Por fin... o por principio

Hay eslógans que, por su propia brevedad, delatan más de lo que esconden. 

«Por fin» fue la primera reacción del Partido Popular cuando Pedro Sánchez anunció el adelanto electoral al decaer sus Decretos Ley para la emergencia habitacional. Dos palabras, un vídeo con la Oda a la Alegría y una lona en la fachada de Génova. Pero cuando una fuerza política que aspira a gobernar resume su diagnóstico en un suspiro, conviene preguntarse qué hay detrás de ese suspiro. Porque «por fin» no es un programa: es una liberación emocional. Y las emociones, en política, pueden ser un punto de partida legítimo, pero nunca un sustituto del razonamiento.

La pregunta que desmonta el eslogan es elemental: ¿por fin qué? ¿Por fin se acaban las bolsas de pobreza que siguen atenazando a amplios sectores del país? ¿Por fin se deroga una Ley Mordaza que, en su aplicación selectiva, ha dejado demasiadas preguntas sin respuesta? ¿Por fin se resuelve el drama de quienes trabajan y aun así no pueden pagar un alquiler? ¿Por fin se equipara la pensión mínima al salario mínimo interprofesional? ¿Por fin la sanidad pública deja de estar ahogada por la falta de medios y la educación pública recibe la inversión que exige el futuro? 

La respuesta, si se atiende a las propuestas concretas del PP y no a la euforia del momento, es incómoda: el «por fin» no designa un catálogo de soluciones, sino la llegada de unas elecciones que el PP llevaba exigiendo desde el mismo instante en que se constituyó el Gobierno de coalición en 2023.

Este es el primer problema de fondo. Que durante cuatro años, la acción de la oposición no se ha limitado a discrepar —lo que sería perfectamente legítimo en una democracia—, sino que ha consistido en deslegitimar al Ejecutivo legalmente constituido y en forzar los límites institucionales hasta convertirlos en un instrumento de desgaste. 

El bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial durante casi seis años no ha sido un accidente ni una discrepancia puntual: es la estrategia aplicada por el PP, desde el retorno de la democracia a España, para impedir el normal funcionamiento de un órgano constitucional. 

Ese mismo modus operandi se ha trasladado después al Tribunal Constitucional, donde el PP ha mantenido congelada la designación de magistrados que corresponden al Senado, escudándose en mayorías y en calendarios electorales. 

El Senado, concebido como cámara de representación territorial, ha sido convertido en muchas ocasiones en un escenario de confrontación y de relato, más atento al titular del día que al cumplimiento de la Constitución. 

Cuando un partido bloquea instituciones cuyo mandato está tasado por la ley y, al mismo tiempo, exige elecciones como solución a todos los males, no está defendiendo la democracia: está utilizándola como coartada.

Sobre ese terreno institucional erosionado se ha construido lo que el magistrado emérito José Antonio Martín Pallín y otros juristas han descrito como un uso perverso del derecho con fines políticos, el lawfare, una dinámica en la que el aparato judicial deja de ser árbitro y pasa a ser arma. 

La instrucción de causas que salpican al entorno del presidente del Gobierno, la presión constante sobre la Fiscalía y la insistencia en un relato de condena anticipada no son episodios aislados: dibujan un patrón. 

El caso de Lula da Silva es el espejo más nítido. El dirigente brasileño pasó 580 días en prisión preventiva, fue condenado y después la justicia de su país anuló aquellas sentencias al constatar que sus derechos no se habían respetado durante el proceso; el juez que lo condenó acabó siendo ministro de Justicia de su principal rival político. 

Habría que explicarle a Tellado, que quien deja al descubierto su propio subconsciente es él. Cuando afirma que a Sánchez «le ha traicionado el subconsciente» al verse reflejado en Lula, y recuerda —omitiendo la mitad de la historia— que este «fue condenado por corrupción», está describiendo en realidad el guion que él y su partido conocen de sobra: el de un proceso que se construye a golpe de filtraciones, hipótesis de instrucción y condena anticipada en los medios, y que en el caso de Lula terminó con 580 días de prisión preventiva, una condena posteriormente anulada por la justicia brasileña al constatar que no se habían respetado las garantías del proceso, y con el juez que lo condenó convertido en ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro. 

