Hay una idea que se repite en los medios y en boca de ciertos políticos con una insistencia que ya resulta sospechosa: que en las elecciones alguien «gana» y alguien «pierde», como si de un partido de fútbol o de un sorteo de lotería se tratara. Pero en una democracia parlamentaria como la que establece la Constitución española, nadie gana un trofeo. Lo que ocurre es algo mucho más complejo y, a la vez, más valioso: los partidos representan sensibilidades distintas de la sociedad y, en función del apoyo que reciben en las urnas, negocian y tejen alianzas para formar un gobierno.
El espíritu de este sistema no es la victoria de unos sobre otros, sino la búsqueda de acuerdos que permitan que las leyes y las medidas resulten aplicables al mayor número posible de personas. Esa es la base sobre la que se asienta nuestra convivencia, y quienes la distorsionan no están haciendo un simple ejercicio de estilo: están sembrando las condiciones para que la desinformación prospere.
Conviene prestar atención a un patrón que se repite con una regularidad casi mecánica. En los últimos años, los partidos de derecha y ultraderecha de todo el mundo occidental han convertido la exigencia de elecciones anticipadas en su principal bandera. Marine Le Pen pidió en 2025 la convocatoria «ultrarrápida» de elecciones legislativas en Francia.
Alice Weidel, líder de Alternativa para Alemania, reclamó elecciones federales anticipadas y planteó que el canciller Merz dejara la Cancillería «antes de Navidad». Y Santiago Abascal, líder de Vox, recordó que su formación exigió elecciones «desde el minuto 1» del mandato.
No se trata de una coincidencia: es una estrategia coordinada que busca deslegitimar cualquier gobierno de coalición que no les incluya, presentándolo como ilegítimo o incapaz desde su misma formación. La repetición de esta exigencia no es un síntoma de fortaleza democrática, sino todo lo contrario: es la señal de que se quiere sustituir la negociación por la confrontación permanente.
A esto se suma un fenómeno que durante años se ha minimizado y que hoy está perfectamente documentado: el uso de financiación extranjera para crear granjas de bots que fuerzan la opinión pública.
Como hemos documentado en anteriores posts, en Moldavia, una investigación de WatchDog.MD identificó al menos 2.167 páginas de Facebook coordinadas por Rusia y el oligarca fugitivo Ilan Shor, que entre octubre de 2022 y septiembre de 2024 gastaron casi 470.000 euros en más de 1.400 anuncios para influir en las elecciones parlamentarias.
- En Filipinas, una denuncia verificada solicitó investigar operaciones de desinformación digital «financiadas por China» para impulsar a candidatos vinculados al expresidente Duterte en las elecciones de 2025.
- La operación Matryoshka, una campaña persistente de medios sintéticos a nivel estatal, fue identificada en Moldavia con 258 dominios registrados.
- En la República Checa, TikTok eliminó una red de influencia prorrusa, y en Alemania se detectaron más de 180 publicaciones falsas vinculadas a una operación de influencia rusa antes de las elecciones regionales de 2026.
- Y en Estados Unidos, el Departamento de Justicia desmanteló en 2024 una campaña de propaganda rusa respaldada por el Kremlin que utilizaba inteligencia artificial para difundir desinformación a través de una granja de bots.
Estos no son casos aislados ni teorías conspirativas: son operaciones documentadas por gobiernos, medios de investigación y organismos internacionales.
El problema se agrava cuando las democracias occidentales confunden el derecho a expresar libremente tu opinión con el derecho a que tu opinión sea amplificada por medios de comunicación oficiales. Son dos cosas distintas.
La libertad de expresión es un derecho fundamental que protege al individuo frente al Estado; la amplificación es un acto editorial que multiplica el alcance de un mensaje y le otorga una apariencia de legitimidad que no siempre merece. Genevieve Laker, en un articulo publicado en la Harvard Undergraduate Law Review, explicaba «la doctrina moderna de la libertad de expresión se construyó para un mundo en el que la expresión se difundía mediante elección directa», pero plantea que en la actualidad la amplificación algorítmica debería tratarse como una conducta de la plataforma, no como expresión protegida.
Cuando un medio de comunicación público o una televisión privada concede minutos y minutos a un discurso intolerable, no está ejerciendo la libertad de expresión: está amplificando un mensaje que, en muchos casos, busca destruir las reglas del juego democrático. Los estudios sobre medios y extrema derecha han demostrado que los medios de comunicación actúan como «agentes autónomos» que amplifican sistemáticamente ciertos odios mientras reprimen otros, contribuyendo a la normalización de discursos que deberían permanecer en los márgenes.
Y no se trata solo de medios y redes sociales. Hay un problema más sutil y, quizá por ello, más peligroso: la manipulación de la forma en que se presentan los sondeos y los estudios estadísticos para generar una sensación de auge de las posiciones de derechas o ultraderecha.
En España, el informe de la Comisión de Investigación del Senado sobre la gestión del CIS es contundente: el organismo «ha dejado de cumplir su función de servicio público para convertirse en un mecanismo de manipulación política», y se documentan «falsificaciones metodológicas intencionadas» que derivan en una manipulación del debate democrático. En el informe se citan ejemplos concretos: la estimación del CIS que daba al PSOE como primera fuerza en las europeas de 2024, o los titulares que mantenían al PSOE más de diez puntos por delante del PP en noviembre de 2025. Estos sesgos sistemáticos no son errores aleatorios: responden a una intencionalidad que, como señala el propio informe, «tiene como finalidad influir en la voluntad del elector».
