Sobre la impunidad en la judicatura española: un análisis de casos y desequilibrios estructurales

La distinción entre inmunidad e impunidad, articulada con precisión por la jurista Concepción Escobar Hernández, ofrece un prisma analítico de primer orden para examinar ciertas dinámicas del Estado de derecho. La inmunidad, en su concepción jurídica, constituye un escudo funcional otorgado a determinados cargos para garantizar el ejercicio independiente de sus funciones. La impunidad, por el contrario, representa la ausencia de rendición de cuentas, la imposibilidad práctica de que ciertos actos, incluso cuando son jurídicamente reprochables, generen consecuencias para sus autores. Este artículo propone un recorrido por diversos episodios recientes de la vida judicial española que, vistos en su conjunto, sugieren la existencia de un desequilibrio estructural: una asimetría en la aplicación de la ley que, en la práctica, genera bolsas de impunidad para determinados actores y una severidad particularmente intensa para otros. 

El objetivo no es otro que someter a escrutinio público, con la máxima aspiración a la objetividad y el rigor, la actuación de un poder del Estado que, por su propia naturaleza, goza de amplios márgenes de autonomía y cuya fiscalización resulta, cuando menos, problemática.

El caso del juez Peinado: ¿abuso de autoridad sin consecuencias?

La actuación del magistrado Juan Carlos Peinado en el contexto de las diligencias relacionadas con Begoña Gómez ha generado una controversia que trasciende el ámbito estrictamente jurídico para adentrarse en el político y social. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó, con el voto de calidad de su presidenta, remitir al promotor de la acción disciplinaria el auto dictado por Peinado para que se determine si sus expresiones son constitutivas de una falta grave. El origen de esta medida disciplinaria se encuentra en una afirmación del juez en su resolución, en la que sugería que los agentes de policía que ejercen la escolta de Begoña Gómez podrían, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos», colaborar en una eventual fuga de España.

Esta afirmación, que el propio CGPJ considera potencialmente encuadrable en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial —que tipifica como falta grave «el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, [o] funcionarios de la Policía Judicial»—, no ha sido, sin embargo, suficiente para generar una sanción efectiva. La decisión del CGPJ, adoptada con cuatro votos a favor y cuatro en contra (desempatados por la presidenta), evidencia una profunda división interna en el órgano de gobierno de los jueces. Los cuatro vocales del sector conservador firmaron un voto particular contrario, argumentando que la resolución de Peinado no es revisable dado su carácter jurisdiccional.

Este episodio ilustra con claridad el primer mecanismo de impunidad: la propia estructura corporativa de la judicatura, que dificulta extraordinariamente la sanción de sus miembros. La exigencia de mayorías cualificadas, los votos particulares que obstaculizan cualquier iniciativa sancionadora y la interpretación restrictiva de las faltas disciplinarias configuran un ecosistema en el que, como se ha señalado, el catálogo de sanciones disponibles resulta «claramente insuficiente», lo que contribuye a explicar la percepción de impunidad. El juez Peinado, funcionario judicial sin oposición desde 1994, ha visto cómo sus decisiones más controvertidas eran anuladas por instancias superiores —la Audiencia Provincial de Madrid anuló su intento de enviar el caso a un jurado popular por no exponer «qué concretas conductas» lo justificaban— sin que ello haya generado, hasta la fecha, una corrección efectiva en su modo de proceder.

El Tribunal Supremo, el Fiscal General del Estado y la ausencia de escrutinio

En el extremo opuesto del espectro judicial, el Tribunal Supremo (TS) ha protagonizado decisiones que, para un observador externo, presentan un contraste llamativo con la laxitud mostrada en otros casos. La condena al Fiscal General del Estado (FGE), dictada por el TS, ha sido objeto de críticas por parte de sectores progresistas que señalan una insuficiencia probatoria. Sin embargo, más allá de la controversia sustantiva sobre los hechos enjuiciados, lo relevante desde la perspectiva de la impunidad es la ausencia de un mecanismo de control efectivo sobre las decisiones del alto tribunal.

El TS, como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, no tiene una instancia por encima de él (salvo, en determinadas materias, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Esta posición institucional, que le otorga la última palabra en innumerables asuntos de trascendencia, se convierte en un problema cuando sus decisiones son percibidas como arbitrarias o desproporcionadas. La condena al FGE, en este contexto, adquiere una dimensión simbólica: el máximo órgano judicial del Estado sanciona al máximo representante del Ministerio Fiscal, que es precisamente el órgano encargado de velar por la legalidad. La circularidad del sistema —el TS juzga a quien debería controlar la legalidad de la actuación judicial— plantea interrogantes sobre la capacidad del propio sistema para autocorregirse.

El caso Villarejo, Cospedal y Fernández Díaz: cuando las pruebas no bastan

El denominado «caso Kitchen» y las actividades del comisario José Manuel Villarejo constituyen quizá el ejemplo más paradigmático de impunidad en la España reciente. Las grabaciones que vinculan a Villarejo con la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, han sido de dominio público durante años. En dichos audios, Villarejo informa a Cospedal sobre la localización de documentación comprometida de Luis Bárcenas, y el juez ha procesado a Fernández Díaz por el espionaje ilegal de Bárcenas.

Sin embargo, el resultado procesal de estas investigaciones revela una vez más la existencia de un doble rasero. La Audiencia Nacional ha rechazado maniobras de Fernández Díaz para frenar el juicio de Kitchen y ha descartado volver a investigar a Cospedal, mientras que, paralelamente, el juez exculpaba a Cospedal y procesaba a la excúpula de Interior. La Fiscalía Anticorrupción ha llegado a pedir al juez del caso Villarejo que cite como investigados a Fernández Díaz y Cospedal por el espionaje a Bárcenas, lo que indica que, a juicio del ministerio público, existen indicios suficientes para imputarles. Sin embargo, la decisión final ha sido la de archivar o limitar las responsabilidades.

Este desenlace, en el que las pruebas documentales (los audios) no se traducen en condenas efectivas para los altos cargos implicados, mientras que sí lo hacen para los ejecutores materiales (los policías de menor rango), evidencia una estructura de impunidad escalonada. Quienes ocupan posiciones de mayor poder dentro del Estado logran, a través de diversos mecanismos procesales —recursos, interpretaciones restrictivas de la prueba, prescripciones—, eludir la responsabilidad penal. El hecho de que la Audiencia Nacional haya tenido que requerir nuevamente los audios comprometedores de Cospedal y Villarejo, años después de que fueran conocidos, sugiere una dilación procesal que beneficia claramente a los investigados de mayor rango.

El contraste Baltar-David Sánchez: la geometría variable de la prevaricación

Quizá el ejemplo más elocuente de la asimetría en la aplicación de la ley sea la comparación entre dos condenas por prevaricación. En 2014, el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense condenó a José Luis Baltar (PP) a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por 104 contratos realizados sin publicidad y al margen de los procedimientos legales. La sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo, consideró a Baltar autor de un delito continuado de prevaricación por contratar «a dedo» a 104 personas.

En julio de 2026, la Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. La equiparación numérica de las penas —nueve años en ambos casos— es, sin embargo, engañosa si se atiende a la magnitud de los hechos. Baltar fue condenado por 104 contrataciones irregulares, mientras que David Sánchez lo fue por un supuesto de prevaricación en el que, además, se le imputa el delito sin ser funcionario público. La doctrina jurisprudencial tradicional exige, para la comisión del delito de prevaricación, la condición de autoridad o funcionario público, lo que hace particularmente imaginativa —por decirlo con la máxima cautela— la resolución que atribuye tal delito a quien no ostenta dicha condición.

La comparación de proporcionalidad es aquí inevitable y devastadora para la credibilidad del sistema: 104 contratos irregulares equivalen, en términos de inhabilitación, a un supuesto de prevaricación sin función pública. Un análisis matemático elemental revela una desproporción de aproximadamente 104 a 1 en la relación entre la gravedad objetiva de los hechos y la pena impuesta. Esta desproporción, difícilmente atribuible al azar, apunta a la existencia de un sesgo sistemático en la aplicación de la ley: la vara de medir se tensa o se afloja en función de la posición política del encausado.

El juez Llarena, los independentistas y el revés del TJUE

La actuación del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en relación con el proceso independentista catalán constituye otro capítulo en esta crónica de la impunidad selectiva. Llarena, instructor de la causa contra los líderes independentistas, ha mantenido su decisión de no aplicar la ley de amnistía a Carles Puigdemont por el delito de malversación, incluso después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara la conformidad de dicha ley con el derecho comunitario.

Esta resistencia a acatar el espíritu y la letra de una ley aprobada por el Parlamento, y respaldada por la máxima instancia judicial europea, plantea interrogantes sobre los límites de la independencia judicial. La decisión de Llarena, que ha sido cuestionada por tribunales de diversos países europeos, revela una tensión fundamental entre la soberanía nacional (encarnada en el Parlamento que aprobó la ley de amnistía) y la interpretación judicial de la misma. El hecho de que el magistrado insista en que «el ordenamiento jurídico es igual para todos» mientras mantiene una interpretación de la malversación que la jurisprudencia europea no comparte, sugiere una concepción de la judicatura como poder autónomo, no sujeto al control político ni, en última instancia, al control de los tribunales europeos.

Montoro y la venta de leyes: un caso de impunidad estructural

El caso del exministro Cristóbal Montoro, al que se ha vinculado con la presunta venta de leyes ad hoc a través de su bufete, constituye un ejemplo adicional de cómo la impunidad opera en los estratos más altos del poder. Aunque los detalles concretos de este caso son menos conocidos que los anteriores, su mención resulta pertinente porque ilustra un patrón recurrente: la ausencia de consecuencias para quienes, desde posiciones de poder, utilizan su influencia para beneficiar a intereses privados.

La existencia de un mercado de influencias en el que las leyes se adaptan a los intereses de quienes pagan por ello, y la ausencia de investigaciones efectivas que lleguen a buen puerto, forma parte del mismo entramado de impunidad que protege a los jueces, a los altos cargos y a los políticos. La laxitud con la que se tratan estos casos contrasta una vez más con la severidad mostrada en otros, configurando un paisaje judicial en el que la justicia parece aplicarse con una geometría variable.

La togatura como «estado profundo»: un poder sin contrapesos efectivos

El conjunto de estos casos sugiere la existencia de lo que podríamos denominar una «togatura»: un poder judicial que actúa como un verdadero poder del Estado, con capacidad para influir decisivamente en la vida política y social, pero sin los contrapesos que, en teoría, deberían equilibrar su actuación. A diferencia de lo que ocurre en otras democracias, donde existen grandes jurados compuestos por miembros de los tres poderes o sistemas de control más robustos, en España el CGPJ, que es el órgano de gobierno de los jueces, está compuesto exclusivamente por jueces y juristas de reconocido prestigio, sin participación de otros poderes del Estado.

Este diseño institucional, que pretende garantizar la independencia judicial, genera sin embargo un problema de accountability. ¿Quién vigila a los vigilantes? La pregunta, formulada ya por Juvenal en la antigua Roma (Quis custodiet ipsos custodes?), adquiere en el contexto español una vigencia renovada. La ausencia de un gran jurado ciudadano, de un control externo efectivo, o de una fiscalización parlamentaria sobre las decisiones judiciales más polémicas, convierte a la togatura en un poder prácticamente incontrolable.

El coste de la impunidad: recursos públicos y erosión democrática

Esta guerra judicial, librada con los instrumentos del derecho pero guiada por lógicas políticas y corporativas, tiene un coste tangible para la sociedad española. Los recursos del Estado —millones de euros en salarios de jueces, fiscales, funcionarios judiciales, y en costes procesales— se consumen en causas que, en muchos casos, no redundan en una mejora de la vida de los ciudadanos. La justicia, concebida como un servicio público destinado a garantizar los derechos de los ciudadanos y a resolver sus conflictos, se convierte así en un campo de batalla político en el que los ciudadanos son meros espectadores, cuando no víctimas colaterales.

