La fábrica de la confusión: crónica de una estrategia orquestada

La desinformación no es un subproducto accidental de la era digital ni un mero exceso retórico en el fragor del debate político. Es, sobre todo, una herramienta de poder consciente, un arma estratégica cuyo diseño y ejecución responden a un plan perfectamente diseñado. 

Hannah Arendt lo anticipó con una claridad insuperable que parece escrita para la actualidad: mentir constantemente no tiene como objetivo que te crean, sino impedirte pensar; el fin último no es la convicción, sino la confusión. Al inundar el espacio público con afirmaciones falsas, contradictorias y deliberadamente fabricadas, se genera un marco de realidad en el que la ciudadanía, bombardeada por versiones incompatibles de los hechos, termina por desconfiar de toda fuente de información, incluida la oficial y la verificada. El resultado es una sociedad desorientada, incapaz de sostenerse sobre un suelo firme de certezas compartidas, y por tanto más dócil y maleable. 

Este mecanismo, descrito por Arendt para los totalitarismos del siglo XX, encuentra hoy en España una aplicación casi quirúrgica por parte de la derecha y la ultraderecha, que han convertido la generación de bulos y la desinformación en un pilar de su estrategia de oposición, siguiendo a rajatabla el manual orweliano de la posverdad.

Este diseño se revela con especial crudeza en las situaciones de emergencia, allí donde la vida de las personas y la eficacia de la respuesta institucional están en juego. Es un patrón que se repite con cada tragedia. Porque, lejos de la obligación constitucional de colaboración y de la elemental decencia humana de aparcar las diferencias ante la tragedia, la derecha, liderada por el Partido Popular y secundada por Vox, ha orquestado una y otra vez la misma coreografía. 

La DANA que asoló Valencia en octubre de 2024 es un ejemplo casi paradigmático. Mientras la catástrofe golpeaba, los bulos se propagaban a una velocidad vertiginosa: desde la falsa afirmación de que se habían derribado 26 presas hasta la acusación de que el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero había derogado un plan para construir una presa en Cheste que habría evitado la tragedia. Este último bulo, desmentido por verificadores como Maldita.es, ignoraba que el plan nunca se ejecutó por su inviabilidad y que, según expertos, la presa no habría sido suficiente para contener la riada. 

Las redes sociales se consolidaron entonces como la principal vía de difusión de estas informaciones falsas, como un auténtico altavoz, creando una niebla de desconfianza que obstaculizó la gestión de la emergencia y sembró el pánico entre la población. No se trataba de un fenómeno espontáneo; respondía a una lógica instrumental: aprovechar el dolor para desgastar al adversario político, utilizando la tragedia como ariete contra el Gobierno central.

Este es un guion que siempre se desarrolla en tres actos. En esta coreografía, el segundo acto revela claramente la naturaleza calculada de la estrategia. 

En los primeros momentos de la tragedia, los líderes autonómicos y locales del PP, aquellos directamente afectados y que necesitan la ayuda del Estado, se ven forzados a agradecer el apoyo. Así lo hizo el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien agradeció la presencia «rápida» de Pedro Sánchez. Pero este gesto, casi de obligado cumplimiento, dura apenas el tiempo de una rueda de prensa. El propio Mazón, tras agradecer los recursos enviados por el Gobierno, acusó al Ejecutivo de escatimar la ayuda. 

Uno o dos días después, cuando las aguas -nunca mejor dicho- comienzan a calmarse, la maquinaria de la oposición se pone en marcha. Feijóo, Cuca Gamarra o Miguel Tellado salen a los medios a despotricar contra el Gobierno central, acusándolo de inacción, de negligencia o de no estar a la altura. Es un patrón que se repite con una precisión milimétrica: primero, la aceptación tácita de la ayuda real que se está volcando; después, el ataque político orquestado para capitalizar el descontento.

Este verano de fuego que se ha vivido en España ha engrasado aun más la maquinaria de la mentira. Vemos como el mismo guion se ha repetido con los incendios forestales. Mientras las llamas devoraban cientos de miles de hectáreas -más de 406.100 hectáreas calcinadas en 2025 y, por ahora, 280.000 hectáreas en lo que va de año- el Gobierno detectó una «estrategia de desinformación» orquestada por el PP. Los bulos se multiplicaron: desde imágenes descontextualizadas de fuegos ocurridos en otros países hasta afirmaciones sin pruebas sobre las causas. Se difundieron mapas que relacionaban sin evidencias los incendios con supuestos yacimientos de litio y tierras raras, y publicaciones que aseguraban que los fuegos eran provocados para facilitar la instalación de energías renovables, afirmaciones que los expertos desmontaron punto por punto. 

