En el debate sobre migraciones, pocos conceptos han sido tan eficazmente instrumentalizados como el de «efecto llamada». La idea es sencilla y, precisamente por ello, poderosa: determinadas políticas —regularizaciones, ayudas sociales, o simplemente la mera existencia de un Estado del bienestar— actuarían como un imán que atrae a miles de personas hacia las fronteras españolas. La narrativa se ha instalado en el discurso público con tal fuerza que parece incuestionable. Sin embargo, desde una perspectiva sociológica y politológica rigurosa, el concepto no solo es científicamente discutible, sino que su utilización responde a una estrategia política deliberada. El verdadero «efecto llamada» no son las políticas migratorias, sino la desinformación sistemática que las formaciones de extrema derecha difunden sobre ellas.
En primer lugar, conviene aclarar qué es —y qué no es— el denominado «efecto llamada». Los expertos en migración coinciden en que las decisiones migratorias son extraordinariamente complejas y responden a múltiples factores: la situación económica y política del país de origen, las redes familiares y comunitarias preexistentes, el ciclo económico del país de destino, y, en muchos casos, la necesidad de escapar de situaciones de conflicto o persecución. Ningún estudio serio ha demostrado que las regularizaciones o las políticas de acogida generen, por sí mismas, un incremento significativo de los flujos migratorios. De hecho, la regularización de 2005 en España, que legalizó a cerca de 600.000 personas, no generó tal efecto. El concepto, tal como lo emplea la extrema derecha, carece de validez técnica y es, como ha señalado el propio Gobierno en respuestas parlamentarias, «un concepto indeterminado».
A pesar de esta evidencia, formaciones como Vox han hecho del «efecto llamada» uno de los ejes centrales de su discurso. Lo han utilizado para oponerse a regularizaciones, para cuestionar el acceso de inmigrantes al Ingreso Mínimo Vital, y para alimentar la teoría conspirativa del «Gran Reemplazo». Pero el relato no se detiene en la mera oposición política: ha construido todo un imaginario sobre los inmigrantes como receptores privilegiados de ayudas y servicios. Una de las afirmaciones más recurrentes es que los inmigrantes «viven de las pagas», que «tienen todos los servicios gratis» y que «nada más llegar ya tienen la nacionalidad». Como señalan muy a menudo los propios ciudadanos de Ceuta «el efecto llamada más grave son los bulos».
Los datos, sin embargo, desmienten categóricamente esta narrativa. Como recordó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en el Congreso, «el Estado protege seis veces más a los nacidos en España que a los migrantes». Para percibir prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, las pensiones o el subsidio por desempleo, es imprescindible contar con nacionalidad española o residencia legal y, en la mayoría de los casos, acreditar años de cotización. Los inmigrantes en situación irregular no pueden acceder a la mayoría de las ayudas sociales, y el acceso a la vivienda pública depende de la renta y la residencia legal, no de la nacionalidad. Los datos son tozudos: solo el 17% de los beneficiarios del IMV en marzo de 2026 eran extranjeros, un porcentaje acorde a su presencia en la población.
Pero el bulo más grueso, y quizás el que más daño ha hecho, es el que afirma que la regularización otorga la nacionalidad española y, con ella, el derecho a voto. Durante el debate sobre la regularización extraordinaria aprobada en abril de 2026, Vox difundió una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía Pedro Sánchez entregando pasaportes españoles a personas de apariencia magrebí. La realidad es bien distinta: los beneficiarios de la regularización obtienen una autorización de residencia legal con una vigencia inicial de un año, no la nacionalidad. Para votar en España es necesario tener la nacionalidad, un trámite que puede tardar varios años. La regularización permite trabajar, pero en ningún momento supone la obtención de la nacionalidad. Difundir lo contrario no es un error, es una manipulación deliberada.
Más allá de los datos concretos, lo que revela este análisis es que el verdadero «efecto llamada» no lo generan las políticas migratorias, sino los propios bulos que las critican. Cuando se difunde que en España los inmigrantes reciben ayudas sin trabajar, que se les da la nacionalidad al llegar o que se les va a permitir votar, se está creando una expectativa falsa que puede llevar a personas desesperadas a tomar decisiones arriesgadas basadas en información errónea. El «efecto llamada» no es un fenómeno objetivo, sino un arma arrojadiza que, al ser lanzada, produce exactamente el efecto que dice combatir. Es lo que podríamos llamar una profecía autocumplida: se difunde el bulo, se genera la expectativa, y luego se utiliza la llegada de quienes han creído en el bulo para confirmar la necesidad de endurecer las políticas.
La crisis de Ceuta de julio de 2026 es un ejemplo paradigmático de este mecanismo. La avalancha de personas que cruzaron la frontera no fue provocada por las políticas del Gobierno español, sino por una combinación de factores entre los que la desinformación jugó un papel central. Las ONG sobre el terreno descartaron el «efecto llamada» como causa de las llegadas, señalando en cambio a las mafias y a los bulos difundidos en redes sociales. Los bulos, en este contexto, no son un daño colateral: son el motor que pone en marcha el mecanismo que luego se utiliza para justificar políticas de exclusión.
Desde una perspectiva sociológica, este uso de la desinformación responde a una lógica política perfectamente identificable. La extrema derecha necesita construir un enemigo exterior para cohesionar a su electorado y presentarse como la única fuerza capaz de proteger a la nación. El inmigrante, convenientemente deshumanizado y presentado como una amenaza, cumple a la perfección ese papel. La ministra Saiz lo expresó con claridad: cuando se difunde el bulo de que los inmigrantes viven de las ayudas sociales, «lo que se persigue es generar un clima de hostilidad que dificulte la integración. Y cuando se deshumaniza al migrante, se le condena a la exclusión, a la inseguridad». La desinformación no es un accidente, es una estrategia.
Esta estrategia tiene además una dimensión internacional. El discurso del «efecto llamada» y de la «invasión migratoria» no es exclusivo de España. Se ha reproducido en Polonia, Portugal, Bélgica y otros países europeos, formando parte de un repertorio compartido por las formaciones de extrema derecha en todo el continente. Lo que está en juego no es la gestión de los flujos migratorios, sino la definición misma de lo que significa ser europeo, y de quién tiene derecho a formar parte de la comunidad política.
La conclusión es ineludible: el verdadero «efecto llamada» son los bulos que la extrema derecha difunde sistemáticamente sobre la inmigración. No son las políticas de acogida, sino la desinformación, la que genera expectativas falsas y alimenta un ciclo de llegadas y reacciones xenófobas. Combatir este fenómeno exige, en primer lugar, nombrarlo: no es un efecto llamada, es una estrategia de desinformación. Y exige, además, un compromiso firme con la verificación de los hechos y con la defensa de un debate migratorio basado en datos, no en miedos fabricados. Porque, como ha recordado la ministra Saiz, España «necesita la inmigración», y todos los expertos señalan que las preocupaciones sobre su impacto están «influenciadas por percepciones erróneas y por desinformación». El desafío no es cerrar fronteras, sino abrir los ojos ante quienes las utilizan para sembrar el odio.
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