Lo de Maricarmen...

¿Sabías que cuando un fondo buitre compra una vivienda (o la deuda que pesa sobre ella) no necesita tu permiso, ni el del inquilino, para convertirse en tu nuevo casero? La ley permite la cesión de créditos sin consentimiento del deudor, así que un día te levantas y tu casero ya no es un banco, es un fondo de inversión que busca rentabilidad rápida.

¿Y sabías que ese fondo, para conseguir esa rentabilidad, tiene a su disposición toda la maquinaria del Estado? Es decir, tus impuestos. Porque para ejecutar un desahucio no basta con que el fondo quiera. Hace falta un juez que dicte la orden, un secretario judicial que la tramite, funcionarios que notifiquen y, finalmente, Policía Nacional o comitiva judicial que ejecute el lanzamiento. Todo pagado con el dinero de todos.

¿Te has parado a pensar cuánto cuesta todo eso? Un procedimiento de desahucio con oposición puede superar los 3.600 euros solo en costas procesales para el particular, pero cuando el que ejecuta es un gran tenedor, la maquinaria pública no le cobra por usar a los jueces. Los funcionarios, los juzgados, la policía... todo es gratis para el fondo y carísimo para el contribuyente.

¿Y no es de perogrullo que, existiendo una ley que obliga a proteger a las personas vulnerables antes de desahuciarlas, los jueces muchas veces la ignoren? La Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda introdujo medidas para que, en casos de vulnerabilidad, se suspenda el lanzamiento y se busquen alternativas. Pero en la práctica, como denuncian desde La Rioja, los tribunales desestiman sistemáticamente los informes de servicios sociales que acreditan esa vulnerabilidad.

¿O es que acaso el artículo 47 de la Constitución («Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada») es solo un adorno decorativo? El Tribunal Constitucional ha dicho que no es un derecho fundamental, sino un principio rector (¿?) que no puede exigirse directamente ante un juez. Es decir, que una anciana de 87 años como Maricarmen, que vivía en su casa desde 1956, no puede invocar ese artículo para impedir que un fondo buitre la eche a la calle.

¿Y no es también de perogrullo que, si existe una moratoria antidesahucios para personas vulnerables, esta se aplique? Durante la pandemia y hasta finales de 2025, el Real Decreto-ley 11/2020 permitía suspender lanzamientos si la administración no ofrecía una alternativa habitacional. Pero una vez decaída la moratoria, los desalojos se han reactivado en masa, y los jueces argumentan que ya no tienen herramientas para paralizarlos.

¿Y qué pasa con las alternativas? ¿De qué sirve que los servicios sociales emitan un informe de vulnerabilidad si luego el juez lo ignora y ordena igualmente el desalojo? En el caso de Manilva, 62 familias con más de 100 menores a cargo se enfrentaron a un macrodesahucio ordenado por un juzgado que no consideró su situación de extrema vulnerabilidad.

¿Y no es sangrante que, mientras se destinan jueces, abogados de oficio, procuradores y efectivos policiales a ejecutar estos lanzamientos, no se destinen esos mismos recursos públicos a garantizar una alternativa habitacional? El caso de Josefa, una anciana de 72 años desahuciada de un piso público en Barcelona, demuestra que incluso cuando hay informes de vulnerabilidad, el sistema puede dejarla en la calle porque el juez considera que, al ser un piso público, no tiene derecho a la mesa de emergencia.

¿Y no es la perogrullada más grande de todas que un fondo buitre compre viviendas por 14.000 euros cada una, desahucie a familias vulnerables, y luego las revalorice para venderlas con plusvalías? Es el mecanismo perfecto: privatizar beneficios, socializar costes (judiciales y policiales) y dejar a la gente en la calle.

Al final, la pregunta más capciosa de todas: ¿a quién beneficia realmente que se active toda la maquinaria del Estado para desahuciar a una anciana? No a la anciana, desde luego. No al contribuyente, que paga la fiesta. Beneficia al fondo, que ve cómo el Estado pone a su servicio jueces, policías y funcionarios para que su inversión sea rentable. Y mientras tanto, la ley de vivienda y los derechos sociales se quedan en el papel, esperando a que alguien se atreva a aplicarlos de verdad.