La reciente resolución de diversos laudos arbitrales en el ámbito internacional ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión estructural que, sin embargo, apenas ha merecido un tratamiento extenso en los grandes medios de comunicación. Nos referimos a la acumulación de pasivos contingentes derivados de la política energética aplicada durante la pasada década, específicamente a las denominadas primas a las energías renovables. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial, ha dictado en los últimos meses nuevos laudos que condenan al Reino de España al pago de indemnizaciones millonarias a fondos de inversión y sociedades energéticas. Según los datos consolidados, el Estado español acumula ya 28 laudos adversos que, sumando intereses y costas procesales, superan los 2.300 millones de euros. Esta cifra, que incluye el reciente laudo de 262 millones de euros a favor de Eiser Infrastructure Limited —fallo que duplica la condena inicial de 128 millones anulada en 2020—, representa el desenlace de un proceso iniciado en 2013, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy, a través del entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, modificó retroactivamente el régimen retributivo de las renovables. Lo que en su momento se presentó como una medida de contención del déficit tarifario se ha traducido, años después, en una factura que deberá ser satisfecha con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Dicho de otro modo: el contribuyente, esto es, la totalidad de la ciudadanía, asumirá el coste final de unas decisiones políticas cuyos efectos económicos no se circunscriben al ámbito de la política energética, sino que se proyectan directamente sobre las arcas públicas.
Esta dinámica de socialización de pérdidas no constituye, sin embargo, un hecho aislado en la gestión de los recursos colectivos durante el periodo 2011-2018. El rescate del sistema financiero español, articulado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), supuso una inyección de capital público de una magnitud considerablemente superior. Las cifras disponibles, procedentes del Tribunal de Cuentas y del Banco de España, sitúan el coste total asumido por el Estado en torno a los 101.500 millones de euros, de los cuales 66.577 millones corresponden a inyecciones directas de capital y productos híbridos. De esta cantidad, el organismo supervisor estima que únicamente se recuperará el 14%, lo que implica que la mayor parte del desembolso —más de 60.000 millones de euros— se habrá perdido de forma irreversible. El proceso de reestructuración bancaria afectó especialmente a las antiguas cajas de ahorro, entidades que, paradójicamente, habían sido concebidas como instrumentos de redistribución social a través de sus obras sociales y su arraigo territorial. La intervención pública, lejos de preservar esa función, aceleró su desaparición como modelo, transformando el mapa financiero español en un ecosistema dominado por grandes conglomerados bancarios de carácter privado. El coste de esta operación, asumido íntegramente por el conjunto de los ciudadanos, no ha sido objeto de un debate público a la altura de su trascendencia, quizá porque su complejidad técnica y su extensión temporal han dificultado su percepción como un hecho unitario.
Paralelamente al rescate financiero, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social —conocido coloquialmente como la «hucha de las pensiones»— experimentó una reducción de tal magnitud que cabe calificarla, en términos cuantitativos, como un vaciamiento sistemático. Creado en el año 2000 con el objetivo de acumular excedentes para hacer frente a los ciclos económicos adversos, el Fondo alcanzó su máximo histórico en 2011, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, con un saldo de 66.815 millones de euros. En diciembre de 2017, tras seis años de gobierno de Mariano Rajoy, el saldo se había reducido a 8.095 millones. Al cierre de 2018, la cifra se situaba en 5.043 millones. En términos porcentuales, el fondo perdió más del 90% de su dotación durante el periodo 2012-2018. Este descenso no obedeció a una contingencia demográfica excepcional, sino a la utilización recurrente de los recursos del Fondo para financiar el pago de prestaciones ordinarias y, en particular, las pagas extraordinarias de Navidad, así como para sufragar políticas activas de empleo. La decisión de no reponer las cantidades extraídas, pese a la recuperación económica iniciada en 2014, supuso una opción de política fiscal que, de facto, transfirió la carga del ajuste a la sostenibilidad futura del sistema público de pensiones. El Fondo de Reserva, concebido como un colchón para situaciones de crisis, fue empleado como un mecanismo de financiación ordinaria, alterando así su función original y comprometiendo la capacidad del sistema para afrontar el envejecimiento poblacional.
