El plebiscito cotidiano de Ceuta

Hay imágenes que trascienden el impacto inmediato de la actualidad. Miles de cuerpos agotados tendidos sobre el césped de los parques de Ceuta, familias enteras cruzando a nado el espigón mientras otros se lanzan al mar con un flotador improvisado, y al menos 72 personas que han perdido la vida intentando alcanzar territorio español. 

Detrás de estas cifras hay un fracaso, pero también un chantaje, una agresión que parece haber sido pactada, fomentada o coordinada al más alto nivel internacional. 

Marruecos ha movilizado a cerca de 50.000 personas, muchas de ellas transportadas y escoltadas en camiones por la Gendarmería nacional, y las ha lanzado contra la frontera de Ceuta. Y, en cuestión de horas, el Gobierno de Estados Unidos, el de Israel y las extremas derechas locales han encontrado en esta tragedia un escenario propicio para sus propios fines.

En este contexto de guerra híbrida, donde los civiles desarmados se convierten en arma arrojadiza, un grupo de ciudadanos ceutíes ha ofrecido una lección que merece ser analizada con la profundidad que la sociología y la ciencia política requieren. 

Cuando el líder de Se Acabó La Fiesta, Alvise Pérez, acompañado del «influencer» político Vito Quiles, se desplazó desde la península para aumentar la tensión y sembrar odio en una ciudad que ya estaba sufriendo, no encontró lo que esperaba. 

Los vecinos de Ceuta, muchos de ellos de origen marroquí, salieron a la calle con banderas españolas en la mano y expulsaron a esos grupos que solo pretendían generar más dolor. «Aprovecháis la situación para sembrar odio, eso es lo que sois, odio», les gritaron. «Yo soy español, español», coreaban. «No te equivoques, yo estoy en mi país». 

Y cuando los agentes de la Policía Nacional pidieron a los contramanifestantes que se retiraran, estos se mantuvieron en el lugar hasta lograr la evacuación de los ultraderechistas. La misma escena se repitió con la organización ultraderechista Núcleo Nacional, cuyos veinte integrantes fueron igualmente escoltados hasta el puerto mientras los ceutíes coreaban «que se vayan ellos» y «es nuestra ciudad también».

Lo ocurrido en Ceuta nos obliga a recuperar una conversación que Ernest Renan mantuvo con su tiempo hace casi siglo y medio en la Sorbona. «¿Qué es una nación?», se preguntaba el pensador francés en 1882. Y su respuesta, tan sencilla como radical, sigue siendo la mejor vacuna contra los discursos de odio que pretenden secuestrar la idea de patria. 

Una nación no es la sangre, ni la raza, ni la lengua, ni el territorio. Una nación es, ante todo, un alma, un espíritu, «una gran solidaridad, constituida por el sentimiento de los sacrificios que se han hecho y de los que aún se está dispuesto a hacer». La existencia de una nación es, en palabras inmortales de Renan, «un plebiscito cotidiano». No se decreta desde arriba, no se impone con banderas ni con consignas, no se defiende con el odio al diferente. Se renueva cada día en la voluntad de los ciudadanos de vivir juntos, de compartir un futuro común, de dotarse de normas de convivencia y proyectos compartidos.

Ceuta es una ciudad donde conviven culturas tan dispares como la musulmana y la católica, gobernada por el Partido Popular. Y sin embargo, cuando la ultraderecha llegó para instrumentalizar el dolor y la muerte, fueron precisamente los ciudadanos de origen marroquí, los mismos a los que los discursos de odio señalan como «el otro», quienes empuñaron la bandera española para defender su ciudad y su país. 

No lo hicieron desde el odio, sino desde el amor a un territorio que es su hogar. No lo hicieron desde la exclusión, sino desde la afirmación de una pertenencia que ningún discurso xenófobo puede arrebatarles. Esa es la nación de Renan: el deseo de conseguir una sociedad justa que permita a los ciudadanos tener un proyecto de futuro y vivir en paz.

Pero subyace en este relato una contradicción que no podemos eludir. La misma bandera que los ceutíes de origen marroquí empuñaron para defender su dignidad es la que otros, los que vinieron a sembrar odio, pretenden secuestrar como símbolo de exclusión. 

La bandera, como todos los símbolos nacionales, es un campo de batalla semiótico. No tiene un significado fijo ni inmutable; su significado se disputa en cada acto, en cada gesto, en cada calle. Lo que vimos en Ceuta fue precisamente esa disputa: los ciudadanos reclamaron la bandera para sí, la despojaron de su uso instrumental por parte de la extrema derecha y la devolvieron a su significado más genuino: el de la pertenencia compartida, el de la solidaridad, el de la defensa de un proyecto común frente a quienes intentan destruirlo desde dentro.