La percepción de que la justicia se aplica de manera desigual, de que existen ciudadanos de primera y de segunda a los ojos de la ley, erosiona la confianza en las instituciones democráticas. Cuando la ciudadanía observa que un expresidente de diputación es condenado a nueve años de inhabilitación por 104 contratos irregulares, y que el hermano del presidente recibe la misma pena por un supuesto de prevaricación sin ser funcionario, la conclusión inevitable es que la ley no es igual para todos. Cuando se constata que altos cargos implicados en tramas de corrupción y espionaje logran eludir la acción de la justicia, mientras que jueces instructores actúan con una discrecionalidad que roza el abuso de autoridad sin consecuencias, el sistema judicial pierde su legitimidad.

Conclusión: la necesidad de una luz socialdemócrata

Frente a este panorama, la exigencia de gobiernos progresistas que aporten una luz socialdemócrata a una sociedad embarrada por sus propias contradicciones no es un mero desiderátum político, sino una necesidad estructural. La socialdemocracia, en su concepción más genuina, apuesta por el fortalecimiento de las instituciones democráticas, por la transparencia y por la rendición de cuentas. Solo desde un compromiso firme con estos valores podrá abordarse la reforma profunda de un poder judicial que, en su estado actual, funciona como un poder autónomo, incontrolado e impune.

La pregunta de Juvenal —quis custodiet ipsos custodes?— no admite respuestas evasivas. En una democracia avanzada, los jueces no pueden ser los únicos guardianes de su propia conducta. Se hace necesario un sistema de control externo, un gran jurado ciudadano, una fiscalización parlamentaria efectiva, que permita someter a escrutinio las decisiones judiciales más controvertidas y garantizar que la ley se aplica con igualdad para todos. Sin esta reforma, la impunidad seguirá siendo la norma, y la justicia, una mera apariencia.

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Referencias:

Sobre la distinción entre inmunidad e impunidad (Concepción Escobar Hernández)

• Escobar Hernández, C. (2015, 9 de noviembre). Inmunidad de jurisdicción [Intervención]. Naciones Unidas.

• Escobar Hernández, C. Inmunidad de los Funcionarios del Estado ante la Jurisdicción Penal Extranjera.

• Escobar Hernández, C. Inmunidad, justicia e impunidad en el derecho internacional.

• Yáñez-Barnuevo, J. A. (2025). In Memoriam. Concepción Escobar Hernández (1959–2025), Eminent International Law Scholar and Practitioner. Sybil.

Sobre el procedimiento disciplinario contra el juez Peinado

• El País. (2026, 21 de julio). El Poder Judicial aplaza su decisión sobre si expedienta a Peinado tras no llegar a un acuerdo.

• Iustel. (2026, 23 de junio). El CGPJ acuerda analizar si Peinado cometió falta grave al sugerir que la Policía podría ayudar a Begoña Gómez a huir.

• El Mundo. (2026). El CGPJ valorará mañana si Peinado incurrió en "falta grave".

• Infobae. (2026). El Poder Judicial deja en manos del TSJ de Madrid decidir si sanciona al juez Peinado.

Sobre el 'caso Kitchen' y la actuación de Villarejo, Cospedal y Fernández Díaz

• El País. (2026, 7 de abril). La Audiencia rechaza la maniobra de Fernández Díaz para frenar el juicio de Kitchen y descarta volver a investigar a Cospedal.

• RTVE. (2026, 6 de abril). Arranca el juicio del caso Kitchen, el presunto espionaje a Bárcenas.

• Wikipedia. (s.f.). Caso Kitchen. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Kitchen.

Sobre la condena por prevaricación de José Luis Baltar

• Poder Judicial España. (2014, 31 de julio). Condena de nueve años de inhabilitación a José Luis Baltar.

• RTVE. (2014, 31 de julio). Baltar, condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación.

• Iustel. (2014, 1 de agosto). José Luis Baltar, condenado a nueve años de inhabilitación.

• La Voz de Galicia. (2014, 1 de agosto). La Justicia condena a Baltar por usar la Diputación como "oficina de colocación".

Sobre la condena por prevaricación de David Sánchez

• Cadena SER. (2026, 14 de julio). La Audiencia de Badajoz condena a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

• El Independiente. (2026, 14 de julio). La Audiencia de Badajoz condena a David Sánchez Pérez-Castejón.

• Legaltoday. (2026, 14 de julio). La Audiencia de Badajoz condena al hermano de Pedro Sánchez.

• RTVE. (2026). Claves para entender la sentencia de David Sánchez.

Sobre la comparación de penas entre Baltar y David Sánchez

• Público. (2026, 15 de julio). David Sánchez recibe la misma pena que Baltar por 104 enchufes: el doble rasero de la prevaricación.

• eldiario.es. (2026, 18 de julio). Misma pena para un condenado por enchufar a 104 personas.

Sobre el juez Llarena, los independentistas y el aval del TJUE a la ley de amnistía

• RTVE. (2026, 16 de julio). El Tribunal de la UE avala la ley de amnistía por ajustarse al derecho comunitario.

• El País. (2026, 16 de julio). El TJUE avala la ley de amnistía.

• Deutsche Welle. (2026, 16 de julio). TJUE avala amnistía española a separatistas catalanes.

• El Mundo. (2026, 16 de julio). El Supremo mantiene el motivo clave por el que rechazó amnistiar la malversación de Puigdemont.

Sobre el principio 'Quis custodiet ipsos custodes?'

• Juvenal. (c. 100-127 d.C.). Sátiras (Sátira VI, líneas 347-348). Obra clásica en la que se origina la frase.

 

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Unas ideas sobre el efecto boomerang

En el actual escenario político español, asistimos a una intensa batalla judicial protagonizada por sectores de la derecha postfranquista contra  un gobierno legítimo, articulada a través de bulos, lawfare y resoluciones judiciales que desafían toda argumentación jurídica racional. Lo paradójico de esta estrategia es que, lejos de debilitar al gobierno señalado, el exceso de señalamiento está generando el efecto contrario: la movilización de los ciudadanos que creen en la democracia conciliadora y el fortalecimiento de aquellos a quienes se pretende destruir. Este fenómeno, lejos de ser una rareza política, encuentra sólidos fundamentos en la psicología social y en la teoría de sistemas.

Cuando un discurso se estructura alrededor del señalamiento reiterado de una persona o institución, se produce una dinámica que trasciende la intención original del emisor. La repetición no solo fija al individuo en la agenda mediática, sino que también puede generar empatía en sectores de la opinión pública que perciben desproporción o insistencia excesiva en el ataque. Desde una perspectiva comunicacional, la presión constante puede traducirse en capital simbólico para el señalado.

Este fenómeno, conocido como efecto boomerang, describe una situación en la que los ataques reiterados contra una figura pública terminan favoreciéndola. Ocurre cuando el mensaje pierde eficacia persuasiva y comienza a generar rechazo o duda en la audiencia, especialmente si se percibe como insistente, desproporcionado o carente de equilibrio. La figura atacada se convierte en referencia obligada del debate, desplazando otros temas y consolidando su centralidad.

A este mecanismo se suma la reactancia psicológica, un concepto acuñado por el psicólogo Jack Brehm en 1966. La reactancia es una reacción emocional en contradicción directa a reglas o regulaciones que amenazan o suprimen ciertas libertades en la conducta. Puede ocurrir cuando alguien es fuertemente presionado para aceptar un determinado punto de vista o actitud, causando que la persona adopte o endurezca un punto de vista contrario al intencionado. Cuanto mayor sea la amenaza percibida a la libertad, mayor cantidad de reactancia se activará.

En el contexto español, cuando sectores judiciales y mediáticos señalan de manera insistente al gobierno legítimo, una parte creciente de la ciudadanía percibe esta presión como una amenaza a su libertad democrática, lo que activa mecanismos de reactancia que fortalecen el apoyo al señalado. La percepción de injusticia o persecución activa mecanismos de empatía que fortalecen el vínculo entre el líder y determinados sectores sociales. La figura percibida como víctima puede ganar legitimidad moral, cohesionar apoyos y proyectarse como representante de una causa más amplia.

Los datos confirman que esta percepción no es anecdótica. Según un estudio del Instituto 40dB para EL PAÍS y la Cadena SER, el 65,4% de los españoles considera que en España existe lawfare (guerra judicial), y casi un 60% opina que el poder judicial vigila y sanciona poco o nada a los jueces que hacen mal su trabajo. Solo el 32% cree que las resoluciones sobre asuntos políticos son justas e imparciales. Además, el 34% de los encuestados considera que los jueces favorecen a la derecha, frente al 16% que cree que favorecen a la izquierda.

Estos datos evidencian que la estrategia de señalamiento judicial continuado no solo no está logrando su objetivo de deslegitimar al gobierno, sino que está generando un creciente escepticismo ciudadano hacia el sistema judicial y, paradójicamente, fortaleciendo la narrativa de quienes denuncian una persecución política.

Frente al modelo de confrontación permanente que promueven los grupos fácticos que se creen propietarios desde el «Estado profundo», la ciencia nos muestra que la naturaleza misma opera por cooperación, no por oposición. Lynn Margulis, una de las biólogas más destacadas del siglo XX, desafió la visión dominante de la evolución como un proceso basado principalmente en la competencia entre especies. En su libro Adquiriendo Genomes (2002), Margulis argumenta que la cooperación es el aspecto fundamental de la evolución.

Según su teoría, el verdadero impulso de la vida está en la capacidad de las especies de colaborar y establecer relaciones simbióticas. La simplicidad inicial de la vida dio paso a formas más complejas a través de la simbiosis, una fusión de dos entidades para crear una nueva forma de vida. Este proceso no solo dio lugar a la diversidad de vida que vemos hoy, sino también a una gran eficiencia y adaptabilidad. La teoría endosimbiótica de Margulis, propuesta en 1967, sostiene que las células eucariotas (complejas) evolucionaron a partir de la cooperación entre organismos más simples.

Los organismos, según Margulis, no son simples «vehículos pasivos» para los genes, sino que son autónomos y capaces de construir su propio destino a través de interacciones colaborativas. Este principio se extiende a la organización social: las sociedades humanas, como los ecosistemas naturales, son sistemas complejos que se mantienen mediante mecanismos de autoorganización y homeostasis, donde el equilibrio se alcanza a través de la cooperación y no de la confrontación permanente.

La democracia es, en esencia, un sistema de reglas establecidas y respetadas por todos los participantes, donde existen reglas mínimas de cooperación entre opuestos. Como señala Naciones Unidas, la organización promueve la democracia mediante la promoción de los derechos humanos, el desarrollo, la paz y la seguridad, y el diálogo y la cooperación. El diálogo es un método democrático cuyo objetivo consiste en resolver problemas mediante concesiones y entendimiento mutuo, y no mediante la imposición.

Lo que estamos presenciando en España—con sus terminales judiciales, mediáticas y grupos de presión—es exactamente lo contrario: una estrategia de confrontación permanente que, lejos de fortalecer la democracia, la erosiona. Todas las manipulaciones y presiones que están ejerciendo los grupos fácticos que se creen propietarios del «Estado profundo» solo pueden provocar un enfrentamiento donde el odio sea el leitmotiv y la violencia emerja sin control.

Digan lo que digan los agoreros del fin del mundo en el sistema español y, por ende, europeo y mundial, solo el diálogo y los acuerdos han traído una época de prosperidad que nos estamos cargando por culpa de los de siempre: los que quieren tener más, los que quieren acumular más y los que quieren eliminar al diferente y a los que no piensan como ellos.