A este conjunto de decisiones de política económica se suma el capítulo de la corrupción institucional, cuyo coste, aunque más difícil de cuantificar con precisión, no es menos relevante desde una perspectiva de análisis de la gestión de los recursos públicos. El caso Gürtel, considerado la trama de corrupción más extensa de la democracia española, ha dejado un rastro de 200 millones de euros defraudados, según estimaciones judiciales. La sentencia de la Audiencia Nacional, confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo, condenó a 29 de los 37 acusados e impuso penas que suman 351 años de prisión. El entramado, operativo durante más de una década, involucró a altos cargos del Partido Popular en las comunidades de Madrid y Valencia —entre ellos los expresidentes Esperanza Aguirre, Francisco Camps y Eduardo Zaplana— y se articuló en torno a la adjudicación irregular de contratos públicos, el amaño de procedimientos y la financiación ilegal de campañas electorales. La red, liderada por Francisco Correa, llegó a controlar un volumen de contratos que superó los 354 millones de euros. A esta cifra se añaden las investigaciones en curso relacionadas con el denominado «caso Montoro», en el que se indaga la posible percepción de comisiones a cambio de la elaboración de disposiciones normativas favorables a determinados sectores empresariales, con un montante estimado que, según algunas fuentes, podría acercarse a los 50 millones de euros. La Agencia Tributaria ha localizado pagos fraccionados por importe de 850.000 euros realizados por empresas del sector gasístico, mientras que otras investigaciones apuntan a la repatriación de 2,3 millones de euros a través de la amnistía fiscal impulsada por el entonces ministro Cristóbal Montoro.
Paralelamente, la utilización de fondos reservados del Ministerio del Interior en la denominada «operación Kitchen» —cuyo objetivo habría sido la destrucción de pruebas comprometedoras para el Partido Popular en posesión de su extesorero, Luis Bárcenas— ha sido objeto de investigación judicial. La documentación desclasificada por el Gobierno acredita que altos mandos de la llamada «policía patriótica» autorizaron gastos con cargo a estos fondos entre 2013 y 2014. Aunque el importe documentado en esta operación concreta asciende a 53.266 euros, el uso discrecional de esta partida presupuestaria —sometida a escaso control parlamentario— plantea interrogantes sobre la posible desviación de recursos públicos hacia fines ajenos a la seguridad nacional, así como sobre la opacidad que rodea su gestión. La suma de estos episodios, aunque heterogénea en su naturaleza y en su cuantía, dibuja un patrón recurrente en el que los costes de determinadas actuaciones políticas —ya sean por error regulatorio, por necesidad de rescate financiero o por conductas delictivas— terminan siendo absorbidos por el conjunto de la ciudadanía, mientras que los beneficios, en forma de rentas extraordinarias, ventajas competitivas o impunidad, se privatizan en beneficio de actores concretos.
Desde una perspectiva de análisis de políticas públicas, lo que estos casos ponen de manifiesto es la asimetría existente entre la capacidad de los agentes económicos y políticos para generar pasivos contingentes que recaen sobre el erario público, y la escasa capacidad de los mecanismos de control democrático para anticiparlos, mitigarlos o, al menos, hacerlos explícitos en el debate político. El «impuesto al sol», el rescate bancario, el vaciamiento del Fondo de Reserva de las pensiones y las tramas de corrupción institucional no son fenómenos desconectados, sino manifestaciones de una misma lógica de gestión en la que la socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios se han erigido en una constante. Que, a pesar de ello, sectores significativos del electorado consideren viable retornar a fórmulas de gobierno que encarnan ese mismo patrón de comportamiento es un hecho que, desde la óptica del análisis político, resulta difícil de conciliar con los principios elementales de la racionalidad del voto y la responsabilidad fiscal. Los vendedores de elixires milagrosos han existido siempre en la historia de las sociedades humanas; lo que quizá distingue a nuestro tiempo es la persistencia de su demanda, incluso después de que la composición de sus pócimas haya sido desvelada y sus efectos adversos, documentados. La cultura cívica, en este sentido, no es un atributo estático, sino un proceso de aprendizaje colectivo que, a la vista de los datos, aún tiene un largo recorrido por completar.
Suma y sigue...
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