El Partido Popular, que gobierna Ceuta, y Vox, que comparte con los populares gobiernos en otras comunidades autónomas, han cargado contra el Gobierno central por la llegada de miles de personas a Ceuta. 

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha llegado a exigir que se desplieguen «todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Ceuta para que no quede ni uno de los inmigrantes ilegales que han entrado». 

Pero mientras los dirigentes del PP y Vox utilizan la tragedia como arma política contra el Gobierno progresista, los ciudadanos de Ceuta, muchos de ellos votantes de esas mismas formaciones, han dado una lección de patriotismo y solidaridad que sus líderes políticos parecen no haber comprendido. No es la primera vez que ocurre: la ciudadanía, en su sabiduría práctica, suele estar por delante de sus representantes cuando se trata de defender lo esencial.

La pregunta que emerge con fuerza es la siguiente: ¿cómo es posible que una ciudad gobernada por el PP y sus ciudadanos, muchos de ellos de origen marroquí, den una lección de patriotismo y solidaridad mientras sus líderes políticos y los medios afines alimentan el discurso del odio? La respuesta nos remite a la naturaleza del hecho nacional tal como lo concebía Renan. 

La nación no es propiedad de ningún partido, ni de ningún gobierno, ni de ningún grupo que pretenda secuestrar su significado. La nación es de quienes la viven cada día, de quienes comparten el espacio público, de quienes enfrentan juntos las dificultades, de quienes deciden, en el plebiscito cotidiano de la convivencia, que quieren seguir siendo una comunidad. 

Los ciudadanos de Ceuta, con independencia de su origen, de su religión o de su opción política, han mostrado que la nación es algo más que una consigna. Es un vínculo que se forja en la adversidad, no en el odio.

Y sin embargo, mientras los ciudadanos daban esta lección de civismo, en las redes sociales y en algunos medios de comunicación se difundían mensajes que animaban a «cazar al moro». 

La Fiscalía ha abierto diligencias en otras ocasiones contra miembros de Vox por presuntos delitos de odio, y asociaciones como Izquierda Unida han denunciado al partido ante el Ministerio Público por incitación al odio racista y xenófobo. Pero la sensación de impunidad persiste. ¿Cómo es posible que la judicatura no haya actuado ya contra los miembros de Vox, Figaredo y demás, que en las redes animaban a cazar al moro? 

Esta pregunta no es retórica, es una exigencia de coherencia democrática. El discurso del odio no es libertad de expresión; es la antesala de la violencia. Y cuando ese discurso se amplifica desde posiciones de poder político y mediático, la responsabilidad de las instituciones es aún mayor. La democracia no puede permitirse la complacencia con quienes utilizan el dolor de los demás para construir su negocio político.

El Ministro del Interior, responsable último de la seguridad y del orden público, se enfrenta a una paradoja que debería ser objeto de reflexión. Por un lado, su departamento ha tenido que gestionar una crisis migratoria sin precedentes, movilizar al Ejército y coordinar la respuesta de las Fuerzas de Seguridad. Por otro lado, ha sido testigo de cómo los ciudadanos de Ceuta, por sí mismos, sin necesidad de consignas oficiales, han expulsado a los grupos que venían a sembrar odio. 

Esa lección de civismo debería interpelar al conjunto de las instituciones, empezando por el Ministerio del Interior y el Consejo General del Poder Judicial. La pasividad ante los discursos de odio no es neutralidad; es complicidad. Y la democracia española, que ha sabido construir un modelo de convivencia envidiable en muchas partes del mundo, no puede permitirse que sus instituciones miren hacia otro lado cuando la extrema derecha utiliza el dolor de los migrantes para alimentar el odio.

Ceuta nos ha dado una lección que trasciende sus fronteras. Nos ha recordado que la nación no es un concepto abstracto ni una propiedad de unos pocos. Es el resultado de un plebiscito cotidiano que se renueva cada día en la voluntad de los ciudadanos de vivir juntos. 

Los ceutíes de origen marroquí que empuñaron la bandera española para expulsar a los ultraderechistas han ganado esa batalla simbólica. Han demostrado que el patriotismo no es incompatible con la diversidad, que la defensa de la soberanía no es lo mismo que la xenofobia, que la pertenencia a una nación no se mide por el color de la piel ni por el origen de los apellidos, sino por el deseo compartido de construir un futuro común. Ojalá sus líderes políticos y sus instituciones estén a la altura de esa lección. Ojalá la Togatura actúe con la contundencia que la ley exige contra quienes incitan al odio. 

Ojalá el Ministerio del Interior sepa leer en lo ocurrido en Ceuta no solo una crisis de seguridad, sino también una oportunidad para reivindicar el verdadero significado de la nación: el de una comunidad que se reconoce en su diversidad y que elige, cada día, seguir siendo una sola.