La historia de las Naciones Unidas, concebida en la estela de la Segunda Guerra Mundial como un instrumento para «preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra», contiene un punto de inflexión cuya trascendencia rara vez se aborda con la profundidad que merece. Ese punto es el mandato de Dag Hammarskjöld, el segundo Secretario General de la organización, y las circunstancias de su muerte. Hammarskjöld no fue un mero administrador internacional ni un diplomático al uso; fue, en palabras del presidente John F. Kennedy, «el más grande estadista de nuestro siglo». Su proyecto, interrumpido abruptamente en 1961, representó la posibilidad real de que las Naciones Unidas se convirtieran en algo cualitativamente distinto a lo que son hoy: un poder ejecutivo mundial con capacidad operativa, imparcialidad y autoridad moral para intervenir en conflictos y, sobre todo, para proteger a los débiles de la opresión de los fuertes. La pregunta que subyace al análisis es si su muerte, lejos de ser un trágico accidente, fue la respuesta de las potencias coloniales y de los intereses económicos que veían en su visión una amenaza existencial.
Hammarskjöld, era un economista y diplomático sueco de profunda formación intelectual que asumió el cargo de Secretario General de Naciones Unidas en abril de 1953, en un momento de máxima tensión de la Guerra Fría. La Organización estaba profundamente dividida, y la Unión Soviética boicoteaba el Consejo de Seguridad. Sin embargo, Hammarskjöld no se concibió a sí mismo como un simple funcionario que ejecutaba las decisiones de los Estados miembros. Desde el principio, entendió que la pertinencia de la Organización radicaba en su capacidad para adaptarse constantemente a nuevos desafíos y, sobre todo, en su capacidad de iniciativa. Para él, las Naciones Unidas debían ser un «instrumento dinámico» al servicio de los Estados miembros, pero también, y puede que más importante, un instrumento de cambio al servicio de los pueblos, especialmente de los menos poderosos.
La primera gran demostración de esta concepción ejecutiva y pragmática se produjo durante la crisis de Suez en 1956. La Carta de las Naciones Unidas no contenía disposición alguna sobre el despliegue de fuerzas armadas imparciales para estabilizar situaciones de conflicto. Hammarskjöld, lejos de considerar esa ausencia como un obstáculo, la interpretó como una oportunidad. Tomando como base una sugerencia del ministro canadiense Lester Pearson, elaboró en cuestión de días el concepto de las operaciones de mantenimiento de la paz y organizó la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas (FENU) en pocas semanas. Los principios básicos de aquella operación—imparcialidad, consentimiento de las partes y uso limitado de la fuerza—han seguido siendo una característica central de todas las intervenciones similares hasta la fecha. Hammarskjöld había creado, de la nada y contra el texto literal de la Carta pero en su espíritu, un instrumento de poder ejecutivo de la comunidad internacional.
Pero fue en el Congo donde su visión alcanzó su máxima expresión y, también, su mayor peligro. En 1960, Bélgica concedió precipitadamente la independencia a su colonia, sumiendo al país en el caos y la guerra civil. La rica provincia de Katanga, donde se encontraban los principales yacimientos de cobre, uranio y aluminio, se declaró independiente bajo el liderazgo de Moïse Tshombe, con el apoyo de intereses mineros belgas y occidentales. Hammarskjöld, convencido de que la ONU debía proteger la integridad territorial del nuevo Estado y evitar que la descolonización se convirtiera en un nuevo reparto colonial, desplegó la mayor operación de mantenimiento de la paz de su historia: la ONUC (Operación de las Naciones Unidas en el Congo, que en 1999 fue sustituida por MONUC y, posteriormente, en 2010, por la actual MONUSCO).
La ONUC no era una misión observadora; era una fuerza con mandato para restaurar el orden y, en la práctica, para enfrentarse a las fuerzas secesionistas de Katanga. Hammarskjöld había convertido a las Naciones Unidas en un actor militar y político con capacidad para imponer su voluntad sobre los intereses de las antiguas potencias coloniales.
Esta decisión le granjeó enemigos poderosos. Los historiadores destacan que el diplomático sueco se ganó la antipatía de los separatistas de Katanga, de los colonos blancos, de los empresarios mineros y de los mercenarios que participaban en el conflicto. Además, su apoyo al gobierno legítimo de Patrice Lumumba, un líder nacionalista visto con desconfianza por Estados Unidos y Gran Bretaña por su proximidad con la Unión Soviética, lo colocó en el punto de mira de la Guerra Fría. Hammarskjöld no era un neutral pasivo; era un actor que tomaba partido por la legalidad internacional y por los intereses de las naciones más débiles frente a las presiones de las grandes potencias y de las corporaciones transnacionales. Su visión de la ONU como un poder ejecutivo implicaba precisamente eso: la capacidad de actuar en contra de los intereses de los poderosos cuando estos entraban en conflicto con los principios de la Carta.
