El orden de Westfalia, nacido en 1648 para clausurar las guerras de religión y fundamentar la soberanía territorial, no fue nunca un sistema de paz perpetua, sino un mecanismo de estabilidad geopolítica limitada. Funcionó mientras los Estados compartían una mínima homogeneidad política. El estallido de 1914, precedido por el auge de los nacionalismos y las ideologías de masas del siglo XIX, demostró que ese edificio era frágil.
Hoy, cuatrocientos años después, el politólogo lo describe como un «Desorden de Westfalia»: un orden en crisis donde el poder del Estado se diluye frente a mercados financieros que operan veinticuatro horas y empresas multinacionales con más peso que muchos países. La globalización no ha eliminado al Estado-nación, pero ha revelado su insuficiencia estructural para gestionar los bienes públicos globales.
La paradoja contemporánea es que, ante esa insuficiencia, la respuesta dominante no es más gobernanza global, sino la reinstauración de la frontera como fetichismo político. El nacionalismo, el populismo y el terrorismo comparten, en grados distintos, un mismo impulso desesperado: recuperar el control mediante el repliegue territorial. Los datos de 2025 y 2026 son elocuentes. La ultraderecha radical populista en Europa articula su discurso en torno a la «securitización del control fronterizo» y el rechazo a las organizaciones multilaterales.
En el Sur Global, el resurgimiento nacionalista se manifiesta en políticas migratorias xenófobas, amenazas de anexión de territorios soberanos y conflictos fronterizos que priorizan la retórica patriótica sobre la diplomacia. El Brexit fue un auténtico experimento de laboratorio: un país decidió recuperar su soberanía formal y descubrió que el mercado único no se sustituye con aranceles simbólicos.
La multipolaridad que algunos celebraron tras 1991 como una oportunidad para reconstruir el espíritu original de Westfalia no ha producido un equilibrio estable. El surgimiento de China, India y Brasil no equivale a una política de equilibrio planetario. El Estado-nación ha dado muestras sobradas de su incapacidad para responder a los desafíos que plantea la globalización o el deterioro medioambiental.
La crisis climática es el caso más nítido: las negociaciones sobre financiación climática en la COP30 (Belém, 2025) evidenciaron la fractura entre quienes defienden la cooperación global y la equidad intergeneracional, y quienes invocan la primacía del Estado-nación y el carácter voluntario de los compromisos. Las emisiones globales alcanzaron un récord de 57,7 GtCO₂e en 2024, y las contribuciones determinadas a nivel nacional solo cubren una fracción de la reducción del 42% necesaria para 2030. La lógica de la soberanía nacional, aplicada a un bien común como la atmósfera, produce un resultado colectivamente suicida.
El principio de soberanía nacional, piedra angular de la Carta de las Naciones Unidas, recibe ataques crecientes desde el flanco de la “responsabilidad de proteger” (R2P). La crítica no es menor: como advirtió Cuba en la Asamblea General en julio de 2025, la R2P carece de estatus jurídico consensuado, sus mecanismos de aplicación son arbitrarios y se ha instrumentalizado para encubrir injerencias y cambios de régimen.
El problema no es la existencia de crímenes atroces que exigen respuesta, sino que la respuesta se articule mediante conceptos no consensuados que vulneran la soberanía sin ofrecer un marco universal legítimo. La tensión entre soberanía y derechos humanos no se resuelve con intervenciones selectivas, sino con instituciones multilaterales robustas y un derecho internacional que no dependa de la correlación de fuerzas del momento.
El universalismo que defendemos aquí no es el de la uniformidad cultural impuesta, sino el de la ratio de universalización de los derechos humanos: el reconocimiento de la condición de sujeto de todo ser humano, sin más especificaciones.
Kant aportó la base formalista: las normas morales deben poder ser universales sin restricción. Bentham y Stuart Mill desplazaron el acento a las consecuencias de los actos, midiendo el bien y el mal por sus efectos sobre el bienestar colectivo. Voltaire, en su Diccionario filosófico, sostuvo que «la moral es la misma en todas partes porque proviene de Dios» y rechazó el relativismo moral, abogando por una religión universal que sirviera racionalmente al bien de la humanidad.
Ninguna de estas tradiciones está exenta de críticas, y el multiculturalismo ha mostrado los riesgos de un universalismo abstracto que ignore las diferencias. Pero la alternativa —el relativismo nacionalista que convierte la cultura en frontera y la frontera en privilegio— no ofrece ninguna base para proteger a los vulnerables, sean ciudadanos o migrantes.
El nacionalismo tuvo fuerza y razón desde el punto de vista cultural y, en ciertos aspectos, moral, en su combate contra los imperios dinásticos. Pero como proyecto político —en su identificación de nación con Estado y de nación con ciudadanía— es un mensaje anacrónico e insuficiente. Plantea más dificultades que soluciones al proyecto inaplazable de una democracia universal y multicultural.
La evidencia de la vorágine internacional durante los dos últimos años no apunta a una restauración del orden westfaliano clásico, sino a su descomposición en un «desorden» que combina la hegemonía estadounidense en retirada, la competencia entre potencias y la fragmentación de la gobernanza global.
El Informe de Seguridad de Múnich de 2026 lo expone sin ningún tipo de ambigüedad: el orden internacional posterior a 1945 está «bajo destrucción», y la política exterior de la actual administración estadounidense ha renunciado a elementos centrales de ese orden, desde la OMS hasta el Acuerdo de París.
La conclusión no es un retorno al Estado-nación fuerte, sino la construcción de un nuevo orden de gobernanza global que sea inteligente y de largo plazo. Ese orden inevitablemente aparecerá en las próximas décadas, y la pregunta es si se concebirá con racionalidad o se dejará a la inercia de la confrontación.
El universalismo de los derechos humanos, corregido por la sensibilidad multicultural, entendemos que es la única brújula normativa capaz de orientar esa construcción. El nacionalismo, como proyecto político, no es la solución: es la resistencia anacrónica a un problema cuya escala ya no admite respuestas territoriales.
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