Democracia a través de la Ciencia

The climate crisis reveals that our civilization has never really been organized around science, contrary to the usual Enlightenment narrative. It is organized around capital. Science is embraced when it serves the interests of capital, and often ignored when it does not. 

[La crisis climática revela que nuestra civilización nunca ha estado realmente organizada en torno a la ciencia, contrariamente al relato habitual de la Ilustración. Está organizada en torno al capital. La ciencia es abrazada cuando sirve a los intereses del capital, y a menudo ignorada cuando no es así.]

El tuit de Jason Hickel que abre esta reflexión no es una opinión, es una constatación sociológica que duele porque es verdad: la crisis climática ha destapado que nuestra civilización nunca ha estado realmente organizada alrededor de la ciencia, sino alrededor del capital. 

Durante siglos, el relato de la Ilustración nos hizo creer que la razón y el conocimiento empírico guiaban el progreso humano. Pero cuando la evidencia científica señala que el modelo de crecimiento basado en la extracción ilimitada de combustibles fósiles es insostenible, ese relato se derrumba. No porque la ciencia se haya equivocado, sino porque el capital –y los Estados que lo representan– ha decidido que sus intereses están por encima de cualquier advertencia, por muy bien fundamentada que esté.

El problema no es teórico. Es estructural y se manifiesta a diario en las negociaciones internacionales, donde las grandes potencias bloquean sistemáticamente las decisiones que podrían frenar el colapso ecológico. 

La semana pasada, en las negociaciones preparatorias de la COP31 en Bonn, delegados de la Unión Europea, Suiza y decenas de países en desarrollo denunciaron lo que describieron como «ataques coordinados contra la ciencia» por parte de un reducido grupo de intereses fósiles. Estos países intentaron eliminar referencias al IPCC –el principal órgano científico de la ONU sobre cambio climático– y suprimir la necesidad de limitar el calentamiento a 1,5 °C en los borradores de los textos negociados. Fiji, representando a las naciones más vulnerables, lo resumió con una contundencia que debería helarnos la sangre: «Hay poderes desesperados por proteger su riqueza e influencia. Estamos viendo cómo ciertos países toman el proceso como rehén mientras la gente vulnerable sufre estrés por calor, mareas extremas, tormentas, sequías y hambrunas».

Pero esto no es nuevo. En febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos vetó por primera vez la participación de sus científicos en una reunión del IPCC en Hangzhou, China. Katherine Calvin, científica jefe de la NASA y copresidenta de uno de los grupos de trabajo, fue impedida de viajar. La NASA rescindió además el contrato de una decena de científicos que formaban parte de la unidad de soporte técnico, dejando al grupo de trabajo prácticamente acéfalo. «En 21 años que he participado en el IPCC, nunca había visto que se impidiera a científicos participar», declaró Thelma Krug, vicepresidenta del IPCC durante ocho años. 

Y el daño es mayúsculo: Estados Unidos aporta alrededor del 30% del presupuesto científico del IPCC y genera más datos, personal y modelos climáticos que el resto del mundo combinado. «Sin EE.UU., el IPCC fracasa», sentenció Benjamin Horton, director del Observatorio de la Tierra de Singapur. La ausencia prolongada de la primera potencia científica del mundo no es un accidente: es una decisión política calculada para debilitar la autoridad de la ciencia climática.

Al mismo tiempo, una coalición liderada por Arabia Saudita, China, India y Rusia está presionando para retrasar la publicación del próximo gran informe del IPCC (el Séptimo Informe de Evaluación, AR7) hasta 2029, un año después del Balance Global del Acuerdo de París. ¿El argumento? Que necesitan más tiempo para incorporar datos de científicos de países en desarrollo. ¿El efecto real? Privar a la comunidad internacional de la mejor evidencia científica disponible justo cuando se toman las decisiones políticas más importantes de la década. 

Varios países, entre ellos Francia y la UE, han condenado este intento de retraso, pero el bloqueo persiste. En la reunión de Bangkok de marzo de 2026, los países miembros fracasaron por quinta vez consecutiva en acordar un calendario de publicación. Mientras tanto, el fondo fiduciario del IPCC podría quedarse sin fondos antes de que el AR7 se complete.

