Fabricando la realidad (10). Principio de la falsa dicotomía: reducir todas las posibilidades hasta hacernos creer que solo existen dos opciones

La complejidad del mundo social es, por definición, plural. Ante cualquier problema político —económico, territorial, migratorio, climático— existe siempre un abanico de posibles respuestas, que van desde las más conservadoras hasta las más transformadoras, pasando por innumerables matices intermedios, combinaciones híbridas y soluciones inéditas. Sin embargo, el principio de la falsa dicotomía se encarga de borrar esa pluralidad y reducir el espectro de opciones a solo dos: una buena y una mala, una nuestra y una del enemigo, una que salva y una que condena. Al hacerlo, no solo simplifica la realidad —ya lo vimos en el sexto principio—, sino que la secuestra, obligándonos a elegir entre dos alternativas que rara vez capturan la complejidad de lo que está en juego. La falsa dicotomía es, quizás, la técnica más eficaz para cerrar el debate democrático: cuando solo hay dos opciones, la discusión se convierte en una trinchera, y quien no elige una de ellas es tachado de indeciso, ingenuo o traidor.

La ciencia política ha estudiado este fenómeno como una de las principales herramientas del pensamiento polarizado. El psicólogo político Philip Tetlock acuñó el concepto de «pensamiento dicotómico» para describir la tendencia a dividir el mundo en categorías binarias —nosotros/ellos, buenos/malos, amigos/enemigos— que simplifica la toma de decisiones pero empobrece el juicio. La teoría de la elección pública, por su parte, ha mostrado cómo los partidos políticos y los medios de comunicación tienen incentivos para presentar los problemas como disyuntivas excluyentes, porque las soluciones matizadas son difíciles de comunicar y movilizan menos emociones. Como señala un análisis sobre polarización, la falsa dicotomía es una de las principales «trampas cognitivas» que alimentan la hostilidad afectiva, porque al reducir las opciones a dos, convierte a los ciudadanos en soldados de un bando y no en buscadores de soluciones.

En el contexto español, el conflicto territorial ha sido el terreno más fértil para la falsa dicotomía. Durante años, el debate sobre Cataluña se ha presentado como una elección entre dos opciones irreconciliables: «la unidad de España» o «la independencia de Cataluña». Cualquier alternativa intermedia —un estado federal, una confederación, una reforma constitucional que reconozca la plurinacionalidad, un concierto económico similar al vasco— ha sido sistemáticamente ignorada o deslegitimada por ambos bandos. Para el independentismo, cualquier opción que no sea la independencia es «sumisión»; para el constitucionalismo más intransigente, cualquier concesión es «ruptura». El resultado es que millones de ciudadanos se sienten atrapados entre dos opciones que no quieren, sin espacio para imaginar una tercera vía que podría resolver el conflicto con más inteligencia y menos coste social. La falsa dicotomía no solo empobrece el debate; impide la solución.

El debate sobre inmigración ha sido otro campo de batalla de la falsa dicotomía. La elección se presenta constantemente como «fronteras abiertas» frente a «cierre total». Por un lado, se acusa a quienes defienden políticas humanitarias de querer una inmigración sin control que «inunde» el país; por otro, se acusa a quienes defienden el control fronterizo de ser «xenófobos» y «racistas». La realidad, por supuesto, es mucho más compleja: es posible tener políticas de acogida ordenadas, sistemas de asilo eficientes, integración laboral y cultural, y al mismo tiempo controlar las fronteras y combatir las mafias de tráfico de personas. Pero esa opción intermedia no moviliza emociones, no genera titulares, no permite construir una identidad política excluyente. La falsa dicotomía convierte la gestión migratoria en una guerra cultural, donde cada bando se define por oposición al otro y cualquier intento de encontrar un término medio es tachado de incoherente.

El ámbito de la política económica española ha sufrido la misma reducción binaria. El debate sobre el modelo productivo se ha polarizado entre «más Estado» y «más mercado», como si no existieran economías mixtas exitosas, modelos de bienestar sostenibles o fórmulas de colaboración público-privada que funcionan en otros países europeos. La discusión sobre el impuesto a las grandes fortunas se ha reducido a «justicia fiscal» frente a «confiscación», eliminando la posibilidad de debatir sobre tipos impositivos, exenciones, efectos redistributivos o competitividad internacional. La vivienda se debate entre «derecho» y «mercado», como si no hubiera formas de regular el mercado para garantizar el derecho sin eliminarlo. En cada caso, la falsa dicotomía cierra la puerta a soluciones creativas y condena a la ciudadanía a elegir entre dos opciones que rara vez representan sus intereses reales.

En el ámbito internacional, la falsa dicotomía ha sido una constante en la política estadounidense. El debate sobre el cambio climático se ha presentado durante años como «proteger el empleo» frente a «proteger el medio ambiente», como si no existieran políticas de transición justa que crean más empleos verdes de los que destruyen. La política exterior se ha debatido como «intervención militar» frente a «aislacionismo», ignorando las opciones de diplomacia, sanciones inteligentes, apoyo a la sociedad civil o cooperación multilateral. Donald Trump ha sido un maestro en la falsa dicotomía: su discurso constantemente presenta opciones binarias —«America First» frente a «globalismo», «ley y orden» frente a «caos», «patriotas» frente a «enemigos del pueblo»— que eliminan cualquier posibilidad de matiz y convierten cada elección en una batalla existencial.

El Brexit británico fue otro ejemplo paradigmático de falsa dicotomía. La campaña del referéndum redujo una relación de más de cuarenta años entre el Reino Unido y la Unión Europea a una simple elección: «permanecer» frente a «salir». No se debatió seriamente sobre un modelo de asociación suave, un acuerdo de mercado único, una cooperación selectiva o una salida gradual; todo fue comprimido en dos opciones que no reflejaban la complejidad de la relación ni las consecuencias de cada una. El resultado fue una decisión tomada con información insuficiente, que dividió al país y que años después sigue generando arrepentimiento y confusión. La falsa dicotomía no solo distorsiona el debate; puede llevar a decisiones catastróficas porque oculta todas las alternativas razonables entre los extremos.

En América Latina, el populismo ha explotado sistemáticamente la falsa dicotomía. En Brasil, el debate político se ha polarizado entre «Lula» y «Bolsonaro», como si no hubiera otras fuerzas políticas, otras coaliciones u otras visiones de país. En Argentina, el peronismo y el antiperonismo han estructurado la política durante décadas en una dicotomía que excluye a cualquier alternativa que no se defina en relación con esa oposición fundacional. En Venezuela, el chavismo ha presentado la elección como «revolución» frente a «imperialismo», eliminando cualquier espacio para una oposición democrática que no sea etiquetada como «golpista». En todos estos casos, la falsa dicotomía no es un accidente retórico, sino una estrategia deliberada para reducir la política a una guerra de identidades excluyentes, donde el adversario no es un competidor legítimo, sino un enemigo al que hay que derrotar.

La sociología política ha mostrado que la falsa dicotomía es particularmente eficaz en momentos de crisis, cuando la incertidumbre y el miedo hacen que los ciudadanos busquen respuestas simples y líderes fuertes. En esos momentos, la complejidad se percibe como debilidad, y la capacidad de sostener matices como indecisión. Los líderes populistas y los medios polarizados aprovechan esta ventana de oportunidad para instalar dicotomías que simplifican la realidad y movilizan emociones. El problema es que, una vez instaladas, las dicotomías tienden a perpetuarse: la ciudadanía se acostumbra a pensar en términos binarios, y cualquier intento de introducir matices es rechazado como confuso o desleal. Romper el ciclo requiere un esfuerzo consciente de reintroducir la complejidad en el debate público, lo que es siempre más difícil que mantener la dicotomía.

El antídoto contra la falsa dicotomía es la práctica de la tercera vía, en el sentido más amplio: la búsqueda constante de opciones que no están en la polaridad establecida. Preguntarse siempre, ante cualquier problema político: ¿realmente solo hay dos opciones? ¿Qué alternativas existen entre estos extremos? ¿Quién se beneficia de que no se consideren esas alternativas? Exigir a los políticos y a los medios que presenten el abanico completo de posibilidades, no solo las dos que les convienen. Practicar la humildad intelectual de reconocer que la solución óptima puede no estar en ninguna de las opciones que se nos ofrecen, y que el debate democrático debe ser un espacio para inventar nuevas respuestas, no solo para elegir entre viejas dicotomías. Como escribió el filósofo John Stuart Mill, la verdad no suele estar en uno de los extremos, sino en la combinación de ambos; y la democracia necesita ciudadanos capaces de sostener esa combinación, no soldados de una trinchera.

En el próximo artículo analizaremos el décimo principio: el de personalización, esa técnica que adapta el mensaje a los miedos, deseos y valores de cada grupo, y que nos muestra cómo la manipulación se vuelve más eficaz cuando habla el lenguaje de cada quien. 

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La paradoja austriaca: cuando la realidad desmiente al axioma

Existe una ironía que pocos señalan en el debate económico contemporáneo. La Escuela Austriaca de Economía, ese cuerpo teórico que prescribe la mínima intervención estatal, la privatización sistemática y la desregulación como condiciones sine qua non del desarrollo, lleva el nombre de un país que hace exactamente todo lo contrario. Y ese país, Austria, es hoy una de las sociedades más prósperas, estables y habitables del planeta.

La Escuela Austriaca no es, desde luego, una escuela de Austria en el sentido geográfico o institucional. Nació en Viena en 1871 con Carl Menger, pero sus herederos intelectuales —Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Murray Rothbard— construyeron un edificio teórico que la Austria real nunca aplicó. El término «austriaco» fue, de hecho, un apodo despectivo acuñado por la Escuela Histórica Alemana para desacreditar a Menger y sus discípulos. Hoy, ese apodo ha sido reivindicado por una corriente que inspira a líderes políticos desde Argentina hasta Estados Unidos, mientras la Austria concreta —la de las estadísticas, los presupuestos y las políticas públicas— opera bajo una lógica que sus homónimos teóricos rechazarían de plano.