La ciencia nos muestra que la cooperación es el motor de la evolución y la clave de la resiliencia. La historia nos enseña que las sociedades que han prosperado han sido aquellas capaces de construir consensos y respetar las reglas del juego democrático. La estrategia del señalamiento excesivo, alimentada por el lawfare y la guerra judicial, no solo es contraproducente—como demuestran el efecto boomerang y la reactancia psicológica—sino que amenaza con destruir el tejido social que sustenta nuestra convivencia.

Frente a ello, la respuesta no puede ser la confrontación, sino la defensa firme de los valores democráticos, el diálogo y la cooperación. Como nos recuerda la biología, la vida misma se sostiene sobre la simbiosis y la colaboración. Nuestras democracias no pueden permitirse olvidar esta lección fundamental.

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La inutilidad de predecir cisnes negros: cuando los modelos fallan y las narrativas engañan. (Un análisis desde la antifragilidad y la gestión de lo impredecible)

(Publicado el 29.04.2025)

El Espejismo de la Predicción

En 2007, un informe del Banco Mundial calificó la economía global como «la más estable de la historia» y, sin embargo, un año después Lehman Brothers colapsó desencadenando una crisis-terremoto con réplicas que aún resuenan. Este suceso, un cisne negro por excelencia, ejemplifica un problema atávico: la obsesión humana por domar el caos mediante modelos y relatos. Nassim N. Taleb con su crítica a la falacia lúdica y Arnold Toynbee con su teoría de las catástrofes históricas ya descubrieron que pretender predecir lo impredecible no solo es ingenuo, sino peligroso.

Este texto explora por qué los modelos predictivos —y las narrativas que los sustentan— fracasan ante cisnes negros, proponiendo un enfoque alternativo: mapear fragilidades, no futuros.

La falacia lúdica: cuando el mundo no es un juego de salón

Nassim N. Taleb también acuñó el término falacia lúdica para incidir en la extrapolación acrítica de modelos simplistas a sistemas complejos: el reduccionismo analítico por excelencia.

Su esencia radica en tres errores:

• suponer estabilidad donde hay caos: los modelos financieros pre-2008 usaban distribuciones normales (campana de Gauss), ignorando las colas pesadas de eventos extremos, como en el modelo de Black-Scholes para opciones, que asumía mercados «suaves» y volatilidad constante.
• ignorar la interdependencia de variables, puesto que la teoría de juegos clásica presupone actores racionales, pero en la práctica, el pánico, la imitación y la innovación disruptiva alteran las reglas.
• confundir correlación con causalidad profunda: los algoritmos de machine learning detectan patrones en datos históricos, pero no mecanismos causales, como ocurrió con Google Flu Trends que fracasó en 2013 porque correlacionó búsquedas de «gripe» con casos reales, sin entender cambios en el comportamiento de los usuarios.

Y así surge la paradoja clave: cuanto más se sofistica un modelo, más crece la ilusión de control.

Weak analysis: el arte de buscar puntos de ruptura

Si no podemos predecir cisnes negros, al menos podemos identificar dónde y cómo nos golpearán. Para ello se han desarrollado las denominadas técnicas análisis estructural:

• El análisis de redes complejas: la vulnerabilidad de lo conectado

En 2003, un árbol cayó sobre una línea eléctrica en Ohio. En horas, 50 millones de personas en EE.UU. y Canadá quedaron sin luz. El problema no fue el árbol, sino los denominados acoplamientos estrechos en la red. También denominados tight coupling en inglés, son conexiones rígidas y altamente interdependientes entre componentes de un sistema, donde la falla o perturbación en un nodo se propaga casi instantáneamente a otros, sin mecanismos de amortiguación, redundancia o flexibilidad para contener el daño. Son una fuente crítica de fragilidad en sistemas complejos, desde redes eléctricas hasta cadenas de suministro globales. Los acoplamientos estrechos convierten sistemas complejos en dominó de alto riesgo porque son susceptibles a las cascadas de fallos y a su incapacidad de adaptación.

Los acoplamientos estrechos suelen ser resultado de buscar eficiencia máxima (costos bajos, velocidad, optimización). Sin embargo, como demostró el COVID-19 en las cadenas de suministro médicas, la eficiencia extrema sacrifica resiliencia. La clave está en equilibrar ambos factores, aceptando cierto «gasto» en redundancia como seguro contra cisnes negros.

«Los sistemas más estables no son los más eficientes, sino los que tienen márgenes para absorber lo inesperado» (Yaneer Bar-Yam, físico del New England Complex Systems Institute).

Herramientas como NetworkX (Python) permiten modelar nodos críticos.

• Dynamic Fault Tree Analysis (DFTA): fallos en cascada

Es un sistema usado en la NASA para misiones espaciales. El DFTA no predice colapsos, pero muestra cómo un pequeño fallo (ej: un sensor defectuoso) puede propagarse. Es una evolución del clásico Fault Tree Analysis (FTA) que incorpora dependencias temporales, secuencias de eventos y comportamientos dinámicos en sistemas complejos. A diferencia del FTA estático (que solo modela combinaciones lógicas de fallos), el DFTA es clave para modelar cascadas de fallos y escenarios donde el orden o el tiempo de los eventos afecta el resultado final.

El DFTA no «predice» catástrofes en sentido clásico, pero mapea cómo los sistemas pueden colapsar bajo presión, permitiendo reforzar puntos críticos duplicando, por ejemplo, sistemas de emergencia, acortar tiempos de respuesta, generando, por ejemplo, protocolos automáticos ante detección de fallos, y educar a los decisores sobre escenarios realistas.

• Stress Tests Multivariantes: preparándose para lo Inimaginable

Tras 2008, la Reserva Federal implementó pruebas de simulación que combinan shocks simultáneos: desplome bursátil + pandemia + ciberataque.

En 2020, estos escenarios ayudaron a bancos a resistir mejor la COVID-19.

Arnold Toynbee y la Teoría de las Catástrofes: lecciones de la Historia

Toynbee analizó civilizaciones colapsadas, como la de Roma o Bizancio, y halló un patrón: las sociedades fracasan no por amenazas externas, sino por rigidez interna. Su teoría se alinea así con la dinámica de bifurcaciones en matemáticas.

La dinámica de bifurcaciones estudia cambios cualitativos en sistemas al variar un parámetro crítico. En un punto de bifurcación, pequeñas alteraciones provocan un salto abrupto.

Así pues, no se trata de evitar crisis, sino de crear estructuras que absorban impactos sin fracturarse.

La narrativa retrospectiva: el arte de engañarnos a nosotros mismos

Tras un cisne negro, surge un ritual invariable: expertos, medios y políticos tejen relatos coherentes («se pudo evitar si…»). Esta es la denominada narrativa retrospectiva, que encierra en sí misma dos trampas:

• Sesgo del superviviente: solo analizamos lo que ocurrió, no lo que pudo ocurrir.
• Ilusión de la agencia humana: atribuimos desastres a errores evitables ignorando que algunos cisnes negros son producto de la denominada complejidad caótica (interacciones no lineales entre actores).

Un caso paradigmático es la crisis de 2008 se atribuyó a «banqueros codiciosos», aunque la verdadera raíz fue la innovación financiera no regulada (CDOs sintéticos) unida a la interdependencia global.

Conclusión: hacia una antifragilidad operativa

La respuesta a los cisnes negros no está en mejores modelos, sino en diseñar sistemas que aprendan del estrés, distribuyan riesgos y acepten la ignorancia.

Aprender del estrés como hace nuestro sistema inmunológico, que mejora y se refuerza cada vez que supera una infección.

La distribución de riesgos pasa por la redistribución. Es decir, evitar concentrar recursos o poder y distribuir los nodos de apoyo de las redes. Las redes P2P, la propia Internet o los sistemas distribuidos de bases de datos con redundancias son un buen ejemplo.

Finalmente, asignar recursos a lo desconocido va contra los principios de eficiencia diaria, pero supone un amortiguador para los efectos de cualquier situación crítica repentina o cisne negro.

Última Reflexión: El Legado de los Ingenieros Romanos

Los acueductos romanos siguen en pie no porque los ingenieros predijeran terremotos o invasiones, sino porque usaron márgenes de seguridad (factor de seguridad en ingeniería) y materiales redundantes. En un mundo de incertidumbre radical, su lección es clara:

«Construye arcos que repartan el peso, no profetas que adivinen tormentas«.

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Para profundizar, ver: «Antifrágil» (Taleb, 2012) y «Colapso» (Diamond, 2005).

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La hegemonía silenciosa: vigilancia digital y la abdicación de la voluntad humana

Vivimos en la era de la hiperconexión, donde el pulso de la humanidad se mide en megabytes y la inmediatez es la nueva divinidad. Sin embargo, en medio del estruendo de las notificaciones y la cacofonía de las redes sociales, existe un silencio ensordecedor: el silencio acerca de cómo la vigilancia digital ha colonizado cada resquicio de nuestra existencia. No hablamos de ello porque hemos normalizado lo anómalo; hemos aceptado el ojo que nos observa como un precio irrelevante por la comodidad de tener el mundo en la palma de nuestra mano.

La historia de esta intrusión no comienza con la Inteligencia Artificial, sino con la aparición de los dispositivos inteligentes. La irrupción del iPhone no fue simplemente la llegada de un teléfono; fue la implantación de un sistema de suscripción a la voluntad. Desde sus inicios, Apple entendió que la verdadera mercancía no era el hardware, sino la lealtad cognitiva del usuario. El «sistema de suscripción» no era únicamente financiero; era psicológico. Al encerrar al usuario en un jardín amurallado, Apple logró una captura mental sin precedentes, donde el dispositivo se convirtió en una extensión del yo y, por ende, en un conducto perfecto para la extracción de datos.

La promesa de ecosistemas abiertos como Android pareció, en un primer momento, una bocanada de aire fresco, un antídoto contra esa captura de voluntades. Se vendió como la libertad frente a la tiranía del silicio. Pero la ciencia y la investigación que siempre han sustentado esta tecnología, tanto en el modelo cerrado como en el abierto, tenían un objetivo común y monolítico: la obtención de datos. Android no era más que un mercado más extenso, una pradera abierta donde colocar más redes de captura. El valor de estos datos ha trascendido lo comercial para transformar nuestras sociedades en mundos orwellianos, donde la predicción del comportamiento se ha vuelto más importante que el comportamiento mismo. El Gran Hermano ya no nos vigila desde una pantalla gigante; nos vigila desde el bolsillo.

Es imperativo desarrollar la idea fundacional de la economía digital: el producto es el usuario. Los servicios «gratuitos» (búsquedas, correos electrónicos, mapas, redes sociales) son en realidad los cebos más caros de la historia. A cambio de una aparente utilidad, el usuario contribuye, con cada clic, pausa o desplazamiento, al refinamiento de procesos y algoritmos cada vez más depurados. Esto no es mera recopilación estadística; es la ingeniería de la conducta.

Cada like es un ladrillo en la construcción de un perfil psicológico; cada búsqueda es una confesión. Estos algoritmos no se limitan a reflejar lo que somos, sino que moldean lo que seremos. Nos empujan hacia la polarización, nos aíslan en burbujas de confort cognitivo y nos vuelven predecibles. La «captura de la voluntad» se perfecciona no mediante la coerción, sino mediante la seducción de la relevancia. El usuario, creyéndose soberano dentro de su feed, es en realidad un ratón en un laberinto diseñado para que siempre quiera más queso.

Con el desarrollo de los agentes de Inteligencia Artificial, este proceso de absorción de nuestras vidas y voluntades se ha exacerbado de manera exponencial. Hemos cruzado un umbral crítico: la gente ya no cree lo que ve, ni lo que analiza, ni lo que estudia; cree lo que el agente de IA le dice que es. Existe una delegación masiva del criterio. Si antes discutíamos sobre la veracidad de una fuente, ahora le preguntamos a un chatbot que sintetiza información sin importarle la verdad, sino la coherencia probabilística del lenguaje.

