Un semáforo de peatones en rojo: termómetro invisible del contrato social

Viena, con su elegante arquitectura imperial y sus cafés donde el tiempo parece transcurrir con una cadencia distinta, es también un laboratorio sociológico de primer orden. Para comprender plenamente la escena que he presenciado esta mañana, tengo que situarla en el contexto de la singular historia política de Austria. 

Este país, encrucijada de Europa, ha forjado una cultura cívica que es el resultado de un complejo entramado histórico. Actualmente, Austria es gobernada por una coalición tripartita que aglutina a conservadores, liberales proeuropeístas y socialistas, un pacto de gobernabilidad diseñado, en parte, para mantener el denominado «cordón sanitario» a la extrema derecha, representada por el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ). Sin embargo, esta estrategia de contención es, cuando menos, paradójica, ya que la extrema derecha tiene raíces profundas en el país. 

Ya antes del Anschluss, la anexión de Austria por la Alemania nazi en 1938, existían movimientos de corte nacionalista y pangermánico que allanaron el camino para la llegada del nacionalsocialismo. La referencia a las «cruces negras» evoca, probablemente, a grupos y simbologías de la ultraderecha austriaca que, en su momento, se adhirieron incondicionalmente al movimiento nazi, una memoria histórica que, aunque latente, resurge periódicamente en el debate político.

La posguerra y la posterior influencia soviética, en una zona de transición como fue Austria durante la Guerra Fría, marcada por el Telón de Acero, dejaron una huella indeleble en su sociedad. Tras la caída del Muro de Berlín, esta historia se tradujo en un curioso patrón electoral: las principales urbes del país –Viena, Linz, Graz e Innsbruck– se han consolidado como bastiones de partidos de izquierdas o centroizquierda, mientras que las zonas rurales mantienen un posicionamiento más conservador. 

Este fenómeno, que enfrenta la ciudad al campo, no es exclusivo de Austria, pero aquí adquiere una dimensión particular. De hecho, el actual presidente federal de la República, Alexander Van der Bellen, es un destacado miembro del partido ecologista Los Verdes, lo que subraya la complejidad y el pluralismo de su espectro político. Esta es la Viena que acoge al viajero, una ciudad donde la cultura cívica no es una abstracción, sino una práctica diaria, un contrato social tácito que se renueva en cada esquina.

Ha sido en este escenario donde se ha desarrollado la anécdota que motiva esta reflexión. Esta mañana, camino al trabajo, he sido testigo de un pequeño pero revelador drama social. 

Un semáforo en rojo para peatones se ha convertido en el escenario de una obra en tres actos. Una señora de unos 35 o 40 años, que por su acento británico resultó ser extranjera, decidió hacer caso omiso a la señalización en tres ocasiones consecutivas, cruzando con el semáforo en rojo siempre que el tráfico de vehículos se lo permitía. Yo, y un joven austriaco que caminaba detrás de mí, esperamos pacientemente a que la luz cambiase a verde en cada ocasión. La situación, para mí, rayaba en lo cómico, pues la señora, en su afán por ganar unos segundos, no lograba aventajarnos; siempre la alcanzábamos en el siguiente semáforo. Sin embargo, para el joven austriaco, la escena no era motivo de risa. Con una educación exquisita, se dirigió a ella en alemán: «Enschuldigun, Frau». Al recibir la respuesta en un inglés muy británico, «I'm sorry. I don't speak German», el joven cambió de idioma y, con una corrección impecable, le espetó: «¿No se ha dado cuenta, señora, que los tres que estamos aquí hemos llegado al mismo lugar en el mismo tiempo? Pero hay una diferencia entre este señor (señalándome a mí) y usted: él ha respetado escrupulosamente las normas que nos permiten convivir, es decir, su turno de paso en los semáforos, mientras usted, no sólo ha cometido tres infracciones, cruzando tres semáforos en rojo, sino, lo más grave, ha demostrado una falta de civismo y educación social que solo puede provocar, si todos actuamos así, que la calidad de vida con la que vivimos, se vaya al traste». 

La señora, con un desplante de soberbia, cruzó finalmente cuando el semáforo se puso en verde, mientras el joven me dedicaba una sonrisa cómplice.

Más allá de la anécdota, este pequeño episodio es un microcosmos que ilustra con precisión quirúrgica los fundamentos de la cooperación social y el papel de la cultura cívica en el mantenimiento de la calidad de vida. Desde la sociología y las ciencias políticas, podemos analizar esta interacción como un ejemplo de la teoría de la acción colectiva. 

El respeto a las normas, incluso cuando su transgresión no conlleva una sanción inmediata o un perjuicio directo y visible, es lo que los politólogos denominan «capital social»: la confianza, las normas y las redes que facilitan la cooperación para el beneficio mutuo. Cada vez que la señora cruzaba con el semáforo en rojo, no solo violaba una norma de tráfico, sino que erosionaba, aunque fuera de manera infinitesimal, el tejido de confianza que permite que una sociedad funcione. El joven austriaco, al intervenir, actuó como un agente de control social informal, un vigilante de las normas que, lejos de ser un acto de autoritarismo, es una defensa de un bien común: la predictibilidad y la seguridad que otorga un espacio público compartido.

La diferencia cultural entre ambos personajes es un reflejo de distintas tradiciones cívicas. El individualismo, llevado a su extremo, como el que se puede atribuir a la señora, es una fuerza centrífuga que desintegra la comunidad. 

Paradójicamente, Gran Bretaña, cuna de las revoluciones democráticas y faro de la historia política moderna, parece experimentar en las últimas décadas un declive en su capital social, alimentado por un hiperindividualismo que prioriza la gratificación personal sobre el bienestar colectivo. Como bien apuntó el joven, si todos actuáramos como la señora, la calidad de vida se iría al traste. 

Las normas de convivencia, los pequeños gestos de respeto, como esperar a que un semáforo se ponga en verde, son los ladrillos con los que se construye una sociedad civilizada. Son la expresión tangible de un contrato social que no se firma en los parlamentos, sino que se renueva día a día en las aceras de las ciudades. 

La cultura cívica austriaca, forjada en la historia y en la necesidad de convivir con un pasado complejo, es un recordatorio de que la libertad individual no es absoluta, sino que encuentra su límite en la libertad y el bienestar de los demás. 

La lección de esta mañana en Viena es clara: las sociedades no mejoran únicamente con grandes leyes o revoluciones, sino con la suma de millones de pequeños actos de cooperación y respeto cotidiano. El verdadero progreso social se mide, quizás, en la capacidad de sus ciudadanos para detenerse ante un semáforo en rojo, incluso cuando nadie les observa.

Comentarios al artículo de la SER «Las cinco grandes mentiras de los incendios en España: de las prohibiciones en la ley de montes para gestionar el campo a la "red terrorista"», por Jose Ramón Goberna.

El articulo de la SER Las cinco grandes mentiras de los incendios en España: de las prohibiciones en la ley de montes para gestionar el campo a la "red terrorista" es un adorno porque va del tema. 

Esto es larguísimo, no me voy a disculpar por la extension. Si quieres te lo acabas y si no pues seguro que encontrarás otras formas tanto o más productivas de ocupar tu tiempo. O no. Cuestiones complejas requieren razonamientos complejos. Es lo que hay.

Ahi va eso...

He escrito en varias ocasiones tratando de aclarar cuestiones relativas a incendios forestales. Me pedían, a raíz de una publicación irónica de hace unos días sobre las tonterías que se leen en redes, explicaciones sobre qué está pasando estos días, este verano. 

Me sugerían también rescatar una publicación anterior sobre el tema. La he revisado y no hace justicia a la situación actual. Los incendios han cambiado, pero sobre todo la percepción de la ciudadanía ha cambiado. Para peor. Más ignorante. Más simplista. Más sospechosamente dirigida. Más aun, que ya era difícil de superar.

Vamos a tratar de poner un poco de luz.

LA GRAVEDAD ACTUAL.

De entrada, hay que decir que las peores cifras de incendios se dieron en el periodo que va entre 1975 y 1994 aproximadamente. En número y superficie quemada. Creo que estamos entrando en un periodo que será más grave que aquellas dos décadas negras y de más difícil solución, pero hoy en día no estamos peor que entonces.

Tenemos mucho más monte hoy del que hemos tenido en siglos. En España y en Europa en general. A costa del éxodo rural de los últimos 80 años y la pérdida con él de cientos de miles de hectáreas de cultivos, que se han convertido en bosque, sobre todo en aquellos cultivos minifundistas de montaña que nos aportaban las discontinuidades (el mosaico agroforestal), que dificultaban la propagación de los incendios.

Hemos cambiado de materias primas y fuentes de energía. Hemos pasado de montes esquilmados, verdaderos eriales con algún árbol disperso, porque cada árbol, rama de poda, cada leña caída, incluso cada matorral, eran susceptibles de uso para cocinas, chimeneas y hornos industriales, a montes con cargas de vegetación altísimas que multiplican exponencialmente la intensidad y propagación de los incendios.

Ha cambiado el clima. Las olas de calor son más frecuentes y de duración más larga. Jamás hubo incendios de esta virulencia y extensión en los montes de la mitad norte de la península como ahora, ni tan a menudo (León, Zamora, Guadalajara, Ávila, Madrid, Orense). Eso era propio del mediterráneo (Andalucía, Murcia, C. Valenciana y Cataluña). Prácticamente todos los incendios más grandes de la historia en España, son de los últimos 5 o 6 años y en la mitad norte del país. Superando en muy poco tiempo a los del mediterráneo, que encabezábamos ese triste ranking. Tenemos menos incendios que en los 80, 90. Menos GIFs (acrónimo de Gran Incendio Forestal), los de + de 500 hectáreas. Hemos metido mucha pasta en medios para conseguirlo. 

Pero los que se hacen grandes, se hacen mucho más grandes que antes.

Esto no se soluciona con más medios. EEUU es la prueba. Son pioneros en la extinción profesionalizada de incendios forestales. Cada año baten record en inversión para la extinción. Cada año baten record en hectáreas quemadas.

Los incendios empiezan a ser un problema serio incluso en Europa central y norte, húmeda y fría. Quien no quiera ver, que no vea. No mires hacia arriba, el meteorito no está cayendo. Se feliz y consume. Sobre todo, consume, aunque sean antidepresivos.