Aquí sostenemos una tesis sencilla pero incómoda: la Austria real constituye un contraejemplo empírico de los axiomas centrales de la Escuela Austriaca de Economía. No se trata de un juicio moral ni de una refutación lógica —la praxeología, como método, es inmune a la falsación empírica por construcción—, sino de una constatación sociológica: el país que da nombre a la escuela es, quizás, el menos austriaco de los países desarrollados.

Hablemos de los axiomas de la Escuela Austríaca.

Para medir la distancia entre teoría y realidad conviene recordar qué prescribe la Escuela Austriaca. Sus principios metodológicos —individualismo, subjetivismo, praxeología— derivan en un programa político inequívoco: el Estado debe limitarse a garantizar los derechos de propiedad y la seguridad; toda intervención en el sistema de precios distorsiona la asignación de recursos; la expansión del gasto público y la presión fiscal sofocan la iniciativa empresarial; y la propiedad estatal de empresas es, por definición, ineficiente.

Mises llevó este razonamiento hasta sus últimas consecuencias con su célebre teorema de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. Sin precios libres, argumentó, ningún planificador central puede asignar recursos eficientemente. La conclusión era tajante: el socialismo es económicamente inviable.

Austria nunca ha sido socialista. Pero tampoco se parece, ni de lejos, al modelo que la escuela que lleva su nombre prescribe. Y sin embargo, funciona.

Una fiscalidad que los austriacos no consideran opresiva

En 2024, la presión fiscal austriaca alcanzó el 43,7% del PIB, situándose entre las más altas de la Unión Europea y del mundo. El gasto público total fue aún mayor: 55,2% del PIB, muy por encima del promedio europeo.

Para un economista ortodoxo de la Escuela Austríaca, estas cifras constituyen una condena anticipada. Un Estado que absorbe más de la mitad de la riqueza nacional debería, según su modelo, asfixiar la inversión privada, ahuyentar el emprendimiento y generar desempleo masivo. Pero la realidad austriaca contradice cada una de estas predicciones.

El salario medio bruto ronda los 3.900 euros mensuales en catorce pagas, uno de los más altos del mundo. La tasa de desempleo, aunque ha crecido, se mantiene en torno al 5,5-7% según la definición utilizada, niveles que muchas economías menos gravadas envidiarían. El país produce una renta per cápita de 55.700 euros anuales, situándose entre las diez economías más ricas del planeta.

La paradoja no es menor. La fiscalidad elevada no ha destruido la economía austriaca; la ha financiado.

El Estado como empresario y planificador

Si la fiscalidad es alta, la presencia empresarial del Estado es, para los estándares liberales, escandalosa. Austria no se limita a recaudar y redistribuir: participa activamente en la propiedad y gestión de sectores estratégicos.

La República posee el 51% de Verbund, la principal eléctrica del país, que explota alrededor de 140 centrales hidroeléctricas. Controla el 52,85% del Correo Austriaco, el 33,24% de los Casinos Austriacos y el 31,5% de OMV, la mayor empresa del país por facturación. La red ferroviaria es estatal. Las telecomunicaciones y las infraestructuras estratégicas cuentan con participación pública significativa.

Es cierto que Voestalpine, la siderúrgica insignia, se privatizó completamente en 2003 y hoy pertenece a accionistas privados. Y Red Bull nunca ha sido una empresa estatal, aunque mantiene una relación institucional estrecha con el Ejército austriaco. Pero estas precisiones no alteran el cuadro general: Austria es un país donde el Estado no se limita a regular el mercado; es un actor económico de primer orden.

Para la teoría de la Escuela Austríaca, esta configuración debería generar ineficiencias masivas. La evidencia nos sugiere lo contrario. Verbund produce electricidad con una de las matrices más limpias de Europa: más del 60% hidroeléctrica y el 87,5% renovable en 2024. La red ferroviaria funciona. El correo funciona. Y la economía, aunque crece lentamente —0,6% en 2025 tras dos años de contracción—, lo hace desde una base de prosperidad que muy pocos países pueden igualar.

Vivienda, energía y la reproducción de la vida

Hay un ámbito donde el contraste entre axioma y realidad resulta especialmente nítido: la vivienda. Para la Escuela Austriaca, la intervención en el mercado inmobiliario —control de alquileres, vivienda pública, planificación urbanística— genera escasez y deterioro. Viena constituye la refutación más elocuente de esta tesis.

Una de cada cuatro viviendas en Austria es pública. En Viena, más del 50% de la población vive en vivienda social, y casi el 80% de los hogares son de alquiler. Los alquileres públicos representan apenas el 10% del salario medio, una proporción inimaginable en Londres, Nueva York o Barcelona.

El resultado no es un mercado inmobiliario disfuncional, sino todo lo contrario: Viena ha sido sistemáticamente reconocida como una de las ciudades más habitables del mundo, con puntuaciones máximas en educación, infraestructura y atención sanitaria. La vivienda pública no ha generado escasez; ha generado estabilidad social y calidad de vida.

Algo similar ocurre con la energía. Austria obtiene más del 60% de su electricidad de la hidroeléctrica y casi el 90% de fuentes renovables, una matriz que combina seguridad de suministro con sostenibilidad ambiental. Esta transición no ha sido el resultado espontáneo del mercado, sino de décadas de planificación pública y propiedad estatal de infraestructuras estratégicas.

La concertación social como tecnología de gobernanza

Quizás el elemento más ajeno al ideario austriaco —y más decisivo para explicar el éxito austriaco— sea el sistema de concertación social. Desde 1945, el Estado, los sindicatos (ÖGB) y las cámaras empresariales negocian de manera institucionalizada salarios, condiciones laborales y políticas económicas.

La cobertura de los convenios colectivos alcanza a más del 95% de los trabajadores del sector privado, independientemente de su afiliación sindical. Esto significa que casi ningún trabajador austriaco queda fuera del paraguas de la negociación colectiva. La paz social resultante ha sido un activo estratégico: Austria tiene una de las tasas de conflictividad laboral más bajas de Europa.

La Escuela Austriaca desconfía de toda forma de corporativismo. Para Mises y Hayek, la negociación colectiva institucionalizada distorsiona el mercado laboral y genera desempleo. Pero la experiencia austriaca sugiere todo lo contrario: la concertación social ha sido un mecanismo de coordinación de expectativas que ha permitido combinar salarios altos, competitividad exportadora y cohesión social.

La paradoja del déficit

Llegados hasta aquí, podríamos objetar: Austria tiene un déficit fiscal superior al 4% del PIB, incumpliendo el límite de Maastricht. ¿No es esto una confirmación de que el modelo es insostenible?

Pues sí. El déficit austriaco es real y preocupa a los responsables políticos. Pero conviene contextualizarlo. Se trata de un déficit estructural que refleja, en parte, el envejecimiento demográfico y el coste de un Estado de bienestar maduro. No es el resultado de un colapso económico, sino de la dificultad de financiar un nivel de servicios y transferencias que la población considera irrenunciables.

La inflación, por su parte, se sitúa en torno al 3,6% anual, por encima del objetivo del BCE pero lejos de las espirales hiperinflacionarias que la teoría austriaca asocia a la expansión monetaria. El crecimiento es débil —0,6% en 2025—, pero positivo tras dos años de contracción.

Para un economista ortodoxo de la Escuela Austríaca, estas cifras son síntomas de un mal mayor. Para un sociólogo, son la expresión de un trade-off inevitable: las sociedades que eligen altos niveles de provisión pública y cohesión social deben aceptar, como contrapartida, una carga fiscal elevada, un déficit recurrente y un crecimiento más moderado. Lo notable no es que Austria tenga déficit; lo notable es que, con ese déficit, siga siendo uno de los países más prósperos y habitables del mundo.

La lección austriaca

La Escuela Austriaca de Economía tiene una influencia desproporcionada en el debate político contemporáneo. Sus ideas sobre el cálculo económico, la función empresarial y los peligros de la planificación central son contribuciones genuinas al desarrollo de la ciencia económica. Pero su transcripción a un programa político dogmático —especialmente en América Latina— merecería una reflexión crítica.

Austria es un espejo incómodo. No porque sea perfecta —tiene déficit, tiene inflación, tiene problemas—, sino porque demuestra que el desarrollo no requiere la demolición del Estado. Requiere, más bien, un Estado capaz, bien financiado, integrado en redes de gobernanza con los actores sociales, y comprometido con la provisión de bienes públicos de alta calidad.

La Austria real parece haber entendido algo que muchos fanáticos del mercado no han entendido: una economía desarrollada no se construye destruyendo el Estado; se construye haciendo que el Estado funcione. La fiscalidad del 43,7% no es un obstáculo al desarrollo; es su condición de posibilidad. La vivienda pública no distorsiona el mercado; lo hace habitable. La concertación social no paraliza la economía; la estabiliza.

Quizás la lección más profunda de la paradoja austriaca sea esta: los axiomas son herramientas analíticas, no mandamientos. La Escuela Austriaca, como toda teoría, ilumina ciertos fenómenos y oscurece otros. La Austria concreta —la que existe, la que funciona, la que sus ciudadanos eligen— nos recuerda que el mundo real es más complejo, más interesante y más hospitalario con la intervención pública de lo que cualquier axioma, por elegante que sea, puede capturar.