La aparente neutralidad de estos agentes es el mayor fraude intelectual de nuestra época. No son entidades objetivas; dependen intrínsecamente del  «algoritmo» que hay detrás y de los datos que sustentan los Grandes Modelos de Lenguaje (LLM). Estos modelos están cargados de sesgos culturales, económicos y políticos de las élites tecnológicas de Silicon Valley. Al confiar ciegamente en ellos, subcontratamos nuestra capacidad de discernimiento a máquinas cuyo propósito final no es nuestra ilustración, sino nuestra retención y fidelización.

En este sombrío panorama, existen atisbos de libertad. El auge de agentes de código abierto representa una esperanza técnica y filosófica. Sin embargo, son apenas una gota en el océano de los sistemas de control de voluntades e información de las grandes tecnológicas. Su existencia es vital, pero su escalabilidad y adopción están estranguladas por la infraestructura, el acceso a datos masivos y el poderío comercial de los gigantes establecidos.

El resultado espurio de este desequilibrio es la aparición de tecnofascismos. No es una exageración retórica. Ya observamos sistemas de gobierno, como el de El Salvador o las tendencias neoconservadoras globales, que ansían implantar estas herramientas de vigilancia y predicción conductual como brazos ejecutores del Estado. La fusión del poder estatal con la capacidad predictiva de las grandes tecnológicas genera un Leviatán digital capaz de anular la disidencia antes de que esta siquiera se formule. Es un peligro real para la estabilidad mundial y la libertad en las sociedades, pues sustituye el debate público por la optimización algorítmica del orden social.

Llegados a este punto, el diagnóstico debe transformarse en acción. Es urgente el desarrollo de paneles interdisciplinares, apoyados por entidades supranacionales como la ONU, la UE y la UNESCO, que actúen como contrapeso a la tiranía de los datos. La exigencia de código abierto debe ser un estándar, no una excepción, para cada agente o desarrollo que se exponga a la sociedad. La transparencia algorítmica es, y debe ser, la nueva libertad de expresión.

Del mismo modo que la comunidad internacional llegó a acuerdos éticos y legales para no clonar seres humanos, debemos desarrollar un acuerdo internacional vinculante que module y regule la integración de las IA y los dispositivos inteligentes en las vidas del ser humano. Necesitamos un «Tratado de No Proliferación de la Vigilancia Cognitiva».

Y aquí debemos ser crudos: no somos conscientes de que el desarrollo de las IA descontroladas, orientadas únicamente por la lógica del mercado y el control, solo puede tener un fin: la desaparición de un hábitat habitable para el ser humano. No me refiero al planeta físicamente, sino al espacio mental, al Ágora donde la libertad florece. Si destruimos el espacio para la duda, el error y la autonomía, destruimos la condición humana. Como consecuencia, la extinción de la humanidad no es ciencia ficción distópica; es el resultado lógico de una especie que cede su criterio a máquinas que no entienden de vida.

La guerra contra la vigilancia digital no se libra con armas, sino con conciencia. La neutralidad no existe; la omisión es complicidad. Es hora de romper el silencio.

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Ventanas de orden en el caos: Maryam Mirzakhani y Lorenzo Ferrer Figueras

El post de @loretahur.bsky.social me ha devuelto, como un latigazo, a aquella sensación de vértigo que sentí al asomarme al abismo de lo incierto. "#TalDíaComoHoy en 2017, un cáncer de mama nos arrebataba a Maryam Mirzakhani". 

Leer esa línea en el torbellino de las redes sociales ha sido como escuchar una nota afinada en medio del ruido. Porque Maryam, desde su silencio y sus garabatos en hojas de papel, fue la cartógrafa de un orden tan oculto que ni siquiera el caos más salvaje pudo esconder.

Con ese recuerdo, no puedo evitar mirar hacia atrás, hacia mis propios primeros pasos en los años ochenta, como estudiante de Físicas mientras el mundo discurría entre las ecuaciones diferenciales. Aquel famoso artículo  en Scientific American, donde un grupo de investigadores que mezclaban pinturas en fluidos y atisbaban los primeros tractors —o atractores, como aprendí a llamarlos después—, fue mi primer flechazo. Ver cómo un tinte viscoso, al ser sometido a un flujo constante, dejaba de ser un borrón para convertirse en una espiral geométrica, fue la prueba tangible de que el caos no era la ausencia de reglas, sino la presencia de una gramática que aún no sabíamos leer.

Poco después de aquel «flechazo», la vida académica me puso en el camino correcto. En el Diploma de Investigación Operativa y Sistemas, llegó el profesor Lorenzo Ferrer Figueras, con su pizarra llena de trazos y su sonrisa socarrona. Él se hacía llamar a sí mismo «matemático interpretador», una definición que en aquel entonces me parecía una pose poética, pero que hoy, con la perspectiva de los años, reconozco como la definición más exacta de lo que realmente hacemos.

Fue con el profesor Lorenzo Ferrer con quien me enfrenté por primera vez a los exponentes de Lyapunov. Recuerdo sus dedos marcando el ritmo en la pizarra: «Si el exponente es positivo, el sistema se separa; si es negativo, converge; pero si es cero, amigo mío, estás ante la frontera de lo desconocido». Para él, Lyapunov no era un nombre ruso perdido en los manuales, sino el portero de un club exclusivo: el club de los sistemas que parecen bailar al azar pero que, en el fondo, siguen un compás oculto.

Aprendí sobre la ruta hacia el caos a través de las bifurcaciones. Una escalera de duplicación de períodos que Feigenbaum descubrió que no era un simple truco matemático; era la huella dactilar de la naturaleza cuando se prepara para saltar al desorden. Y en ese salto, el profesor Lorenzo Ferrer siempre citaba al padre de la teoría moderna: Edward N. Lorenz y su maravilloso ensayo «La Esencia del Caos». Lorenz nos enseñó que un simple sistema de tres ecuaciones podía contener el infinito y que la libélula que bate sus alas en Brasil podía cambiar el tiempo en Texas no como una metáfora literaria, sino como una certeza diferencial.

Pero mi mayor asombro llegó con las ecuaciones de Belousov-Zhabotinsky. Ver aquella reacción química oscilante, cambiando de color en un placa de Petri sin que nadie la tocara, era como mirar directamente al corazón de un reloj biológico artificial. Aquí las matemáticas dejaban de ser números muertos en una pizarra para convertirse en el pulso mismo de la materia.

Con el tiempo, comprendí que esos patrones químicos, esas ondas concéntricas que se formaban en la mezcla de ácido malónico y bromato, no eran un capricho de la naturaleza. Detrás de ellas se escondían dos titanes abstractos: el Bruselator y el Oregonator.

El Bruselator, ese modelo teórico propuesto por Ilya Prigogine, nos mostraba cómo un sistema químico lejos del equilibrio podía autoorganizarse. Era la demostración matemática de que la vida, o al menos su sombra química, podía surgir del caos mediante la autocatálisis. Por otro lado, el Oregonator, un modelo más realista y ajustado a la química del mundo real, era la respuesta de los físico-químicos a la pregunta de cómo demonios funcionaba exactamente la reacción de Belousov-Zhabotinsky.

El profesor Lorenzo Ferrer solía decir que estas ecuaciones eran los «nuevos calendarios aztecas», porque en ellas estaba cifrada la capacidad de la materia para crear estructura en el tiempo, para marcar un compás en medio de la entropía. Y mientras yo intentaba desentrañar las cinéticas de esas reacciones, siempre rondaba en mi mente aquella imagen de los físicos del Caltech mezclando pinturas. Al final, las pinturas, el bromato y el malónico eran lo mismo: la materia bailando al son de un atractor extraño.

Y aquí es donde todo vuelve a Maryam Mirzakhani. Porque si Lorenzo Ferrer Figueras me enseñó a leer el caos en los fluidos y las reacciones químicas, Maryam Mirzakhani demostró que ese caos tiene un esqueleto geométrico.

Comprender las propuestas de M. Mirzakhani sobre el «esqueleto de orden matemático» subyacente en los procesos caóticos no es una metáfora, es un teorema. Su trabajo en el espacio de Teichmüller y su famoso teorema de rigidez (junto a Eskin y Mohammadi) demostró que, por muy errático que sea el camino de una superficie al ser estirada y deformada, siempre existe una subestructura algebraica rígida que lo sostiene.

¿Qué significa esto para un químico o un físico que mira el Oregonator? Significa que las trayectorias que sigue una reacción química en su espacio de fases, aunque parezcan un ovillo enredado, están confinadas a  «variedades» que la geometría puede describir con ecuaciones polinómicas. Mirzakhani nos dio la certeza de que, así como el Bruselator tiene un ciclo límite estable, el universo de todas las posibles formas geométricas tiene rígidos ciclos de orden que impiden que la dinámica se desboque por completo.

Ella, desde su abstracción pura, respondió a la misma pregunta que Lorenz se hizo al mirar su ordenador imprimir números sin cesar: ¿Dónde está el orden cuando todo parece fluctuar? La respuesta de Mirzakhani fue: «El orden no está en el movimiento, sino en el espacio que contiene el movimiento». Al igual que los exponentes de Lyapunov miden la separación de trayectorias en el espacio real, el teorema de Mirzakhani mide la rigidez de las trayectorias en el espacio de todas las geometrías posibles.

Lorenzo Ferrer Figueras repetía una máxima que yo he guardado como un talismán:

«El caos siempre ofrece ventanas de orden hacia una reconfiguración del universo que evoluciona hacia nuevas y maravillosas formas que el matemático debe descubrir y explicar.»

Maryam Mirzakhani, con su pincel y sus hojas de papel, fue la máxima exponente de esta filosofía. No se dedicó a resolver una ecuación concreta, sino a interpretar la gramática profunda de la dinámica. Fue, ante todo, una matemática intérprete, al igual que mi querido profesor.

Hoy, al cumplirse un aniversario más de su partida, siento que el post de Lorena Fernández (@loretahur.bsky.social) no solo ha encendido un recuerdo, sino que ha activado un mecanismo de resonancia: las pinturas mezclándose, los exponentes de Lyapunov de Lorenzo, las oscilaciones del Belousov-Zhabotinsky, los atractores de Lorenz, y finalmente, los espacios de módulos de Mirzakhani. Todo es un continuo, todo es la misma sinfonía interpretada en diferentes instrumentos.

Maryam  Mirzakhani se fue demasiado pronto, como se fueron tantos genios. Pero el profesor Lorenzo Ferrer se fue con la certeza de que su trabajo, el de interpretar el caos, quedaría en manos de nuevas generaciones. Cada vez que alguien se asoma a la ventana de un atractor extraño, cada vez que un joven estudiante de física de los ochenta (como yo entonces) ve una mancha de pintura y descubre que no es ruido, sino un mensaje, estamos honrando su memoria.

Descansen en paz, Maryam Mirzakhani y Lorenzo Ferrer Figueras. Gracias por enseñarnos que, en el fondo, el universo no es un caos, sino un inmenso libro de geometría esperando a que aprendamos a leer sus ventanas de orden.

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De cómo la derecha redefine los límites de lo aceptable

Los sistemas democráticos que se han desarrollado en los últimos doscientos años se asientan sobre un pilar fundamental: el Estado de Derecho. Este principio, articulado a través de acuerdos internacionales que desarrollan los derechos humanos, establece las reglas del juego que permiten la convivencia pacífica en sociedades plurales. La democracia, en esencia, es diálogo, negociación y acuerdo. Es el arte de ceder para encontrar puntos de encuentro, de legislar no para las mayorías absolutas sino para el mayor número posible de ciudadanos, atendiendo siempre a las minorías que, progresivamente, van adquiriendo derechos en un proceso de constante ampliación de la ciudadanía.

