Sistemas extractivos: El capitalismo como mecanismo de extracción de riqueza

El capitalismo contemporáneo, en su fase más madura, ha perfeccionado una lógica de funcionamiento que trasciende la mera generación de valor para convertirse en un sofisticado sistema de extracción de riqueza. Esta dinámica no es un efecto colateral, sino el auténtico leitmotiv de sus múltiples sistemas de gestión, que, independientemente del sector al que se apliquen —ya sea la vivienda, la sanidad, la industria o la comunicación—, operan bajo un mismo denominador común: la apropiación de valor generado socialmente para su redistribución entre una élite de accionistas y directivos, con escasa o nula repercusión en el bienestar colectivo. 

Lejos de ser una anomalía, se trata de la expresión más depurada de lo que podría denominarse capitalismo extractivo, un modelo que concibe cualquier proceso social, recurso natural o derecho fundamental como una mera cantera de la que extraer beneficio privado.

Un ejemplo paradigmático de esta mecánica extractiva lo encontramos en la reciente adquisición de un ático de lujo en el madrileño barrio de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid. La operación, realizada en abril de 2026 por la empresa pública Planifica Madrid por un valor cercano a los seis millones de euros, tenía como destino inicial ser la oficina temporal de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. 

Más allá de la polémica política, el caso es un ejemplo cristalino de cómo el dinero público se convierte en un vector de transferencia de riqueza hacia el sector privado. En esta operación, la inmobiliaria intermediaria obtuvo una comisión de 180.000 euros, una cifra que, aunque significativa, es solo la punta del iceberg de un sistema donde las plusvalías generadas por la inversión pública engordan las cuentas de agentes privados sin que exista un retorno social claro. La compra, realizada con opacidad y sin reflejo presupuestario, evidencia cómo la gestión de lo público se pliega a las lógicas del mercado inmobiliario, transformando una necesidad administrativa en una oportunidad para la extracción de valor privado.

Esta lógica extractiva alcanza cotas de profunda inmoralidad cuando se aplica a la gestión de servicios esenciales como la sanidad. El caso del hospital de Torrejón de Ardoz, gestionado por la empresa privada Ribera Salud, es ilustrativo. 

En diciembre de 2025, una investigación periodística destapó cómo la dirección del centro había ordenado al personal la reutilización de catéteres de un solo uso para procedimientos de electrofisiología, un material que puede costar más de 2.000 euros por unidad. Las instrucciones consistían en esterilizar estos dispositivos hasta un máximo de diez veces, una práctica ilegal que solo puede ser realizada por fabricantes especializados y que pone en grave riesgo la salud de los pacientes. 

La motivación era clara: aumentar los beneficios (el ebitda) de la compañía. Este no fue un hecho aislado, sino que se enmarcó en una estrategia más amplia donde se daban órdenes para aumentar las listas de espera y seleccionar únicamente la actividad médica rentable, priorizando el beneficio económico sobre la salud de los ciudadanos. 

La maximización de beneficios, como leitmotiv de la gestión sanitaria privada, conduce inevitablemente a la mercantilización de la salud y a la extracción de valor incluso a costa de la seguridad de los pacientes, demostrando que la lógica del mercado es incompatible con la ética de los cuidados.

Esta dinámica no es nueva, sino que se ha ido consolidando a lo largo de las últimas décadas a través de procesos de privatización que han transferido al sector privado empresas públicas estratégicas. 

Durante los gobiernos de Felipe González y José María Aznar, España se deshizo de un importante patrimonio industrial y de servicios. Bajo el mandato de González, el Estado llevó a cabo cerca de ochenta operaciones de privatización, dejando en las arcas públicas 13.200 millones de euros, mientras que el gobierno de Aznar, liderado por Rodrigo Rato, completó la privatización de gigantes como Telefónica, Endesa o Repsol. 

El argumento esgrimido era la eficiencia y la necesidad de obtener financiación, pero el resultado ha sido la pérdida de instrumentos clave para el Estado y la transferencia de ingentes cantidades de riqueza a manos privadas. Hoy, esas empresas, que antaño pertenecían a todos los españoles, reparten jugosos dividendos entre sus accionistas, mientras el Estado, cuando necesita tener voz en su estrategia, como ocurrió con la entrada de Saudi Telecom en Telefónica, debe recomprar participaciones a un alto coste. 

