociedad a una, la rural y la urbana
y todos los gobiernos y partidos políticos remando en la misma dirección.
¿A que no van a llegar? Pues eso.

El plebiscito cotidiano de Ceuta

Hay imágenes que trascienden el impacto inmediato de la actualidad. Miles de cuerpos agotados tendidos sobre el césped de los parques de Ceuta, familias enteras cruzando a nado el espigón mientras otros se lanzan al mar con un flotador improvisado, y al menos 72 personas que han perdido la vida intentando alcanzar territorio español. 

Detrás de estas cifras hay un fracaso, pero también un chantaje, una agresión que parece haber sido pactada, fomentada o coordinada al más alto nivel internacional. 

Marruecos ha movilizado a cerca de 50.000 personas, muchas de ellas transportadas y escoltadas en camiones por la Gendarmería nacional, y las ha lanzado contra la frontera de Ceuta. Y, en cuestión de horas, el Gobierno de Estados Unidos, el de Israel y las extremas derechas locales han encontrado en esta tragedia un escenario propicio para sus propios fines.

En este contexto de guerra híbrida, donde los civiles desarmados se convierten en arma arrojadiza, un grupo de ciudadanos ceutíes ha ofrecido una lección que merece ser analizada con la profundidad que la sociología y la ciencia política requieren. 

Cuando el líder de Se Acabó La Fiesta, Alvise Pérez, acompañado del «influencer» político Vito Quiles, se desplazó desde la península para aumentar la tensión y sembrar odio en una ciudad que ya estaba sufriendo, no encontró lo que esperaba. 

Los vecinos de Ceuta, muchos de ellos de origen marroquí, salieron a la calle con banderas españolas en la mano y expulsaron a esos grupos que solo pretendían generar más dolor. «Aprovecháis la situación para sembrar odio, eso es lo que sois, odio», les gritaron. «Yo soy español, español», coreaban. «No te equivoques, yo estoy en mi país». 

Y cuando los agentes de la Policía Nacional pidieron a los contramanifestantes que se retiraran, estos se mantuvieron en el lugar hasta lograr la evacuación de los ultraderechistas. La misma escena se repitió con la organización ultraderechista Núcleo Nacional, cuyos veinte integrantes fueron igualmente escoltados hasta el puerto mientras los ceutíes coreaban «que se vayan ellos» y «es nuestra ciudad también».

Lo ocurrido en Ceuta nos obliga a recuperar una conversación que Ernest Renan mantuvo con su tiempo hace casi siglo y medio en la Sorbona. «¿Qué es una nación?», se preguntaba el pensador francés en 1882. Y su respuesta, tan sencilla como radical, sigue siendo la mejor vacuna contra los discursos de odio que pretenden secuestrar la idea de patria. 

Una nación no es la sangre, ni la raza, ni la lengua, ni el territorio. Una nación es, ante todo, un alma, un espíritu, «una gran solidaridad, constituida por el sentimiento de los sacrificios que se han hecho y de los que aún se está dispuesto a hacer». La existencia de una nación es, en palabras inmortales de Renan, «un plebiscito cotidiano». No se decreta desde arriba, no se impone con banderas ni con consignas, no se defiende con el odio al diferente. Se renueva cada día en la voluntad de los ciudadanos de vivir juntos, de compartir un futuro común, de dotarse de normas de convivencia y proyectos compartidos.

Ceuta es una ciudad donde conviven culturas tan dispares como la musulmana y la católica, gobernada por el Partido Popular. Y sin embargo, cuando la ultraderecha llegó para instrumentalizar el dolor y la muerte, fueron precisamente los ciudadanos de origen marroquí, los mismos a los que los discursos de odio señalan como «el otro», quienes empuñaron la bandera española para defender su ciudad y su país. 

No lo hicieron desde el odio, sino desde el amor a un territorio que es su hogar. No lo hicieron desde la exclusión, sino desde la afirmación de una pertenencia que ningún discurso xenófobo puede arrebatarles. Esa es la nación de Renan: el deseo de conseguir una sociedad justa que permita a los ciudadanos tener un proyecto de futuro y vivir en paz.

Pero subyace en este relato una contradicción que no podemos eludir. La misma bandera que los ceutíes de origen marroquí empuñaron para defender su dignidad es la que otros, los que vinieron a sembrar odio, pretenden secuestrar como símbolo de exclusión. 

La bandera, como todos los símbolos nacionales, es un campo de batalla semiótico. No tiene un significado fijo ni inmutable; su significado se disputa en cada acto, en cada gesto, en cada calle. Lo que vimos en Ceuta fue precisamente esa disputa: los ciudadanos reclamaron la bandera para sí, la despojaron de su uso instrumental por parte de la extrema derecha y la devolvieron a su significado más genuino: el de la pertenencia compartida, el de la solidaridad, el de la defensa de un proyecto común frente a quienes intentan destruirlo desde dentro.