LAS CAUSAS

En cifras a brocha gorda, en el noroeste de la península, donde está el 50% de todos los incendios, un 70% de incendios intencionados relacionados sobre todo con usos ganaderos y agrícolas. El otro 30%, accidentales, negligencias y rayos. En el resto del país se invierten esas cifras, con un 30 % de intencionados, una mayoría de negligencias y en algunas zonas muchos rayos. Os animo a poner en cualquier IA “causalidad de incendios forestales en españa por areas geograficas en cifras medias de los ultimos 40 años”. 

No hay más. Esta más que estudiado. Nada de conspiraciones ni películas baratas. Hace años era para urbanizar, ahora son los parques eólicos y fotovoltaicos. 

No es necesario que un monte arda para instalar un parque eólico. No hace falta cambiar la calificación del suelo para ello y aunque hiciera falta, el monte quemado no se puede recalificar. 

Las placas fotovoltaicas no se instalan en montañas sino en llanos, en antiguos cultivos. Aunque hubiera que cambiar el uso, por cuestión de interés general se ponen donde haga falta sin que arda el suelo. 

Ahora bien, si eres de los que gustan de estas mierdas, tu mismo con tu mecanismo. No te voy a convencer. Las administraciones mienten y falsean estos datos de causas, todos los incendios son provocados por oscuros intereses entre empresarios y gobiernos (sobre todo si no me gustan esos gobiernos), los reptilianos están entre nosotros y los pajaritos cantan y las nubes se levantan.

LAS POLÉMICAS.

Aquí la fiesta va por barrios, a saber: 

Eres de izquierdas. Tienes sensibilidad medioambiental y has oído o te han mal contado cuatro cosas, porque hemos tenido en España en general un ecologismo muy beligerante con las ciencias forestales. 

Tu juegas en el equipo de:

“Los eucaliptos y los pinos son los malos de la película. Las “repoblaciones de Franco”, del Plan General de Repoblación Forestal de España de 1939, han convertido España en un monocultivo de pinos y eucaliptos a costa de la destrucción de nuestra biodiversidad y nuestros bosques autóctonos para plantarlos y son además superinflamables y los culpables de la virulencia de los incendios. Los “arboles buenos”, no arden”

Dato mata relato:

Las repoblaciones ya eran anteriores al dictador y se venían proponiendo e iniciando desde finales del XIX, aunque toman forma estructurada a partir de 1940. Os animo si queréis ampliar por aquí a pedirle a una IA “antecedentes y análisis del Plan General de Repoblación Forestal de España de 1939”

Se repoblaron terrenos extremadamente degradados y erosionados, para lo que se llama restauración hidrologico – forestal, que era el objeto principal del plan, con pinos, porque son capaces de sobrevivir en esas condiciones. No puedes plantar encinas o robles a pleno sol. Se mueren. Eso se tendría que haber hecho en fases posteriores (cierto es que en general, no se hizo). Pero no se cortaron robles y encinas para plantar pinos como he llegado a leer por ahí.

Solo un 2% de los montes españoles tienen eucaliptos para producción y solo un 2% tienen pinares plantados para producción. Pero es que necesitamos madera y pasta de papel…¿Qué hacemos? ¿Lo importamos o lo producimos aquí? No veo a nadie quejarse por los millones de hectáreas de ecosistemas que convertimos en melonares y trigales a lo largo de nuestra historia.

“Esos pinares son mares de pinos muy homogéneos y se pierde biodiversidad” 

Como los hayedos, como cualquier masa donde hay una especie dominante. Pero si son árboles de sangre azul, se perdona la falta de biodiversidad. Es incluso parcialmente falso, en muchos casos, tienen un sotobosque muy diverso. 

“En relación con los incendios son mucho más inflamables y por eso tenemos el problema de incendios que tenemos”.

Aun aceptando que sean especies (pinos y eucaliptos) algo mas inflamables, es un factor muy poco determinante. La estructura de la vegetación (carga de combustible, continuidad vertical y horizontal), la climatología y la sequedad de la vegetación en el momento del incendio es infinitamente más determinante.

“Los encinares, robledales y hayedos, arden menos”

Claro, el 70% de los encinares españoles están adehesados con cargas y continuidades bajísimas. Y robledales, hayedos o abedulares son ecosistemas de la España más húmeda. Nos ha jodío, con las trampas al solitario.

Curiosamente también, el 60-70 % de lo que ha ardido históricamente en España son montes no arbolados, con virulencias e intensidades similares y a menudo mayores que el monte arbolado.  Pero ese no es un factor reseñable en el problema…¿Por qué?

Porque la premisa fundamental es la no intervención. La naturaleza es sabia, se regula sola y no hay que tocarla. Y a partir de aquí se construyen los argumentos necesarios y se desechan los datos que no ayuden. La vieja historia de siempre.

Y claro, como los montes de matorral no son los malditos eucaliptos o pinos, no los plantó el dictador, el malvado ingeniero o el productor forestal, sino que son naturales, su influencia en el problema no es relevante. O no interesa que lo sea.

En general, estás polémicas por la izquierda hacen menos ruido y están más limitadas a foros y discusiones entre defensores y detractores de las ciencias forestales.

Vamos al otro lado.

Eres de derechas. O muy de derechas. Los ecolojetas de salón, la Agenda 2030 y los progres woke son los culpables, con una gran variedad de argumentos, a cada cual mas chorra, mas falso o mas torticeramente interpretado. 

Argumentos que, por supuesto, dejarán de ser válidos, importantes y producto de gran indignación cuando ganen los tuyos. 

Antes de entrar en harina de los argumentos y campos de batalla de la derecha, dos puntualizaciones.

Hay que reconocer que saben capitalizar tonterías para ponerlas en el candelero, Cierto es que juegan en casa; el porcentaje de apoyos a la ultraderecha entre agricultores y ganaderos es muy importante. Nunca han sido amigos de las regulaciones, como en general no lo somos ninguno en las cosas que nos tocan el bolsillo o el estómago. Y en el mundo rural, muchas regulaciones han venido de la mano de normativas medioambientales. Y no ayuda nada que una parte del ecologismo patrio sea muy urbanita y se haya acercado al mundo rural mirando al agricultor y al ganadero por encima del hombro para explicarle “como son y se tienen que hacer las cosas”. Cuando no se les tilda de neandertales y asesinos sanguinarios a los que son cazadores.

También se oye “los ecolojetas no te dejan…” o “por culpa de los ecolojetas…”. El ecologismo en España carece de poder e influencia, salvo que puntualmente con protestas, para algún trabajo forestal que no les gusta y poco más. Lo único relevante a nivel de legislación que consiguieron está en la Ley de Bienestar Animal que personalmente me parece en parte un despropósito, pero no es un caso que afecte a este tema.  

De hecho, el ecologismo se lleva a matar con todos los gobiernos. Porque ellos irían mucho más allá. Y afortunadamente en algunos casos, menos mal que no mandan y en otros tienen razón y no se les hace caso. Las normativas medioambientales tienen décadas y emanan de normativas europeas y de la propia madurez y concienciación de las sociedades actuales. 

A lo que iba, eres muy de derechas y tus himnos en el campo para apoyar al equipo son:

“No se puede ni recoger una piña porque te multan y claro así esta el monte de sucio y los incendios destruyéndolo todo”

La perra que les ha dado con las piñas debería ser objeto de estudio. Pues, en teoría, si, es cierto. Ni piñas, ni piedras, ni musgo, ni ramas, ni troncos, ni tierra, ni piedras, ni setas, ni plantas, ni animales. Nada. Y así es como debe ser, porque en el 75% de los montes de España sería un robo. Son privados, tienen un dueño. Y en los de titularidad pública igual. Que sean públicos no quiere decir que estén a disposición de los ciudadanos para hacer lo que quieran, igual que no se nos ocurriría llevarnos un banco de la sala de espera de un hospital al salón de nuestra casa. Lo increíble es que esto haya que explicarlo.

Para llevarte subproductos de un monte necesitas en los privados permiso del dueño y en los públicos una autorización. Aquí pueden entrar en juego normativas estatales, autonómicas o locales. No me extiendo en esta cuestión. En resumen, si, está sometido a control.

Pero lo interesante de esta historia, son estas tres consideraciones:

1. Te lo venden como algo que los “ecolojetas” y los rojos se han sacado de la manga antes de ayer para jodernos a todos. Por no irnos mas atrás, la Ley de Montes de 1863 ya regulaba esto. Y la del 57 y la actual de 2003. 

2. Seamos serios. ¿Alguien puede creer que unos hatillos de leña para una barbacoa y unos sacos de piñas para encender la chimenea van a cambiar sustancialmente algo en la carga de vegetación de nuestros montes, que además es fundamentalmente vegetación viva y nada tiene que ver con leñas y piñas? ¿Hay millones de españoles deseando recoger leña (y piñas) y no nos hemos enterado? Si es que te tienes que reír.

3. Decir que es imposible que te multen por recoger leña en pequeña cantidad de un monte no seria cierto. Posible es, si por ejemplo le vacilas al Seprona o al Agente Medioambiental si se te acercan, que lo más fácil es que no le den la mínima importancia. Pero es extremadamente improbable. 

Cuando se hacen fajas auxiliares de pista, que son zonas desbrozadas a ambos lados de los caminos para prevención de incendios, donde se reduce el número de árboles, a menudo la madera de esos árboles se deja troceada y apilada junto al camino para que la gente se la lleve, incluso publicitándolo en los pueblos cercanos para que vayan a por ella quien la necesite…¿Te van a multar por dos piñas, alma de cántaro?

“No te dejan desbrozar el monte. Tienes que pedir permiso y los trámites duran años”

Las administraciones promueven que hagas ese tipo de trabajos en tus montes. En determinados casos puede ser hasta obligatorio. Aunque las administraciones también son conscientes de que muchos montes privados tienen una rentabilidad 0, desbrozar es caro y no pueden pedir a los propietarios que se endeuden para mantener cargas de vegetación bajas en sus montes.

Puedes incluso en algunas comunidades autónomas, eliminar la vegetación forestal para recuperar el cultivo original cuando lo había. Requiere algo mas para su autorización porque ya se convirtió en monte y puede haber valores ambientales a proteger, pero es posible.