Es crucial comprender que los derechos no se otorgan contra nadie; se reconocen a favor de determinados grupos. Esta distinción, aparentemente sutil, es fundamental: la conquista de derechos para colectivos históricamente marginados no merma los derechos de quienes ya los poseen. Sin embargo, en los últimos años, asistimos a un preocupante movimiento que busca redefinir los límites de lo democráticamente aceptable, un desplazamiento del eje promovido sistemáticamente por las derechas, no solo en España sino en el contexto internacional.

La estrategia ha sido sutil pero efectiva. Se parte de un silogismo falaz: "todas las opiniones son respetables". No es cierto. El derecho a tener una opinión es, sin duda, respetable y debe ser garantizado en cualquier democracia que se precie. Pero la opinión en sí misma puede ser reprobable e incluso punible legalmente cuando atenta contra los derechos fundamentales, incita al odio o cuestiona la dignidad humana.

Este falso silogismo ha permitido que principios y exposiciones que en sociedades democráticas inclusivas eran socialmente sancionados por atentar contra la libertad, la igualdad, la legalidad y la fraternidad, comiencen a normalizarse. Lo que antes era inaceptable, hoy se presenta como una opinión más en el mercado de las ideas, digna de ser escuchada y debatida. Y en ese debate, la propia idea de lo inaceptable se va desplazando, ampliando el espectro de lo tolerable hacia posiciones que hace una década habrían sido calificadas sin ambages como extremistas.

Un ejemplo paradigmático de este fenómeno lo encontramos en la columna escrita por Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol. En ella, el expresidente del Gobierno argumentaba que, aunque nacidos en Francia con plenos derechos, algunos jugadores no eran «realmente»  franceses por el color de su piel. La afirmación, que no es sino un postulado de extrema derecha que cuestiona la nacionalidad de ciudadanos de pleno derecho basándose en criterios raciales, representa una aberración democrática y socialmente inaceptable.

Sin embargo, lo realmente revelador no fue la columna en sí, sino la reacción de las derechas conservadoras españolas. Ante la evidencia de que M. Rajoy había traspasado una línea roja, la respuesta fue intentar hacer pasar sus palabras por una broma, una «campechanía», un comentario sin importancia. Esta estrategia de trivialización es precisamente el mecanismo mediante el cual se desplaza el eje de lo inaceptable hacia los intereses de la derecha: se dice lo indecible, se normaliza y, cuando la indignación es inevitable, se minimiza como una anécdota.

La figura de Mariano Rajoy es, en este contexto, profundamente paradójica. Llegó a la presidencia del Gobierno siguiendo la línea de la gran coalición alemana, con el supuesto objetivo de evitar que las ultraderechas europeas accedieran al poder. Sin embargo, su gobierno se caracterizó por una corrupción sistémica que alcanzó las más altas instancias del Estado: el caso Montoro, la operación Kitchen, el escándalo de las eólicas, la policía patriótica... Una gestión que terminó con la única moción de censura exitosa de nuestra reciente historia democrática.

Pero el legado más preocupante de su mandato no fue la corrupción, sino la deriva hacia la que empujó a su propio partido. El Partido Popular, que se declaraba moderado y conservador, comenzó a regalar en bandeja de plata los gobiernos autonómicos a la ultraderecha fascista, racista y extractiva más salvaje de Europa. Y lo que es peor: asumió como propios los postulados antidemocráticos y xenófobos de esa ultraderecha, pintada con un recuerdo entrañable de la despreciable dictadura franquista.

Este proceso no puede entenderse sin considerar el sustrato franquista que aún subyace en la mentalidad de ciertos poderes fácticos. Como señala Martín Pallín, existe un «Estado Profundo» compuesto por sectores de la judicatura, las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación y las élites económicas que mantienen una concepción autoritaria del poder. Esta estructura, heredera del franquismo sociológico mas pertinaz, ha visto en la estrategia de desplazamiento del eje democrático una oportunidad para recuperar privilegios perdidos.

La derecha española, en su deriva hacia posiciones extremas, no hace sino reflejar este sustrato. Ya no se conforma con ser una oposición conservadora dentro de los márgenes democráticos; aspira a redefinir esos márgenes para incluir discursos que antes eran patrimonio exclusivo de la extrema derecha. El resultado es una normalización progresiva de postulados que atentan contra los fundamentos mismos del Estado de Derecho y los derechos humanos.

La consecuencia es, una vez más, la banalización del mal. 

El peligro de este desplazamiento del eje es doble. Por un lado, efectivamente, banaliza el mal, haciendo que afirmaciones racistas, xenófobas o antidemocráticas pierdan su carga transgresora y se conviertan en opiniones más en el debate público. Por otro, legitima a formaciones políticas que, en condiciones normales, quedarían relegadas al margen del sistema. Cuando un partido conservador asume los postulados de la ultraderecha, está diciendo a la ciudadanía que esas posiciones son aceptables, que forman parte del espectro democrático.

La sucesión de M. Rajoy en el liderazgo del Partido Popular no ha hecho sino profundizar esta deriva. Un partido que se declaraba moderado y conservador se ha convertido en el socio indispensable de la ultraderecha para acceder a gobiernos autonómicos, asumiendo con ello toda su agenda antidemocrática. La xenofobia, el racismo, la negación del cambio climático, el cuestionamiento de los derechos LGTBI, la derogación de leyes de memoria histórica... Todo ello ha pasado a ser moneda corriente en el debate político español.

Urge recuperar el centro democrático, ese espacio de diálogo y acuerdo que permite a las sociedades avanzar sin romper el tejido social. Pero para ello es necesario, en primer lugar, reconocer que el desplazamiento del eje existe, que no es una percepción subjetiva sino una estrategia consciente impulsada por las derechas internacionales. En segundo lugar, es preciso señalar sin ambages cuándo una opinión traspasa los límites de lo democráticamente aceptable, sin caer en la trampa del falso silogismo de que todas las opiniones merecen el mismo respeto.

El caso de Rajoy y su columna sobre la selección francesa es solo el último síntoma de una enfermedad más profunda. La derecha española, como buena parte de las derechas europeas, ha decidido competir con la ultraderecha en su propio terreno, asumiendo sus postulados para no perder electorado. El resultado es un desplazamiento progresivo de lo políticamente correcto hacia posiciones que socavan los cimientos del Estado de Derecho y los derechos humanos.

No se trata de censurar opiniones, sino de no normalizar lo inaceptable. La democracia no es un mercado de ideas donde todas tienen el mismo valor; es un sistema que se sostiene sobre principios éticos y jurídicos que debemos preservar. Cuando un expresidente del Gobierno puede afirmar impunemente que unos ciudadanos franceses no son realmente franceses por el color de su piel, y su partido lo defiende como una broma, algo se ha roto en el consenso democrático.

Recuperar ese consenso exige valentía: señalar las aberraciones como lo que son, no dejarse arrastrar por la falsa equidistancia y defender con firmeza los valores de la ilustración y los derechos humanos. Solo así podremos impedir que el eje de lo democráticamente aceptable siga desplazándose hacia el abismo.

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Trabajar más no es producir más: el fraude de las horas extras no pagadas y la verdadera causa del absentismo en España

Introducción: desmontando la falacia del absentismo

En el debate laboral se ha instalado un argumento simplista: el absentismo laboral es culpa de los trabajadores, que «se escaquean» y no quieren trabajar. Esta narrativa, muy cómoda para ciertos sectores empresariales y políticos, oculta una realidad mucho más compleja y preocupante. Los datos oficiales demuestran que el verdadero problema no es la supuesta pereza de los empleados, sino una estructura productiva que fomenta la explotación laboral, una sanidad pública colapsada por la mala gestión y unos empresarios que han normalizado el robo de tiempo de trabajo.

El escándalo de las horas extras no pagadas en España

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) recogidos por Comisiones Obreras, en España se trabajan 2,61 millones de horas extras no pagadas a la semana. Esta cifra, lejos de ser anecdótica, afecta a 419.000 personas asalariadas que cada semana regalan su tiempo a sus empleadores. Es decir, el 47% de los trabajadores que realizan horas extraordinarias no reciben ninguna contraprestación, ni en forma de salario ni de descanso.

El coste económico de este fraude es demoledor: 3.254 millones de euros anuales que los empresarios dejan de pagar en salarios, cotizaciones sociales e impuestos. 

Cada persona afectada realiza una media de 6,3 horas no pagadas a la semana, lo que supone un coste laboral no abonado de 141 euros semanales y 7.370 euros al año. Estos 2,61 millones de horas semanales equivaldrían a la creación de 70.000 empleos a jornada completa que simplemente no existen porque las empresas prefieren apropiarse del trabajo de sus empleados.

Los sectores más afectados son educación, industria, hostelería y comercio, aunque el porcentaje más alto de trabajadores que realizan horas extra no pagadas se da en finanzas y seguros, servicios profesionales, científicos y técnicos, energía, educación e información y comunicaciones.

Comparativa europea: España, a la cabeza del fraude laboral

Alemania

En Alemania, los trabajadores realizan una media de 49,5 horas extraordinarias al año, según una encuesta representativa. El 80% de los empleados alemanes puede compensar sus horas extras con tiempo libre, mientras que solo un tercio recibe compensación económica. El Instituto de Investigación de Empleo y Mercado Laboral (IAB) alemán señala que en el tercer trimestre de 2024 los trabajadores alemanes realizaron una media de 3,3 horas extras pagadas y 3,9 no pagadas. Aunque el problema existe, la magnitud es significativamente menor que en España.

Francia

Francia, con su jornada legal de 35 horas semanales, presenta una situación alarmante: dos tercios de los asalariados (66%) declaran realizar horas extras no remuneradas, y uno de cada cinco (22%) trabaja más de 10 horas adicionales sin compensación. Los trabajadores franceses realizan una media de casi 5 horas semanales sin ser pagados. A pesar de la protección legal de las 35 horas, el fraude laboral sigue siendo significativo.

Bélgica

En Bélgica, el 32% de los trabajadores realiza horas extras semanalmente, y estas horas adicionales no siempre son registradas. La legislación belga permite un cupo de horas extraordinarias voluntarias de hasta 360 horas al año, pero el control y la remuneración efectiva de estas horas siguen siendo un desafío.

El caso español: mucho más grave

Frente a estos datos, España presenta una realidad todavía más preocupante. Mientras que en Alemania las horas extras no pagadas representan un porcentaje menor del total de horas trabajadas, en España el 41% de todas las horas extras trabajadas no se pagan ni se cotizan. Es decir, casi la mitad del esfuerzo adicional de los trabajadores españoles es simplemente expropiado por sus empleadores.

El absentismo laboral: un problema estructural, no de voluntad

Mientras los empresarios y los partidos políticos conservadores culpan a los trabajadores del absentismo, los datos oficiales señalan otra realidad. El absentismo laboral en España alcanzó el 7,68% en 2025, su nivel más alto histórico. Diariamente faltan a su puesto de trabajo entre 1,6 y 1,7 millones de personas, de las cuales 1,27 millones se encuentran de baja médica por incapacidad temporal. El incremento del absentismo se explica casi en su totalidad por el aumento de las bajas médicas (5,97%), no por la voluntad de los trabajadores de no acudir a sus puestos.

¿Y cuál es la causa de este incremento de las bajas médicas? Las listas de espera sanitarias, especialmente en comunidades autónomas gestionadas por partidos de derechas, alcanzan cifras vergonzosas. La sanidad pública cerró el primer semestre de 2025 con 832.728 personas en lista de espera para intervenciones quirúrgicas, y se superaron las 853.000 personas esperando una operación al cierre de 2025. Comunidades como Canarias (162 días de demora), Navarra (152), Aragón (138) y Andalucía (136) presentan tiempos de espera inasumibles.

Esta situación provoca que los trabajadores, ante la imposibilidad de recibir atención sanitaria a tiempo, alarguen sus bajas laborales o, en el peor de los casos, acudan a trabajar enfermos, empeorando su estado y prolongando su ausencia futura. El colapso sanitario no es un problema de los trabajadores, es un problema de gestión política.

