La geografía social del poder: élites, educación y políticas públicas en el espectro ideológico

Hay una cantidad abrumadora de datos objetivos para afirmar que podría existir una correlación significativa entre el origen socioeconómico y la trayectoria educativa de los líderes políticos y las políticas públicas que impulsan una vez en el poder. Concretamente, las cúpulas de los partidos conservadores, liberales y de extrema derecha están mayoritariamente compuestas por personas provenientes de familias acomodadas, formadas en instituciones educativas privadas y de élite, mientras que los liderazgos de izquierdas emergen con mayor frecuencia de entornos populares y se forman en la universidad pública. Esta divergencia de orígenes no sería meramente anecdótica, sino que explicaría, al menos en parte, la orientación de las políticas que unos y otros defienden: unas al servicio de los intereses de las élites económicas y otras con una vocación redistributiva y de servicio público.

Las élites conservadoras, muy a menudo, comparten un perfil en el que se funden linaje y formación privada. Un examen de los perfiles biográficos de los principales líderes de la derecha española ofrecería un primer respaldo empírico a esta hipótesis. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso, es XV marquesa de Casa Fuerte. Su formación académica se desarrolló íntegramente en la Universidad de Oxford, donde se licenció en Historia Moderna y obtuvo el doctorado. No se trata de una trayectoria al alcance de cualquier familia: Oxford es una de las universidades más elitistas y costosas del mundo, cuyas tasas anuales superan ampliamente el salario medio español.

Santiago Abascal, líder de Vox, presenta un perfil más heterogéneo. Se licenció en Sociología por la Universidad de Deusto, una universidad privada jesuita de Bilbao. Aunque Deusto no es Oxford, sigue siendo una institución privada con costes de matrícula sustancialmente superiores a los de la universidad pública. Abascal cursó el bachillerato en el colegio La Salle de Almería, también privado.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, es quizás el caso que más se aproxima a un origen no elitista dentro de la derecha: se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, una universidad pública. Sin embargo, su trayectoria profesional como alto funcionario y su posterior ascenso político lo sitúan en las élites del Estado.

Más allá de estos casos individuales, el sociólogo Francisco Javier Sánchez Herrera, de la Universidad de La Laguna ha documentado  en varios de sus estudios que «las elites políticas tienen una serie constante de características: orígenes sociales acomodados, credenciales académicas superiores, centros educativos de [...]». (Sánchez, 2004 y 2007)

Un estudio sobre los centros docentes frecuentados por la élite política española confirma esta tendencia. La educación en colegios privados y religiosos, «muchos de ellos con métodos y valores importados de Estados Unidos, Reino Unido o Francia», constituye un mecanismo de reproducción social en el que «el poder empieza desde el colegio» (Eva Belmonte).

En contraposición a este grupo de población, el perfil de los liderazgos de izquierda se genera en la universidad pública y en el origen popular. Es el extremo opuesto del espectro, donde los datos disponibles apuntan a un perfil sociológico radicalmente distinto. Una investigación de RTVE constató que todos los miembros del Gobierno de la formación liderada por Yolanda Díaz han realizado sus estudios en la universidad pública. Esta pauta se repite en buena parte de los liderazgos de la izquierda española: Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, se formó en el Instituto Ramiro de Maeztu (público) y en la Universidad Complutense de Madrid (pública); Pablo Iglesias, fundador de Podemos, es profesor de la Universidad Complutense, donde también se doctoró; Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, es abogada laboralista formada en la Universidad de Santiago de Compostela (pública).

Esta diferencia en los itinerarios formativos no es baladí. La universidad pública en España ha sido históricamente el principal vehículo de movilidad social ascendente, mientras que la educación privada ha funcionado como mecanismo de perpetuación de privilegios. Como señala un estudio sobre el sesgo social de las élites políticas, a pesar de los más de 25 años de política autonómica, «se desconoce casi todo de la élite política regional pero especialmente su perfil social», lo que sugiere que existe un déficit de transparencia precisamente en aquellos espacios donde las élites podrían estar más sobrerrepresentadas (Coller, 2008).

Y esto tiene su consecuencia en las políticas, cuando los privilegios se transforman en decisiones. La hipótesis planteada adquiere su mayor potencia explicativa cuando se vincula el origen social de los líderes con las políticas que impulsan. El denominado «impuesto al sol» constituye un ejemplo paradigmático. Fue una norma introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en 2015 que gravaba el autoconsumo energético, desincentivando las energías renovables y protegiendo los intereses de las grandes eléctricas. Esta medida, calificada como «auténtico paradigma de las políticas anti-[renovables]», solo beneficia a unos pocos grandes actores del sector energético, en clara sintonía con los intereses de las élites económicas.

En materia de fracking, la derecha española ha mantenido históricamente una posición favorable. Pilar Lucio, del PSOE, declaró que «el modelo energético del PP es el del fracking y las prospecciones petrolíferas». El fracking, prohibido en España desde 2021, es una técnica de extracción de hidrocarburos con graves impactos ambientales que beneficia a las grandes corporaciones energéticas a costa del deterioro del territorio y la salud pública.

