En los intercambios cotidianos —ya sea en sobremesas familiares, en conversaciones improvisadas con compañeros de trabajo o en discusiones acaloradas en redes sociales— es habitual recurrir a etiquetas como «facha» o «fascista» para describir comportamientos o discursos que percibimos como reaccionarios. Aunque estas palabras funcionan como atajos comunicativos y todos entendemos lo que queremos señalar, existe un riesgo evidente: que el lenguaje simplifique en exceso fenómenos complejos y termine oscureciendo las dinámicas reales que los sostienen. En ocasiones, estas discusiones semánticas se convierten en un velo que impide ver la estructura material que hay detrás.
Este problema no es nuevo. En debates recientes sobre vivienda, por ejemplo, se ha señalado que centrar la conversación exclusivamente en el precio del alquiler puede eclipsar la cuestión de los salarios y la precariedad laboral. De manera similar, la insistencia en la retórica sobre la ultraderecha puede estar funcionando como una coartada que permite a ciertos actores ocultar prácticas de corrupción, redes de intereses y estrategias de enriquecimiento personal. La política identitaria, cuando se instrumentaliza, puede convertirse en un ruido que distrae de la transferencia sistemática de recursos públicos hacia manos privadas.
En el análisis de la coyuntura ideológica contemporánea, es frecuente confundir instrumentos con objetivos. El odio, entendido como fenómeno psicosocial, existe y se manifiesta en múltiples formas: resentimiento, frustración, miedo, rechazo al otro. Sin embargo, este odio disperso rara vez posee la capacidad organizativa para articular por sí solo una mayoría electoral. Para que el malestar de algunos se convierta en poder político, es indispensable la intervención de agentes de movilización: partidos, plataformas mediáticas, consultoras de comunicación, influencers y estructuras empresariales que canalizan la polarización hacia fines concretos.
Estas maquinarias del odio no suelen actuar movidas por convicciones profundas. Su lógica responde más bien a intereses económicos y a cálculos aritméticos: el miedo y el desprecio se convierten en recursos monetizables. La ultraderecha contemporánea, en este sentido, es uno de los productos más crudos del capitalismo actual: una herramienta diseñada para proteger privilegios materiales mediante la distracción, la confrontación y la manipulación emocional. Su función no es tanto defender una ideología coherente como generar el ruido suficiente para que ciertas élites económicas puedan operar sin supervisión pública.
Para comprender este fenómeno, conviene no mezclar conceptos que, aunque relacionados, no son equivalentes. La derecha tradicional, en términos generales, defiende el orden de mercado y la institucionalidad vigente. El populismo, por su parte, es una lógica discursiva que enfrenta «pueblo» y «élite» y puede aparecer en distintos espectros ideológicos. La ultraderecha añade un componente identitario excluyente: fiscaliza los derechos de las minorías, cuestiona la agenda de género y convierte la inmigración en un problema moral. El fascismo, en cambio, es un fenómeno histórico específico: partido único armado, movilización totalitaria, culto mesiánico al líder y violencia organizada. Surgió en la Europa de entreguerras y está circunscrito a un momento muy particular de la historia. Pretender trasladarlo sin matices a nuestro presente es un error analítico que confunde más de lo que aclara.
Sin embargo, la relación entre fascismo y poder económico no es nueva. Investigadores como Daniel Guérin documentaron ya en los años treinta cómo el ascenso de Mussolini y Hitler se sostuvo sobre la financiación directa de grandes industriales que veían en esos movimientos una garantía contra los sindicatos y las políticas redistributivas. Empresas como IG Farben, Krupp o el magnate Fritz Thyssen —quien tituló sus memorias «Pagué a Hitler»— apoyaron activamente a los regímenes fascistas porque estos ofrecían un entorno político favorable a sus intereses. En Estados Unidos, el llamado «Business Plot» de 1933 reveló que sectores empresariales conspiraron para influir en la dirección política del país. La historia demuestra que lo que solemos llamar fascismo no es sino la apariencia que adopta el brazo armado del mercado cuando siente amenazados sus privilegios.
Esta misma lógica se reproduce hoy en figuras políticas que, más que ideólogos, actúan como empresarios del poder. Santiago Abascal, por ejemplo, no emergió de una transformación doctrinaria profunda. Su trayectoria inicial en el entorno institucional del Partido Popular madrileño no anunciaba una conversión ideológica radical. Lo que detectó fue un nicho electoral desatendido: España era una anomalía en Europa por no tener un partido de ultraderecha consolidado. Abascal construyó una marca para ocupar ese espacio con la racionalidad de quien identifica una oportunidad de negocio. Su proyecto, además, se ha sostenido con fondos de procedencia cuestionable, similares a los que han impulsado a líderes como Meloni, Le Pen, Milei o Trump.