El coste laboral en España: de los más bajos de Europa

Otro argumento recurrente es que España tiene unos costes laborales insoportables para las empresas. La realidad es muy distinta. Según Eurostat, el coste laboral medio en España fue de 26,4 euros por hora en 2025, muy por debajo de la media europea de 34,9 euros y de los 38,2 euros de la zona euro. Es decir, los empresarios españoles pagan 8,5 euros menos por hora que la media de sus competidores europeos.

Con estos costes laborales tan bajos, ¿por qué insisten en no pagar las horas extras? La respuesta es sencilla: porque pueden hacerlo impunemente. La falta de inspección laboral efectiva, la debilidad de la representación de los trabajadores y una cultura empresarial que normaliza la explotación permiten que más de 2,6 millones de horas semanales se trabajen sin remuneración.

La falacia de «trabajar más es producir más»

Los experimentos con la jornada laboral de cuatro días demuestran que trabajar más horas no equivale a producir más. Empresas pioneras que han probado este modelo han observado incrementos de productividad de hasta el 20%. La concentración de la jornada, la mejora del bienestar y la satisfacción laboral de los trabajadores se traducen en una mayor eficiencia.

Sin embargo, en España persiste la mentalidad de que la productividad se mide por el tiempo pasado en la oficina, no por los resultados obtenidos. Esta cultura del «calentar silla» es la responsable de que más de 1 millón de asalariados a jornada completa trabajen habitualmente por encima de su jornada pactada, y de que 636.000 personas con jornada pactada de 40 horas trabajen de forma habitual un número mayor de horas, vulnerando la legislación laboral.

La solución: representación de los trabajadores en los consejos de administración

Frente a esta realidad, la solución no es más de lo mismo. Países como Suecia han demostrado que la representación de los trabajadores en los consejos de administración no solo es posible, sino que mejora la gestión empresarial. En Suecia, las empresas con al menos 25 empleados tienen derecho a representación en el consejo administrativo. Esta cogestión, establecida por la Ley de Cogestión de 1976, garantiza que los intereses de los trabajadores estén representados en las decisiones estratégicas de la empresa.

El modelo sueco no es una utopía. Países como Alemania también cuentan con sistemas de cogestión que han demostrado su eficacia. En España, expertos en materia laboral ya han propuesto adaptar los umbrales suecos y que los trabajadores ocupen hasta un tercio de los puestos en los consejos de administración.

Conclusión: cambiar el modelo, no culpar a los trabajadores

Los datos son concluyentes: el problema del mercado laboral español no es que los trabajadores no quieran trabajar, sino que los empresarios han normalizado el robo de tiempo de trabajo mientras los sistemas sanitarios gestionados por partidos de derechas colapsan y alargan las bajas médicas.

2,61 millones de horas semanales no pagadas no son un problema menor: son la expresión de una cultura empresarial que valora más la explotación que la productividad. 3.254 millones de euros anuales que deberían estar en los bolsillos de los trabajadores y en las arcas de la Seguridad Social son el coste de la impunidad empresarial.

Los trabajadores y técnicos españoles son valorados en todo el mundo por su talento y capacidad. Sin embargo, en su propio país son maltratados por un tejido empresarial que prefiere apropiarse de su trabajo antes que reconocerlo y remunerarlo adecuadamente. La productividad no se mide en horas, sino en resultados. Y los resultados solo se obtienen cuando los trabajadores están motivados, descansados y, sobre todo, valorados.

Es hora de que España mire hacia modelos como el sueco y entienda que una sociedad equitativa y redistributiva no es enemiga de la productividad, sino su mejor aliada. La representación de los trabajadores en los consejos de administración no es una concesión, es una necesidad para construir un modelo económico más justo, eficiente y sostenible.

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Fuentes oficiales consultadas:

• Encuesta de Población Activa (INE)

• Estudio de Comisiones Obreras sobre horas extras no pagadas (septiembre 2024)

• Eurostat: costes laborales por hora en la UE (2025)

• Instituto de Investigación de Empleo y Mercado Laboral de Alemania (IAB)

• Instituto Adecco: Informe sobre absentismo laboral en España (2025)

• Ministerio de Sanidad: Datos de listas de espera del Sistema Nacional de Salud

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Sobre la productividad, el absentismo y la plusvalía.

Introducción: desmontando mitos con datos

Últimamente, en el debate público español, ciertos conceptos se repiten hasta convertirse en lugares comunes que rara vez se cuestionan. Se nos dice que el absentismo laboral está fuera de control, que la productividad española es un lastre y que las condiciones laborales son excesivamente generosas. Pero ¿qué dicen realmente los datos cuando los miramos sin anteojeras ideológicas? «Dato mata relato»

Vamos a analizar cuatro dimensiones clave de nuestra realidad laboral —crecimiento económico, productividad, absentismo y negociación colectiva— desde una perspectiva que reconozca el papel central del trabajo en la generación de riqueza. Una perspectiva, en definitiva, socialdemócrata, que parte de la premisa de que la plusvalía generada por los trabajadores no es un regalo del empresario, sino el fruto de su esfuerzo, y que debe ser administrada con criterios de justicia social y eficiencia compartida.

1. Crecimiento económico: España, motor de Europa

Contra todo pronóstico, y a pesar de los augurios catastrofistas, la economía española ha demostrado en los últimos años una capacidad de crecimiento que la sitúa a la cabeza de la Unión Europea. Mientras Alemania, Francia e Italia registran crecimientos anémicos o incluso negativos, España mantiene un ritmo de expansión notable.

Según los datos disponibles, España creció un 3,2% en 2024, más de tres veces por encima de la media europea. Esta tendencia se ha mantenido en 2025, con un crecimiento del PIB que ronda el 2,8%, muy por encima del 0,2% alemán, el 0,8% francés o el 0,5% italiano.

Este liderazgo económico no es fruto de la casualidad. Detrás de estos números hay millones de trabajadores que cada día aportan su esfuerzo, su creatividad y su conocimiento para generar riqueza. Son ellos, los asalariados, quienes con su trabajo crean el valor que luego se reparte —no siempre de forma equitativa— entre salarios, inversión y beneficios empresariales.

El crecimiento español demuestra que las economías que invierten en su capital humano y mantienen un tejido productivo dinámico son capaces de superar las crisis y generar prosperidad. No es un triunfo del capital por sí mismo, sino del trabajo organizado y cualificado.

2. Productividad: más horas no es más eficiencia

Aquí conviene ser precisos. Es cierto que, en términos de PIB por hora trabajada, España se sitúa por debajo de Alemania, Francia o Italia. El trabajador medio español produce en una hora menos que sus homólogos de esos países. Pero este dato, que a menudo se utiliza para estigmatizar a los trabajadores españoles, requiere una lectura más matizada.

La menor productividad por hora no es un problema de los trabajadores, sino de un modelo productivo que históricamente ha apostado por sectores de menor valor añadido, con una inversión en I+D insuficiente y una estructura empresarial dominada por pymes con escasa capacidad de innovación. Es, en buena medida, un problema de falta de inversión y de apuesta por la calidad del empleo, no de esfuerzo individual.

Además, conviene recordar que España trabaja más horas al año que Alemania —unas 350 horas más— y produce por hora un 36% menos. Es decir, trabajamos más y producimos menos por hora. Esto no es un déficit de los trabajadores, sino una ineficiencia del sistema productivo que las empresas y los gobiernos deberían abordar.

Precisamente por eso, los experimentos con la jornada laboral de cuatro días resultan tan reveladores. Diversas empresas que han implementado esta reducción horaria —manteniendo el salario— han constatado mejoras en la productividad, en el bienestar de los empleados y en la retención del talento. La lógica es sencilla: trabajadores descansados, con mejor conciliación y menos estrés, rinden más en las horas que están en su puesto.

Reducir la jornada no es un capricho sindical, es una estrategia de eficiencia. Es la constatación de que la productividad no depende de cuántas horas se está en la oficina, sino de cómo se organiza el trabajo y de en qué condiciones se realiza. La evidencia empírica apunta en esa dirección.

3. Absentismo: el gran error conceptual

Llegamos al núcleo del debate. La palabra «absentismo» se ha convertido en un comodín para estigmatizar cualquier ausencia del puesto de trabajo, sin distinguir entre lo que es un derecho y lo que es un incumplimiento.

El absentismo, en sentido estricto, debería referirse únicamente a las faltas injustificadas al trabajo —aquellas ausencias que no responden a ninguna causa legalmente reconocida y que, por tanto, constituyen un incumplimiento contractual. Las vacaciones, los permisos retribuidos y las bajas médicas no son absentismo: son derechos laborales reconocidos por la ley y por la negociación colectiva.

Confundir unas cosas con otras es un error de concepto con consecuencias políticas y sociales graves. Quienes mezclan bajas médicas con absentismo están equiparando a un trabajador que está legítimamente enfermo con alguien que no acude a su puesto sin justificación. Es una equiparación injusta y, además, falsa.

Las bajas médicas son un derecho que se deriva de la protección social que el Estado y los convenios colectivos garantizan a los trabajadores. Cuando un trabajador está de baja, no está «absentista»: está ejerciendo un derecho que ha contribuido a financiar con sus cotizaciones y con su esfuerzo laboral previo.

Esta misma lógica se aplica a las pensiones. Desde una perspectiva capitalista, las pensiones se presentan a menudo como un «gasto» o una «carga» para el sistema. Pero en realidad, las pensiones son un derecho que se recibe como contrapartida a la plusvalía generada durante décadas de trabajo. No son una dádiva, sino la devolución de una parte del valor que los trabajadores crearon y que el sistema se apropió en forma de beneficios, cotizaciones e impuestos.

¿Y qué dicen los datos? Según el informe de Adecco, la tasa de absentismo en España cerró 2025 en el 7,68%, con un total de 1,27 millones de personas de baja médica por incapacidad temporal. La tasa de bajas por IT alcanzó el 5,97%. Son cifras altas, sin duda. Pero no son equiparables a las de otros países europeos.

En Alemania, la tasa de baja por enfermedad es del 8,6%, muy superior a la española. Francia, Portugal y otros países también registran tasas significativas. España, lejos de ser un caso excepcional, se sitúa en la media alta europea en bajas médicas, pero no es el país que más bajas registra.

Lo que sí es cierto es que el número de bajas médicas en España ha aumentado un 60% desde 2017. Pero este incremento responde a múltiples factores, entre ellos el envejecimiento de la población activa, el aumento de los problemas de salud mental, la mayor exigencia física en muchos puestos de trabajo y, también, una mayor conciencia de los derechos laborales.

No se puede culpar a los trabajadores por enfermarse. La salud es un derecho, no una opción. Y el sistema de protección social —incluidas las bajas médicas— es precisamente el mecanismo que permite que una sociedad avanzada garantice que nadie quede desprotegido por una enfermedad.

4. Convenios colectivos: la negociación como herramienta de eficiencia

Un dato relevante que a menudo se pasa por alto es el papel de la negociación colectiva en la gestión de las bajas. Lejos de ser un problema, los convenios colectivos son una herramienta eficaz para regular las condiciones de trabajo, incluido el tratamiento de las bajas por enfermedad.

Según los datos disponibles, cerca del 50% de los convenios sectoriales y el 65% de los convenios de empresa incorporan complementos a la prestación por incapacidad temporal. Es decir, una mayoría significativa de los trabajadores españoles tienen regulado en su convenio el complemento salarial durante la baja.

Y la evidencia sugiere que las empresas que tienen reguladas las bajas en su convenio registran menos absentismo que aquellas que no lo tienen. ¿Por qué? Porque la negociación colectiva permite establecer reglas claras, definir responsabilidades y crear incentivos para la gestión eficiente de las ausencias.

