Hay una idea que se repite tanto en las conversaciones de sobremesa como en los titulares de ciertos medios: que a las sociedades les va mejor cuando dejan hacer al mercado, cuando bajan impuestos y cuando confían en que la iniciativa privada, por sí sola, resolverá los problemas colectivos. Es una idea seductora porque promete mucho con poco esfuerzo. Pero cuando uno mira los datos y la historia reciente, emerge una verdad incómoda: las sociedades que construyen su riqueza sobre la producción real —fábricas, servicios, conocimiento, infraestructuras— tienen un futuro mucho más sólido que aquellas que la construyen sobre la especulación, el alquiler y la extracción financiera.
La razón es sencilla y tiene que ver con una pregunta básica: ¿de dónde sale el dinero que circula y quién se beneficia de él?
Cuando una economía es productiva, el dinero no se queda quieto en una cuenta offshore ni en el bolsillo de un rentista que ya tiene sus necesidades cubiertas. Circula. Se paga un salario, ese salario se gasta en el comercio del barrio, ese comercio contrata a alguien, esa persona paga su alquiler y sus impuestos, y el Estado recauda para financiar escuelas, hospitales y pensiones.
Es lo que Keynes describió como el multiplicador: cada euro invertido en producción real genera una cadena de gasto que multiplica su impacto en la economía.
En cambio, cuando la riqueza se acumula en manos de especuladores y rentistas, esa cadena se rompe. El dinero se guarda, se invierte en productos financieros que no crean empleo, o se destina a comprar viviendas para alquilarlas a precios que exprimen a quien las necesita. No hay circulación; hay extracción.
No hay que irse muy lejos para encontrar ejemplos. España ha pasado de ser un país de propietarios a convertirse, en buena medida, en un país de especuladores. La entrada masiva de fondos de inversión en el mercado inmobiliario ha creado una nueva clase social: el rentista, ciudadanos que se enriquecen acumulando propiedades y extrayendo riqueza a través del alquiler de otros ciudadanos en situación menos favorable.
Este modelo no enriquece al conjunto de la sociedad; la empobrece. La desigualdad crece por la vía patrimonial, y el trabajo o el emprendimiento pierden fuerza como vías de ascenso social. Quien tiene dinero para invertir en vivienda ya tiene sus necesidades cubiertas; no va a generar consumo interno con esos excedentes. Los acumula. Y mientras tanto, el inquilino que destina la mitad de su salario a pagar el alquiler no puede consumir en otros bienes, no puede ahorrar, no puede invertir en su formación. La economía se ahoga.
Esto se agrava cuando las grandes empresas de inversión operan a escala transnacional y escapan a las reglas fiscales de los Estados. Un informe reciente sobre TotalEnergies revela que una parte muy significativa de sus beneficios no proviene de la extracción real de petróleo o gas, sino de actividades de trading con sede en Suiza y Singapur, donde los regímenes fiscales son extremadamente favorables. Es decir, la empresa genera riqueza en un lugar, pero la declara en otro para pagar menos impuestos.
Ese dinero que debería financiar servicios públicos en los países donde se produce la riqueza acaba en paraísos fiscales. Los ciudadanos de esos países no ven ni un euro de esa actividad extractiva. La multinacional se beneficia de la infraestructura, de la seguridad jurídica y de la mano de obra formada que esos Estados les ofrecen, pero a la hora de contribuir, desaparece. Es una forma de parasitismo perfectamente legal, pero parasitismo al fin y al cabo.
Quienes defienden este modelo suelen argumentar que los rentistas y los especuladores también generan actividad económica. Pero eso es falso. Un fondo que compra edificios enteros para subir los alquileres no crea riqueza nueva; simplemente redistribuye la que ya existe, y lo hace en su beneficio. Un inversor que compra acciones no está financiando una fábrica; está apostando a que el precio de esas acciones subirá. Esa apuesta puede enriquecerle, pero no añade un solo tornillo a la economía real. Como decía Keynes, cuando la especulación domina, “la empresa se convierte en la burbuja sobre un torbellino de especulación”. Y cuando el torbellino estalla, los que pierden son siempre los mismos: los trabajadores, los pequeños ahorradores, los inquilinos.
La paradoja estadounidense es el ejemplo más brutal de esta lógica.
Estados Unidos presume de ser la tierra de la libertad y del libre mercado, pero su ejército es una de las pocas instituciones que ofrece a los jóvenes de clase trabajadora algo parecido a un Estado de bienestar: salario garantizado, cobertura sanitaria, subsidios de vivienda y beneficios educativos sustanciales. En comunidades rurales y urbanas donde el empleo estable escasea y la universidad es inalcanzable, alistarse se convierte en la única vía de ascenso social. El Pentágono recluta a estos jóvenes ofreciéndoles precisamente lo que el mercado laboral civil les niega: seguridad, sanidad y educación. Y luego los envía a países lejanos a imponer, con las armas, un modelo económico que en su propia casa no funciona para la mayoría. Es una contradicción que debería hacer temblar a cualquiera que defienda ese sistema como el paradigma de la libertad.
Los datos de desigualdad no dejan lugar a dudas. En Estados Unidos, el 1% más rico acumula el 31,7% de toda la riqueza del país, el nivel más alto registrado en décadas. El 10% más rico concentra más del 68% de la riqueza total, mientras que la mitad más pobre apenas posee el 2,5%.
En Argentina, la economía se ha vuelto un casino donde especular es más rentable que producir, y donde el cierre de fábricas y el desempleo son el precio que paga la mayoría para que unos pocos sigan ganando.
Rusia, por su parte, es el ejemplo clásico de Estado rentista: un país que depende de la exportación de petróleo y gas, donde las élites se apropian de las rentas mientras la población soporta salarios bajos y servicios públicos deteriorados. Ninguno de estos modelos es un faro de prosperidad; son modelos caníbales, que devoran a su propia gente.
Frente a este panorama, la socialdemocracia y el pacto de un Estado de bienestar basado en la intervención en sectores estratégicos —sanidad, educación, vivienda, dependencia— no son una utopía, sino la única vía realista para construir sociedades más justas y más habitables.
Los países nórdicos lo han demostrado durante décadas: la estrategia de combinar economías de mercado con altos niveles de protección social, inversión pública en formación y servicios, y una fiscalidad progresiva que redistribuía la riqueza ha dado lugar a sociedades con baja desigualdad, alta cohesión social y niveles de vida envidiables.
Alemania y Japón, cada uno a su manera, construyeron modelos de capitalismo coordinado donde el Estado jugó un papel decisivo en la industrialización y en la regulación de los mercados financieros. No son paraísos; tienen problemas, como cualquier sociedad. Pero han sabido mantener la producción en el centro de su economía y no han dejado que la especulación se convierta en el motor del país.
La lección es clara. Una sociedad que premia a los parásitos y a los rentistas está condenada a la desigualdad, a la volatilidad y, tarde o temprano, a la crisis. Una sociedad que invierte en producción, en conocimiento y en protección social genera riqueza que circula, que se redistribuye y que beneficia al conjunto.
No se trata de elegir entre mercado y Estado, sino de entender que sin un Estado fuerte que regule, recaude e invierta en lo estratégico, el mercado se convierte en un casino donde siempre ganan los mismos. La socialdemocracia no es un capricho ideológico; es la respuesta pragmática a la pregunta de cómo vivir juntos sin que unos pocos se lleven todo. Y en ese juego, entre parásitos y rentistas, lo que está en juego no es una teoría económica, sino la posibilidad misma de una vida digna para la mayoría.
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