Otros actores, como Alvise Pérez o Vito Quiles, replican este patrón en sus propios ámbitos. Su comportamiento errático y su falta de coherencia ideológica revelan que su motivación principal no es una convicción política, sino la búsqueda de fama y dinero. En todos estos casos, la ideología funciona como un cálculo de oportunidad, no como el motor real de su conducta. La política se convierte en un escenario donde algunos actores compiten por visibilidad, monetización y poder, utilizando discursos incendiarios como herramientas de marketing.
La izquierda, por su parte, tropieza a menudo con un caso paradigmático: el de Isabel Díaz Ayuso y su asesor Miguel Ángel Rodríguez. Etiquetarla como ultraderecha o liberal doctrinaria implica atribuirle una densidad ideológica que no existe. Su trayectoria muestra más bien una estrategia de aprovechamiento: apoyos coyunturales a causas religiosas, alineamientos internacionales o discursos incendiarios que adopta únicamente cuando detecta que pueden reportarle beneficios políticos o económicos. Sus escándalos —comisiones en plena pandemia, adjudicaciones sistemáticas a empresas privadas, operaciones inmobiliarias de lujo— no responden a una batalla cultural, sino a la búsqueda de blindar transferencias constantes de dinero público hacia manos privadas. Llamar «fascistas» a estos comportamientos les otorga una épica que no merecen: lo que hay detrás es ambición y lucro.
Esta instrumentalización del malestar social se explica también desde la teoría. Karl Polanyi argumentó que el fascismo surge cuando la sociedad de mercado se desintegra y deja a las comunidades sin protección. No es casual que el auge actual de las ideologías ultras coincida con salarios estancados, viviendas inaccesibles y vidas precarizadas. La inseguridad material es el caldo de cultivo perfecto para que ciertos actores conviertan la frustración en mercancía política. La precariedad se transforma en una materia prima que, bien manufacturada, puede ser monetizada por quienes detectan en el miedo una oportunidad de negocio.
El negacionismo climático es otro ejemplo de cómo los intereses económicos moldean discursos ideológicos. Investigaciones han demostrado que grandes petroleras conocían desde hace décadas el impacto de los combustibles fósiles en el clima y aun así financiaron campañas para sembrar dudas sobre la ciencia. Redes empresariales canalizaron fortunas hacia organizaciones dedicadas a difundir sospechas sobre energías renovables y agendas internacionales. No existe una ideología «anti-verde» coherente: lo que hay son empresas que buscan evitar regulaciones que reduzcan sus beneficios. La desinformación se convierte en una inversión rentable.
Del mismo modo, las teorías conspirativas sobre fumigaciones, élites ocultas o control social no son pensamiento político, sino desinformación comprada para que la ciudadanía defienda intereses ajenos creyendo que protege su libertad. Los líderes que repiten estos relatos actúan como portavoces pagados, no como pensadores. Otorgarles ese estatus intelectual es un error que solo fortalece su influencia. La paranoia se convierte en un producto que se vende bien porque ofrece certezas simples en un mundo complejo.
En última instancia, cuando escuchamos a ciertos actores hablar de la eficacia de la sanidad privada o de la seguridad jurídica de los propietarios, conviene observar menos sus palabras y más sus actos. Combatir el clasismo, el racismo o la transfobia es necesario, pero siempre preguntándonos quién financia el odio y quién obtiene beneficios de que exista. Seguir el rastro del dinero, como sugería Robert Paxton, permite entender que los movimientos políticos deben juzgarse por sus acciones y por las estructuras económicas que los sostienen. En nuestro presente, esa lectura puede invertirse: más que escuchar lo que dicen, conviene analizar quién paga, quién gana y qué intereses se ocultan tras cada discurso.
La política contemporánea, en su versión más tóxica, se ha convertido en un mercado donde el miedo es mercancía, la identidad es producto y la polarización es estrategia comercial. Entender esta arquitectura económica es indispensable para desmontar los relatos que la sostienen y para recuperar un espacio público donde la democracia no sea rehén de quienes han descubierto que el odio, bien empaquetado, puede ser extraordinariamente rentable.
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