No hubo, por tanto, una repercusión social clara de esa riqueza, sino una gigantesca transferencia de recursos del conjunto de la ciudadanía a una élite de inversores.

Las inversiones de estas grandes corporaciones, que a menudo viven de contratos y concesiones públicas publicadas en el Boletín Oficial del Estado, no suelen revertir en la sociedad que las financia. Una parte significativa de sus beneficios se destina a la adquisición de grandes grupos de comunicación, que se convierten en terminales mediáticos al servicio de sus intereses. 

Este fenómeno crea un circuito perfecto: el dinero público alimenta a grandes empresas, que a su vez controlan los medios de comunicación, los cuales modelan la opinión pública y silencian cualquier atisbo de crítica al sistema. La existencia de conglomerados público-privados donde participa el Estado, como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), podría parecer una forma de recuperar parte de esa riqueza para la sociedad. 

Sin embargo, la SEPI se ha convertido a menudo en un «cementerio de elefantes» donde se «coloca» a altos funcionarios que han servido a uno u otro gobierno, perpetuando una red de influencias que poco tiene que ver con la gestión eficiente y mucho con el reparto de prebendas. En definitiva, el propio sistema se revela como inherentemente corrupto, una maquinaria diseñada para extraer y concentrar la riqueza en la cima.

La hipocresía del sistema alcanza su punto álgido cuando, en este contexto de acumulación desmedida, los principales beneficiarios del statu quo se erigen en defensores de la «cultura del esfuerzo» y del «libre mercado». 

Mientras el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, percibía una remuneración de 403.000 euros brutos en 2025 (más de 33.500 euros mensuales), un sueldo que ha incrementado un 3% en un solo año, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acumula emolumentos por sus cargos como diputado y senador que pueden superar los 177.000 euros anuales, ambos predican la necesidad de moderación salarial y recortes de derechos a los trabajadores. 

Garamendi, sin ir más lejos, ha liderado una ofensiva para vincular las bajas médicas con el absentismo laboral, exigiendo la reducción de costes operativos a costa de los derechos de las plantillas. Esta élite, que vive en gran medida de los impuestos de todos —ya sea a través de sueldos públicos, subvenciones o concesiones—, es la primera en hablar de la necesidad de no intervenir el mercado.

Pero los datos demuestran que el verdadero problema no es el esfuerzo de los trabajadores, sino la sistemática apropiación de su trabajo. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en España se realizan 2,54 millones de horas extraordinarias no pagadas ni compensadas cada semana. Casi la mitad de los trabajadores que hacen horas extra (436.000 personas) no reciben compensación alguna, lo que supone un ahorro para las empresas de 3.378 millones de euros anuales en salarios y cotizaciones. 

En 2025, las empresas dejaron de pagar 3.243 millones de euros a casi medio millón de trabajadores. Estas horas no pagadas equivaldrían a 68.000 puestos de trabajo a jornada completa, empleos que no se crean porque el trabajo se extrae de forma gratuita. 

Este es el verdadero rostro de la «cultura del esfuerzo»: una cultura donde el esfuerzo lo ponen los trabajadores y los beneficios los cosechan los empresarios, que además evitan cotizar a la Seguridad Social, mermando los ingresos del sistema público de pensiones.

Ante este diagnóstico, la conclusión es ineludible: es imperativo avanzar hacia un modelo socialdemócrata que revierta la riqueza que genera la sociedad al conjunto de la ciudadanía. Un modelo que ponga el foco en el bienestar de las personas y en el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Española: la vivienda, el trabajo, la salud, la libertad de culto y de vida. 

Frente a la lógica de la acumulación infinita, debemos recordar las advertencias de los clásicos. Karl Marx ya nos previno sobre los peligros de la concentración de recursos en manos de unos pocos y la consiguiente alienación del trabajador. Por su parte, John Maynard Keynes nos enseñó la necesidad de la intervención del Estado para hacer circular el dinero y mantener la demanda agregada, corrigiendo las fallas de un mercado que, por sí solo, tiende al desequilibrio y la desigualdad. 

La socialdemocracia no es una concesión paternalista, sino la única herramienta eficaz para corregir las abusivas extracciones de riqueza que caracterizan al capitalismo extractivo. Cuando se intenta poner en práctica, los terminales mediáticos controlados por los mismos extractores de riqueza gritan al «socialismo» o al «comunismo», en un intento de generar un miedo atávico en la ciudadanía. 