La ultraderecha, por su parte, difundió la peligrosa idea de que «solo el pueblo salva al pueblo», deslegitimando la acción de lo público y alentando comportamientos que podían poner en riesgo vidas. En lugar de sumar esfuerzos en una emergencia nacional, se optó por la confrontación y la siembra de dudas, contribuyendo a erosionar la confianza en las instituciones precisamente cuando más se las necesitaba.

El accidente del Alvia en Adamuz (Córdoba) en enero de 2026, con 46 fallecidos, no fue una excepción. La tragedia fue inmediatamente aprovechada para lanzar bulos que responsabilizaban directamente a Pedro Sánchez. El propio Alvise Pérez, desde la ultraderecha, difundió la teoría del «sabotaje de trenes» sin que existiera prueba alguna que la respaldara. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, fue acusado por el propio Sánchez de «utilizar desinformación y bulos» para «meter miedo» a los ciudadanos, afirmando falsamente que el ministerio había ejecutado solo el 20% de los fondos cuando la cifra real era más del doble. El presidente del Gobierno reprochó a Feijóo que mintiera sobre las inversiones ferroviarias, señalando que el PP, Vox y Alvise son «lo mismo, en el fondo y en la forma» en su uso de la mentira para generar crispación.

Esta estrategia no es casual. Se inscribe en un esfuerzo consciente por tensar el país, por crear una atmósfera de enfrentamiento que trasciende lo político y amenaza con derivar en una confrontación física en las calles. Para ello, la derecha cuenta con el apoyo de los poderes económicos y fácticos, y con lo que el histórico dirigente del PNV Xabier Arzalluz bautizó como la «Brunete mediática»: un entramado de medios de comunicación que, alineados con sus intereses, actúan como una división acorazada dispuesta a descalificar, manipular y propagar bulos contra todo aquel que cuestione el statu quo. 

El término, acuñado a finales de los años 1990, hace referencia a la división acorazada que participó en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, y describe el comportamiento agresivo y justiciero de ciertos medios de comunicación editados mayoritariamente en Madrid DF -como lo define, bastante acertadamente Enric Juliana, periodista de La Vanguardia-. Esa «Brunete mediática» se convierte en el altavoz perfecto para la estrategia de desinformación, amplificando el ruido y la confusión hasta hacer casi imposible para el ciudadano discernir qué es real y qué es ficción.

A poco que investiguemos en la historia reciente de la democracia española comprobamos que esta dinámica no es nueva. Ya en 2013, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dejó caer la frase que se ha convertido en el lema no escrito de esta forma de hacer oposición: «Que se caiga España, que ya la levantaremos nosotros». Una declaración que no es un lapsus, sino una declaración de intenciones: el interés partidista y el ansia de poder por encima del bienestar del conjunto del país. La oposición ha renunciado al debate de ideas para abrazar la guerra de la desinformación, utilizando cada emergencia, cada tragedia, como un campo de batalla para desgastar al Gobierno legalmente establecido, en lugar de unirse a él en defensa de los ciudadanos.

Frente a esta estrategia de intoxicación sistemática, la obligación constitucional de colaboración y la necesidad de un diálogo sereno se presentan no como una opción, sino como la única vía para rescatar el espacio público de la confusión y preservar los cimientos de una democracia que se resiste a ser pasto de las llamas de la mentira. 

La desinformación no es un mal menor ni un daño colateral del debate político; es un ataque deliberado a la capacidad de la ciudadanía para pensar y decidir con libertad. Como advirtió Arendt, el embustero es «un hombre de acción»: no tiene problemas para aparecer en la escena política; su gran ventaja es que, al destruir la confianza en la verdad, hace imposible cualquier entendimiento común. Por eso, combatir los bulos no es solo una tarea de los verificadores o de los medios de comunicación responsables; es una responsabilidad compartida por toda la sociedad que cree en la democracia y en la posibilidad de un debate político basado en hechos, no en ficciones fabricadas para sembrar la discordia.

Este análisis revela una realidad incómoda: la oposición de la derecha y la ultraderecha en España ha orquestado una maquinaria de desinformación que se activa con cada emergencia, siguiendo un patrón reconocible que va del agradecimiento inicial al ataque sistemático, pasando por la siembra de bulos y la complicidad de un entramado mediático dispuesto a amplificar la mentira. 

El objetivo no es que los ciudadanos crean las falsedades; es que, ante la cacofonía de versiones contradictorias, ya no sepan en qué creer. La meta es la parálisis, la desmovilización y, en última instancia, la aceptación de un relato que sirve a los intereses de quienes pretenden gobernar no desde la legitimidad de las urnas y el diálogo, sino desde la imposición de un marco de realidad distorsionado. Frente a esto, la defensa de la verdad y la colaboración institucional se convierten en un imperativo democrático de primera magnitud.