A esto se suma el papel de los think tanks y las empresas demoscópicas que, en ocasiones, actúan como correas de transmisión de intereses particulares.
La organización Atlas Network, fundada en 1981, cuenta con 589 think tanks en 103 países que, según investigaciones independientes, financian el odio y las farsas de la extrema derecha. En Francia, el think tank «Hexagone», financiado por el empresario ultraderechista Pierre-Édouard Stérin a través de la estructura Périclès, encarga regularmente sondeos al IFOP. En Austria, el partido ultraderechista FPÖ ha denunciado que la radiotelevisión pública ORF, financiada con dinero de todos los ciudadanos, realiza una «manipulación de encuestas y propaganda unilateral» para influir en las elecciones húngaras.
La cuestión no es que los sondeos puedan tener un sesgo ideológico —algo inevitable en toda interpretación de datos—, sino que se presenten como mediciones objetivas de la realidad cuando en muchos casos son herramientas de construcción de esa misma realidad.
En este contexto, la Junta Electoral Central tiene un papel crucial. La doctrina de la JEC es clara: es competente y está obligada a velar por la transparencia y objetividad del proceso electoral y del principio de igualdad, incluidas las actuaciones de los medios de comunicación de titularidad pública, y puede incoar expedientes sancionadores por cualquier infracción de la legislación electoral.
Sin embargo, en la práctica, sus herramientas resultan insuficientes. Como se ha reconocido en sede parlamentaria, «ha habido algunos supuestos en los que nos hemos visto limitados a la hora de poder actuar por carecer de herramientas suficientes» para abordar el problema de la desinformación y las injerencias anónimas o extranjeras en campañas electorales. La JEC ha actuado con contundencia en algunos casos, como cuando avaló la suspensión de la cuenta de Vox por Twitter. Pero necesita instrumentos más ágiles y contundentes para un fenómeno que se mueve a la velocidad de un tuit.
La Unión Europea tampoco puede permanecer impasible. El Reglamento de Servicios Digitales (DSA) aborda la desinformación como un riesgo sistémico que las grandes plataformas deben mitigar, y la Comisión Europea ya ha iniciado procedimientos de infracción contra plataformas como Meta y X por posibles incumplimientos, que podrían derivar en sanciones de hasta el 6% de la facturación global del proveedor. En diciembre de 2025, la Comisión impuso a X una multa de 120 millones de euros por incumplir sus obligaciones de transparencia. Pero las sanciones económicas, por sí solas, no bastan. Se necesita una estrategia coordinada que incluya la monitorización constante de las operaciones de influencia extranjera, la exigencia de transparencia en la financiación de partidos y campañas, y la capacidad de sancionar no solo a las plataformas, sino también a los medios de comunicación que amplifiquen conscientemente narrativas manipuladas.
No se deberían descartar medidas de higiene informativa cuando se detecte el uso de granjas de bots o la manipulación de la información.
Impedir a los autores de estas prácticas la participación en debates o campañas publicitarias, y sancionar a los medios que lo permitan con multas muy superiores a lo que obtienen de las administraciones públicas, no es censura: es defensa de la democracia.
Como recuerda el Informe sobre Libertad en el Mundo de Freedom House, el sistema parlamentario español se caracteriza por elecciones multipartidistas competitivas y transferencias pacíficas de poder entre partidos rivales, y el Estado de derecho prevalece. España obtuvo 90 sobre 100 en 2025, una puntuación que refleja una democracia sólida pero que también advierte de que la libertad de expresión y de reunión se han visto amenazadas por legislación restrictiva.
No estamos ante un sistema perfecto, pero sí ante uno de los más garantistas del mundo. Y precisamente por eso, quienes siembran dudas infundadas sobre su limpieza no están defendiendo la democracia: la están atacando.
De aquí al 29 de noviembre, vamos a recibir una avalancha de basura informativa. Titulares que hablarán de «ganadores» y «perdedores» como si esto fuera una competición deportiva. Encuestas presentadas como certezas cuando no son más que fotografías borrosas de un instante. Debates en los que se amplificarán discursos que buscan destruir las reglas del juego.
Granjas de bots que simularán un apoyo popular que no existe. Y todo ello con la apariencia de normalidad democrática, como si fuera parte del paisaje. La única defensa real es la ciudadanía alerta.
No podemos acabar este post sin mencionar al científico y pensador Antonio Lafuente, que nos recordaba que el procomún está formado por «bienes que son de todos y de nadie» y que, precisamente por eso, deben ser «activamente protegidos» y legados a las generaciones futuras. Esa idea entronca con las palabras de Iñaki Gabilondo cuando, en una de sus frases sintéticas y quirúrgicas, nos repite una y otra vez que la sociedad está empezando a entender que necesita «el periodismo en defensa propia».
Esa doble conciencia —la del patrimonio compartido y la de los instrumentos para cuidarlo— es la única vacuna real contra la avalancha de desinformación que se nos viene encima. No es una cuestión de ideología: es una cuestión de higiene democrática. Y la higiene, como la libertad, no se regala: se conquista cada día.
0 comments:
Publicar un comentario
Sé educado, por favor.