¿Y porque te tiene que autorizar la administración (no los ecolojetas, ni los progres de ahora, sino de siempre) en tu propio terreno? Pues porque, aunque sea tuyo, el medio natural es un bien común sometido a protección y tu monte forma parte de él. De la misma manera que si tienes una parcela urbana en medio de una ciudad, no puedes instalar allí lo que quieras que repercuta negativamente al resto.

Lo de que los trámites duren años para un simple desbroce, que me lo enseñen con pruebas y fechas. Mas bulos.

“Como no dejan que el ganado paste en el monte, los montes están así. Si los ecolojetas dejaran entrar al ganado se acababan los incendios”

Si dejan (las administraciones). Requiere de varias autorizaciones y requisitos. Como todo en esta vida. Tu actividad necesita un permiso, tus animales tienen que cumplir normativas sanitarias. No podrás hacerlo como y donde quieras. Esto no haría falta ni tener que explicarlo.

Lo que me pregunto es donde está todo ese ganado esperando que lo dejen entrar al monte. Muriéndose de hambre, famélicas las ovejas de España, pobrecitas. 

La ganadería extensiva tiene una rentabilidad bajísima y además es tremendamente sacrificada. Los niños quieren ser youtubers, no pastores. Y sus padres querían ser futbolistas o médicos, no llevarle leche y queso a Jesús en el portal de Belen. Pongámonos todos a comprar quesos artesanales de cabra y de oveja o a comer cordero o cabrito de ganadería extensiva, pagando la diferencia con el de Mercadona. Entonces será un negocio que crecerá y aportará a la prevención de incendios.

Porque será una aportación y punto. Una sola cosa no acaba con un problema tan complejo. Que nos gustan las soluciones fáciles y únicas para cualquier cosa y eso no existe. 

Y llegamos al final….

LAS SOLUCIONES

No hay. Ya está.

Bueno, si que hay, pero no van a llegar. Llamadme pesimista. Supondrían un cambio socioeconómico en el mundo rural, tan drástico y complejo que poner en marcha, que requeriría la implicación de toda la sociedad a una, la rural y la urbana y  todos los gobiernos y partidos políticos remando en la misma dirección.

¿A que no van a llegar? Pues eso.

Adiós a la política: el nuevo orden mundial ya no tiene parlamentos, tiene servidores

El diagnóstico de una mutación civilizatoria

La obra de Shoshana Zuboff, «La era del capitalismo de vigilancia» (2019), no es un libro más sobre tecnología o economía digital. Es, ante todo, un tratado de ciencia política que identifica una mutación en el propio fundamento del poder en el siglo XXI. Zuboff, profesora emérita de la Harvard Business School, no describe una evolución del capitalismo ni una reconfiguración de las relaciones internacionales: documenta el nacimiento de un nuevo orden institucional que opera al margen del Estado y, por tanto, al margen de la gobernanza democrática, controlado por una oligarquía digital que ha usurpado funciones históricamente reservadas a los gobiernos. Como ella misma ha sintetizado, el capitalismo de vigilancia «redefinió internet como una prisión de vigilancia sin barrotes y sin salida».

Este análisis desmonta la narrativa convencional sobre el nuevo orden mundial. No se trata de la decadencia del imperio americano, ni del fin de la multilateralidad, ni de la sustitución del trabajo manual por máquinas. El fenómeno es más radical: la emergencia de un poder privado, global y antidemocrático que se ejerce no desde los parlamentos o los ministerios, sino desde los servidores y los algoritmos de cuatro tecnobros y sus corporaciones.

La mutación del capitalismo: del excedente de comportamiento al poder predictivo

El andamiaje teórico de Zuboff se articula en torno a un concepto central: el «excedente de comportamiento» (behavioral surplus). A diferencia del capitalismo industrial, que extraía recursos naturales o fuerza de trabajo, el capitalismo de vigilancia tiene como materia prima la experiencia humana misma: nuestros datos, hábitos, emociones, movimientos y relaciones sociales. Esta materia prima es reclamada unilateralmente por las grandes tecnológicas, que la convierten en «productos de predicción» que se venden en un nuevo tipo de mercado.

El proceso sigue una lógica implacable. Primero, el «imperativo de extracción»: las empresas recopilan datos más allá de lo necesario para mejorar sus servicios, creando un excedente de comportamiento que es la verdadera fuente de valor. Segundo, el «imperativo de predicción»: mediante el análisis masivo de estos datos, las corporaciones pueden anticipar el comportamiento futuro de los individuos con un grado de certeza sin precedentes. Tercero, y aquí reside la clave política, «la forma más segura de predecir el comportamiento es intervenir en su origen y moldearlo». El capitalismo de vigilancia no se limita a observar: modifica activamente la conducta humana para hacerla predecible y rentable.

Este salto cualitativo convierte a las grandes tecnológicas en algo más que empresas. Son arquitectas de la realidad social, capaces de influir en elecciones políticas, hábitos de consumo, opiniones públicas e incluso en la identidad de las personas. El famoso experimento de Facebook de 2012, que demostró que un simple botón de «He votado» podía aumentar la participación electoral, es para Zuboff la punta del iceberg de un poder que socava los cimientos de la soberanía política. 

El poder instrumentario y el «Gran Otro»: un poder sin Estado

Zuboff acuña el término «poder instrumentario» (instrumentarian power) para describir esta nueva forma de dominación. Definido como «la instrumentación e instrumentalización del comportamiento con fines de modificación, predicción, monetización y control», el poder instrumentario se distingue radicalmente del poder totalitario clásico.

Mientras que el totalitarismo —el «Gran Hermano» orwelliano— se impone mediante la coerción, la vigilancia estatal y el miedo, el «Gran Otro» (Big Other) del capitalismo de vigilancia opera de manera sutil, voluntaria y automatizada. No necesita soldados ni policías: nos seduce con servicios «gratuitos» mientras extrae nuestra experiencia como materia prima. No necesita censores: sus algoritmos nos moldean sin que seamos conscientes de ello. Como Zuboff ha señalado, los líderes de estas corporaciones son «oligarcas de la información» que controlan la producción, distribución y aplicación del conocimiento computacional que es el life blood de nuestra civilización.

Este poder no reconoce fronteras ni soberanías nacionales. Es global por naturaleza y privado por diseño. Las grandes tecnológicas han construido una arquitectura de control que abarca todos los sectores económicos y todas las regiones del mundo. No rinden cuentas a los ciudadanos ni a los parlamentos; su única obligación es con sus accionistas. En este sentido, el capitalismo de vigilancia representa la privatización del gobierno de la vida social, una transferencia de poder sin precedentes desde las instituciones democráticas hacia unas pocas corporaciones.

El combate a muerte con la democracia

Zuboff sostiene que el capitalismo de vigilancia y el orden democrático han entrado en un «combate a muerte» (death match). No se trata de una competencia entre modelos económicos, sino de una lucha por la soberanía política: quién decide quién decide, quién conoce y quién gobierna.

Las implicaciones son devastadoras. En primer lugar, el capitalismo de vigilancia despoja a los ciudadanos de sus «derechos epistémicos»: el derecho a saber quiénes somos, qué nos pasa y qué futuro podemos imaginar. Cuando los algoritmos nos conocen mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos, nuestra autonomía se convierte en una ficción. Nos convertimos en «ejecutores dóciles de algoritmos» que manipulan el comportamiento de las masas en beneficio de la nueva oligarquía digital.

En segundo lugar, erosiona las instituciones democráticas desde dentro. La concentración de poder económico en estas corporaciones se traduce directamente en concentraciones de poder de gobernanza. Como ha documentado Zuboff, los oligarcas de la vigilancia han aprendido a desafiar a los funcionarios elegidos democráticamente por el derecho y el poder de gobernar la sociedad. Las elecciones ya no son solo contiendas entre partidos; son campos de batalla donde los algoritmos moldean el comportamiento de los votantes.

En tercer lugar, Zuboff advierte sobre el «escenario de fusión» (fusion scenario): la convergencia entre el poder de las grandes tecnológicas y el poder de los Estados autoritarios. Cuando un gobierno se alía con el capitalismo de vigilancia, las capacidades de control se multiplican exponencialmente, creando las condiciones para un totalitarismo de datos del siglo XXI. Como ella misma ha afirmado: «Es posible tener capitalismo de vigilancia, y es posible tener democracia. No es posible tener ambas».

El nuevo orden mundial: un orden sin Estado

Llegamos a descubrir que el nuevo orden mundial no es un asunto de Estados o de relaciones internacionales, sino la instauración de un poder privado, global y antidemocrático.

Zuboff documenta cómo el capitalismo de vigilancia no es un fenómeno nacional ni siquiera regional: es un «campo unificado de desarrollo institucional» que avanza a través de cuatro etapas, cada una de las cuales sienta las bases para la siguiente. Nació en Silicon Valley, pero se ha extendido a todos los sectores económicos y a todas las regiones del mundo. Sus líderes son «históricamente únicos»: como los antiguos emperadores o los reyes feudales, son infinitamente ricos y poderosos, pero además poseen un conocimiento infinito sobre las personas y la sociedad, algo que los magnates de otras épocas solo podían soñar.

Este nuevo orden no tiene centro geográfico ni estructura jerárquica estatal. Opera a través de una red de servidores, algoritmos y flujos de datos que trascienden las fronteras nacionales. No necesita ejércitos ni tratados internacionales: controla los espacios digitales donde ocurre la vida social y económica. No busca la hegemonía de un país sobre otro: busca la hegemonía de una lógica de acumulación sobre la vida humana misma.

Zuboff insiste en que este no es un proceso inevitable ni tecnológicamente determinado. Es el resultado de decisiones políticas concretas: la desregulación de los mercados, la falta de protección de los datos personales, la pasividad de los gobiernos ante la concentración de poder. Como ella misma señala, «el capitalismo de vigilancia es lo que ocurrió cuando la democracia estadounidense se echó a un lado».

Conclusión: la lucha por el futuro humano

La obra de Zuboff no es un mero diagnóstico; es también una llamada a la acción política. Su conclusión es inequívoca: la lucha de nuestro tiempo no es entre izquierda y derecha, ni entre naciones, sino entre el capitalismo de vigilancia y la democracia.