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Fabricando la realidad (9). Principio de descontextualización: separar un hecho de todo aquello que necesitamos saber para poder interpretarlo

La fragmentación nos rompe la realidad en pedazos; la descontextualización va un paso más allá y nos arranca cada pedazo del entorno que le da sentido. Un hecho aislado de su contexto no es un hecho: es un artefacto, una pieza suelta que puede ser ensamblada en cualquier relato porque ya no remite a nada que la constriña. El principio de descontextualización consiste precisamente en eso: separar un acontecimiento, una declaración, una imagen o un dato de todo aquello que necesitamos saber para poder interpretarlo. Al arrancar el hecho de su marco temporal, espacial, histórico, económico o relacional, se convierte en materia maleable, susceptible de ser utilizada para construir cualquier narrativa. Sin contexto, no hay verdad; solo hay fragmentos que flotan a la espera de que alguien les dé un significado, y ese alguien suele ser quien tiene el poder de contar la historia.

La filosofía y la teoría de la comunicación han insistido en la centralidad del contexto para la comprensión. Paul Watzlawick, en su teoría de la comunicación humana, afirmaba que «no se puede no comunicar», y que todo mensaje tiene un aspecto de contenido y otro de relación, siendo este último el que proporciona el contexto necesario para interpretar el primero. Umberto Eco, demuestra en su teoría de la semiótica que un signo sin contexto es un signo vacío, abierto a infinitas interpretaciones. En política, este principio se explota sistemáticamente: se extrae una frase de un discurso, se aísla una imagen de una manifestación, se separa un dato de su serie temporal, y se presenta el fragmento como si fuera la verdad completa. El resultado es que el ciudadano, privado del contexto, no puede juzgar el fragmento; solo puede reaccionar emocionalmente ante él, y esa reacción es precisamente lo que el manipulador busca.

En el contexto español, el debate territorial ha sido un campo de batalla para la descontextualización. La declaración de un político independentista, extraída de un discurso más amplio, se presenta como una «provocación» sin mencionar las declaraciones previas que la motivaron. Una imagen de una manifestación con banderas esteladas se muestra sin el contexto de la contramanifestación constitucionalista que tuvo lugar al mismo tiempo en otra ciudad. Un dato sobre el PIB catalán se publica sin comparación con el de otras comunidades autónomas ni con la evolución histórica. La descontextualización permite que cada bando construya su propia realidad: para unos, Cataluña es una nación oprimida que lucha por su libertad; para otros, es una región privilegiada que quiere romper la solidaridad con el resto de España. Ambas posiciones se basan en fragmentos descontextualizados, y ninguna de las dos tiene acceso al proceso histórico completo que explicaría por qué el conflicto catalán es lo que es, con todas sus contradicciones y matices.

La crisis migratoria es otro ejemplo paradigmático de descontextualización. La imagen de un grupo de migrantes saltando la valla de Ceuta se difunde sin el contexto de las políticas de externalización fronteriza de la UE, los acuerdos con Marruecos, las rutas de tráfico de personas o las condiciones de los campamentos en el norte de África. El dato de «70.000 llegadas» se presenta sin comparar con la población total de España (47 millones) ni con las cifras históricas de inmigración en otros periodos. El caso de un delito cometido por un inmigrante se convierte en noticia nacional sin mencionar que la tasa de criminalidad entre inmigrantes es similar o inferior a la de los nativos cuando se controlan otras variables. La descontextualización transforma un fenómeno complejo de movilidad humana en una amenaza abstracta, y al hacerlo, legitima políticas de exclusión que, examinadas en su contexto global, carecerían de justificación.

El caso de las «devoluciones en caliente» en Ceuta y Melilla ofrece un ejemplo especialmente revelador. Las imágenes de la Guardia Civil devolviendo a migrantes a Marruecos se difundieron sin el contexto de los acuerdos bilaterales entre España y Marruecos, ni de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que las prohíbe, ni de las condiciones de hacinamiento en los centros de acogida que hacen inviable la acogida de todos los que llegan. Cada uno de estos fragmentos —la imagen, la ley, la política— es real, pero su presentación aislada permite que unos condenen la práctica como violación de derechos humanos y otros la defiendan como medida de control fronterizo. La descontextualización convierte un debate sobre política migratoria en un enfrentamiento moral irreducible, donde cada bando cree tener la verdad porque solo ve una parte del proceso.

El ámbito internacional ofrece ejemplos aún más extremos de descontextualización. Durante la guerra de Ucrania, la imagen de un hospital bombardeado se difundió sin el contexto de la estrategia militar rusa de atacar infraestructuras civiles, ni de la contraofensiva ucraniana, ni de los acuerdos de Minsk que precedieron a la invasión. La declaración de un líder ruso sobre «desnazificación» se citó sin mencionar la larga historia de relaciones entre Ucrania y Rusia, ni el papel de la OTAN en la región. La descontextualización permite que la audiencia occidental vea la guerra como una agresión unilateral, mientras que la audiencia rusa la ve como una defensa preventiva; ambas percepciones se basan en fragmentos extraídos de un proceso que, en su totalidad, es extraordinariamente complejo y que ninguna de las dos narrativas captura completamente.

El conflicto en Gaza ha llevado la descontextualización a niveles extremos. La imagen de un edificio derribado por un bombardeo israelí se difunde sin el contexto de que Gaza es uno de los territorios más densamente poblados del mundo, que Israel controla su espacio aéreo, sus aguas territoriales, su registro civil y sus fronteras, y que la población civil no tiene posibilidad de huir porque las fronteras están selladas. Se nos muestra la destrucción sin explicarnos que más del 70% de los edificios residenciales de Gaza han sido dañados o destruidos, que los hospitales han sido atacados sistemáticamente, que los niños representan una proporción significativa de las víctimas mortales, y que la ONU ha calificado la situación como una catástrofe humanitaria sin precedentes. 

La declaración de un líder de Hamás sobre la «resistencia» se cita sin mencionar el contexto del bloqueo de Gaza que dura desde 2007, la ocupación militar israelí, los asentamientos ilegales en Cisjordania, las negociaciones de paz fallidas de décadas o las resoluciones de la ONU que Israel ha ignorado sistemáticamente. Se nos habla de los túneles de Hamás sin explicarnos que Israel los utiliza como pretexto para justificar la destrucción de infraestructura civil, ni que la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra líderes israelíes por crímenes de guerra. Se nos dice que Hamás no reconoce a Israel sin mencionar que Israel tampoco ha reconocido nunca el derecho de los palestinos a tener un Estado, ni ha respetado las fronteras de 1967, ni ha detenido la expansión de los asentamientos. 

La descontextualización, en este caso, no es un error informativo: es una estrategia deliberada para presentar una ocupación ilegal como una guerra entre iguales, para equiparar a la potencia ocupante con la población ocupada, y para justificar lo injustificable: la muerte de decenas de miles de civiles, la destrucción de un territorio entero y el desplazamiento forzoso de casi dos millones de personas. La descontextualización convierte un genocidio en un «conflicto», una limpieza étnica en una «operación militar», y a las víctimas en «daños colaterales».

La sociología de la comunicación ha mostrado que la descontextualización es particularmente eficaz en el entorno digital. Las redes sociales, con su formato de titulares breves y vídeos cortos, son máquinas de descontextualizar por naturaleza. Un tuit de 280 caracteres no puede incluir el contexto de un discurso de 30 minutos; un vídeo de 15 segundos no puede mostrar la evolución de una protesta de varias horas. La descontextualización no es una opción, sino una condición estructural de la comunicación digital. Y en esa condición, los actores políticos han encontrado una herramienta perfecta: pueden extraer el fragmento más incendiario, la imagen más impactante, el dato más escandaloso, y difundirlo sin el lastre del contexto que lo haría comprensible y, a menudo, menos escandaloso. El resultado es un ecosistema informativo donde la indignación se convierte en moneda corriente y la comprensión en una rareza.

El antídoto contra la descontextualización es la reconstrucción del contexto. Preguntarse siempre: ¿qué más necesito saber sobre esto? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Qué relación tiene esto con otros hechos? ¿Quién se beneficia de que no conozca el contexto? Buscar fuentes que ofrezcan análisis de largo plazo, no solo cobertura de última hora. Leer informes completos, no solo titulares; ver reportajes extensos, no solo clips virales; escuchar explicaciones detalladas, no solo tuits de 280 caracteres. Pero, sobre todo, desarrollar la paciencia de no juzgar un hecho hasta haber entendido su contexto. La descontextualización nos tienta con la satisfacción inmediata del juicio rápido; la resistencia a ella requiere la disciplina de la espera y la curiosidad. 

Parafraseando al historiador E.H. Carr, el hecho histórico no es un dato en bruto, sino una interpretación que depende del contexto; y quien niega el contexto, niega la historia misma. Recuperar el contexto es recuperar la capacidad de juzgar con conocimiento, y es una tarea que exige ciudadanos activos, no consumidores pasivos de fragmentos.

En el próximo artículo analizaremos el noveno principio: el de la falsa dicotomía, esa técnica que reduce todas las posibilidades hasta hacernos creer que solo existen dos opciones, y que es el siguiente paso en la arquitectura de la manipulación.

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Fabricando la realidad (8). Principio de fragmentación: romper la realidad en pedazos suficientemente pequeños para que perdamos de vista el proceso

Hay una forma de manipulación más sutil que la mentira directa y más eficaz que la simplificación: la fragmentación. No se trata de decir algo falso, sino de decir muchas cosas verdaderas, pero desconectadas entre sí, de modo que la imagen global que podríamos formar se desvanece antes de que podamos siquiera intentarlo. El principio de fragmentación consiste en romper la realidad en pedazos suficientemente pequeños para que perdamos de vista el proceso, la relación, la secuencia, la causalidad. Nos ofrece hechos, pero nos niega el contexto; nos da datos, pero nos oculta la estructura; nos muestra instantáneas, pero nos impide ver la película completa. Fragmentar no es ocultar, es desordenar. Y en el desorden, la comprensión se vuelve imposible.

