La privatización como extracción: ¿por qué se insiste en privatizar lo que funciona?

Hay una pregunta que reaparece cada vez que un servicio público privatizado colapsa, se desfinancia o protagoniza un desfalco: ¿por qué los gobiernos conservadores y liberales insisten en transferir a empresas privadas mecanismos de protección social que, con gestión pública, funcionan razonablemente bien? La respuesta no está en la eficiencia. Está en la lógica de extracción de rentas que define al capitalismo cuando opera sobre bienes públicos. Los casos del fondo de pensiones de los eurodiputados, el sistema chileno de AFP, los hospitales madrileños de gestión privada y la quiebra de las cajas de ahorros españolas no son anomalías: son un patrón.

El fondo de pensiones voluntario de los diputados del Parlamento Europeo es un experimento controlado de lo que ocurre cuando los legisladores predican lo que no practican. Entre 1990 y 2009, los europarlamentarios pudieron adherirse a un fondo privado con sede en Luxemburgo, convencidos de que los mercados financieros rendirían más que cualquier sistema solidario. El resultado es un agujero de entre 100 y 300 millones de euros. A finales de 2024, el fondo solo disponía de 23,17 millones de euros frente a compromisos de 126 millones, y los contribuyentes europeos ya pagan dos veces: una por el fondo quebrado y otra por la pensión pública que los eurodiputados se asignaron a partir de 2009. La justicia europea avaló en 2025 los recortes aplicados para socializar las pérdidas, mientras los gestores que cobraron comisiones durante años desaparecen de la ecuación. El mensaje es nítido: la privatización de la previsión social no elimina el riesgo; lo transfiere al erario público, previa extracción de rentas privadas.

Chile es el laboratorio a gran escala. El sistema de AFP, impuesto en 1981 bajo la dictadura pinochetista y convertido en modelo global por la Escuela de Chicago, nunca cumplió su promesa. Las tasas de reemplazo medianas se han situado históricamente en torno al 19%, y solo alcanzan el 72% cuando se suma el aporte fiscal. Durante la pandemia, los sucesivos rescates de fondos de pensiones para sostener el consumo familiar redujeron el saldo de los fondos en un 28% respecto a los niveles previos, mientras el déficit fiscal se disparaba. La reforma en curso crea un sistema de reparto parcial y un préstamo de los cotizantes al Estado para financiar pensiones que el fisco no puede solventar por sí solo. El «milagro chileno» ha terminado siendo una máquina de extracción de comisiones para las gestoras y de pensiones de miseria para los trabajadores, con el Estado absorbiendo el coste político y fiscal del fracaso.

La sanidad madrileña de gestión privada ilustra el mismo mecanismo en el ámbito hospitalario. El Tribunal de Cuentas ya ha comenzado a investigar los contratos de la Comunidad de Madrid con Quirón y Ribera Salud por un presunto menoscabo de fondos públicos derivado del «deficiente seguimiento y control de la facturación» entre hospitales públicos y «concesionados». El Gobierno regional habría perdonado 71 millones de euros de deuda a esas concesionarias, mientras el índice de conformidad de la facturación que los hospitales privados giraban a la sanidad pública alcanzaba el 92,5%, frente al 54,3% de la facturación inversa. Es decir, el sistema estaba diseñado para que el dinero fluyera de lo público a lo privado con una asimetría sistemática. No es ineficiencia: es ingeniería financiera orientada a la captura de rentas

La objeción de que «en Cataluña también está todo medio privatizado» no invalida el diagnóstico; lo confirma. Cataluña presenta una penetración de gestión privada en la sanidad cuatro veces superior a la de Madrid, con un 58% de hospitales públicos dependientes de entidades privadas. La diferencia es que en Cataluña predominan las entidades sin ánimo de lucro, lo que demuestra que la titularidad pública y la gestión sin lucro son compatibles con la provisión sanitaria. El problema no es la externalización en sí, sino la externalización con ánimo de lucro y sin control público efectivo, que es exactamente lo que ocurre cuando el sector privado mercantil entra en un servicio financiado con impuestos.

Frente a esta lógica extractiva, Viena demuestra que otra arquitectura institucional es posible. El sistema de vivienda de la capital austriaca se sostiene sobre cooperativas de utilidad pública cuyos beneficios están legalmente limitados al 3,5% del capital social. Todo excedente debe reinvertirse en la compra de suelo, rehabilitación o nueva construcción. Las rentas se fijan por coste, no por mercado, y el parque de vivienda social cubre a cerca del 80% de la población, que mayoritariamente alquila. El resultado no es un mercado distorsionado: es un mercado desmercantilizado en el que la vivienda no opera como activo especulativo. La obligación de reinversión no es una anomalía socialista; es el reconocimiento de que ciertos bienes no pueden someterse a la maximización del beneficio sin destruir su función social.

España tuvo un mecanismo análogo con las cajas de ahorros. Durante décadas, los beneficios de esas entidades semi-públicas se reinvertían en obra social: hospitales, escuelas, infraestructuras culturales. La liberalización del régimen de control y la politización de los consejos de administración convirtieron esas entidades en vehículos de expansión crediticia sin contrapeso. El resultado fue la quiebra de buena parte del sistema, su absorción por la banca privada y un rescate público que oscila, según las estimaciones, entre los 39.000 y los 60.000 millones de euros, de los cuales solo se ha recuperado una fracción mínima. La banca privada que absorbió las cajas acumula desde entonces beneficios que no guardan relación con la riqueza productiva que generan, mientras el país paga la factura de un modelo que socializó las pérdidas y privatizó las ganancias.

La evidencia internacional no respalda el dogma privatizador. Los estudios sobre privatizaciones de servicios públicos en América Latina muestran resultados ambivalentes: mejoras de acceso en algunos casos, pero también captura regulatoria, rentas de monopolio y deterioro de la calidad cuando el marco regulador es débil. El Transnational Institute documenta un giro global: desde Sudáfrica hasta Noruega, pasando por Italia, Grecia o Uruguay, los municipios están remunicipalizando servicios públicos ante el fracaso de la gestión privada. No se trata de una vuelta ideológica al estatismo, sino de un aprendizaje pragmático: la eficiencia en servicios de red y protección social no se mide por el beneficio contable de la empresa gestora, sino por el valor público que produce.

El norte de Europa, que construyó su prosperidad sobre la redistribución y los servicios públicos universales, empieza a corregir el rumbo tras décadas de cantos de sirena capitalistas. En Berlín, la socialdemocracia vuelve a acariciar el gobierno con un programa que incluye la socialización de 160.000 viviendas en manos de grandes conglomerados inmobiliarios y un tope de alquiler para el parque público. No es una revolución: es el reconocimiento de que la vivienda, la sanidad y las pensiones no pueden gestionarse como activos financieros sin que la sociedad entera pague el coste.

La pregunta inicial no era ingenua. Los políticos que insisten en privatizar lo que funciona no actúan por convicción técnica, sino porque la privatización abre un espacio de extracción de rentas que los sistemas públicos, por definición, cierran. El fondo de pensiones de los eurodiputados, las AFP chilenas, los hospitales concesionados de Madrid y las cajas de ahorros absorbidas no son ejemplos de mala suerte regulatoria. Son la consecuencia previsible de someter bienes públicos a la lógica del beneficio privado. La eficiencia del servicio público no consiste en copiar al mercado, sino en proteger del mercado aquello que constituye la base material de la ciudadanía.