Para contrarrestar este poder, Zuboff propone eliminar la condición misma que permitió su ascenso: la recopilación incontrolada y encubierta de datos personales por parte de las empresas tecnológicas. Los gobiernos democráticos deben salvaguardar la privacidad de los usuarios y proteger los datos personales para evitar que las corporaciones conviertan el comportamiento humano en una mercancía a través de algoritmos sin control. O, en sus propias palabras: «merecemos un futuro digital que amplíe los derechos humanos, la soberanía individual [y] la democracia floreciente».

El nuevo orden mundial que Zuboff describe es, en definitiva, el fin de la política democrática tal como la hemos conocido. No porque los Estados desaparezcan, sino porque pierden su monopolio sobre el gobierno de la vida social. La soberanía se ha trasladado a los algoritmos; la ciudadanía se ha convertido en audiencia; la deliberación pública ha sido sustituida por la predicción automatizada. Frente a este escenario, Zuboff nos recuerda que aún tenemos una opción: «el poder de decidir qué tipo de mundo queremos habitar». Podemos elegir si permitimos que el poder de la tecnología enriquezca a unos pocos y empobrezca a muchos, o si lo aprovechamos para una distribución más amplia de los beneficios sociales y económicos del capitalismo.
 

Referencias bibliográficas


    Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: Public Affairs.


    Mallard, G. (2022). Critical Theory in The Age of Surveillance Capitalism: How to Regulate the Production and Use of Personal Information in the Digital Age. Law & Social Inquiry, 47(1), 349-354.

    Morgan, W. (2019). Review: Shoshana Zuboff's The Age of Surveillance Capitalism. Media Theory Journal.

    Pobedonostsev, A. (2025). The Anti-Democratic Counterrevolution of Surveillance Capitalism. Economic Sociology, 26(5), 111-122.

    Evangelista, R. (2019). Review of Zuboff's The Age of Surveillance Capitalism. Surveillance & Society, 17(1/2), 246-251.

    Khan, A. (2019). Book review: Shoshana Zuboff, The age of surveillance capitalism: the fight for human future at the new frontier of power. Social Change, 49(4). 

    Zuboff, S. (2022). Surveillance Capitalism or Democracy? The Death Match of Institutional Orders and the Politics of Knowledge in Our Information Civilization.

    Zuboff, S. (2024-2025). Notes from the New Frontier of Power (blog series). Carr Center for Human Rights Policy, Harvard Kennedy School. 

    Zuboff, S. (2019). Entrevista sobre el capitalismo de la vigilancia. BBC News.

    Zuboff, S. (2020). "A privacidade é pública, se a entregamos, destruímos..." Instituto Humanitas Unisinos.

    Zuboff, S. (2023). "Vivimos en una distopía accidental". Ethic.

    Zuboff, S. (2025). "La IA es el capitalismo de la vigilancia". El País. 

La gran hipocresía: la dualidad capitalismo/comunismo

Vivimos en un momento histórico en el que la lógica capitalista se ha naturalizado hasta el punto de ser percibida como el único sistema posible de organización social. Democracias más o menos consocionales han asumido como axiomas incuestionables que los empresarios generan trabajo y que la gestión monetaria por parte de los lobbies insertados en los bancos centrales —y, por extensión, en el BCE y la Reserva Federal— es el modo más eficiente de gestionar la sociedad. Sin embargo, esta naturalización oculta una hipocresía profunda: los métodos extractivos del capitalismo nos conducen a la destrucción del hábitat necesario para la vida humana, mientras que los niveles de desigualdad y empobrecimiento que sufren dos terceras partes de la humanidad desmienten sistemáticamente la validez de sus axiomas.

La brecha entre salarios y beneficios: el dato que rompe el relato

Los números son tozudos. En los últimos años, la evolución de los salarios y los beneficios empresariales ha dibujado una brecha descomunal que desmonta el relato de la patronal. Según el informe del Gabinete Económico de CCOO, basado en datos del Observatorio de Márgenes Empresariales, entre 2018 y 2023 los márgenes empresariales crecieron un 64% en términos absolutos, mientras que los salarios lo hicieron apenas un 29,8%. Es decir, los beneficios empresariales crecieron el doble que los salarios. El reparto del valor añadido (plusvalías) generado en ese periodo refleja esta desigualdad: los salarios captaron únicamente el 33% del incremento del valor añadido bruto, mientras que los márgenes empresariales captaron el 67%.

La rentabilidad operativa de las empresas pasó del 10,5% en 2018 al 12,9% en 2023, alcanzando niveles récord. Los márgenes empresariales se situaron en 311.000 millones de euros en 2023, 121.000 millones más que en 2018. La brecha es aún más escandalosa si se considera que el 20% de las empresas —las más grandes— concentran el 91% del valor añadido y el 98% de los márgenes empresariales.

El informe de UGT, por su parte, señala que en los últimos diez años los salarios de convenio se han incrementado una media anual del 1,4%, ganando poder adquisitivo solo cuando la tasa de inflación lo ha permitido. Mientras tanto, los beneficios empresariales han crecido diez veces por encima de los sueldos. España cerró 2022 con la cuarta brecha más alta entre salarios y beneficios reales de Europa.

Esta realidad contradice frontalmente el argumento empresarial de que no es posible pagar más salarios porque los «gastos» (impuestos, seguros, materias primas) dejan un margen muy pequeño. Los datos demuestran que el margen existe y es amplio; lo que ocurre es que se destina a la extracción de plusvalía en beneficio de unos pocos.

La plusvalía: el corazón del conflicto

Como describió Marx, la plusvalía es el exceso de riqueza que se genera como resultado del trabajo de las personas, una vez que se les ha pagado el salario. El capitalismo tiene como único objeto la extracción de esa riqueza «sobrante» para el beneficio de unos pocos. La hipocresía del sistema se manifiesta en su discurso contradictorio: cuando se habla de absentismo laboral, los empresarios se quejan de que cada día sin un trabajador pierden miles de euros; cuando se habla de retribuir el trabajo, argumentan que no pueden pagar más.

La realidad es que los beneficios empresariales han crecido a costa de los salarios. La dinámica especulativa de las empresas, especialmente las más grandes, es la principal causante de la inflación, trasladando el incremento de costes al precio final y aprovechando la situación para acrecentar sus márgenes. Son los beneficios, y no los salarios, los que más contribuyen al incremento de la inflación.

La usura y los banqueros: cuando la usura era pecado

Antes de la era industrial, la percepción social de los banqueros y usureros era radicalmente distinta. En la Edad Media, la usura se sancionaba canónicamente con la excomunión y, en la ley secular, se elevaba a la categoría de delito. La Iglesia Católica desempeñó un papel central en la regulación de la usura a través de la doctrina moral y las leyes canónicas.

Los usureros eran considerados «hombres de mala reputación». La fama —entendida como la opinión colectiva— pretendía establecer la reputación del acusado como «usurero público». La mayoría de los juicios contra usureros buscaban la restitución de las sumas extorsionadas. El Antiguo Testamento prohibía cualquier tipo de interés, y esta prohibición religioso-moral se mantuvo durante siglos.

Lo que hoy consideramos una actividad respetable —prestar dinero a cambio de interés— era entonces una práctica inmoral y perseguida. La banca nació durante la Edad Media como la institucionalización de la usura y la vía por la que consiguió su total respetabilidad. Usureros fueron genoveses y lombardos que inventaron el banco; usureros fueron los judíos Fugger que fundieron a Carlos V y desprestigiaron a la Iglesia con la venta de indulgencias. Cuando la burguesía consiguió ocupar su sitio como financiadora de los que ostentan el poder, los gobernantes se convirtieron en vectores para la consecución de sus objetivos.

Bretton Woods y el dominio del dólar

En 1944, los Acuerdos de Bretton Woods establecieron un nuevo sistema monetario internacional basado en la convertibilidad del dólar estadounidense al oro. Estados Unidos surgió de la Segunda Guerra Mundial como la economía más fuerte del mundo, concentrando cerca del 50% del PIB mundial con menos del 5% de la población. El dólar se convirtió en la moneda de referencia internacional, y se crearon el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Este sistema ha permitido a Estados Unidos ejercer un control descomunal sobre la economía mundial. La simple manipulación descontrolada del dinero nos ha llevado a las crisis más salvajes de la historia moderna. Cuando cualquier país ha intentado escapar de ese mecanismo —Libia, Venezuela, Panamá— se ha encontrado con invasiones y guerras que solo buscaban evitar transacciones comerciales fuera del patrón dólar. El sistema de Bretton Woods, concebido inicialmente para evitar las devaluaciones competitivas, se ha convertido en un instrumento de dominación geopolítica.

La socialdemocracia como síntesis hegeliana

No se trata de defender el comunismo como alternativa paradisíaca. La cuestión fundamental, expresada en términos hegelianos, es la oposición tesis/antítesis que suponen capitalismo y comunismo como dos caras de una misma moneda: ¿qué hacemos con la plusvalía? ¿cómo se gestiona y se redistribuye?

Las únicas sociedades que podríamos considerar que cuidan y sirven al ser humano son las que han sabido sintetizar esta oposición. Los países nórdicos y, en particular, el modelo sueco, representan un ejemplo de esta síntesis. La socialdemocracia sueca, reconocida como la principal arquitecta del estado de bienestar basado en impuestos progresivos, ha demostrado que es posible mantener el mercado como mecanismo necesario para la asignación de recursos, pero con una fuerte intervención estatal para redistribuir la riqueza. El Partido Socialdemócrata Sueco construyó un estado de bienestar con servicios públicos universales y un gobierno omnipresente.

En países como Austria o Suecia, donde el Estado —el procomún, la gestión de todos— pone puertas a la ganancia y extracción de beneficios para redistribuirlos en la sociedad, se generan sociedades donde la delincuencia disminuye y el bienestar social aumenta. No es casualidad que en estos países se cierren cárceles porque la delincuencia disminuye.