El Partido Popular, que gobierna Ceuta, y Vox, que comparte con los populares gobiernos en otras comunidades autónomas, han cargado contra el Gobierno central por la llegada de miles de personas a Ceuta. 

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha llegado a exigir que se desplieguen «todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Ceuta para que no quede ni uno de los inmigrantes ilegales que han entrado». 

Pero mientras los dirigentes del PP y Vox utilizan la tragedia como arma política contra el Gobierno progresista, los ciudadanos de Ceuta, muchos de ellos votantes de esas mismas formaciones, han dado una lección de patriotismo y solidaridad que sus líderes políticos parecen no haber comprendido. No es la primera vez que ocurre: la ciudadanía, en su sabiduría práctica, suele estar por delante de sus representantes cuando se trata de defender lo esencial.

La pregunta que emerge con fuerza es la siguiente: ¿cómo es posible que una ciudad gobernada por el PP y sus ciudadanos, muchos de ellos de origen marroquí, den una lección de patriotismo y solidaridad mientras sus líderes políticos y los medios afines alimentan el discurso del odio? La respuesta nos remite a la naturaleza del hecho nacional tal como lo concebía Renan. 

La nación no es propiedad de ningún partido, ni de ningún gobierno, ni de ningún grupo que pretenda secuestrar su significado. La nación es de quienes la viven cada día, de quienes comparten el espacio público, de quienes enfrentan juntos las dificultades, de quienes deciden, en el plebiscito cotidiano de la convivencia, que quieren seguir siendo una comunidad. 

Los ciudadanos de Ceuta, con independencia de su origen, de su religión o de su opción política, han mostrado que la nación es algo más que una consigna. Es un vínculo que se forja en la adversidad, no en el odio.

Y sin embargo, mientras los ciudadanos daban esta lección de civismo, en las redes sociales y en algunos medios de comunicación se difundían mensajes que animaban a «cazar al moro». 

La Fiscalía ha abierto diligencias en otras ocasiones contra miembros de Vox por presuntos delitos de odio, y asociaciones como Izquierda Unida han denunciado al partido ante el Ministerio Público por incitación al odio racista y xenófobo. Pero la sensación de impunidad persiste. ¿Cómo es posible que la judicatura no haya actuado ya contra los miembros de Vox, Figaredo y demás, que en las redes animaban a cazar al moro? 

Esta pregunta no es retórica, es una exigencia de coherencia democrática. El discurso del odio no es libertad de expresión; es la antesala de la violencia. Y cuando ese discurso se amplifica desde posiciones de poder político y mediático, la responsabilidad de las instituciones es aún mayor. La democracia no puede permitirse la complacencia con quienes utilizan el dolor de los demás para construir su negocio político.

El Ministro del Interior, responsable último de la seguridad y del orden público, se enfrenta a una paradoja que debería ser objeto de reflexión. Por un lado, su departamento ha tenido que gestionar una crisis migratoria sin precedentes, movilizar al Ejército y coordinar la respuesta de las Fuerzas de Seguridad. Por otro lado, ha sido testigo de cómo los ciudadanos de Ceuta, por sí mismos, sin necesidad de consignas oficiales, han expulsado a los grupos que venían a sembrar odio. 

Esa lección de civismo debería interpelar al conjunto de las instituciones, empezando por el Ministerio del Interior y el Consejo General del Poder Judicial. La pasividad ante los discursos de odio no es neutralidad; es complicidad. Y la democracia española, que ha sabido construir un modelo de convivencia envidiable en muchas partes del mundo, no puede permitirse que sus instituciones miren hacia otro lado cuando la extrema derecha utiliza el dolor de los migrantes para alimentar el odio.

Ceuta nos ha dado una lección que trasciende sus fronteras. Nos ha recordado que la nación no es un concepto abstracto ni una propiedad de unos pocos. Es el resultado de un plebiscito cotidiano que se renueva cada día en la voluntad de los ciudadanos de vivir juntos. 

Los ceutíes de origen marroquí que empuñaron la bandera española para expulsar a los ultraderechistas han ganado esa batalla simbólica. Han demostrado que el patriotismo no es incompatible con la diversidad, que la defensa de la soberanía no es lo mismo que la xenofobia, que la pertenencia a una nación no se mide por el color de la piel ni por el origen de los apellidos, sino por el deseo compartido de construir un futuro común. Ojalá sus líderes políticos y sus instituciones estén a la altura de esa lección. Ojalá la Togatura actúe con la contundencia que la ley exige contra quienes incitan al odio. 