El rescate bancario de 2012, ejecutado durante el gobierno de Mariano Rajoy, supuso un desembolso de 175.000 millones de euros. Esta inyección masiva de dinero público para salvar entidades financieras privadas, cuyos gestores habían asumido riesgos desmedidos, es la expresión más clara de una política que socializa las pérdidas y privatiza los beneficios. La factura la pagan los contribuyentes, mientras los accionistas y directivos de los bancos rescatados apenas sufrieron consecuencias.

La comparación internacional refuerza el argumento. El modelo nórdico —Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia— «comprende las políticas económicas y sociales, así como las prácticas culturales» que han convertido a estos países en referentes mundiales de bienestar. Estos países «destacan por alguna razón es porque tienen fama de haber sido capaces de combinar prosperidad dentro de un sistema equitativo» («Competitividad e igualdad: el modelo que vino del frío», publicado en la revista Alternativas Económicas en el número 55, correspondiente a febrero de 2018).

La experiencia nórdica «muestra que el sector democrático puede expandirse durante décadas a costa del capitalista». Sin embargo, cuando han gobernado fuerzas conservadoras, los resultados han sido notablemente peores: «luego de gobiernos conservadores y del crecimiento de [la ultraderecha]», los países nórdicos han experimentado incrementos del desempleo y un deterioro de los servicios públicos. La socialdemocracia, en definitiva, ha demostrado ser el modelo que mejor combina crecimiento económico, cohesión social y bienestar generalizado.

Hay una batalla ideológica donde los puestos de relevancia entran en un proceso mercantilista imparable. Como apuntabamos en otros artículos, el historiador intelectual Quinn Slobodian ha documentado en su libro «Hayek's Bastards» cómo los herederos del pensamiento de Friedrich Hayek han tergiversado sus ideas para justificar políticas de ultraderecha. Estos «bastardos de Hayek» —como Slobodian los denomina— «intentan explicar por qué ciertos países producirían, según ellos...» «los bastardos de Hayek, a pesar de todas sus pretensiones de lo contrario, no eran intelectuales ni personas interesadas en las ideas». Lo que les mueve no es el rigor intelectual, sino la defensa de sus intereses de clase.

Estos «bastardos» articulan «ultraliberalismo de mercado, jerarquizaciones raciales, fetichismo del oro y de las criptomonedas», y «usan ahora la genética para formular sus tesis racistas». No es casualidad que quienes defienden estas posiciones sean precisamente aquellos que nada tienen que perder —y mucho que ganar— con la desregulación, la privatización y el debilitamiento del Estado de bienestar.

Es así que, al amparo de los datos disponibles, aunque parciales, el foco se situa en una dirección consistente: existe una correlación entre el origen socioeconómico y la trayectoria educativa de los líderes políticos y las políticas que defienden. Las élites conservadoras, formadas en instituciones privadas y procedentes de familias acomodadas, tienden a impulsar políticas que benefician a los sectores más privilegiados —rescates bancarios, impuesto al sol, fracking—, mientras que los liderazgos de izquierda, surgidos de entornos populares y formados en la universidad pública, defienden modelos redistributivos que han demostrado su éxito en los países nórdicos.

Esta no es una cuestión de buena o mala voluntad individual, sino de estructura social: quienes han crecido en el privilegio tienden a naturalizar ese privilegio y a defender las instituciones que lo perpetúan. Quienes han experimentado la precariedad y la movilidad social ascendente a través de la educación pública tienden a defender políticas que amplían esas oportunidades para todos.

La batalla ideológica no es, en el fondo, una batalla de ideas abstractas: es una batalla entre intereses de clase. Y los «bastardos de Hayek» —herederos bastardos del liberalismo que defienden el ultraliberalismo, la jerarquía y el privilegio— no son más que los portavoces de unas élites que, mediante títulos comprados en universidades privadas y argumentos pseudocientíficos, intentan justificar lo que en realidad es la defensa de sus propios intereses. La ciencia política comparada, los datos empíricos y la experiencia de los países nórdicos demuestran que el modelo socialdemócrata, basado en la redistribución y la cohesión social, es el que mejor garantiza la prosperidad compartida. Frente a él, las políticas de la derecha conservadora no son más que un camino hacia la desigualdad, el deterioro ambiental y el retroceso social.

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«Centros docentes para las élites» (2007): el autor explica que las élites políticas comparten rasgos como «orígenes sociales acomodados, credenciales académicas superiores, centros educativos de calidad, edad madura, residencias urbanas en los barrios más aristocráticos, profesiones típicas (juristas, profesores, burócratas, directores...), etcétera».

«Líderes y elites» (2004): En esta investigación, ya apuntaba características similares para los líderes, mencionando «varones, orígenes sociales acomodados, credenciales académicas superiores, centros educativos de calidad».

«Españopoly, o cómo hacerse con el poder en España (o, al menos, entenderlo)», escrito por la periodista Eva Belmonte. 2015.

«El sesgo social de las élites políticas. El caso de la España de las autonomías (1980-2005)», del investigador Xavier Coller Porta (Universidad Pablo de Olavide). Se publicó en el número 141 de la Revista de Estudios Políticos (julio-septiembre de 2008)