La federación de democracias de Kant

Immanuel Kant intuyó en el siglo XVIII el camino hacia una sociedad más justa y pacífica. En su obra Sobre la paz perpetua (1795), Kant propuso una federación de Estados libres como fundamento del derecho de gentes. Su visión de un orden internacional regido por la ley, capaz de regular mediante el espíritu universalista de una federación mundial la política, anticipó lo que hoy necesitamos: una federación de democracias basada en la socialdemocracia y la redistribución de las riquezas.

Kant apostó por una federación de pueblos y alertó contra los peligros del poder desmedido. La paz perpetua, según Kant, es posible siempre que el hombre se organice republicana y federativamente. Su concepción de una federación pacífica de repúblicas, libre y voluntariamente asociadas, es el horizonte hacia el que debemos caminar.

Concluyendo, el capitalismo y el comunismo no son más que dos caras de una misma moneda: ambas han fracasado en su intento de ofrecer una respuesta satisfactoria a la cuestión fundamental de la gestión y redistribución de la plusvalía. El capitalismo ha demostrado ser extractivo y destructivo; el comunismo, en sus diversas manifestaciones históricas, ha mostrado su incapacidad para preservar las libertades individuales.

La alternativa no es elegir entre uno u otro, sino superar esa falsa dualidad mediante una síntesis que ponga al ser humano en el centro. La socialdemocracia de los países nórdicos —con su énfasis en la redistribución, los servicios públicos universales y la regulación del mercado— ofrece un modelo viable. La federación de democracias que Kant intuyó es el marco político necesario para implementar este modelo a escala global.

Los poderosos, apoyados en la fuerza de la riqueza extraída al trabajador, lo han convencido de que son imprescindibles para que funcione la sociedad. La realidad es bien distinta: solo en los países donde el Estado, el procomún, la gestión de todos, pone límites a la extracción de beneficios y los redistribuye, se generan sociedades verdaderamente humanas. No se trata de eliminar el mercado, sino de ponerlo al servicio de la sociedad. No se trata de abolir la propiedad privada, sino de garantizar que la riqueza generada por el trabajo de todos beneficie a todos.

El camino hacia la federación de democracias pasa por reconocer la hipocresía del capitalismo, desmontar sus axiomas con datos y argumentos, y construir alternativas basadas en la redistribución, la justicia social y la sostenibilidad. La plusvalía no debe ser extraída por unos pocos; debe ser gestionada y redistribuida en beneficio de la sociedad y del ser humano. Esa es la gran tarea de nuestro tiempo.

Sobre la impunidad en la judicatura española: un análisis de casos y desequilibrios estructurales

La distinción entre inmunidad e impunidad, articulada con precisión por la jurista Concepción Escobar Hernández, ofrece un prisma analítico de primer orden para examinar ciertas dinámicas del Estado de derecho. La inmunidad, en su concepción jurídica, constituye un escudo funcional otorgado a determinados cargos para garantizar el ejercicio independiente de sus funciones. La impunidad, por el contrario, representa la ausencia de rendición de cuentas, la imposibilidad práctica de que ciertos actos, incluso cuando son jurídicamente reprochables, generen consecuencias para sus autores. Este artículo propone un recorrido por diversos episodios recientes de la vida judicial española que, vistos en su conjunto, sugieren la existencia de un desequilibrio estructural: una asimetría en la aplicación de la ley que, en la práctica, genera bolsas de impunidad para determinados actores y una severidad particularmente intensa para otros. 

El objetivo no es otro que someter a escrutinio público, con la máxima aspiración a la objetividad y el rigor, la actuación de un poder del Estado que, por su propia naturaleza, goza de amplios márgenes de autonomía y cuya fiscalización resulta, cuando menos, problemática.

El caso del juez Peinado: ¿abuso de autoridad sin consecuencias?

La actuación del magistrado Juan Carlos Peinado en el contexto de las diligencias relacionadas con Begoña Gómez ha generado una controversia que trasciende el ámbito estrictamente jurídico para adentrarse en el político y social. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó, con el voto de calidad de su presidenta, remitir al promotor de la acción disciplinaria el auto dictado por Peinado para que se determine si sus expresiones son constitutivas de una falta grave. El origen de esta medida disciplinaria se encuentra en una afirmación del juez en su resolución, en la que sugería que los agentes de policía que ejercen la escolta de Begoña Gómez podrían, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos», colaborar en una eventual fuga de España.

Esta afirmación, que el propio CGPJ considera potencialmente encuadrable en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial —que tipifica como falta grave «el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, [o] funcionarios de la Policía Judicial»—, no ha sido, sin embargo, suficiente para generar una sanción efectiva. La decisión del CGPJ, adoptada con cuatro votos a favor y cuatro en contra (desempatados por la presidenta), evidencia una profunda división interna en el órgano de gobierno de los jueces. Los cuatro vocales del sector conservador firmaron un voto particular contrario, argumentando que la resolución de Peinado no es revisable dado su carácter jurisdiccional.

Este episodio ilustra con claridad el primer mecanismo de impunidad: la propia estructura corporativa de la judicatura, que dificulta extraordinariamente la sanción de sus miembros. La exigencia de mayorías cualificadas, los votos particulares que obstaculizan cualquier iniciativa sancionadora y la interpretación restrictiva de las faltas disciplinarias configuran un ecosistema en el que, como se ha señalado, el catálogo de sanciones disponibles resulta «claramente insuficiente», lo que contribuye a explicar la percepción de impunidad. El juez Peinado, funcionario judicial sin oposición desde 1994, ha visto cómo sus decisiones más controvertidas eran anuladas por instancias superiores —la Audiencia Provincial de Madrid anuló su intento de enviar el caso a un jurado popular por no exponer «qué concretas conductas» lo justificaban— sin que ello haya generado, hasta la fecha, una corrección efectiva en su modo de proceder.

El Tribunal Supremo, el Fiscal General del Estado y la ausencia de escrutinio

En el extremo opuesto del espectro judicial, el Tribunal Supremo (TS) ha protagonizado decisiones que, para un observador externo, presentan un contraste llamativo con la laxitud mostrada en otros casos. La condena al Fiscal General del Estado (FGE), dictada por el TS, ha sido objeto de críticas por parte de sectores progresistas que señalan una insuficiencia probatoria. Sin embargo, más allá de la controversia sustantiva sobre los hechos enjuiciados, lo relevante desde la perspectiva de la impunidad es la ausencia de un mecanismo de control efectivo sobre las decisiones del alto tribunal.

El TS, como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, no tiene una instancia por encima de él (salvo, en determinadas materias, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Esta posición institucional, que le otorga la última palabra en innumerables asuntos de trascendencia, se convierte en un problema cuando sus decisiones son percibidas como arbitrarias o desproporcionadas. La condena al FGE, en este contexto, adquiere una dimensión simbólica: el máximo órgano judicial del Estado sanciona al máximo representante del Ministerio Fiscal, que es precisamente el órgano encargado de velar por la legalidad. La circularidad del sistema —el TS juzga a quien debería controlar la legalidad de la actuación judicial— plantea interrogantes sobre la capacidad del propio sistema para autocorregirse.

El caso Villarejo, Cospedal y Fernández Díaz: cuando las pruebas no bastan

El denominado «caso Kitchen» y las actividades del comisario José Manuel Villarejo constituyen quizá el ejemplo más paradigmático de impunidad en la España reciente. Las grabaciones que vinculan a Villarejo con la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, han sido de dominio público durante años. En dichos audios, Villarejo informa a Cospedal sobre la localización de documentación comprometida de Luis Bárcenas, y el juez ha procesado a Fernández Díaz por el espionaje ilegal de Bárcenas.

Sin embargo, el resultado procesal de estas investigaciones revela una vez más la existencia de un doble rasero. La Audiencia Nacional ha rechazado maniobras de Fernández Díaz para frenar el juicio de Kitchen y ha descartado volver a investigar a Cospedal, mientras que, paralelamente, el juez exculpaba a Cospedal y procesaba a la excúpula de Interior. La Fiscalía Anticorrupción ha llegado a pedir al juez del caso Villarejo que cite como investigados a Fernández Díaz y Cospedal por el espionaje a Bárcenas, lo que indica que, a juicio del ministerio público, existen indicios suficientes para imputarles. Sin embargo, la decisión final ha sido la de archivar o limitar las responsabilidades.

Este desenlace, en el que las pruebas documentales (los audios) no se traducen en condenas efectivas para los altos cargos implicados, mientras que sí lo hacen para los ejecutores materiales (los policías de menor rango), evidencia una estructura de impunidad escalonada. Quienes ocupan posiciones de mayor poder dentro del Estado logran, a través de diversos mecanismos procesales —recursos, interpretaciones restrictivas de la prueba, prescripciones—, eludir la responsabilidad penal. El hecho de que la Audiencia Nacional haya tenido que requerir nuevamente los audios comprometedores de Cospedal y Villarejo, años después de que fueran conocidos, sugiere una dilación procesal que beneficia claramente a los investigados de mayor rango.

El contraste Baltar-David Sánchez: la geometría variable de la prevaricación

Quizá el ejemplo más elocuente de la asimetría en la aplicación de la ley sea la comparación entre dos condenas por prevaricación. En 2014, el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense condenó a José Luis Baltar (PP) a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por 104 contratos realizados sin publicidad y al margen de los procedimientos legales. La sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo, consideró a Baltar autor de un delito continuado de prevaricación por contratar «a dedo» a 104 personas.

En julio de 2026, la Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. La equiparación numérica de las penas —nueve años en ambos casos— es, sin embargo, engañosa si se atiende a la magnitud de los hechos. Baltar fue condenado por 104 contrataciones irregulares, mientras que David Sánchez lo fue por un supuesto de prevaricación en el que, además, se le imputa el delito sin ser funcionario público. La doctrina jurisprudencial tradicional exige, para la comisión del delito de prevaricación, la condición de autoridad o funcionario público, lo que hace particularmente imaginativa —por decirlo con la máxima cautela— la resolución que atribuye tal delito a quien no ostenta dicha condición.

La comparación de proporcionalidad es aquí inevitable y devastadora para la credibilidad del sistema: 104 contratos irregulares equivalen, en términos de inhabilitación, a un supuesto de prevaricación sin función pública. Un análisis matemático elemental revela una desproporción de aproximadamente 104 a 1 en la relación entre la gravedad objetiva de los hechos y la pena impuesta. Esta desproporción, difícilmente atribuible al azar, apunta a la existencia de un sesgo sistemático en la aplicación de la ley: la vara de medir se tensa o se afloja en función de la posición política del encausado.