Ojalá el Ministerio del Interior sepa leer en lo ocurrido en Ceuta no solo una crisis de seguridad, sino también una oportunidad para reivindicar el verdadero significado de la nación: el de una comunidad que se reconoce en su diversidad y que elige, cada día, seguir siendo una sola.

El negocio del odio y la arquitectura económica de la ultraderecha

En los intercambios cotidianos —ya sea en sobremesas familiares, en conversaciones improvisadas con compañeros de trabajo o en discusiones acaloradas en redes sociales— es habitual recurrir a etiquetas como «facha» o «fascista» para describir comportamientos o discursos que percibimos como reaccionarios. Aunque estas palabras funcionan como atajos comunicativos y todos entendemos lo que queremos señalar, existe un riesgo evidente: que el lenguaje simplifique en exceso fenómenos complejos y termine oscureciendo las dinámicas reales que los sostienen. En ocasiones, estas discusiones semánticas se convierten en un velo que impide ver la estructura material que hay detrás.

Este problema no es nuevo. En debates recientes sobre vivienda, por ejemplo, se ha señalado que centrar la conversación exclusivamente en el precio del alquiler puede eclipsar la cuestión de los salarios y la precariedad laboral. De manera similar, la insistencia en la retórica sobre la ultraderecha puede estar funcionando como una coartada que permite a ciertos actores ocultar prácticas de corrupción, redes de intereses y estrategias de enriquecimiento personal. La política identitaria, cuando se instrumentaliza, puede convertirse en un ruido que distrae de la transferencia sistemática de recursos públicos hacia manos privadas.

En el análisis de la coyuntura ideológica contemporánea, es frecuente confundir instrumentos con objetivos. El odio, entendido como fenómeno psicosocial, existe y se manifiesta en múltiples formas: resentimiento, frustración, miedo, rechazo al otro. Sin embargo, este odio disperso rara vez posee la capacidad organizativa para articular por sí solo una mayoría electoral. Para que el malestar de algunos se convierta en poder político, es indispensable la intervención de agentes de movilización: partidos, plataformas mediáticas, consultoras de comunicación, influencers y estructuras empresariales que canalizan la polarización hacia fines concretos.

Estas maquinarias del odio no suelen actuar movidas por convicciones profundas. Su lógica responde más bien a intereses económicos y a cálculos aritméticos: el miedo y el desprecio se convierten en recursos monetizables. La ultraderecha contemporánea, en este sentido, es uno de los productos más crudos del capitalismo actual: una herramienta diseñada para proteger privilegios materiales mediante la distracción, la confrontación y la manipulación emocional. Su función no es tanto defender una ideología coherente como generar el ruido suficiente para que ciertas élites económicas puedan operar sin supervisión pública.

Para comprender este fenómeno, conviene no mezclar conceptos que, aunque relacionados, no son equivalentes. La derecha tradicional, en términos generales, defiende el orden de mercado y la institucionalidad vigente. El populismo, por su parte, es una lógica discursiva que enfrenta «pueblo» y «élite» y puede aparecer en distintos espectros ideológicos. La ultraderecha añade un componente identitario excluyente: fiscaliza los derechos de las minorías, cuestiona la agenda de género y convierte la inmigración en un problema moral. El fascismo, en cambio, es un fenómeno histórico específico: partido único armado, movilización totalitaria, culto mesiánico al líder y violencia organizada. Surgió en la Europa de entreguerras y está circunscrito a un momento muy particular de la historia. Pretender trasladarlo sin matices a nuestro presente es un error analítico que confunde más de lo que aclara.

Sin embargo, la relación entre fascismo y poder económico no es nueva. Investigadores como Daniel Guérin documentaron ya en los años treinta cómo el ascenso de Mussolini y Hitler se sostuvo sobre la financiación directa de grandes industriales que veían en esos movimientos una garantía contra los sindicatos y las políticas redistributivas. Empresas como IG Farben, Krupp o el magnate Fritz Thyssen —quien tituló sus memorias «Pagué a Hitler»— apoyaron activamente a los regímenes fascistas porque estos ofrecían un entorno político favorable a sus intereses. En Estados Unidos, el llamado «Business Plot» de 1933 reveló que sectores empresariales conspiraron para influir en la dirección política del país. La historia demuestra que lo que solemos llamar fascismo no es sino la apariencia que adopta el brazo armado del mercado cuando siente amenazados sus privilegios.