La sociología de la comunicación ha estudiado este fenómeno desde sus orígenes. Marshall McLuhan advertía que los medios electrónicos nos sumergen en un «torrente de informaciones inconexas» que nos impide construir relatos coherentes. Jean Baudrillard llevó esta idea al extremo con su concepto de «hiperrealidad»: un mundo donde los fragmentos de la realidad circulan sin referente, sin origen y sin destino, creando una superficie de información que ya no remite a nada más que a sí misma. En este contexto, la fragmentación no es un accidente técnico, sino una estrategia deliberada: cuando la realidad llega en pedazos, el poder que los organiza es quien realmente construye el sentido. El Parlamento Europeo ha documentado esta táctica en su manual sobre la desinformacion describiendo cómo las campañas de manipulación masiva buscan «fragmentar la percepción de la realidad compartida», y lo logran precisamente mediante la saturación de piezas inconexas que impiden una visión de conjunto.

El conflicto catalán ofrece un ejemplo perfecto de fragmentación en acción. Durante años, la ciudadanía española ha recibido información fragmentada sobre Cataluña: un día, la noticia de una manifestación independentista; otro día, una declaración de un político; más tarde, un incidente en un colegio; después, un dato económico sobre el PIB catalán; luego, una encuesta sobre el apoyo al referéndum; más tarde, una imagen de una bandera ondeando en un balcón. Cada una de estas informaciones es verdadera en sí misma, pero su presentación fragmentada impide ver el proceso en su conjunto: la evolución del sentimiento independentista a lo largo de dos décadas, las causas económicas y culturales, las negociaciones fallidas, las dinámicas generacionales, el impacto de la represión judicial, la influencia de los medios internacionales. La fragmentación convierte un proceso histórico complejo en una sucesión de eventos desconectados, y al hacerlo, impide que la ciudadanía forme un juicio informado sobre qué está pasando realmente y por qué.

El ámbito de la vivienda en España es otro campo donde la fragmentación opera con eficacia. La crisis de acceso a la vivienda es el resultado de una compleja interacción de factores: políticas de liberalización del suelo, burbuja inmobiliaria, desregulación financiera, turistificación, fondos de inversión, falta de vivienda pública, aumento de la demanda, estancamiento salarial. Sin embargo, la información que llega a la ciudadanía está fragmentada en noticias inconexas: un día se habla de la okupación, otro día de los precios del alquiler, otro de los desahucios, otro de la ley de vivienda, otro de las manifestaciones de inquilinos. La fragmentación permite que cada uno de estos fragmentos sea utilizado por un actor político diferente para construir su propia narrativa: la okupación como problema de seguridad, los precios como problema de mercado, los desahucios como problema de justicia social. Pero la conexión entre todos estos fragmentos —la estructura que los articula— permanece invisible para la mayoría, y con ella, la posibilidad de una solución integral.

En el ámbito internacional, la cobertura de la guerra de Ucrania ha sido un ejemplo paradigmático de fragmentación. La información sobre el conflicto llega a la ciudadanía en forma de fragmentos diarios: una batalla aquí, un bombardeo allá, una declaración de un líder, una sanción económica, un dato de refugiados, una imagen de destrucción. Cada fragmento es real, pero su sucesión inconexa impide ver el proceso en su conjunto: la larga historia de las relaciones entre Rusia y Ucrania, la expansión de la OTAN, los intereses energéticos de Europa, la geopolítica del Mar Negro, las dinámicas internas de la política rusa y ucraniana. La fragmentación convierte una guerra compleja en una serie de episodios de un serial interminable, y al hacerlo, impide que la opinión pública pueda evaluar las decisiones políticas que se toman en su nombre, como el envío de armas o las negociaciones de paz.

El conflicto en Gaza ha sufrido una fragmentación aún más extrema. Las noticias sobre la guerra en Oriente Medio se presentan como piezas desconectadas que a menudo ni siquiera se articulan entre sí: un ataque israelí, un cohete de Hamás, una declaración de la ONU, una protesta en una universidad occidental, un dato de víctimas. La fragmentación permite que cada espectador seleccione los fragmentos que confirman su visión previa y descarte los que la contradicen, construyendo realidades paralelas que no se comunican entre sí. Para unos, la guerra es una «operación de autodefensa»; para otros, un «genocidio». Ambas posiciones se basan en fragmentos de realidad, pero ninguna tiene acceso a la totalidad del proceso: las décadas de ocupación, los fracasos de los procesos de paz, las dinámicas internas de la política israelí y palestina, los intereses regionales de Irán y Arabia Saudí, el papel de Estados Unidos. La fragmentación no resuelve nada; solo multiplica las posiciones irreconciliables.

La ciencia política ha demostrado que la fragmentación es una técnica particularmente eficaz en el entorno digital. Las redes sociales, por su propia arquitectura, fragmentan la realidad en publicaciones individuales, cada una de las cuales puede ser verdadera, pero que juntas crean un paisaje caótico donde la conexión entre las partes es invisible. Un estudio reciente muestra que los usuarios de redes sociales tienden a consumir información en fragmentos de menos de 280 caracteres, lo que hace prácticamente imposible comprender procesos complejos que requieren relatos extensos y contextualizados. La fragmentación, en este sentido, no es solo una estrategia de los actores políticos, sino un rasgo estructural del ecosistema informativo contemporáneo. Y como todo rasgo estructural, beneficia a quienes tienen interés en que la ciudadanía no comprenda el todo.

El antídoto contra la fragmentación es la reconstrucción del relato. Exigir que la información llegue con contexto, que las noticias se presenten como parte de un proceso, que los datos se conecten entre sí. Buscar fuentes que ofrezcan análisis de largo plazo, no solo cobertura de última hora. Leer libros, no solo tuits; ver documentales, no solo clips virales; escuchar podcasts de análisis, no solo titulares. Pero más allá de las fuentes, el antídoto es una actitud intelectual: la disposición a preguntarse siempre qué falta, qué conexión se ha omitido, qué proceso está detrás del fragmento que se nos ofrece. Como escribió el filósofo Walter Benjamin, el peligro del fragmento no es que sea falso, sino que se presenta como totalidad. Resistir la fragmentación es resistir la ilusión de que un pedazo de la realidad es la realidad entera, y es una tarea que requiere paciencia, atención y, sobre todo, la voluntad de no conformarse con respuestas fáciles.

En el próximo artículo analizaremos el octavo principio: el de descontextualización, esa técnica que separa un hecho de todo aquello que necesitamos saber para poder interpretarlo, y que es el hermano gemelo de la fragmentación en la fabricación de la realidad.

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Fabricando la realidad (7). Principio de simplificación: reducir una realidad compleja hasta que quepa en una sola idea

El ser humano tiene una capacidad limitada para procesar información. Nuestro cerebro, producto de millones de años de evolución, no está diseñado para manejar la complejidad infinita del mundo social, sino para extraer patrones, crear atajos y reducir la realidad a esquemas manejables. Esta tendencia cognitiva, que en condiciones normales nos permite tomar decisiones rápidas y sobrevivir, se convierte en una vulnerabilidad cuando es explotada políticamente. El principio de simplificación consiste precisamente en eso: tomar una realidad compleja, llena de matices, contradicciones y múltiples causas, y reducirla hasta que quepa en una sola idea, un eslogan, una imagen o una frase que pueda ser entendida, compartida y repetida sin esfuerzo. La simplificación no es solo una técnica de comunicación; es una operación de poder que elimina la complejidad para hacerla manejable, y al hacerlo, elimina también la posibilidad del disenso informado.

La ciencia política ha documentado este fenómeno desde los orígenes de la propaganda moderna. Walter Lippmann, en su obra Public Opinion, ya advertía en 1922 que la opinión pública no se forma a partir de la realidad, sino a partir de «pseudoentornos» que los medios y los líderes construyen para simplificar lo inabarcable. Harold Lasswell, fundador de la teoría de la propaganda, definió la comunicación política como el arte de «movilizar» a las masas a través de mensajes simples y repetitivos. La simplificación es el mecanismo que permite que un mensaje atraviese el ruido informativo y se instale en la mente colectiva. Un eslogan como «Make America Great Again» no describe ninguna política concreta, pero condensa una visión del mundo, una nostalgia, una promesa y una amenaza en cuatro palabras. Su poder no está en lo que dice, sino en lo que elimina: los matices, los costes, las contradicciones, los debates.

En el contexto español, el principio de simplificación ha sido una constante en el debate territorial. El conflicto catalán, en su complejidad histórica, lingüística, económica y jurídica, ha sido reducido repetidamente a una única idea por ambos bandos. Para unos, es simplemente «el derecho a decidir», como si la autodeterminación fuera un principio abstracto que no requiere considerar las implicaciones constitucionales, europeas o sociales. Para otros, es «la unidad de España», como si la nación fuera una entidad monolítica que no admite diversidad ni negociación. En ambos casos, la realidad se ha comprimido hasta desaparecer: no hay mención a las identidades plurales, a las dinámicas económicas, a los intereses enfrentados dentro de la propia Cataluña, a las alternativas al independentismo o al centralismo. Todo cabe en una frase, y esa frase ya no se discute; se defiende o se ataca con la misma pasión con que se defiende una religión.

La crisis migratoria ha sido otro campo fértil para la simplificación. El fenómeno migratorio es extraordinariamente complejo: implica causas económicas, conflictos bélicos, cambio climático, redes de tráfico, políticas de cooperación internacional, demografía, mercado laboral, integración cultural, y un largo etcétera. Sin embargo, en el debate público se ha reducido a una única idea: «invasión» para unos, «derechos humanos» para otros. La primera simplificación convierte a los migrantes en una masa homogénea y amenazante; la segunda los convierte en víctimas abstractas despojadas de agencia. Ninguna de las dos captura la realidad: hay migrantes que huyen de la guerra y migrantes que buscan trabajo; hay crisis humanitarias y hay oportunidades económicas; hay problemas de integración y hay contribuciones culturales. Pero la simplificación no busca describir; busca movilizar. Y para movilizar, todo lo que no encaje en la idea única debe ser eliminado.