El juez Llarena, los independentistas y el revés del TJUE

La actuación del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en relación con el proceso independentista catalán constituye otro capítulo en esta crónica de la impunidad selectiva. Llarena, instructor de la causa contra los líderes independentistas, ha mantenido su decisión de no aplicar la ley de amnistía a Carles Puigdemont por el delito de malversación, incluso después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara la conformidad de dicha ley con el derecho comunitario.

Esta resistencia a acatar el espíritu y la letra de una ley aprobada por el Parlamento, y respaldada por la máxima instancia judicial europea, plantea interrogantes sobre los límites de la independencia judicial. La decisión de Llarena, que ha sido cuestionada por tribunales de diversos países europeos, revela una tensión fundamental entre la soberanía nacional (encarnada en el Parlamento que aprobó la ley de amnistía) y la interpretación judicial de la misma. El hecho de que el magistrado insista en que «el ordenamiento jurídico es igual para todos» mientras mantiene una interpretación de la malversación que la jurisprudencia europea no comparte, sugiere una concepción de la judicatura como poder autónomo, no sujeto al control político ni, en última instancia, al control de los tribunales europeos.

Montoro y la venta de leyes: un caso de impunidad estructural

El caso del exministro Cristóbal Montoro, al que se ha vinculado con la presunta venta de leyes ad hoc a través de su bufete, constituye un ejemplo adicional de cómo la impunidad opera en los estratos más altos del poder. Aunque los detalles concretos de este caso son menos conocidos que los anteriores, su mención resulta pertinente porque ilustra un patrón recurrente: la ausencia de consecuencias para quienes, desde posiciones de poder, utilizan su influencia para beneficiar a intereses privados.

La existencia de un mercado de influencias en el que las leyes se adaptan a los intereses de quienes pagan por ello, y la ausencia de investigaciones efectivas que lleguen a buen puerto, forma parte del mismo entramado de impunidad que protege a los jueces, a los altos cargos y a los políticos. La laxitud con la que se tratan estos casos contrasta una vez más con la severidad mostrada en otros, configurando un paisaje judicial en el que la justicia parece aplicarse con una geometría variable.

La togatura como «estado profundo»: un poder sin contrapesos efectivos

El conjunto de estos casos sugiere la existencia de lo que podríamos denominar una «togatura»: un poder judicial que actúa como un verdadero poder del Estado, con capacidad para influir decisivamente en la vida política y social, pero sin los contrapesos que, en teoría, deberían equilibrar su actuación. A diferencia de lo que ocurre en otras democracias, donde existen grandes jurados compuestos por miembros de los tres poderes o sistemas de control más robustos, en España el CGPJ, que es el órgano de gobierno de los jueces, está compuesto exclusivamente por jueces y juristas de reconocido prestigio, sin participación de otros poderes del Estado.

Este diseño institucional, que pretende garantizar la independencia judicial, genera sin embargo un problema de accountability. ¿Quién vigila a los vigilantes? La pregunta, formulada ya por Juvenal en la antigua Roma (Quis custodiet ipsos custodes?), adquiere en el contexto español una vigencia renovada. La ausencia de un gran jurado ciudadano, de un control externo efectivo, o de una fiscalización parlamentaria sobre las decisiones judiciales más polémicas, convierte a la togatura en un poder prácticamente incontrolable.

El coste de la impunidad: recursos públicos y erosión democrática

Esta guerra judicial, librada con los instrumentos del derecho pero guiada por lógicas políticas y corporativas, tiene un coste tangible para la sociedad española. Los recursos del Estado —millones de euros en salarios de jueces, fiscales, funcionarios judiciales, y en costes procesales— se consumen en causas que, en muchos casos, no redundan en una mejora de la vida de los ciudadanos. La justicia, concebida como un servicio público destinado a garantizar los derechos de los ciudadanos y a resolver sus conflictos, se convierte así en un campo de batalla político en el que los ciudadanos son meros espectadores, cuando no víctimas colaterales.

La percepción de que la justicia se aplica de manera desigual, de que existen ciudadanos de primera y de segunda a los ojos de la ley, erosiona la confianza en las instituciones democráticas. Cuando la ciudadanía observa que un expresidente de diputación es condenado a nueve años de inhabilitación por 104 contratos irregulares, y que el hermano del presidente recibe la misma pena por un supuesto de prevaricación sin ser funcionario, la conclusión inevitable es que la ley no es igual para todos. Cuando se constata que altos cargos implicados en tramas de corrupción y espionaje logran eludir la acción de la justicia, mientras que jueces instructores actúan con una discrecionalidad que roza el abuso de autoridad sin consecuencias, el sistema judicial pierde su legitimidad.

Conclusión: la necesidad de una luz socialdemócrata

Frente a este panorama, la exigencia de gobiernos progresistas que aporten una luz socialdemócrata a una sociedad embarrada por sus propias contradicciones no es un mero desiderátum político, sino una necesidad estructural. La socialdemocracia, en su concepción más genuina, apuesta por el fortalecimiento de las instituciones democráticas, por la transparencia y por la rendición de cuentas. Solo desde un compromiso firme con estos valores podrá abordarse la reforma profunda de un poder judicial que, en su estado actual, funciona como un poder autónomo, incontrolado e impune.

La pregunta de Juvenal —quis custodiet ipsos custodes?— no admite respuestas evasivas. En una democracia avanzada, los jueces no pueden ser los únicos guardianes de su propia conducta. Se hace necesario un sistema de control externo, un gran jurado ciudadano, una fiscalización parlamentaria efectiva, que permita someter a escrutinio las decisiones judiciales más controvertidas y garantizar que la ley se aplica con igualdad para todos. Sin esta reforma, la impunidad seguirá siendo la norma, y la justicia, una mera apariencia.

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Referencias:

Sobre la distinción entre inmunidad e impunidad (Concepción Escobar Hernández)

• Escobar Hernández, C. (2015, 9 de noviembre). Inmunidad de jurisdicción [Intervención]. Naciones Unidas.

• Escobar Hernández, C. Inmunidad de los Funcionarios del Estado ante la Jurisdicción Penal Extranjera.

• Escobar Hernández, C. Inmunidad, justicia e impunidad en el derecho internacional.

• Yáñez-Barnuevo, J. A. (2025). In Memoriam. Concepción Escobar Hernández (1959–2025), Eminent International Law Scholar and Practitioner. Sybil.

Sobre el procedimiento disciplinario contra el juez Peinado

• El País. (2026, 21 de julio). El Poder Judicial aplaza su decisión sobre si expedienta a Peinado tras no llegar a un acuerdo.

• Iustel. (2026, 23 de junio). El CGPJ acuerda analizar si Peinado cometió falta grave al sugerir que la Policía podría ayudar a Begoña Gómez a huir.

• El Mundo. (2026). El CGPJ valorará mañana si Peinado incurrió en "falta grave".

• Infobae. (2026). El Poder Judicial deja en manos del TSJ de Madrid decidir si sanciona al juez Peinado.

Sobre el 'caso Kitchen' y la actuación de Villarejo, Cospedal y Fernández Díaz

• El País. (2026, 7 de abril). La Audiencia rechaza la maniobra de Fernández Díaz para frenar el juicio de Kitchen y descarta volver a investigar a Cospedal.

• RTVE. (2026, 6 de abril). Arranca el juicio del caso Kitchen, el presunto espionaje a Bárcenas.

• Wikipedia. (s.f.). Caso Kitchen. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Kitchen.

Sobre la condena por prevaricación de José Luis Baltar

• Poder Judicial España. (2014, 31 de julio). Condena de nueve años de inhabilitación a José Luis Baltar.

• RTVE. (2014, 31 de julio). Baltar, condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación.

• Iustel. (2014, 1 de agosto). José Luis Baltar, condenado a nueve años de inhabilitación.

• La Voz de Galicia. (2014, 1 de agosto). La Justicia condena a Baltar por usar la Diputación como "oficina de colocación".

Sobre la condena por prevaricación de David Sánchez

• Cadena SER. (2026, 14 de julio). La Audiencia de Badajoz condena a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

• El Independiente. (2026, 14 de julio). La Audiencia de Badajoz condena a David Sánchez Pérez-Castejón.

• Legaltoday. (2026, 14 de julio). La Audiencia de Badajoz condena al hermano de Pedro Sánchez.

• RTVE. (2026). Claves para entender la sentencia de David Sánchez.

Sobre la comparación de penas entre Baltar y David Sánchez

• Público. (2026, 15 de julio). David Sánchez recibe la misma pena que Baltar por 104 enchufes: el doble rasero de la prevaricación.

• eldiario.es. (2026, 18 de julio). Misma pena para un condenado por enchufar a 104 personas.

Sobre el juez Llarena, los independentistas y el aval del TJUE a la ley de amnistía

• RTVE. (2026, 16 de julio). El Tribunal de la UE avala la ley de amnistía por ajustarse al derecho comunitario.

• El País. (2026, 16 de julio). El TJUE avala la ley de amnistía.

• Deutsche Welle. (2026, 16 de julio). TJUE avala amnistía española a separatistas catalanes.

• El Mundo. (2026, 16 de julio). El Supremo mantiene el motivo clave por el que rechazó amnistiar la malversación de Puigdemont.

Sobre el principio 'Quis custodiet ipsos custodes?'

• Juvenal. (c. 100-127 d.C.). Sátiras (Sátira VI, líneas 347-348). Obra clásica en la que se origina la frase.

 

Unas ideas sobre el efecto boomerang

En el actual escenario político español, asistimos a una intensa batalla judicial protagonizada por sectores de la derecha postfranquista contra  un gobierno legítimo, articulada a través de bulos, lawfare y resoluciones judiciales que desafían toda argumentación jurídica racional. Lo paradójico de esta estrategia es que, lejos de debilitar al gobierno señalado, el exceso de señalamiento está generando el efecto contrario: la movilización de los ciudadanos que creen en la democracia conciliadora y el fortalecimiento de aquellos a quienes se pretende destruir. Este fenómeno, lejos de ser una rareza política, encuentra sólidos fundamentos en la psicología social y en la teoría de sistemas.