La paradoja es cruel. La ciencia nos dice que el 10% de la población más rica es responsable del 77% de las emisiones globales asociadas a la propiedad de capital, y que el 40,7% más pobre accede a solo el 0,6% de la riqueza global. Los que más han contribuido al problema son los que tienen más recursos para solucionarlo, y sin embargo son los que más obstaculizan cualquier solución basada en la evidencia. 

No es ignorancia, es interés. La ciencia se abraza cuando sirve al capital –pensemos en la finaciación salvaje de la investigación médica o en la inteligencia artificial cuando está al servicio de la acumulación– y cómo se ignora cuando exige poner límites a la extracción y al consumo.

Este fenómeno no se limita al clima. Durante la pandemia de COVID-19, vimos cómo gobiernos de todo el mundo desoyeron a la epidemiología en favor de cálculos económicos, y cómo las campañas de desinformación –muchas de ellas orquestadas por grupos con intereses económicos– sembraron dudas sobre las vacunas y las medidas de salud pública. 

La pseudociencia y el negacionismo, lejos de ser fenómenos marginales, se han convertido en herramientas de influencia política en las democracias más avanzadas. En Argentina y Estados Unidos, por ejemplo, el negacionismo climático ha sido adoptado como política de Estado. En las propias negociaciones de Bonn, India sugirió eliminar cualquier referencia a «cambios irreversibles» en los borradores, y Arabia Saudita se opuso a incluir textos que reconocieran la urgencia de la situación. 

No se trata de escepticismo científico legítimo; se trata de una estrategia deliberada para sembrar incertidumbre donde la ciencia ya ha hablado con claridad.

Lo más grave es que este bloqueo es el funcionamiento normal del sistema. El capital no quiere una transición justa porque la transición justa implica redistribuir el poder y los recursos. Y el poder, como sabemos, no se cede voluntariamente. Por eso vemos que los mismos países que obstaculizan la ciencia climática son los que se oponen a cualquier mecanismo vinculante de financiación para el Sur Global, los que bloquean el acceso a tecnologías renovables mediante sanciones y restricciones, los que impiden que científicos de países como Cuba, Irán o Venezuela accedan a bases de datos biomédicas esenciales. La ciencia se ha convertido en un campo de batalla geopolítico, y las víctimas son los pueblos más vulnerables del planeta.

Frente a esta realidad, no podemos conformarnos con diagnósticos. Necesitamos exigir, con la misma contundencia con la que los delegados de las Islas del Pacífico se plantaron en Bonn con camisetas que decían «La ciencia no es negociable», que la ciencia imparcial sea la base de todas las decisiones políticas, sin excepciones ni privilegios para los intereses económicos. Pero eso no es suficiente. 

Las democracias más avanzadas del mundo están siendo infiltradas por redes de desinformación que operan con financiación opaca y objetivos claros: desacreditar la ciencia, sembrar dudas y paralizar la acción política. Es urgente crear mecanismos institucionales que impidan que pseudocientíficos, magufos y grupos de presión –se disfracen de think tanks, fundaciones o medios de comunicación– influyan en la agenda política. Estos mecanismos deben incluir códigos deontológicos para los cargos públicos, auditorías de integridad científica en los procesos legislativos, y un compromiso firme con la transparencia en la financiación de las campañas de desinformación.

La ciencia no es una opinión más. Es el mejor método que tenemos para entender la realidad y tomar decisiones informadas. Ignorarla no es neutralidad, es complicidad con los intereses que se benefician de la crisis. Y el coste de esa complicidad lo pagan los más vulnerables, aquí y ahora, mientras los poderosos negocian a puerta cerrada el calendario de su propia impunidad. 

La próxima vez que alguien nos diga que «la ciencia no es concluyente» o que «hay que esperar más datos», recordemos que esa estrategia tiene nombre, tiene dueño y tiene un objetivo claro: ganar tiempo mientras el mundo se quema. 

No podemos permitir que el capital siga decidiendo qué ciencia escuchamos y cuál ignoramos. No podemos permitir que la pseudociencia ocupe el lugar de la evidencia. La democracia no puede sobrevivir sin verdad, y la verdad no puede sobrevivir sin ciencia. Es hora de poner la ciencia en el centro de la política, y de expulsar a los que la utilizan como un comodín para seguir acumulando mientras el planeta arde.