El ámbito internacional ofrece ejemplos aún más depurados de simplificación. Donald Trump convirtió la economía estadounidense, con sus complejas cadenas globales de suministro, sus acuerdos comerciales multilaterales y sus desequilibrios estructurales, en una única idea: «China nos está robando». El Brexit redujo la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea —con sus cuatro décadas de integración jurídica, económica y social— a una sola consigna: «Take Back Control». En Brasil, Jair Bolsonaro condensó la lucha contra la corrupción, la inseguridad y la crisis económica en una figura única: «Lula es el problema». En todos estos casos, la simplificación no es un recurso retórico menor; es el núcleo de la estrategia política. Cuando la realidad cabe en una idea, la idea puede ser repetida hasta la saciedad, puede ser compartida en un tuit, puede ser coreada en un mitin y puede ser entendida por cualquiera, sin necesidad de formación ni de reflexión.

Pero la simplificación no es patrimonio exclusivo de la derecha populista. La izquierda también recurre a ella con frecuencia. «El capitalismo es la causa de todos los males» es una simplificación que elimina la complejidad de las relaciones económicas globales, la diversidad de modelos capitalistas y la agencia de los actores sociales. «El patriarcado explica toda la desigualdad» es otra simplificación que borra las intersecciones con la clase, la raza, la geografía o la historia. Estas frases pueden ser emocionalmente satisfactorias y políticamente movilizadoras, pero son intelectualmente empobrecedoras. La simplificación, cuando se convierte en dogma, impide el pensamiento crítico y cierra la puerta a soluciones matizadas. Como señala un análisis sobre polarización política, la simplificación es una de las principales herramientas para construir «identidades políticas excluyentes» que no admiten matices y que convierten cualquier intento de complejidad en una traición.

La sociología del conocimiento ha demostrado que la simplificación es especialmente eficaz en entornos de saturación informativa. Cuando estamos bombardeados con noticias, datos, opiniones y desinformación, nuestro cerebro busca atajos para no colapsar. Un mensaje simple actúa como un ancla: nos da una certeza en medio de la incertidumbre, una respuesta en medio de la confusión. Los líderes políticos y los medios de comunicación que dominan el arte de la simplificación no están ofreciendo una verdad; están ofreciendo un refugio cognitivo. Y en un mundo donde la realidad es abrumadoramente compleja, el refugio es tentador. La cuestión es que el refugio es también una prisión: una vez que hemos aceptado la simplificación, cualquier información que contradiga la idea única es descartada como irrelevante o hostil, y nuestro pensamiento queda atrapado en un bucle de confirmación.

El antídoto contra la simplificación es la recuperación de la complejidad como valor político. Esto no significa que todo debate deba ser interminable ni que no podamos tener ideas claras. Significa que debemos resistir la tentación de reducir realidades complejas a eslóganes, y exigir que los líderes políticos y los medios de comunicación nos ofrezcan análisis que reconozcan los matices, las contradicciones y las múltiples causalidades. Significa preguntarnos, cada vez que escuchemos una frase simple y contundente: ¿qué se ha dejado fuera? ¿qué complejidad se ha sacrificado en aras de la claridad? La democracia no necesita ciudadanos que repitan eslóganes; necesita ciudadanos capaces de sostener la incertidumbre, de tolerar la ambigüedad y de tomar decisiones informadas a pesar de la complejidad. Como escribió George Orwell en «1984», el poder totalitario es el poder de reducir el lenguaje a la simplicidad extrema, hasta que solo queden palabras vacías. Resistir la simplificación es, en ese sentido, un acto de resistencia democrática.

En el próximo artículo analizaremos el séptimo principio: el de fragmentación, esa técnica que rompe la realidad en pedazos suficientemente pequeños para que perdamos de vista el proceso, y que nos muestra cómo la simplificación no solo reduce, sino que descompone la realidad en piezas inconexas.

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Fabricando la realidad (6). Principio de encuadre: definir un acontecimiento a través de las palabras utilizadas para nombrarlo

Hay un instante, casi imperceptible, en el que un hecho se convierte en relato. Ese instante no es neutral: la elección de una palabra, de un adjetivo, de un orden narrativo, determina lo que veremos, lo que sentiremos y lo que decidiremos hacer. El principio de encuadre, o framing, nos recuerda que la realidad política no nos llega en bruto, sino siempre enmarcada. No existe un acontecimiento fuera del lenguaje que lo nombra; y la forma en que se nombra no es un detalle accesorio, sino la operación fundamental de la construcción de la realidad. Definir un acontecimiento a través de las palabras utilizadas para nombrarlo es, quizás, la técnica de manipulación más sutil y, por eso mismo, la más difícil de detectar.

La teoría del encuadre tiene raíces profundas en la sociología y la ciencia política. Erving Goffman, en su obra clásica Frame Analysis, demostró que los seres humanos organizamos la experiencia a través de «marcos interpretativos» que nos dicen qué está pasando y cómo debemos responder. Estos marcos no están en la realidad, sino en nuestra cabeza y en el lenguaje que compartimos. George Lakoff, lingüista cognitivo, llevó esta idea al terreno político: los marcos son estructuras mentales que moldean nuestra forma de ver el mundo, y los políticos luchan constantemente por imponer sus marcos porque quien define el marco define el debate. Si el debate es sobre «inmigración», el marco es administrativo; si es sobre «invasión», el marco es militar. La misma realidad, dos marcos, dos realidades políticas completamente distintas.

En España, el principio de encuadre ha sido una batalla constante en el debate territorial. El conflicto catalán es, ante todo, una guerra de marcos. Para el independentismo, el acontecimiento se enmarca como un «conflicto político» entre dos naciones, un «derecho a decidir» y una «represión» del Estado español. Para el constitucionalismo, el mismo acontecimiento se enmarca como un «desafío a la legalidad», un «golpe al Estado de derecho» y una «ruptura de la convivencia». Cada una de estas palabras no describe un hecho objetivo; crea un hecho distinto. «Proceso» suena a evolución natural; «golpe» suena a violencia ilegítima. «Represión» suena a abuso de poder; «aplicación de la ley» suena a justicia. La ciudadanía no accede a los hechos desnudos, sino a estos marcos, y su opinión dependerá de cuál de ellos haya logrado instalarse en su mente.

El debate sobre la ley de amnistía de 2024 fue otro campo de batalla del encuadre. Para el gobierno y sus socios, se enmarcaba como una «ley de reconciliación» y de «convivencia» necesaria para cerrar heridas. Para la oposición, era una «ley de impunidad» que premiaba a quienes habían quebrantado la ley. El mismo texto legal, dos marcos opuestos: uno apelaba a la paz social y la generosidad; el otro, a la justicia y el castigo. La batalla no era sobre el contenido de la ley, sino sobre el marco que la hacía aceptable o inaceptable. Como señala un análisis sobre polarización en España, «el encuadre que hacen los partidos» es uno de los factores clave que alimentan la hostilidad emocional, porque cada marco no solo describe, sino que juzga y moviliza.

La crisis migratoria de Ceuta en julio de 2026 nos ha ofrecido un ejemplo aún más nítido. El gobierno español enmarcó la llegada de migrantes como un «movimiento humanitario» y un «desafío de gestión fronteriza» que requería cooperación con Marruecos y la UE. La oposición y ciertos actores internacionales, sin embargo, enmarcaron ─y lo siguen haciendo─ el mismo acontecimiento como una «invasión» y una «amenaza a la seguridad nacional». La palabra «invasión» no es descriptiva; es performativa. Al nombrarlo así, se activa un marco militar que exige respuesta contundente, que deshumaniza a los migrantes y que legitima el cierre de fronteras. Elon Musk, al utilizar este marco en sus publicaciones, no estaba informando; estaba encuadrando para mover la percepción de millones de personas en una dirección determinada.

En el ámbito internacional, la guerra de Ucrania ha sido un ejemplo paradigmático de la lucha por el encuadre. Para Occidente, el conflicto es una «invasión ilegal» de un «país soberano» por parte de un «régimen autoritario»; para Rusia, es una «operación militar especial» para «desnazificar» y «proteger a la población rusófona». Los mismos tanques, los mismos bombardeos, las mismas víctimas; pero el marco determina si se trata de una guerra justa o una agresión, si los soldados rusos son invasores o liberadores, si Ucrania es una víctima o un títere de la OTAN. La propaganda rusa ha sido especialmente eficaz en instalar su marco en amplias audiencias del sur global, donde la palabra «OTAN» se asocia a expansión imperial y la palabra «operación especial» suena a intervención quirúrgica, no a guerra total.

El conflicto en Gaza ofrece otro ejemplo brutal de la batalla de marcos. Para Israel, la operación militar se enmarca como una «guerra de autodefensa» contra «terroristas» que usan a civiles como escudos humanos; para Hamás y sus partidarios, es una «resistencia» contra la «ocupación» y el «colonialismo». La palabra «terrorista» convierte a los combatientes palestinos en criminales sin legitimidad; la palabra «resistente» los convierte en luchadores por la libertad. El marco determina qué víctimas son lloradas y cuáles son números, qué bombardeos son «quirúrgicos» y cuáles son «masacres». Los periodistas que eligen una palabra u otra no están siendo neutrales; están encuadrando, y su encuadre tiene consecuencias políticas directas.