Cuando un discurso se estructura alrededor del señalamiento reiterado de una persona o institución, se produce una dinámica que trasciende la intención original del emisor. La repetición no solo fija al individuo en la agenda mediática, sino que también puede generar empatía en sectores de la opinión pública que perciben desproporción o insistencia excesiva en el ataque. Desde una perspectiva comunicacional, la presión constante puede traducirse en capital simbólico para el señalado.

Este fenómeno, conocido como efecto boomerang, describe una situación en la que los ataques reiterados contra una figura pública terminan favoreciéndola. Ocurre cuando el mensaje pierde eficacia persuasiva y comienza a generar rechazo o duda en la audiencia, especialmente si se percibe como insistente, desproporcionado o carente de equilibrio. La figura atacada se convierte en referencia obligada del debate, desplazando otros temas y consolidando su centralidad.

A este mecanismo se suma la reactancia psicológica, un concepto acuñado por el psicólogo Jack Brehm en 1966. La reactancia es una reacción emocional en contradicción directa a reglas o regulaciones que amenazan o suprimen ciertas libertades en la conducta. Puede ocurrir cuando alguien es fuertemente presionado para aceptar un determinado punto de vista o actitud, causando que la persona adopte o endurezca un punto de vista contrario al intencionado. Cuanto mayor sea la amenaza percibida a la libertad, mayor cantidad de reactancia se activará.

En el contexto español, cuando sectores judiciales y mediáticos señalan de manera insistente al gobierno legítimo, una parte creciente de la ciudadanía percibe esta presión como una amenaza a su libertad democrática, lo que activa mecanismos de reactancia que fortalecen el apoyo al señalado. La percepción de injusticia o persecución activa mecanismos de empatía que fortalecen el vínculo entre el líder y determinados sectores sociales. La figura percibida como víctima puede ganar legitimidad moral, cohesionar apoyos y proyectarse como representante de una causa más amplia.

Los datos confirman que esta percepción no es anecdótica. Según un estudio del Instituto 40dB para EL PAÍS y la Cadena SER, el 65,4% de los españoles considera que en España existe lawfare (guerra judicial), y casi un 60% opina que el poder judicial vigila y sanciona poco o nada a los jueces que hacen mal su trabajo. Solo el 32% cree que las resoluciones sobre asuntos políticos son justas e imparciales. Además, el 34% de los encuestados considera que los jueces favorecen a la derecha, frente al 16% que cree que favorecen a la izquierda.

Estos datos evidencian que la estrategia de señalamiento judicial continuado no solo no está logrando su objetivo de deslegitimar al gobierno, sino que está generando un creciente escepticismo ciudadano hacia el sistema judicial y, paradójicamente, fortaleciendo la narrativa de quienes denuncian una persecución política.

Frente al modelo de confrontación permanente que promueven los grupos fácticos que se creen propietarios desde el «Estado profundo», la ciencia nos muestra que la naturaleza misma opera por cooperación, no por oposición. Lynn Margulis, una de las biólogas más destacadas del siglo XX, desafió la visión dominante de la evolución como un proceso basado principalmente en la competencia entre especies. En su libro Adquiriendo Genomes (2002), Margulis argumenta que la cooperación es el aspecto fundamental de la evolución.

Según su teoría, el verdadero impulso de la vida está en la capacidad de las especies de colaborar y establecer relaciones simbióticas. La simplicidad inicial de la vida dio paso a formas más complejas a través de la simbiosis, una fusión de dos entidades para crear una nueva forma de vida. Este proceso no solo dio lugar a la diversidad de vida que vemos hoy, sino también a una gran eficiencia y adaptabilidad. La teoría endosimbiótica de Margulis, propuesta en 1967, sostiene que las células eucariotas (complejas) evolucionaron a partir de la cooperación entre organismos más simples.

Los organismos, según Margulis, no son simples «vehículos pasivos» para los genes, sino que son autónomos y capaces de construir su propio destino a través de interacciones colaborativas. Este principio se extiende a la organización social: las sociedades humanas, como los ecosistemas naturales, son sistemas complejos que se mantienen mediante mecanismos de autoorganización y homeostasis, donde el equilibrio se alcanza a través de la cooperación y no de la confrontación permanente.

La democracia es, en esencia, un sistema de reglas establecidas y respetadas por todos los participantes, donde existen reglas mínimas de cooperación entre opuestos. Como señala Naciones Unidas, la organización promueve la democracia mediante la promoción de los derechos humanos, el desarrollo, la paz y la seguridad, y el diálogo y la cooperación. El diálogo es un método democrático cuyo objetivo consiste en resolver problemas mediante concesiones y entendimiento mutuo, y no mediante la imposición.

Lo que estamos presenciando en España—con sus terminales judiciales, mediáticas y grupos de presión—es exactamente lo contrario: una estrategia de confrontación permanente que, lejos de fortalecer la democracia, la erosiona. Todas las manipulaciones y presiones que están ejerciendo los grupos fácticos que se creen propietarios del «Estado profundo» solo pueden provocar un enfrentamiento donde el odio sea el leitmotiv y la violencia emerja sin control.

Digan lo que digan los agoreros del fin del mundo en el sistema español y, por ende, europeo y mundial, solo el diálogo y los acuerdos han traído una época de prosperidad que nos estamos cargando por culpa de los de siempre: los que quieren tener más, los que quieren acumular más y los que quieren eliminar al diferente y a los que no piensan como ellos.

La ciencia nos muestra que la cooperación es el motor de la evolución y la clave de la resiliencia. La historia nos enseña que las sociedades que han prosperado han sido aquellas capaces de construir consensos y respetar las reglas del juego democrático. La estrategia del señalamiento excesivo, alimentada por el lawfare y la guerra judicial, no solo es contraproducente—como demuestran el efecto boomerang y la reactancia psicológica—sino que amenaza con destruir el tejido social que sustenta nuestra convivencia.

Frente a ello, la respuesta no puede ser la confrontación, sino la defensa firme de los valores democráticos, el diálogo y la cooperación. Como nos recuerda la biología, la vida misma se sostiene sobre la simbiosis y la colaboración. Nuestras democracias no pueden permitirse olvidar esta lección fundamental.

La inutilidad de predecir cisnes negros: cuando los modelos fallan y las narrativas engañan. (Un análisis desde la antifragilidad y la gestión de lo impredecible)

(Publicado el 29.04.2025)

El Espejismo de la Predicción

En 2007, un informe del Banco Mundial calificó la economía global como «la más estable de la historia» y, sin embargo, un año después Lehman Brothers colapsó desencadenando una crisis-terremoto con réplicas que aún resuenan. Este suceso, un cisne negro por excelencia, ejemplifica un problema atávico: la obsesión humana por domar el caos mediante modelos y relatos. Nassim N. Taleb con su crítica a la falacia lúdica y Arnold Toynbee con su teoría de las catástrofes históricas ya descubrieron que pretender predecir lo impredecible no solo es ingenuo, sino peligroso.

Este texto explora por qué los modelos predictivos —y las narrativas que los sustentan— fracasan ante cisnes negros, proponiendo un enfoque alternativo: mapear fragilidades, no futuros.

La falacia lúdica: cuando el mundo no es un juego de salón

Nassim N. Taleb también acuñó el término falacia lúdica para incidir en la extrapolación acrítica de modelos simplistas a sistemas complejos: el reduccionismo analítico por excelencia.

Su esencia radica en tres errores:

• suponer estabilidad donde hay caos: los modelos financieros pre-2008 usaban distribuciones normales (campana de Gauss), ignorando las colas pesadas de eventos extremos, como en el modelo de Black-Scholes para opciones, que asumía mercados «suaves» y volatilidad constante.
• ignorar la interdependencia de variables, puesto que la teoría de juegos clásica presupone actores racionales, pero en la práctica, el pánico, la imitación y la innovación disruptiva alteran las reglas.
• confundir correlación con causalidad profunda: los algoritmos de machine learning detectan patrones en datos históricos, pero no mecanismos causales, como ocurrió con Google Flu Trends que fracasó en 2013 porque correlacionó búsquedas de «gripe» con casos reales, sin entender cambios en el comportamiento de los usuarios.

Y así surge la paradoja clave: cuanto más se sofistica un modelo, más crece la ilusión de control.

Weak analysis: el arte de buscar puntos de ruptura

Si no podemos predecir cisnes negros, al menos podemos identificar dónde y cómo nos golpearán. Para ello se han desarrollado las denominadas técnicas análisis estructural:

• El análisis de redes complejas: la vulnerabilidad de lo conectado

En 2003, un árbol cayó sobre una línea eléctrica en Ohio. En horas, 50 millones de personas en EE.UU. y Canadá quedaron sin luz. El problema no fue el árbol, sino los denominados acoplamientos estrechos en la red. También denominados tight coupling en inglés, son conexiones rígidas y altamente interdependientes entre componentes de un sistema, donde la falla o perturbación en un nodo se propaga casi instantáneamente a otros, sin mecanismos de amortiguación, redundancia o flexibilidad para contener el daño. Son una fuente crítica de fragilidad en sistemas complejos, desde redes eléctricas hasta cadenas de suministro globales. Los acoplamientos estrechos convierten sistemas complejos en dominó de alto riesgo porque son susceptibles a las cascadas de fallos y a su incapacidad de adaptación.

Los acoplamientos estrechos suelen ser resultado de buscar eficiencia máxima (costos bajos, velocidad, optimización). Sin embargo, como demostró el COVID-19 en las cadenas de suministro médicas, la eficiencia extrema sacrifica resiliencia. La clave está en equilibrar ambos factores, aceptando cierto «gasto» en redundancia como seguro contra cisnes negros.

«Los sistemas más estables no son los más eficientes, sino los que tienen márgenes para absorber lo inesperado» (Yaneer Bar-Yam, físico del New England Complex Systems Institute).

Herramientas como NetworkX (Python) permiten modelar nodos críticos.