Por ejemplo, algunos convenios recientes condicionan el abono del 100% del salario a que no se superen determinados umbrales de absentismo en la sección, o exigen revisiones médicas para mantener el complemento. Esto no es un ataque a los derechos de los trabajadores, sino una gestión responsable que combina protección social con eficiencia productiva.

La negociación colectiva es, en definitiva, el espacio natural donde trabajadores y empresarios pueden encontrar soluciones equilibradas que protejan los derechos de los primeros sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas. Es el antídoto contra los discursos simplistas que presentan el absentismo como un problema de «vagos» y las bajas como un abuso.

5. La plusvalía como clave de lectura

Detrás de todos estos debates subyace una cuestión de fondo: ¿quién crea la riqueza y quién tiene derecho a disfrutarla?

Desde una perspectiva socialdemócrata, la respuesta es clara: la riqueza la crean los trabajadores con su esfuerzo, su tiempo y su talento. El empresario aporta capital, asume riesgos y organiza la producción, y tiene derecho a una parte de la plusvalía generada como retribución a su inversión y su riesgo. Pero no tiene derecho a quedarse con toda la plusvalía.

El excedente que queda después de retribuir al capital debe revertir en la sociedad y en los trabajadores: en forma de salarios dignos, de condiciones laborales justas, de protección social, de pensiones, de bajas remuneradas, de vacaciones, de permisos. No es caridad, es justicia. Es la devolución de lo que los trabajadores han generado con su trabajo.

Por eso, conceptos como el absentismo, la productividad o la eficiencia no pueden analizarse al margen de esta lógica. Los trabajadores no son un coste, son el origen del valor. Y las políticas que protegen sus derechos —incluidas las bajas médicas, las vacaciones y los permisos— no son un gasto, son una inversión en el capital humano que sostiene toda la economía.

España crece porque sus trabajadores producen. Su productividad es mejorable, y mejorar requiere invertir más en I+D, en formación y en calidad del empleo, no recortar derechos. Su absentismo, correctamente entendido como faltas injustificadas, es un fenómeno marginal que no debe confundirse con el ejercicio legítimo de derechos como las bajas médicas.

La negociación colectiva es el camino para gestionar estos desafíos con equilibrio. Y la plusvalía generada por los trabajadores es el fondo del que deben salir tanto los beneficios empresariales como la protección social.

Esa es la mirada socialdemócrata: una que no enfrenta a trabajadores y empresarios, sino que busca un reparto justo de la riqueza que todos, juntos, generan.

📎 Fuentes consultadas

Crecimiento económico

• Datosmacro.expansion.com – Crecimiento del PIB de España y comparativa UE
• Servimedia.es – Eurostat confirma el crecimiento del PIB español en 2025
• Caixabank Research – Análisis del crecimiento económico español 2024-2025

Productividad

• OECD.org – PIB por hora trabajada (productividad laboral)
• Caixabank Research – Horas trabajadas y productividad en España
• FBBVA.es – Productividad por hora trabajada en España frente a la UE
• Protime.eu – España trabaja 350 horas más que Alemania y produce un 36% menos por hora

Absentismo y bajas médicas

• Adecco Institute – XV Informe sobre empresa saludable: absentismo laboral 2025
• Europapress.es – Cobertura del informe Adecco: 1,27 millones de personas de baja
• Vozpopuli.com – España, país de la UE donde más aumentaron las bajas laborales
• El Mundo.es – España, entre los países de la UE que menos días de baja cargan a las empresas
• Servimedia.es – España a la cabeza en absentismo laboral en 2024 (tasa del 4,5%)

Jornada laboral de cuatro días

• El País – Experiencias de empresas pioneras en la semana laboral de cuatro días en España
• BBC.com – El experimento en España para reducir la semana laboral a cuatro días

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La promoción interna en la AGE (2024-2025): un espejismo estadístico que evidencia el fracaso del INAP y la CPS

 1. Introducción: dos convocatorias, una misma realidad demoledora

El análisis de las convocatorias de promoción interna en la Administración General del Estado (AGE) correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025 arroja un diagnóstico demoledor. Lejos de ser un instrumento ágil para el desarrollo profesional consagrado en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), la promoción interna se ha convertido en un embudo restrictivo, diseñado tácitamente para filtrar más que para formar.

Si bien este estudio se circunscribe a las dos últimas convocatorias, los datos son tan elocuentes que permiten vislumbrar una tendencia estructural de dejadez y desinterés por parte del INAP y de la Comisión Permanente de Selección (CPS) que, de prolongarse en una serie de 10 años, confirmaría sin paliativos el abandono de sus funciones constitucionales.

2. Análisis de los datos: la falacia del «porcentaje de aprobados»

Al confrontar los datos de 2024 y 2025, se observa un fenómeno perverso que merece ser desglosado con rigor.

En 2024, los porcentajes de aprobados sobre el total de plazas convocadas eran ya alarmantemente bajos:

    C2 (Auxiliar): 5,61% (solo 114 aprobados de 2.033 plazas convocadas).

    C1 TAI (Informática): 4,00% (24 aprobados de 600 plazas convocadas).

    C1 CGA (Administrativo): 8,24% (858 de 10.409 plazas convocadas).

En 2025, observamos un aparente incremento en los porcentajes (C2 sube al 17,36%; C1 CGA al 17,21%). Sin embargo, este incremento es una falacia estadística. No responde a una mejora en la formación, ni a un mayor acierto en los procesos selectivos, sino a una brutal contracción de la oferta de plazas.

Mientras que el total de plazas convocadas en 2024 fue de 18.171, en 2025 se redujo drásticamente a 10.708, lo que supone un recorte del 41% en tan solo un año. Sin embargo, el número absoluto de aprobados se mantiene prácticamente idéntico: 2.264 en 2024 frente a 2.220 en 2025. Es decir, la Administración ha decidido ofrecer 7.463 plazas menos, pero sigue aprobando al mismo número de opositores. 

Esto implica que se está creando un filtro artificial de selección: se limitan las plazas para que, estadísticamente, el porcentaje suba, pero en la práctica se estrangula el acceso a la promoción.

3. Incumplimiento flagrante del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)

El EBEP establece que la promoción interna debe ser un mecanismo para «garantizar la objetividad, transparencia y el mérito» y, sobre todo, un derecho del funcionario a progresar en su carrera. Sin embargo, los datos evidencian un incumplimiento sistémico.

Que solo 1 de cada 25 funcionarios de la escala C1 TAI (4%) consiga progresar, o que solo 1 de cada 18 de la escala C2 (5,61%) logre ascender, convierte el derecho a la promoción en una mera concesión graciosa. La administración no está seleccionando a los mejores; está descartando a la mayoría, condenando a miles de empleados públicos a permanecer décadas estancados en el mismo grupo, a pesar de su antigüedad, experiencia y formación continua.

Esta es la prueba irrefutable de que la AGE, a través de sus órganos de selección, se ha convertido en un freno activo al desarrollo profesional, vulnerando el espíritu del artículo 16 del EBEP, que fomenta la carrera horizontal y vertical.

4. El INAP y la CPS: ¿Formación o filtro demónico?

El INAP tiene encomendada la formación de los empleados públicos, y la CPS, la gestión de los procesos selectivos. Sin embargo, los resultados de estos dos años demuestran que ambas instituciones han renunciado a su papel de promotoras del talento para ejercer como guardianes de una fortaleza.

Si el INAP impartiera una formación de calidad, alineada con las pruebas objetivas, y si la CPS diseñara exámenes que realmente midieran las competencias adquiridas en el puesto de trabajo, no se explicaría que el porcentaje de aprobados sea tan exiguo. La realidad es que los procesos selectivos se basan en pruebas memorísticas, excesivamente academicistas y alejadas de la realidad operativa del funcionario.

Esta visión malthusiana y restrictiva de los procesos selectivos es, además, un potente desincentivo. ¿Qué funcionario en la escala C1 va a invertir cientos de horas de estudio personal, sacrificando su vida familiar, si sabe que las posibilidades de aprobar en un año como 2024 son inferiores al 9%? El sistema no invita a la superación; invita a la resignación y al conformismo.

5. El tiempo de promoción: una condena a la espera

Aunque el INAP no publica el tiempo medio de promoción, la estadística de aprobados nos permite hacer una aproximación devastadora. Si tomamos como referencia la escala A2 GSI, que pasó de aprobar a 162 funcionarios en 2024 (20,25%) a solo 40 en 2025 (7,69%), la inestabilidad y la incertidumbre son la norma.

Para un funcionario que ingresa en el cuerpo C2 con 25 años, y teniendo en cuenta la drástica reducción de plazas en 2025, necesitaría estadísticamente más de 10 o 12 años para acumular los méritos y el acierto en el examen que le permitan ascender a C1, asumiendo que logra aprobar en su primer intento, algo que la tasa de éxito desmiente. Este atasco generacional no solo frustra las aspiraciones legítimas del empleado, sino que empobrece la calidad del servicio público, porque impide que los profesionales con mayor experiencia y conocimiento de la casa asciendan a puestos de mayor responsabilidad, teniendo que ser ocupados por perfiles externos que deben empezar de cero su conocimiento de la AGE.

6. Conclusión: Urge un Plan de Reforma Integral de la AGE

Los datos de 2024 y 2025 son la punta del iceberg. Si realizáramos este mismo análisis con los datos de la última década, no harían sino corroborar una década perdida en materia de gestión de recursos humanos. El INAP y la CPS han demostrado una incapacidad manifiesta para adaptarse a los principios de eficacia y eficiencia que exige el siglo XXI.

Es imperativo abordar un plan de reforma urgente con tres pilares fundamentales:

    Ampliación de la oferta de plazas de promoción interna: Las plazas convocadas deben ser proporcionales al número de empleados en cada cuerpo, garantizando al menos un 10% anual de la plantilla para poder progresar, acabando con la política de recortes arbitrarios (como el 41% de 2025).

    Reforma de los procesos selectivos: Los exámenes deben convertirse en procesos formativos y eliminatorios pero superables, donde el INAP imparta cursos obligatorios de preparación en horario laboral, garantizando la igualdad de oportunidades y alineando la formación con la prueba final.

    Evaluación continua: Sustituir el modelo de "todo o nada" por un sistema de méritos y formación continua que permita al funcionario acumular créditos a lo largo de los años, evitando que un mal día en un examen destruya años de esfuerzo.

La AGE no puede seguir utilizando la promoción interna como un mecanismo de ahorro presupuestario o de exclusión. Es hora de que el INAP deje de ser un problema y se convierta en la solución, recuperando su esencia como escuela de servicio público y palanca para el desarrollo profesional de quienes sostienen el Estado. Si no se actúa ya, la descapitalización del talento público será (es ya) irreversible.

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La ecuación de contingencia y el camino hacia el caos: Lyapunov, el Bruselator, el Oregonator y Lorenz

(Publicado el 02.05.2025)

Introducción: el enigma de lo determinista e impredecible
Durante siglos, la visión laplaciana dominó la ciencia: si conociéramos todas las leyes y condiciones iniciales del universo, como propuso Pierre-Simon Laplace con su metafórico «demonio», podríamos predecir cualquier evento futuro con absoluta certeza. Este determinismo radical, casi un deus ex machina matemático, asumía que la naturaleza operaba como un reloj mecánico, lineal y predecible. Sin embargo, el siglo XX reveló fisuras en esta ilusión.

Sistemas aparentemente simples, gobernados por ecuaciones deterministas, comenzaron a mostrar comportamientos erráticos e imposibles de pronosticar a largo plazo. ¿Cómo reconciliar leyes exactas con resultados caóticos? La respuesta yace en la no linealidad y la sensibilidad a condiciones iniciales, pilares de la teoría del caos.

A medida que la ciencia abandonó la comodidad de los modelos lineales, surgieron herramientas como los exponentes de Lyapunov para medir la divergencia exponencial de trayectorias, y modelos como el Bruselator y el Oregonator para ilustrar cómo el orden y el caos coexisten en reacciones químicas y ecológicas.