La ciencia política ha demostrado que el encuadre no solo afecta a las opiniones, sino a las políticas públicas. Un estudio clásico mostró que cuando un programa social se enmarca como «ayuda a los pobres», recibe menos apoyo que cuando se enmarca como «apoyo a la clase media» o «inversión en el futuro». El contenido era el mismo; el marco cambiaba la aceptación. En España, el debate sobre el impuesto a las grandes fortunas se enmarca por unos como «justicia fiscal» y por otros como «confiscación»; el debate sobre la vivienda se enmarca como «derecho» o como «mercado». Cada marco arrastra consigo un universo de valores, soluciones y legitimidades, y la ciudadanía decide no sobre los datos, sino sobre qué marco le resulta más coherente con su identidad y sus emociones.

El antídoto contra el encuadre manipulador es la conciencia lingüística. Preguntarse siempre: ¿por qué se ha elegido esta palabra y no otra? ¿Qué marco se está activando? ¿Qué queda fuera de ese marco? Cuando escuchamos «invasión», preguntémonos si hay otra forma de nombrar lo mismo que sea más precisa; cuando escuchamos «amnistía», preguntémonos qué significa para quienes la defienden y para quienes la atacan. El filósofo del lenguaje Ludwig Wittgenstein nos advirtió que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo; pero también podemos decir que quien controla el lenguaje controla el mundo político. Recuperar la capacidad de nombrar con precisión, de resistir los marcos impuestos y de construir marcos alternativos es una tarea democrática fundamental. No se trata de encontrar la palabra «correcta» —porque toda palabra es un marco—, sino de ser conscientes de que siempre estamos encuadrando, y de exigir que los encuadres sean honestos, completos y respetuosos con la complejidad de lo real.

En el próximo artículo analizaremos el sexto principio: el de simplificación, esa técnica que reduce una realidad compleja hasta que quepa en una sola idea, y que es el hermano gemelo del encuadre en la fabricación de la realidad. 

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Fabricando la realidad (5). Principio de deshumanización: cambiar el lenguaje hasta cambiar también lo que consideramos aceptable hacerle al otro

El lenguaje no es un simple vehículo para describir la realidad; es, ante todo, una herramienta para construirla. Las palabras que elegimos no solo reflejan lo que pensamos, sino que moldean lo que podemos pensar y, lo que es más importante, lo que consideramos aceptable hacer. El principio de deshumanización explota esta relación fundacional entre lenguaje y acción: al cambiar las palabras con las que nombramos a un grupo humano, cambiamos también nuestra percepción moral sobre ese grupo, y con ella, lo que estamos dispuestos a permitir que se le haga. La deshumanización no es un subproducto accidental del discurso político; es una técnica deliberada que prepara el terreno para la exclusión, la discriminación y, en sus formas más extremas, la violencia.

La filosofía y la psicología social han documentado extensamente este mecanismo. El filósofo Giorgio Agamben acuñó el concepto de «homo sacer» para describir a aquel que puede ser matado sin que su muerte constituya un homicidio, una figura que emerge precisamente cuando el lenguaje político excluye a alguien de la comunidad de los humanos. La psicóloga social Susan Fiske ha demostrado que la deshumanización activa en el cerebro las mismas regiones que se activan ante objetos o animales, desactivando las áreas asociadas a la empatía y el juicio moral. Cuando llamamos a una persona «plaga», «alimaña» o «invasor», no estamos usando meras metáforas; estamos reconfigurando nuestra respuesta neurológica hacia esa persona, haciéndola merecedora de un trato que jamás aplicaríamos a alguien a quien reconocemos como igual.

En el contexto español, la deshumanización del inmigrante ha sido una de las operaciones lingüísticas más sistemáticas de la última década. Términos como «invasión», «oleada», «avalancha» o «aluvión» no describen un fenómeno migratorio; lo convierten en una catástrofe natural o militar contra la que hay que defenderse. El diputado de Vox Santiago Abascal ha hablado de «ocupación» del territorio español por parte de inmigrantes, mientras que otros dirigentes del partido han utilizado la expresión «reemplazo demográfico», una teoría conspirativa que presenta la inmigración como un plan deliberado para sustituir a la población autóctona. Estas palabras no son inocentes: transforman a personas que buscan una vida mejor en una amenaza existencial, y al hacerlo, legitiman políticas que van desde la expulsión masiva hasta la negación de derechos básicos. Como señala la ministra de Inclusión, Elma Saiz, esta estrategia convierte a los menores migrantes no acompañados en «chivo expiatorio» de una operación política más amplia.

Pero la deshumanización no se limita a la inmigración. En el debate político español, la izquierda ha sido sistemáticamente etiquetada como «comunista», «chavista» o «proetarra» por parte de la derecha, términos que no describen una posición política sino que la asocian a regímenes autoritarios o a la violencia terrorista. De manera similar, la derecha ha sido calificada por la izquierda como «fascista», «neofranquista» o «golpista», etiquetas que sitúan al adversario fuera del marco democrático y lo convierten en un enemigo ilegítimo. En ambos casos, el objetivo es el mismo: despojar al otro de su condición de interlocutor válido para reducirlo a una categoría deshumanizada contra la que todo vale. Una vez que el adversario es un «fascista», cualquier medida para detenerlo parece justificada; una vez que el inmigrante es un «invasor», cualquier política de contención parece legítima.

El ámbito internacional ofrece ejemplos aún más extremos. En Estados Unidos, Donald Trump ha utilizado un lenguaje que roza la deshumanización para referirse a los inmigrantes, calificándolos de «animales» y afirmando que están «envenenando la sangre» del país. Estas expresiones no son meros exabruptos; son la preparación lingüística de políticas como la separación de familias en la frontera o la construcción de muros. En Brasil, Jair Bolsonaro se refirió a los indígenas como «seres humanos en proceso de evolución» y a los quilombolas como «no sirven ni para procrear», un lenguaje que despoja a estos colectivos de su humanidad y abre la puerta a políticas de desposesión territorial. En el conflicto de Gaza, ambas partes han utilizado un lenguaje deshumanizador: Hamás ha calificado a los israelíes de «sionistas» y «ocupantes» en un sentido que borra su condición de civiles; Israel ha hablado de «animales humanos» para referirse a los palestinos, un término que ha sido denunciado por la ONU como potencialmente genocida.

La deshumanización no es un fenómeno exclusivo de extremistas; es una técnica que se infiltra en el lenguaje cotidiano de la política convencional. Cuando los políticos hablan de «gestión de flujos migratorios», están utilizando un lenguaje burocrático que convierte a las personas en unidades de un proceso logístico. Cuando se habla de «coste» de la inmigración para el sistema sanitario, se está reduciendo a los inmigrantes a una carga económica. Cuando se utilizan eufemismos como «devoluciones en caliente» o «expulsiones», se está ocultando la realidad violenta de lo que se hace a seres humanos. La deshumanización opera tanto en el registro grosero como en el registro técnico: en ambos casos, el efecto es el mismo, alejar al otro de nuestra esfera de preocupación moral. Waśniewska (2026) ha mostrado, a través de un análisis lingüístico sistemático, cómo estas estrategias discursivas contribuyen a los mecanismos de desvinculación moral que hacen posible la normalización de la violencia.

La sociología política ha mostrado que la deshumanización es un paso necesario para la normalización de la violencia. El psicólogo social Albert Bandura acuñó el concepto de «desvinculación moral» para describir el proceso mediante el cual las personas justifican acciones que violan sus propios principios éticos: la deshumanización de la víctima es uno de los mecanismos clave. Cuando un grupo es deshumanizado, se activa lo que los psicólogos llaman «infrahumanización»: atribuimos a ese grupo menos capacidad para experimentar emociones complejas como el amor, la tristeza o el orgullo, lo que reduce nuestra empatía y nos permite tratarlos de manera que jamás trataríamos a los nuestros.

El antídoto contra la deshumanización es la recuperación del lenguaje humanizador. Nombrar a las personas como lo que son: personas. Hablar de «personas migrantes» en lugar de «ilegales», de «menores no acompañados» en lugar de «menas», de «adversarios políticos» en lugar de «enemigos». Exigir que los políticos utilicen un lenguaje que reconozca la humanidad del otro, y denunciar cuando no lo hacen. Pero la deshumanización no se combate solo con palabras; se combate con imágenes, con historias, con relatos que nos recuerden que el otro es como nosotros. Como señalan una gran variedad de análisis sobre el tema, «la deshumanización es el paso previo a la barbarie», y prevenirla es una tarea de toda la sociedad, no solo de los expertos.

En el próximo artículo analizaremos el quinto principio: el de encuadre (framing), esa técnica que define un acontecimiento a través de las palabras utilizadas para nombrarlo, y que nos muestra cómo el lenguaje no solo deshumaniza, sino que construye toda la realidad política. 

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Fabricando la realidad (4). Principio de asociación emocional: pegar una idea a una emoción hasta que terminemos reaccionando a ambas como si fueran lo mismo

La política, en su esencia más profunda, no se juega en el terreno de la razón, sino en el de las emociones. 

Los datos, los argumentos y las estadísticas pueden ser fácilmente desbordados por una imagen que nos conmueve, un eslogan que nos enfurece o una historia que nos indigna. Esta no es una debilidad humana accidental, sino un rasgo fundamental de nuestra psicología: el cerebro emocional procesa la información mucho más rápido que el cerebro racional, y las emociones, una vez activadas, tiñen todos los juicios posteriores. El principio de asociación emocional explota precisamente esta arquitectura cognitiva, pegando una idea determinada a una emoción poderosa —ira, miedo, orgullo, repulsión, esperanza— hasta que, con el tiempo, ya no podamos pensar en esa idea sin sentir esa emoción. La idea y la emoción se fusionan en una única experiencia, y cualquier discusión racional sobre la primera se vuelve imposible porque siempre estará contaminada por la segunda.