Esta misma lógica se reproduce hoy en figuras políticas que, más que ideólogos, actúan como empresarios del poder. Santiago Abascal, por ejemplo, no emergió de una transformación doctrinaria profunda. Su trayectoria inicial en el entorno institucional del Partido Popular madrileño no anunciaba una conversión ideológica radical. Lo que detectó fue un nicho electoral desatendido: España era una anomalía en Europa por no tener un partido de ultraderecha consolidado. Abascal construyó una marca para ocupar ese espacio con la racionalidad de quien identifica una oportunidad de negocio. Su proyecto, además, se ha sostenido con fondos de procedencia cuestionable, similares a los que han impulsado a líderes como Meloni, Le Pen, Milei o Trump.

Otros actores, como Alvise Pérez o Vito Quiles, replican este patrón en sus propios ámbitos. Su comportamiento errático y su falta de coherencia ideológica revelan que su motivación principal no es una convicción política, sino la búsqueda de fama y dinero. En todos estos casos, la ideología funciona como un cálculo de oportunidad, no como el motor real de su conducta. La política se convierte en un escenario donde algunos actores compiten por visibilidad, monetización y poder, utilizando discursos incendiarios como herramientas de marketing.

La izquierda, por su parte, tropieza a menudo con un caso paradigmático: el de Isabel Díaz Ayuso y su asesor Miguel Ángel Rodríguez. Etiquetarla como ultraderecha o liberal doctrinaria implica atribuirle una densidad ideológica que no existe. Su trayectoria muestra más bien una estrategia de aprovechamiento: apoyos coyunturales a causas religiosas, alineamientos internacionales o discursos incendiarios que adopta únicamente cuando detecta que pueden reportarle beneficios políticos o económicos. Sus escándalos —comisiones en plena pandemia, adjudicaciones sistemáticas a empresas privadas, operaciones inmobiliarias de lujo— no responden a una batalla cultural, sino a la búsqueda de blindar transferencias constantes de dinero público hacia manos privadas. Llamar «fascistas» a estos comportamientos les otorga una épica que no merecen: lo que hay detrás es ambición y lucro.

Esta instrumentalización del malestar social se explica también desde la teoría. Karl Polanyi argumentó que el fascismo surge cuando la sociedad de mercado se desintegra y deja a las comunidades sin protección. No es casual que el auge actual de las ideologías ultras coincida con salarios estancados, viviendas inaccesibles y vidas precarizadas. La inseguridad material es el caldo de cultivo perfecto para que ciertos actores conviertan la frustración en mercancía política. La precariedad se transforma en una materia prima que, bien manufacturada, puede ser monetizada por quienes detectan en el miedo una oportunidad de negocio.

El negacionismo climático es otro ejemplo de cómo los intereses económicos moldean discursos ideológicos. Investigaciones han demostrado que grandes petroleras conocían desde hace décadas el impacto de los combustibles fósiles en el clima y aun así financiaron campañas para sembrar dudas sobre la ciencia. Redes empresariales canalizaron fortunas hacia organizaciones dedicadas a difundir sospechas sobre energías renovables y agendas internacionales. No existe una ideología «anti-verde» coherente: lo que hay son empresas que buscan evitar regulaciones que reduzcan sus beneficios. La desinformación se convierte en una inversión rentable.

Del mismo modo, las teorías conspirativas sobre fumigaciones, élites ocultas o control social no son pensamiento político, sino desinformación comprada para que la ciudadanía defienda intereses ajenos creyendo que protege su libertad. Los líderes que repiten estos relatos actúan como portavoces pagados, no como pensadores. Otorgarles ese estatus intelectual es un error que solo fortalece su influencia. La paranoia se convierte en un producto que se vende bien porque ofrece certezas simples en un mundo complejo.

En última instancia, cuando escuchamos a ciertos actores hablar de la eficacia de la sanidad privada o de la seguridad jurídica de los propietarios, conviene observar menos sus palabras y más sus actos. Combatir el clasismo, el racismo o la transfobia es necesario, pero siempre preguntándonos quién financia el odio y quién obtiene beneficios de que exista. Seguir el rastro del dinero, como sugería Robert Paxton, permite entender que los movimientos políticos deben juzgarse por sus acciones y por las estructuras económicas que los sostienen. En nuestro presente, esa lectura puede invertirse: más que escuchar lo que dicen, conviene analizar quién paga, quién gana y qué intereses se ocultan tras cada discurso.

La política contemporánea, en su versión más tóxica, se ha convertido en un mercado donde el miedo es mercancía, la identidad es producto y la polarización es estrategia comercial. Entender esta arquitectura económica es indispensable para desmontar los relatos que la sostienen y para recuperar un espacio público donde la democracia no sea rehén de quienes han descubierto que el odio, bien empaquetado, puede ser extraordinariamente rentable.