El 18 de septiembre de 1961, Hammarskjöld volaba hacia Ndola, en la actual Zambia, para negociar un alto el fuego con Tshombe. Su avión, un DC-6, se estrelló en circunstancias nunca aclaradas. Murieron él y las otras quince personas que lo acompañaban. Las investigaciones oficiales que siguieron inmediatamente sugirieron que la causa fue un error del piloto, pero el informe de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas en 1962 admitió que no se podía descartar un sabotaje.
Desde entonces, investigadores independientes han pasado años recopilando pruebas que habían sido descartadas o suprimidas. Susan Williams, investigadora de la descolonización africana en la Universidad de Londres, concluyó en su libro «¿Quién mató a Hammarskjöld?» que «su muerte fue casi con certeza el resultado de una intervención siniestra». Su trabajo planteó más preguntas sobre si las agencias de inteligencia occidentales—incluidas las de Gran Bretaña, Estados Unidos y Bélgica—habían ocultado información relacionada con la muerte del Secretario General. La manera en que se investigó el accidente, los hallazgos y, sobre todo, lo no mostrado al público—como las fotos del cadáver del diplomático—dieron pie a especulaciones que medio siglo después siguen vivas.
La muerte de Hammarskjöld no fue solo la pérdida de un hombre excepcional; fue el punto de inflexión que transformó la naturaleza misma de las Naciones Unidas. Su sucesor, U Thant de Birmania, fue un diplomático de perfil bajo, elegido precisamente porque las superpotencias esperaban nombrar a un Secretario General que se centrara en cuestiones administrativas y se abstuviera de participar en el debate político. U Thant, aunque respetado, no tenía ni la autoridad moral ni la determinación ejecutiva de su predecesor. Su mandato marcó el inicio de una larga serie de Secretarios Generales que, con honrosas excepciones, han actuado más como mediadores y gestores que como impulsores de un poder ejecutivo mundial.
El legado de Hammarskjöld es, por tanto, el de una oportunidad perdida. Él había demostrado que las Naciones Unidas podían ser algo más que un foro de debate, que podían ser un instrumento de acción colectiva capaz de imponer la legalidad internacional incluso cuando esta chocaba con los intereses de las grandes potencias. Su frase, frecuentemente citada, de que «las Naciones Unidas no fueron creadas para llevar a la humanidad al cielo, sino para salvarla del infierno», encerraba una profunda conciencia de la función operativa y preventiva de la organización. Hammarskjöld entendió que la paz no se logra con buenas intenciones ni con declaraciones diplomáticas, sino con la capacidad de intervenir, de disuadir y, en última instancia, de imponer un orden basado en la justicia.
Lo que podría haber sido Naciones Unidas si la visión de Hammarskjöld se hubiera consolidado es uno de los grandes ejercicios de historia contrafactual de la ciencia política internacional.
Cabría imaginar una organización con un Secretario General con mandato ejecutivo, con fuerzas militares propias y permanentes—no contingentes nacionales sujetos a la voluntad de los Estados—, con capacidad para investigar y sancionar violaciones de los derechos humanos, y con la autoridad para intervenir en conflictos internos antes de que deriven en genocidio. Una ONU que no fuera un mero reflejo de las relaciones de poder interestatales, sino un contrapeso a ellas. Una ONU que, en lugar de congelar conflictos como el de Bosnia-Herzegovina o el de Palestina, tuviera la capacidad y la voluntad de resolverlos de raíz.
Sin embargo, la muerte de Hammarskjöld y la elección de sus sucesores marcaron el camino contrario. Las Naciones Unidas se convirtieron progresivamente en lo que son hoy: un foro de debate sin capacidad operativa real, un espacio donde los Estados exponen sus posiciones pero raramente adoptan decisiones vinculantes, y donde el Consejo de Seguridad—el órgano que debería tener la responsabilidad principal de mantener la paz—está paralizado por el derecho de veto de las cinco potencias permanentes.
La organización se ha convertido en un gigante burocrático con una capacidad limitada para la acción humanitaria, pero completamente impotente frente a las dinámicas de opresión y exterminio que asolan el planeta. Los genocidios de Ruanda y Srebrenica, la guerra civil en Siria, la invasión de Ucrania y el conflicto en Gaza son ejemplos recurrentes de esa impotencia.
El sueño de Hammarskjöld era, en el fondo, el sueño kantiano de un gobierno mundial basado en el derecho y no en la fuerza. Un gobierno que, como él mismo dijo, existiera no para las grandes potencias, sino en beneficio de los pueblos. Su muerte, ya fuera por un accidente, por un sabotaje o por una conspiración de los intereses coloniales y mineros, fue el momento en que ese sueño se desvaneció.
Las potencias que vieron en su activismo una amenaza a su dominio comprendieron que un Secretario General con capacidad ejecutiva era incompatible con sus intereses. Desde entonces, han velado porque ningún sucesor recupere ese poder. La ONU actual, con todas sus limitaciones y contradicciones, es el resultado de esa decisión política: un foro para la diplomacia, pero no un poder para la justicia. La historia de los Balcanes, o el genocidio que se está produciendo en Palestina, es solo una de las muchas consecuencias de ese fracaso histórico.
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