La psicología social ha estudiado este fenómeno desde los experimentos de Pavlov con el condicionamiento clásico hasta las teorías contemporáneas del «framing» emocional. George Lakoff, lingüista cognitivo, demostró cómo los marcos mentales no son solo estructuras conceptuales, sino también emocionales: cuando escuchamos la palabra «inmigrante» en un contexto de inseguridad, nuestro cerebro no procesa esa palabra como un dato neutral, sino que activa simultáneamente las áreas asociadas al miedo. La repetición de esa asociación —inmigrante igual a peligro— termina por grabarse en la memoria emocional, de modo que incluso cuando los datos muestren que la inmigración no aumenta la criminalidad, la emoción ya se ha independizado de los hechos. Como señala un análisis sobre polarización afectiva, «la identidad política se está convirtiendo en una fuente de hostilidad emocional intensa», donde «el afecto negativo hacia el partido contrario es más fuerte que el afecto positivo hacia el propio».

En el contexto español, este principio se manifiesta en múltiples registros. La asociación entre inmigración e inseguridad ha sido una de las operaciones de ingeniería emocional más exitosas de las últimas décadas. No importa que los datos del Ministerio del Interior indiquen que la tasa de criminalidad entre la población inmigrante es similar o incluso inferior a la de la población autóctona cuando se controla por edad y nivel socioeconómico; la emoción ya está anclada. Cada noticia sobre un delito cometido por una persona de origen extranjero, amplificada en redes sociales, refuerza la asociación; cada mención de la inmigración en el debate político va acompañada de adjetivos como «masiva», «descontrolada» o «ilegal», que activan el miedo. El resultado es que millones de ciudadanos ya no pueden escuchar la palabra «inmigrante» sin sentir una punzada de inquietud, y cualquier política de acogida o integración se enfrenta a un muro emocional infranqueable.

Pero la asociación emocional no solo se usa para demonizar. También se utiliza para construir lealtades inquebrantables. El nacionalismo español ha logrado pegar la idea de «unidad nacional» a emociones tan profundas como el orgullo, la pertenencia y la seguridad. La bandera, el himno, las selecciones deportivas se convierten en vehículos de esa emoción, de modo que cualquier ataque percibido a la unidad —sea un referéndum independentista, una reforma autonómica o una concesión lingüística— no se vive como una cuestión política negociable, sino como una agresión emocional directa. Algo similar ocurre con el nacionalismo catalán o vasco, donde la identidad se ha cargado de emociones como el resentimiento histórico, el orgullo cultural o la resistencia a la opresión percibida. En ambos casos, la discusión política se vuelve casi imposible porque no se debate sobre hechos, sino sobre identidades emocionalmente saturadas.

El ámbito internacional ofrece ejemplos igualmente reveladores. Donald Trump ha sido un maestro en la asociación emocional, vinculando sistemáticamente «inmigrante» con «criminal» y «violador», «izquierda» con «socialismo» y «destrucción de Estados Unidos», «prensa» con «enemigo del pueblo». Estas asociaciones no se sostienen en datos, pero su eficacia no depende de la verdad, sino de la repetición: cada vez que un seguidor de Trump escucha «inmigrante» en un contexto negativo, la emoción de miedo y repulsa se activa automáticamente, sin necesidad de razonamiento intermedio. En el Brexit británico, la campaña del «Leave» logró pegar la idea de «Unión Europea» a emociones como la burocracia opresora, la pérdida de soberanía y la amenaza a la identidad británica, mientras que la campaña del «Remain» no supo conectar con emociones tan potentes. El resultado fue un triunfo emocional sobre el argumento racional, que advertía de las consecuencias económicas del divorcio.

En América Latina, el populismo ha utilizado sistemáticamente la asociación emocional para construir identidades políticas excluyentes. En Brasil, Jair Bolsonaro vinculó «izquierda» con «corrupción», «comunismo» y «destrucción de la familia», mientras que Lula da Silva asoció su gobierno con la esperanza de los pobres y la memoria de su propio encarcelamiento como martirio. En Argentina, los discursos kirchneristas han pegado la idea de «derecha» a «neoliberalismo», «oligarquía» y «entrega del país», mientras que la oposición ha asociado al gobierno con «populismo autoritario» y «corrupción». En todos estos casos, el contenido programático pasa a un segundo plano; lo que importa es la activación emocional que permite movilizar a las bases y deslegitimar al adversario sin necesidad de argumentos.

La sociología política ha acuñado el término «polarización afectiva» para describir este fenómeno: ya no se trata de discrepar en políticas, sino de sentir una aversión visceral hacia quienes piensan diferente. Un estudio reciente muestra que la polarización afectiva en España es alta y está vinculada a «las redes sociales, el consumo de información, el encuadre que hacen los partidos, y el clima o contexto político». Esta hostilidad emocional tiene consecuencias profundas: erosiona la confianza en las instituciones, dificulta los acuerdos de gobierno, fomenta la desinformación y, en última instancia, hace que los ciudadanos estén dispuestos a aceptar violaciones de normas democráticas con tal de perjudicar al otro bando.

El antídoto contra la asociación emocional es la conciencia metacognitiva: saber que nuestras emociones están siendo manipuladas y preguntarnos por qué sentimos lo que sentimos. Cuando escuchemos una noticia sobre inmigración y sintamos miedo, debemos detenernos y preguntarnos: ¿ese miedo se basa en datos o en una asociación repetida? Cuando veamos un mensaje que asocie a un partido político con la corrupción, debemos preguntarnos: ¿hay pruebas o es una etiqueta emocional? Separar la idea de la emoción es un ejercicio difícil, porque la emoción se ha incrustado en la idea, pero es el único camino para recuperar la capacidad de juicio autónomo. Como señala un análisis sobre el tema, «la política de la polarización afectiva no se combate con más datos, sino con educación emocional y mediática» que nos permita identificar cuándo estamos reaccionando a una emoción inducida y no a una realidad contrastada.

En el próximo artículo analizaremos el cuarto principio: el de la deshumanización, esa técnica que cambia el lenguaje hasta cambiar también lo que consideramos aceptable hacerle al otro.

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Fabricando la realidad (3). Principio de la fabricación del miedo: convertir una posibilidad en una amenaza suficientemente grande para que actuemos antes de pensar

El miedo es, probablemente, la emoción más poderosa que puede movilizar a un ser humano. La neurociencia ha demostrado que el cerebro procesa las amenazas potenciales mucho más rápido que cualquier otro estímulo, activando la amígdala y desactivando, al menos temporalmente, las áreas responsables del razonamiento complejo. Esta respuesta evolutiva, que en su origen nos ayudaba a sobrevivir ante depredadores, se ha convertido en la principal materia prima de la manipulación política contemporánea. El principio de la fabricación del miedo consiste precisamente en eso: convertir una posibilidad remota o incierta en una amenaza inminente y existencial, lo suficientemente grande como para que actuemos antes de pensar, para que reaccionemos con el instinto antes que con la razón.

El sociólogo Zygmunt Bauman llamó «modernidad líquida» a una época en la que las certezas se disuelven y el miedo se convierte en el principal motor de la conducta social. En este contexto, la política del miedo no es un accidente, sino una estrategia deliberada. Como señala un análisis sobre el tema, «el miedo se ha convertido en uno de los principales motores de la política contemporánea», y los líderes populistas lo utilizan como «una estrategia deliberada para construir apoyo y legitimidad». La fórmula es siempre la misma: identificar una amenaza —real o inventada—, amplificarla hasta proporciones catastróficas y presentarse a uno mismo como el único capaz de proteger a la población de ese peligro.

El caso de la crisis migratoria de Ceuta en julio de 2026 constituye un ejemplo paradigmático de este principio en acción. Lo que comenzó como un movimiento de personas buscando cruzar la frontera se transformó rápidamente, en el discurso de ciertos actores políticos y mediáticos, en una «invasión» organizada. El término no era inocente: evocaba imágenes de conquista, de amenaza militar, de un enemigo que viene a tomar lo que es nuestro. Como denunció el gobierno español, «megainfluencers conservadores» como Elon Musk contribuyeron a amplificar este relato, presentando la llegada de migrantes como una «invasión» de hombres en edad militar. En apenas once días, las publicaciones de Musk sobre Ceuta superaron los 724 millones de visualizaciones, extendiendo el mensaje de que España estaba siendo desbordada por una amenaza existencial. No se trataba de personas que huían de la pobreza o la violencia, sino de una supuesta «amenaza civilizatoria» que requería una respuesta inmediata, sin matices, sin compasión, sin reflexión.

Este mecanismo no es nuevo, pero la digitalización lo ha potenciado de manera exponencial. Las redes sociales permiten que un rumor, una imagen descontextualizada o un dato manipulado se conviertan en una amenaza global en cuestión de horas. La inteligencia artificial generativa ha añadido una capa adicional de sofisticación: deepfakes que muestran a líderes políticos declarando la guerra, vídeos manipulados de supuestos ataques, audios falsos que simulan conspiraciones. El objetivo no es solo engañar, sino generar una respuesta emocional tan intensa que anule cualquier capacidad de verificación crítica. Cuando el miedo es lo suficientemente grande, no hay tiempo para comprobar; solo hay tiempo para reaccionar.

En el ámbito internacional, la fabricación del miedo ha sido una constante en las campañas electorales y en la geopolítica. Donald Trump ha construido gran parte de su discurso en torno a la idea de que la «izquierda radical» está destruyendo Estados Unidos, que los inmigrantes están «envenenando la sangre» del país y que el sistema judicial está manipulado contra él. Cada una de estas afirmaciones, examinada con calma, se desmorona; pero su propósito no es resistir el escrutinio, sino generar una respuesta visceral en sus seguidores. Como señala un análisis, Trump «aprovecha el miedo y la rabia de sus seguidores para conseguir su fidelidad», presentándose como el único que puede salvar a la nación de un peligro inminente.

