El capitalismo contemporáneo, en su fase más madura, ha perfeccionado una lógica de funcionamiento que trasciende la mera generación de valor para convertirse en un sofisticado sistema de extracción de riqueza. Esta dinámica no es un efecto colateral, sino el auténtico leitmotiv de sus múltiples sistemas de gestión, que, independientemente del sector al que se apliquen —ya sea la vivienda, la sanidad, la industria o la comunicación—, operan bajo un mismo denominador común: la apropiación de valor generado socialmente para su redistribución entre una élite de accionistas y directivos, con escasa o nula repercusión en el bienestar colectivo.
Lejos de ser una anomalía, se trata de la expresión más depurada de lo que podría denominarse capitalismo extractivo, un modelo que concibe cualquier proceso social, recurso natural o derecho fundamental como una mera cantera de la que extraer beneficio privado.
Un ejemplo paradigmático de esta mecánica extractiva lo encontramos en la reciente adquisición de un ático de lujo en el madrileño barrio de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid. La operación, realizada en abril de 2026 por la empresa pública Planifica Madrid por un valor cercano a los seis millones de euros, tenía como destino inicial ser la oficina temporal de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Más allá de la polémica política, el caso es un ejemplo cristalino de cómo el dinero público se convierte en un vector de transferencia de riqueza hacia el sector privado. En esta operación, la inmobiliaria intermediaria obtuvo una comisión de 180.000 euros, una cifra que, aunque significativa, es solo la punta del iceberg de un sistema donde las plusvalías generadas por la inversión pública engordan las cuentas de agentes privados sin que exista un retorno social claro. La compra, realizada con opacidad y sin reflejo presupuestario, evidencia cómo la gestión de lo público se pliega a las lógicas del mercado inmobiliario, transformando una necesidad administrativa en una oportunidad para la extracción de valor privado.
Esta lógica extractiva alcanza cotas de profunda inmoralidad cuando se aplica a la gestión de servicios esenciales como la sanidad. El caso del hospital de Torrejón de Ardoz, gestionado por la empresa privada Ribera Salud, es ilustrativo.
En diciembre de 2025, una investigación periodística destapó cómo la dirección del centro había ordenado al personal la reutilización de catéteres de un solo uso para procedimientos de electrofisiología, un material que puede costar más de 2.000 euros por unidad. Las instrucciones consistían en esterilizar estos dispositivos hasta un máximo de diez veces, una práctica ilegal que solo puede ser realizada por fabricantes especializados y que pone en grave riesgo la salud de los pacientes.
La motivación era clara: aumentar los beneficios (el ebitda) de la compañía. Este no fue un hecho aislado, sino que se enmarcó en una estrategia más amplia donde se daban órdenes para aumentar las listas de espera y seleccionar únicamente la actividad médica rentable, priorizando el beneficio económico sobre la salud de los ciudadanos.
La maximización de beneficios, como leitmotiv de la gestión sanitaria privada, conduce inevitablemente a la mercantilización de la salud y a la extracción de valor incluso a costa de la seguridad de los pacientes, demostrando que la lógica del mercado es incompatible con la ética de los cuidados.
Esta dinámica no es nueva, sino que se ha ido consolidando a lo largo de las últimas décadas a través de procesos de privatización que han transferido al sector privado empresas públicas estratégicas.
Durante los gobiernos de Felipe González y José María Aznar, España se deshizo de un importante patrimonio industrial y de servicios. Bajo el mandato de González, el Estado llevó a cabo cerca de ochenta operaciones de privatización, dejando en las arcas públicas 13.200 millones de euros, mientras que el gobierno de Aznar, liderado por Rodrigo Rato, completó la privatización de gigantes como Telefónica, Endesa o Repsol.
El argumento esgrimido era la eficiencia y la necesidad de obtener financiación, pero el resultado ha sido la pérdida de instrumentos clave para el Estado y la transferencia de ingentes cantidades de riqueza a manos privadas. Hoy, esas empresas, que antaño pertenecían a todos los españoles, reparten jugosos dividendos entre sus accionistas, mientras el Estado, cuando necesita tener voz en su estrategia, como ocurrió con la entrada de Saudi Telecom en Telefónica, debe recomprar participaciones a un alto coste.
No hubo, por tanto, una repercusión social clara de esa riqueza, sino una gigantesca transferencia de recursos del conjunto de la ciudadanía a una élite de inversores.
Las inversiones de estas grandes corporaciones, que a menudo viven de contratos y concesiones públicas publicadas en el Boletín Oficial del Estado, no suelen revertir en la sociedad que las financia. Una parte significativa de sus beneficios se destina a la adquisición de grandes grupos de comunicación, que se convierten en terminales mediáticos al servicio de sus intereses.