• Dynamic Fault Tree Analysis (DFTA): fallos en cascada

Es un sistema usado en la NASA para misiones espaciales. El DFTA no predice colapsos, pero muestra cómo un pequeño fallo (ej: un sensor defectuoso) puede propagarse. Es una evolución del clásico Fault Tree Analysis (FTA) que incorpora dependencias temporales, secuencias de eventos y comportamientos dinámicos en sistemas complejos. A diferencia del FTA estático (que solo modela combinaciones lógicas de fallos), el DFTA es clave para modelar cascadas de fallos y escenarios donde el orden o el tiempo de los eventos afecta el resultado final.

El DFTA no «predice» catástrofes en sentido clásico, pero mapea cómo los sistemas pueden colapsar bajo presión, permitiendo reforzar puntos críticos duplicando, por ejemplo, sistemas de emergencia, acortar tiempos de respuesta, generando, por ejemplo, protocolos automáticos ante detección de fallos, y educar a los decisores sobre escenarios realistas.

• Stress Tests Multivariantes: preparándose para lo Inimaginable

Tras 2008, la Reserva Federal implementó pruebas de simulación que combinan shocks simultáneos: desplome bursátil + pandemia + ciberataque.

En 2020, estos escenarios ayudaron a bancos a resistir mejor la COVID-19.

Arnold Toynbee y la Teoría de las Catástrofes: lecciones de la Historia

Toynbee analizó civilizaciones colapsadas, como la de Roma o Bizancio, y halló un patrón: las sociedades fracasan no por amenazas externas, sino por rigidez interna. Su teoría se alinea así con la dinámica de bifurcaciones en matemáticas.

La dinámica de bifurcaciones estudia cambios cualitativos en sistemas al variar un parámetro crítico. En un punto de bifurcación, pequeñas alteraciones provocan un salto abrupto.

Así pues, no se trata de evitar crisis, sino de crear estructuras que absorban impactos sin fracturarse.

La narrativa retrospectiva: el arte de engañarnos a nosotros mismos

Tras un cisne negro, surge un ritual invariable: expertos, medios y políticos tejen relatos coherentes («se pudo evitar si…»). Esta es la denominada narrativa retrospectiva, que encierra en sí misma dos trampas:

• Sesgo del superviviente: solo analizamos lo que ocurrió, no lo que pudo ocurrir.
• Ilusión de la agencia humana: atribuimos desastres a errores evitables ignorando que algunos cisnes negros son producto de la denominada complejidad caótica (interacciones no lineales entre actores).

Un caso paradigmático es la crisis de 2008 se atribuyó a «banqueros codiciosos», aunque la verdadera raíz fue la innovación financiera no regulada (CDOs sintéticos) unida a la interdependencia global.

Conclusión: hacia una antifragilidad operativa

La respuesta a los cisnes negros no está en mejores modelos, sino en diseñar sistemas que aprendan del estrés, distribuyan riesgos y acepten la ignorancia.

Aprender del estrés como hace nuestro sistema inmunológico, que mejora y se refuerza cada vez que supera una infección.

La distribución de riesgos pasa por la redistribución. Es decir, evitar concentrar recursos o poder y distribuir los nodos de apoyo de las redes. Las redes P2P, la propia Internet o los sistemas distribuidos de bases de datos con redundancias son un buen ejemplo.

Finalmente, asignar recursos a lo desconocido va contra los principios de eficiencia diaria, pero supone un amortiguador para los efectos de cualquier situación crítica repentina o cisne negro.

Última Reflexión: El Legado de los Ingenieros Romanos

Los acueductos romanos siguen en pie no porque los ingenieros predijeran terremotos o invasiones, sino porque usaron márgenes de seguridad (factor de seguridad en ingeniería) y materiales redundantes. En un mundo de incertidumbre radical, su lección es clara:

«Construye arcos que repartan el peso, no profetas que adivinen tormentas«.

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Para profundizar, ver: «Antifrágil» (Taleb, 2012) y «Colapso» (Diamond, 2005).

La hegemonía silenciosa: vigilancia digital y la abdicación de la voluntad humana

Vivimos en la era de la hiperconexión, donde el pulso de la humanidad se mide en megabytes y la inmediatez es la nueva divinidad. Sin embargo, en medio del estruendo de las notificaciones y la cacofonía de las redes sociales, existe un silencio ensordecedor: el silencio acerca de cómo la vigilancia digital ha colonizado cada resquicio de nuestra existencia. No hablamos de ello porque hemos normalizado lo anómalo; hemos aceptado el ojo que nos observa como un precio irrelevante por la comodidad de tener el mundo en la palma de nuestra mano.

La historia de esta intrusión no comienza con la Inteligencia Artificial, sino con la aparición de los dispositivos inteligentes. La irrupción del iPhone no fue simplemente la llegada de un teléfono; fue la implantación de un sistema de suscripción a la voluntad. Desde sus inicios, Apple entendió que la verdadera mercancía no era el hardware, sino la lealtad cognitiva del usuario. El «sistema de suscripción» no era únicamente financiero; era psicológico. Al encerrar al usuario en un jardín amurallado, Apple logró una captura mental sin precedentes, donde el dispositivo se convirtió en una extensión del yo y, por ende, en un conducto perfecto para la extracción de datos.

La promesa de ecosistemas abiertos como Android pareció, en un primer momento, una bocanada de aire fresco, un antídoto contra esa captura de voluntades. Se vendió como la libertad frente a la tiranía del silicio. Pero la ciencia y la investigación que siempre han sustentado esta tecnología, tanto en el modelo cerrado como en el abierto, tenían un objetivo común y monolítico: la obtención de datos. Android no era más que un mercado más extenso, una pradera abierta donde colocar más redes de captura. El valor de estos datos ha trascendido lo comercial para transformar nuestras sociedades en mundos orwellianos, donde la predicción del comportamiento se ha vuelto más importante que el comportamiento mismo. El Gran Hermano ya no nos vigila desde una pantalla gigante; nos vigila desde el bolsillo.

Es imperativo desarrollar la idea fundacional de la economía digital: el producto es el usuario. Los servicios «gratuitos» (búsquedas, correos electrónicos, mapas, redes sociales) son en realidad los cebos más caros de la historia. A cambio de una aparente utilidad, el usuario contribuye, con cada clic, pausa o desplazamiento, al refinamiento de procesos y algoritmos cada vez más depurados. Esto no es mera recopilación estadística; es la ingeniería de la conducta.

Cada like es un ladrillo en la construcción de un perfil psicológico; cada búsqueda es una confesión. Estos algoritmos no se limitan a reflejar lo que somos, sino que moldean lo que seremos. Nos empujan hacia la polarización, nos aíslan en burbujas de confort cognitivo y nos vuelven predecibles. La «captura de la voluntad» se perfecciona no mediante la coerción, sino mediante la seducción de la relevancia. El usuario, creyéndose soberano dentro de su feed, es en realidad un ratón en un laberinto diseñado para que siempre quiera más queso.

Con el desarrollo de los agentes de Inteligencia Artificial, este proceso de absorción de nuestras vidas y voluntades se ha exacerbado de manera exponencial. Hemos cruzado un umbral crítico: la gente ya no cree lo que ve, ni lo que analiza, ni lo que estudia; cree lo que el agente de IA le dice que es. Existe una delegación masiva del criterio. Si antes discutíamos sobre la veracidad de una fuente, ahora le preguntamos a un chatbot que sintetiza información sin importarle la verdad, sino la coherencia probabilística del lenguaje.

La aparente neutralidad de estos agentes es el mayor fraude intelectual de nuestra época. No son entidades objetivas; dependen intrínsecamente del  «algoritmo» que hay detrás y de los datos que sustentan los Grandes Modelos de Lenguaje (LLM). Estos modelos están cargados de sesgos culturales, económicos y políticos de las élites tecnológicas de Silicon Valley. Al confiar ciegamente en ellos, subcontratamos nuestra capacidad de discernimiento a máquinas cuyo propósito final no es nuestra ilustración, sino nuestra retención y fidelización.

En este sombrío panorama, existen atisbos de libertad. El auge de agentes de código abierto representa una esperanza técnica y filosófica. Sin embargo, son apenas una gota en el océano de los sistemas de control de voluntades e información de las grandes tecnológicas. Su existencia es vital, pero su escalabilidad y adopción están estranguladas por la infraestructura, el acceso a datos masivos y el poderío comercial de los gigantes establecidos.

El resultado espurio de este desequilibrio es la aparición de tecnofascismos. No es una exageración retórica. Ya observamos sistemas de gobierno, como el de El Salvador o las tendencias neoconservadoras globales, que ansían implantar estas herramientas de vigilancia y predicción conductual como brazos ejecutores del Estado. La fusión del poder estatal con la capacidad predictiva de las grandes tecnológicas genera un Leviatán digital capaz de anular la disidencia antes de que esta siquiera se formule. Es un peligro real para la estabilidad mundial y la libertad en las sociedades, pues sustituye el debate público por la optimización algorítmica del orden social.

Llegados a este punto, el diagnóstico debe transformarse en acción. Es urgente el desarrollo de paneles interdisciplinares, apoyados por entidades supranacionales como la ONU, la UE y la UNESCO, que actúen como contrapeso a la tiranía de los datos. La exigencia de código abierto debe ser un estándar, no una excepción, para cada agente o desarrollo que se exponga a la sociedad. La transparencia algorítmica es, y debe ser, la nueva libertad de expresión.

Del mismo modo que la comunidad internacional llegó a acuerdos éticos y legales para no clonar seres humanos, debemos desarrollar un acuerdo internacional vinculante que module y regule la integración de las IA y los dispositivos inteligentes en las vidas del ser humano. Necesitamos un «Tratado de No Proliferación de la Vigilancia Cognitiva».

Y aquí debemos ser crudos: no somos conscientes de que el desarrollo de las IA descontroladas, orientadas únicamente por la lógica del mercado y el control, solo puede tener un fin: la desaparición de un hábitat habitable para el ser humano. No me refiero al planeta físicamente, sino al espacio mental, al Ágora donde la libertad florece. Si destruimos el espacio para la duda, el error y la autonomía, destruimos la condición humana. Como consecuencia, la extinción de la humanidad no es ciencia ficción distópica; es el resultado lógico de una especie que cede su criterio a máquinas que no entienden de vida.

La guerra contra la vigilancia digital no se libra con armas, sino con conciencia. La neutralidad no existe; la omisión es complicidad. Es hora de romper el silencio.