Ese es el Manual del lawfare de manual, y es el mismo manual que parece estar detrás de la instrucción de las causas que salpican al entorno familiar de Pedro Sánchez: primero el relato, después la diligencia, y mientras tanto la presunción de culpabilidad instalada en el debate público. Por eso el subconsciente que realmente traiciona a Tellado no es el de Sánchez, sino el suyo: sabe que no se puede invocar el lawfare como advertencia contra el adversario y, al mismo tiempo, blanquearlo cuando se aplica a quien conviene.

Pero si el diagnóstico institucional es grave, el diagnóstico programático no lo es menos. Cuando se examina qué ofrece el PP más allá del «por fin», el panorama es muy desolador. 

En materia de pensiones, su programa electoral no garantiza la revalorización conforme al IPC; se limita a prometer «sostenibilidad», lo que en la práctica abre la puerta a alargar la vida laboral o a contener el gasto. Feijóo ha dicho claramente que su gobierno pedirá «sacrificios» a los ciudadanos, una palabra que en campaña —como recordaba el periodista Carlos E. Cué— ni siquiera Rajoy se atrevió a pronunciar. 

En vivienda, el PP propone derogar la ley que ha establecido topes a las subidas del alquiler, precisamente cuando el precio de la vivienda sigue desbocado. Y en igualdad, la intención declarada es suprimir el Ministerio de Igualdad, reducirlo a un departamento residual y derogar leyes como la Ley Trans. No es una cuestión de siglas: es una cuestión de prioridades. Quien promete eliminar el ministerio que existe para corregir desigualdades estructurales está diciendo, con claridad, que esas desigualdades no son su emergencia.

A ello se suma una deriva retórica que sustituye hacer propuestas por el exterminio simbólico del contrario. La campaña permanente contra el «sanchismo» —un significante vacío que sirve para agrupar todo lo que se detesta— ha ocupado el lugar que debería corresponder a los planes de gobierno. 

Se ha instalado la idea de que la alternativa consiste en borrar al adversario, en derogar su legado, en expulsar a los inmigrantes que sostienen sectores enteros de la economía, en limitar las expresiones artísticas que incomodan. Y cuando el aspirante a presidente del Gobierno reduce su aspiración a que un presidente no baile en los mítines ni bese a su esposa, no estamos ante un debate político: estamos ante una estética del resentimiento.

Frente a ese vacío, conviene recuperar un filtro de racionalidad mínima, como decía por Bluesky tal Tilmon Edwards y que debería presidir cualquier confrontación democrática: debatir un asunto implica aceptar que dicho asunto es discutible; razonar con alguien implica asumir que es una persona razonable; solicitar evidencia de una afirmación implica admitir que podría ser verdadera. 

Si un partido no acepta que sus propuestas sean discutidas, si trata a su oponente como un enemigo al que hay que destruir y no como un adversario al que hay que convencer, y si jamás aporta evidencia porque su relato se sostiene sobre la repetición y no sobre los hechos, entonces no está debatiendo: está haciendo otra cosa. Y esa otra cosa tiene un nombre, aunque algunos se empeñen en no pronunciarlo.

El «por fin» del PP no es una promesa de país. Era una promesa de revancha. Y una revancha, por definición, no construye nada: solo destruye lo que encuentra. Por eso conviene preguntarse, con serenidad pero sin ingenuidad, si quienes agitan la banderita en la pulsera y votan a quienes lo basan todo en el exterminio del contrario se han detenido alguna vez a leer las propuestas concretas, a contrastarlas con los datos, a aplicarles ese filtro elemental de racionalidad. 

Porque la democracia no se defiende solo votando: se defiende pensando antes de votar. Y quizá entonces, solo quizá, el «por fin» se convierta en lo que nunca debió dejar de ser: una pregunta que obligue a la política a dar razones en lugar de eslóganes.