Este viaje desde el determinismo ingenuo hasta la complejidad dinámica culmina con Edward Lorenz, cuyo modelo atmosférico demostró que incluso ecuaciones sencillas pueden esconder un «atractor extraño», donde lo determinista se vuelve impenetrable.

En esta paradoja reside el corazón de la teoría del caos: no es el azar lo que gobierna, sino la estructura oculta de un universo donde lo predecible y lo contingente se entrelazan.

La ecuación de contingencia y los exponentes de Lyapunov: bifurcaciones y la medición del caos

La idea de una ecuación de contingencia surge como metáfora para describir cómo sistemas deterministas —gobernados por ecuaciones precisas— pueden generar comportamientos aparentemente aleatorios. Aunque no existe una fórmula única con este nombre, el concepto encapsula la transición desde un orden predecible hacia un régimen donde múltiples futuros son posibles, incluso bajo reglas fijas. Este fenómeno se manifiesta en bifurcaciones, puntos críticos donde un sistema cambia cualitativamente su comportamiento al variar un parámetro.

Por ejemplo, en el modelo logístico

pequeños incrementos en el parámetro r llevan de estabilidad a oscilaciones periódicas y, finalmente, al caos. Cada bifurcación representa un «punto de contingencia»: un instante donde el sistema «elige» entre trayectorias divergentes, desafiando la predictibilidad clásica.

Aquí entran los exponentes de Lyapunov (λ), herramientas matemáticas que cuantifican cómo dos condiciones iniciales casi idénticas se separan exponencialmente en el tiempo. Si λ>0, la divergencia es exponencial (caos); si λ<0, las trayectorias convergen (estabilidad). En sistemas como el péndulo doble o el clima, un λ positivo implica que errores mínimos en los datos iniciales —como el aleteo de una mariposa— se amplifican hasta hacer imposible cualquier predicción a largo plazo.

La relación entre bifurcaciones y Lyapunov es crucial: al cruzar un umbral de bifurcación, el exponente dominante puede cambiar de negativo a positivo, marcando el nacimiento del caos.

Por ejemplo, en la ruta de Feigenbaum (común en sistemas no lineales), una secuencia de bifurcaciones precede a la entrada en caos, y el exponente de Lyapunov se vuelve positivo justo en ese límite. Así, los exponentes no solo diagnostican caos, sino que también revelan dónde y cómo emerge la contingencia en las ecuaciones.

En esencia, la «ecuación de contingencia» no es una fórmula, sino un marco que une tres ideas:

1. Determinismo no lineal: Reglas fijas, pero con términos no lineales que permiten retroalimentación y emergencia de complejidad.
2. Bifurcaciones: Umbrales donde el sistema multiplica sus posibles estados futuros.
3. Lyapunov: La métrica que traduce la sensibilidad a condiciones iniciales en una cantidad física medible.

Este trío muestra que la contingencia no es azar, sino un producto estructurado de la dinámica inherente a los sistemas complejos. Lo que Laplace consideraría un fallo en el conocimiento, la teoría del caos lo revela como una propiedad fundamental: incluso en un universo reglado, la predictibilidad absoluta es un espejismo.

Osciladores químicos: Bruselator y Oregonator
En los años 70, modelos teóricos revelaron que reacciones químicas podían exhibir comportamientos complejos:

• El Bruselator: desarrollado por Prigogine en Bruselas, este sistema de ecuaciones describe reacciones autocatalíticas. Bajo ciertos parámetros, muestra oscilaciones sostenidas (ciclos límite) e incluso transiciones a caos mediante bifurcaciones, ilustrando cómo el orden surge del no equilibrio.
• El Oregonator: Simplificando la reacción de Belousov-Zhabotinsky (BZ), este modelo captura oscilaciones químicas reales. Aunque principalmente periódico, su estructura no lineal lo hace susceptible a caos bajo perturbaciones, destacando la universalidad de los fenómenos dinámicos.

Estos modelos demostraron que la complejidad no requiere complicación; incluso reglas simples pueden generar patrones ricos, preparando el terreno para entender el caos en sistemas naturales.

Edward Lorenz y la ruta hacia el caos: un descubrimiento con herramientas mínimas
En la década de 1960, Edward Lorenz, meteorólogo del MIT, no contaba con supercomputadoras ni algoritmos complejos. Usó una ordenador analógica rudimentario, un Royal McBee LGP-30, para modelar convección atmosférica, un fenómeno clave en la formación del clima. Su objetivo era simplificar las ecuaciones de fluidos de Navier-Stokes, pero al reducir el sistema a tres ecuaciones no lineales —hoy célebres como las ecuaciones de Lorenz—, tropezó con algo revolucionario:

1. El accidente que reveló el caos:
   Lorenz intentó repetir una simulación, pero ingresó valores iniciales redondeados (por ejemplo, 0.506 en lugar de 0.506127). Para su sorpresa, la nueva trayectoria divergió radicalmente de la original. Este fenómeno, luego bautizado como efecto mariposa, mostraba que sistemas deterministas pueden ser impredecibles debido a su extrema sensibilidad a las condiciones iniciales.
2. El atractor extraño y la geometría del caos:
   Al graficar las soluciones de sus ecuaciones, Lorenz observó trayectorias que nunca se repetían ni se cruzaban, pero quedaban confinadas en una estructura en forma de alas de mariposa. Este atractor extraño tenía una dimensión fractal, una propiedad matemática que sugería orden dentro del desorden. Era la primera evidencia visual de que el caos podía ser determinista.
3. La analogía con las rutas de montaña:
   Aunque no estudió literalmente a alpinistas, la lógica de su modelo resuena con la idea de «rutas de descenso» en terrenos complejos. Imaginemos un alpinista que, al elegir entre dos grietas casi idénticas en una pared rocosa, termina en valles totalmente distintos. Así, en el modelo de Lorenz, pequeñas desviaciones iniciales (como un paso en falso) llevan a destinos climáticos irreconciliables. La no linealidad de las ecuaciones actúa como un «paisaje matemático» con múltiples valles (estados posibles) y crestas (bifurcaciones).
4. De la estabilidad a la turbulencia:
   Lorenz identificó que su sistema transitaba del orden al caos no por fuerzas externas, sino mediante bifurcaciones internas. Al variar parámetros como el número de Rayleigh (que controla la convección), el clima simulado pasaba de flujos estables a oscilaciones periódicas y luego a turbulencia caótica. Esta ruta al caos se convirtió en un paradigma para entender transiciones en sistemas biológicos, ecológicos y sociales.

Con herramientas básicas, Lorenz demostró que la complejidad no requiere complejidad matemática. Sus ecuaciones, casi espartanas, desafiaron el dogma laplaciano y revelaron que el caos es una propiedad intrínseca de sistemas no lineales simples. Hoy, su atractor no solo ilustra la impredecibilidad del clima, sino que simboliza un principio universal: en un universo regido por reglas, la contingencia emerge de la geometría misma de las ecuaciones.

Conexiones y legado
La teoría del caos no es solo un conjunto de ecuaciones, sino un puente entre disciplinas. Los exponentes de Lyapunov, por ejemplo, trascendieron su origen en la mecánica celeste para convertirse en un alfabeto común.

En química, permiten medir cómo una reacción oscilante como el Bruselator —con sus ritmos ordenados— puede deslizarse hacia la turbulencia si un parámetro cruza un umbral crítico. En ecología, estos exponentes ayudan a predecir colapsos en poblaciones de especies: un valor positivo de λ no solo señala caos, sino que advierte de la fragilidad de un ecosistema ante perturbaciones mínimas.

Lo que comenzó como una abstracción matemática se volvió una herramienta para diagnosticar la estabilidad en sistemas tan diversos como redes neuronales o mercados financieros.

Edward Lorenz, por su parte, hizo más que descubrir el efecto mariposa. Al demostrar que ecuaciones simples podían encapsular la complejidad del clima, desdibujó la frontera entre lo físico y lo social. Economistas adaptaron sus modelos para estudiar burbujas especulativas, donde fluctuaciones imperceptibles en la confianza de los inversores desencadenan crisis globales.

En neurociencia, los atractores extraños se usan para mapear la actividad cerebral, interpretando patrones caóticos como signos de salud o enfermedad. Hasta la filosofía se vio sacudida: el caos determinista cuestionó nociones clásicas de libre albedrío y causalidad, sugiriendo que el azar y el destino podrían ser dos caras de una misma moneda dinámica.

Esta sinergia revela un principio profundo: el caos no es una anomalía, sino un mecanismo de la naturaleza para generar diversidad y adaptación. Los fractales de Lorenz, los umbrales de Lyapunov y las bifurcaciones en modelos químicos son manifestaciones de un mismo fenómeno —la emergencia de lo impredecible desde reglas deterministas— que se repite en escalas y contextos asombrosamente distintos.

El legado no está en las ecuaciones en sí, sino en cómo redefinieron nuestra relación con la incertidumbre. Ya no vemos el caos como un fracaso del conocimiento, sino como una señal de que el universo, incluso en su aparente imprevisibilidad, sigue un código oculto: uno que mezcla orden y contingencia en cada latido de la realidad.

Conclusión: el caos como orden implícito y el arte de mirar con otros ojos
La lección más profunda de la teoría del caos no es que el universo sea impredecible, sino que lo que llamamos desorden suele ser un orden que aún no hemos aprendido a leer.

La naturaleza, desde las nubes hasta las neuronas, nos enseña que la frontera entre ruido, caos y orden es una cuestión de escala, perspectiva y paciencia. Un electrocardiograma humano, por ejemplo, no es una línea plana: sus oscilaciones irregulares son señal de salud, mientras que la uniformidad absoluta indica muerte. Del mismo modo, los pétalos de las rosas, con sus aristas afiladas y pliegues triangulares, desafían la intuición: lo que parece un capricho estético es, en realidad, la solución elegante de una ecuación geométrica oculta.

El estudio de las rosas publicado en Science ilustra esta idea con claridad poética. Mientras la mayoría de las flores obedecen el teorema egregio de Gauss, aliviando tensiones mediante curvaturas suaves, las rosas rompen las reglas. Sus pétalos, al crecer de forma uniforme, pero bajo restricciones tridimensionales, generan una frustración geométrica que se resuelve en aristas abruptas, violando las ecuaciones clásicas de Mainardi-Codazzi-Peterson. Lo que a simple vista parece un caos de formas —cúspides y pliegues afilados— es, en realidad, un sistema perfectamente organizado, donde la tensión se distribuye para evitar el colapso. Así, la rosa nos recuerda que incluso lo que percibimos como ruido puede ser la firma de un orden alternativo, invisible sin las herramientas adecuadas.

Este principio resuena en la teoría del caos: las trayectorias erráticas del atractor de Lorenz o las fluctuaciones aparentemente aleatorias en un ecosistema no son desviaciones del orden, sino su expresión más íntima. Como los pétalos de rosa, el caos determinista es una respuesta a tensiones internas —no lineales, recursivas— que forjan estructuras nuevas. La clave está en cambiar el enfoque: lo que Laplace habría descartado como error de medición, Lorenz lo elevó a propiedad fundamental; lo que un botánico ignorante podría ver como una flor imperfecta, la física revela como un prodigio de ingeniería natural.

En última instancia, la teoría del caos y los estudios morfológicos como el de las rosas comparten un mensaje radical: el universo no tiene categorías fijas para el orden y el desorden. Lo que llamamos caos es, a menudo, un orden que opera en una dimensión que aún no dominamos, ya sea matemática, temporal o espacial. Y así como los exponentes de Lyapunov nos enseñaron a medir la imprevisibilidad, las aristas de las rosas nos invitan a buscar patrones donde antes solo veíamos azar. En un mundo regido por reglas, la belleza —y la ciencia— surgen de descifrar cómo lo aparentemente contingente es, en verdad, la única forma posible de existir.

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