Este fenómeno crea un circuito perfecto: el dinero público alimenta a grandes empresas, que a su vez controlan los medios de comunicación, los cuales modelan la opinión pública y silencian cualquier atisbo de crítica al sistema. La existencia de conglomerados público-privados donde participa el Estado, como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), podría parecer una forma de recuperar parte de esa riqueza para la sociedad.
Sin embargo, la SEPI se ha convertido a menudo en un «cementerio de elefantes» donde se «coloca» a altos funcionarios que han servido a uno u otro gobierno, perpetuando una red de influencias que poco tiene que ver con la gestión eficiente y mucho con el reparto de prebendas. En definitiva, el propio sistema se revela como inherentemente corrupto, una maquinaria diseñada para extraer y concentrar la riqueza en la cima.
La hipocresía del sistema alcanza su punto álgido cuando, en este contexto de acumulación desmedida, los principales beneficiarios del statu quo se erigen en defensores de la «cultura del esfuerzo» y del «libre mercado».
Mientras el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, percibía una remuneración de 403.000 euros brutos en 2025 (más de 33.500 euros mensuales), un sueldo que ha incrementado un 3% en un solo año, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acumula emolumentos por sus cargos como diputado y senador que pueden superar los 177.000 euros anuales, ambos predican la necesidad de moderación salarial y recortes de derechos a los trabajadores.
Garamendi, sin ir más lejos, ha liderado una ofensiva para vincular las bajas médicas con el absentismo laboral, exigiendo la reducción de costes operativos a costa de los derechos de las plantillas. Esta élite, que vive en gran medida de los impuestos de todos —ya sea a través de sueldos públicos, subvenciones o concesiones—, es la primera en hablar de la necesidad de no intervenir el mercado.
Pero los datos demuestran que el verdadero problema no es el esfuerzo de los trabajadores, sino la sistemática apropiación de su trabajo. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en España se realizan 2,54 millones de horas extraordinarias no pagadas ni compensadas cada semana. Casi la mitad de los trabajadores que hacen horas extra (436.000 personas) no reciben compensación alguna, lo que supone un ahorro para las empresas de 3.378 millones de euros anuales en salarios y cotizaciones.
En 2025, las empresas dejaron de pagar 3.243 millones de euros a casi medio millón de trabajadores. Estas horas no pagadas equivaldrían a 68.000 puestos de trabajo a jornada completa, empleos que no se crean porque el trabajo se extrae de forma gratuita.
Este es el verdadero rostro de la «cultura del esfuerzo»: una cultura donde el esfuerzo lo ponen los trabajadores y los beneficios los cosechan los empresarios, que además evitan cotizar a la Seguridad Social, mermando los ingresos del sistema público de pensiones.
Ante este diagnóstico, la conclusión es ineludible: es imperativo avanzar hacia un modelo socialdemócrata que revierta la riqueza que genera la sociedad al conjunto de la ciudadanía. Un modelo que ponga el foco en el bienestar de las personas y en el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Española: la vivienda, el trabajo, la salud, la libertad de culto y de vida.
Frente a la lógica de la acumulación infinita, debemos recordar las advertencias de los clásicos. Karl Marx ya nos previno sobre los peligros de la concentración de recursos en manos de unos pocos y la consiguiente alienación del trabajador. Por su parte, John Maynard Keynes nos enseñó la necesidad de la intervención del Estado para hacer circular el dinero y mantener la demanda agregada, corrigiendo las fallas de un mercado que, por sí solo, tiende al desequilibrio y la desigualdad.
La socialdemocracia no es una concesión paternalista, sino la única herramienta eficaz para corregir las abusivas extracciones de riqueza que caracterizan al capitalismo extractivo. Cuando se intenta poner en práctica, los terminales mediáticos controlados por los mismos extractores de riqueza gritan al «socialismo» o al «comunismo», en un intento de generar un miedo atávico en la ciudadanía.
Olvidan convenientemente que fue el fracaso del socialismo comunista en 1991, pero también que el mundo de profunda desigualdad y destrucción ecológica al que hemos llegado es el resultado de treinta años de capitalismo salvaje que, en su búsqueda de un crecimiento infinito, ha destrozado el hábitat humano y nos aboca al cambio climático.
El reto, por tanto, no es solo económico, sino profundamente moral y político. Se trata de desenmascarar la hipocresía de los que, viviendo del esfuerzo de todos y de los recursos públicos, predican el libre mercado y la no intervención.
Se trata de recuperar la soberanía sobre nuestra propia riqueza y ponerla al servicio de la vida, y no al revés. La sociedad no es una cantera de la que extraer beneficios para una élite, sino el sujeto colectivo que debe decidir democráticamente el destino de los recursos que genera.
Solo así podremos construir un futuro más justo, sostenible y habitable para las próximas generaciones.
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