En Rumanía, la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2024 utilizó precisamente esta técnica: se difundieron deepfakes que mostraban a candidatos en situaciones comprometidas y se amplificaron mensajes que presentaban a la Unión Europea como una amenaza a la soberanía nacional. El resultado fue la anulación de los comicios por primera vez en la historia de la UE, un triunfo de la fabricación del miedo sobre el proceso democrático. En Moldavia, redes de cuentas falsas en TikTok generaron miles de publicaciones diseñadas para «erosionar la confianza en las instituciones, aumentar las tensiones sociales y acentuar la polarización», utilizando el miedo a la guerra, a la pobreza y a la pérdida de identidad nacional como principales vectores de ataque.

La sociología política ha documentado cómo el miedo funciona como un mecanismo de control social. Cuando una población tiene miedo, se vuelve más dócil, más proclive a aceptar restricciones de libertades y más dependiente de quienes prometen protección. El filósofo Thomas Hobbes ya lo intuyó en el siglo XVII: el Leviatán, el Estado absoluto, se justifica precisamente por el miedo a la guerra de todos contra todos. Hoy, ese Leviatán se ha multiplicado en partidos políticos, medios de comunicación y plataformas digitales que compiten por ser los más eficaces en generar y gestionar nuestros miedos.

En España, este principio se ha manifestado en múltiples ámbitos. El debate sobre la vivienda ha sido instrumentalizado presentando la okupación como una amenaza generalizada, cuando los datos oficiales muestran que es un fenómeno marginal. La inseguridad ciudadana se ha convertido en un tema recurrente en los discursos políticos, a menudo desvinculado de las estadísticas reales de criminalidad, que no justifican el alarmismo. La crisis migratoria, como hemos visto, ha sido el campo de batalla más fértil para la fabricación del miedo, con partidos como Vox utilizando el término «invasión» para describir movimientos migratorios que, en términos demográficos, son perfectamente asumibles para un país de las dimensiones de España.

El problema fundamental del principio de fabricación del miedo es que genera una profecía autocumplida. Al presentar una posibilidad como una amenaza inminente, se crean las condiciones para que esa amenaza se materialice. El miedo al otro lleva a políticas de exclusión que radicalizan al otro; el miedo al colapso económico lleva a políticas de austeridad que generan recesión; el miedo a la inseguridad lleva a políticas policiales que aumentan la conflictividad social. El miedo, en definitiva, no solo distorsiona nuestra percepción de la realidad, sino que contribuye a fabricar la realidad que dice temer.

El antídoto contra la fabricación del miedo es la pausa. Detenerse antes de reaccionar, preguntarse si la amenaza es realmente tan grande como nos la presentan, buscar fuentes contrastadas, recordar que la historia está llena de profecías apocalípticas que nunca se cumplieron. La democracia requiere ciudadanos capaces de resistir la tentación del miedo y de ejercer un juicio sereno, incluso cuando todo a su alrededor les dice que deben tener miedo. Porque el miedo, cuando se fabrica, no es una emoción natural; es una herramienta de dominación. Y reconocerlo es el primer paso para no ser dominados por él.

En el próximo artículo analizaremos el tercer principio: el de la asociación emocional, esa técnica que pega una idea a una emoción hasta que terminamos reaccionando a ambas como si fueran lo mismo.

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Fabricando la realidad (2). Principio del culpable único: concentrar problemas distintos en un solo enemigo

La historia de la política es, en buena medida, la historia de la búsqueda de chivos expiatorios. Desde las sociedades antiguas que expulsaban al «chivo emisario» cargado con los pecados de la comunidad hasta los regímenes totalitarios del siglo XX que identificaban al «enemigo del pueblo», la humanidad ha recurrido una y otra vez al mismo mecanismo: concentrar problemas diversos y complejos en una única figura a la que señalar como responsable de todo lo que anda mal. Este es el principio del culpable único, y constituye la primera y quizás más poderosa herramienta de manipulación masiva.

La ciencia ha documentado extensamente este fenómeno. El sociólogo francés René Girard desarrolló la teoría del chivo expiatorio para explicar cómo las comunidades canalizan sus tensiones internas hacia un chivo emisario, restaurando temporalmente la cohesión social a costa de la victimización de un inocente. En el ámbito político, esta lógica se traduce en la identificación de un enemigo —real o imaginario— al que se atribuyen todos los males, desviando la atención de las estructuras y procesos que realmente son la causa de los problemas. Como señala un análisis sobre la construcción de enemigos comunes, «la táctica se basa en identificar enemigos comunes —reales o imaginarios—» para aglutinar a las masas bajo una bandera común.

El mecanismo es sencillo pero devastador: cuando la realidad es compleja y los problemas son múltiples —inflación, desempleo, inseguridad, crisis migratoria, deterioro de servicios públicos—, resulta mucho más fácil para un líder político señalar con el dedo a un único responsable que explicar la intrincada red de causas que subyace a cada uno de esos fenómenos. La complejidad agota; la simplificación, en cambio, moviliza. El principio del culpable único ofrece una narrativa comprensible, emocionalmente satisfactoria y, sobre todo, útil para canalizar la frustración ciudadana hacia un objetivo concreto.

En el contexto español, este principio se ha manifestado con especial claridad en el tratamiento político de la inmigración. Los pactos entre PP y Vox para alcanzar el gobierno de comunidades autónomas como Extremadura y Aragón han convertido a los inmigrantes en el «chivo expiatorio» al que golpear con la expectativa de captar votos. La diputada de Vox, Rocío de Meer (con apellido español y muy español) ha llegado a hablar de deportar a ocho millones de personas de origen extranjero, incluidos inmigrantes de segunda generación nacidos en España, recurriendo a la teoría xenófoba y racista del «reemplazo demográfico». La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha acusado al PP de utilizar a los menores migrantes no acompañados como «chivo expiatorio» para erosionar al Ejecutivo central. Detrás de esta estrategia subyace una operación de simplificación radical: problemas como la saturación de colegios, el colapso de hospitales, la ocupación de viviendas o la inseguridad ciudadana se presentan como consecuencia directa de la inmigración, cuando en realidad responden a políticas de financiación, planificación urbana y distribución de recursos que nada tienen que ver con la presencia de población extranjera.

Pero el principio del culpable único no es patrimonio exclusivo de la derecha. La izquierda también ha recurrido a esta técnica, aunque con diferentes blancos. En 2015, el entonces secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, identificó a Artur Mas como el «único culpable» del choque entre Cataluña y el conjunto del Estado. Más recientemente, en marzo de 2026, Sánchez ha sido acusado de buscar un «enemigo interno» en PP y Vox para desviar la atención de los problemas de su Gobierno, convirtiendo el debate sobre la guerra de Irán en una confrontación ideológica contra la oposición. Como señala un análisis de esta estrategia, «el enemigo interno sustituye a las reflexiones estratégicas. Es una forma de controlar la conversación política cuando el terreno resulta incierto».

El ámbito internacional ofrece ejemplos igualmente elocuentes. En Estados Unidos, Donald Trump ha clamado sistemáticamente contra la «izquierda radical» como única responsable de los males del país, mientras «olvida con descaro» las responsabilidades de su propio campo. Esta estrategia de polarización agresiva ha sido identificada como un factor clave en el clima de hostilidad política que atraviesa el país. En Brasil, Jair Bolsonaro empleó falsedades sobre la seguridad pública y la economía para construir un relato de amenaza exterior; una de sus estrategias más depuradas fue la resignificación del Foro de São Paulo —originalmente un encuentro de partidos de izquierda latinoamericanos— como una organización criminal global que conspira para dominar Sudamérica. En Argentina, la construcción del «enemigo común» ha sido una constante en el discurso político, utilizada para disimular problemas internos y mantener la popularidad.

La sociología política nos ofrece claves para entender por qué funciona este principio. En primer lugar, responde a una necesidad cognitiva: el cerebro humano está programado para simplificar la realidad, y la atribución de culpa a una única fuente satisface esa urgencia de orden. En segundo lugar, moviliza emociones poderosas —ira, miedo, resentimiento— que anulan la capacidad de análisis crítico. En tercer lugar, crea cohesión grupal: nada une más a un colectivo que la identificación de un enemigo común. Como señala un análisis sobre el tema, «un enemigo común suele ser la mejor herramienta para unir y distraer a la población de sus verdaderos males cotidianos».

El problema, por supuesto, es que el principio del culpable único no solo es intelectualmente deshonesto, sino políticamente peligroso. Al concentrar problemas distintos en un solo enemigo, se impide abordar las causas reales de esos problemas. Se genera un chivo expiatorio que, una vez señalado, puede ser objeto de medidas draconianas que no resuelven nada pero que erosionan derechos y convivencia. Se fabrica una realidad distorsionada en la que la complejidad desaparece y el debate público se reduce a una única pregunta: ¿estás con nosotros o contra nosotros?

El antídoto contra este principio es la recuperación de la complejidad. Exigir explicaciones que no reduzcan la realidad a un único culpable, preguntar por las estructuras y procesos que generan los problemas, negarse a aceptar que la inmigración es la causa de todos los males o que un partido político es responsable de todas las desgracias. La democracia necesita ciudadanos que resistan la tentación del chivo expiatorio y exijan un análisis riguroso de la realidad. Porque cuando aceptamos que todos nuestros problemas tienen un único culpable, estamos entregando nuestra capacidad de pensar críticamente y, con ella, nuestra libertad.

En el próximo post analizaremos el segundo principio: el de la fabricación del miedo, esa técnica que convierte una posibilidad remota en una amenaza inminente para paralizar nuestra capacidad de juicio.

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