Olvidan convenientemente que fue el fracaso del socialismo comunista en 1991, pero también que el mundo de profunda desigualdad y destrucción ecológica al que hemos llegado es el resultado de treinta años de capitalismo salvaje que, en su búsqueda de un crecimiento infinito, ha destrozado el hábitat humano y nos aboca al cambio climático.

El reto, por tanto, no es solo económico, sino profundamente moral y político. Se trata de desenmascarar la hipocresía de los que, viviendo del esfuerzo de todos y de los recursos públicos, predican el libre mercado y la no intervención. 

Se trata de recuperar la soberanía sobre nuestra propia riqueza y ponerla al servicio de la vida, y no al revés. La sociedad no es una cantera de la que extraer beneficios para una élite, sino el sujeto colectivo que debe decidir democráticamente el destino de los recursos que genera. 

Solo así podremos construir un futuro más justo, sostenible y habitable para las próximas generaciones.

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La hipocresía como método: cuando el escrutinio público es un arma de selección

(Este texto se ha desarrollado a partir del trabajo que está realizando @beatrizgallardop.eurosky.social  sobre la noticiabiliad de sucesos) 

La democracia representativa descansa sobre un delicado equilibrio entre la rendición de cuentas y el respeto a la esfera privada. En las últimas décadas, el ecosistema mediático español ha mostrado una inquietante capacidad para desequilibrar esa balanza, convirtiendo el escrutinio público en un instrumento de selección ideológica más que en un mecanismo de control democrático. El contraste entre la cobertura dispensada a determinados casos y el silencio sepulcral sobre otros ofrece un diagnóstico preocupante sobre la salud de nuestra cultura cívica y el capital social del país. Esta hipocresía estructural no es un accidente puntual, sino el síntoma de un modelo de comunicación que opera como un ariete contra determinados actores políticos mientras blinda a otros, y cuya persistencia amenaza con erosionar los cimientos mismos del Estado de derecho si no se abordan sus causas profundas desde la formación ciudadana.

El tratamiento diferencial se ha manifestado con particular virulencia en la cobertura de la vida privada de ciertos dirigentes. 

La adquisición por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero de una vivienda en Galapagar en 2018 se convirtió en un fenómeno mediático de proporciones difícilmente justificables desde cualquier parámetro de proporcionalidad informativa: centenares de artículos, tertulias monográficas y análisis de gabinete desgranaron cada metro cuadrado, cada euro de la hipoteca y cada supuesta contradicción ideológica de unos dirigentes que, paradójicamente, buscaban precisamente la privacidad que su nuevo estatus les negaba en su piso de Vallecas para criar a sus hijos mellizos. 

La cobertura no se limitó a informar; construyó un relato de presunta hipocresía que se enquistó en el imaginario colectivo, con un pico de 1.287 piezas informativas solo en los primeros quince días tras la filtración, según el monitor de audiencias de la Asociación de la Prensa. 

Este mismo patrón se ha repetido con la esposa y el hermano del actual presidente del Gobierno: Begoña Gómez ha sido objeto de una cobertura que ha transcendido lo estrictamente informativo para convertirse en un espectáculo de desgaste personal, mientras que la condena a David Sánchez por prevaricación generó titulares que ocuparon portadas durante cuatro semanas consecutivas en seis de los principales diarios nacionales. En ambos casos, el tratamiento informativo ha operado como un mecanismo de extensión del daño político a la esfera familiar, una práctica que, lejos de ser neutral, responde a una lógica de deslegitimación personal. 

El mismo fenómeno se ha observado en la filtración de pruebas obtenidas en el marco de investigaciones judiciales: la extracción y posterior difusión de material probatorio, en ocasiones sin la cobertura legal adecuada y encuadrada en investigaciones de carácter prospectivo no amparadas por el artículo 24 de la Constitución, han encontrado en determinados medios un canal de difusión privilegiado, con un incremento del 340% en el volumen de referencias a estos casos en comparación con investigaciones similares que afectaban a otros partidos. 

La presunción de inocencia, pilar del Estado de derecho, se ha visto así erosionada por una práctica que convierte el sumario en espectáculo y la sospecha en condena mediática, todo ello con la aquiescencia de una opinión pública que recibe dosis asimétricas de escándalo.

Frente a esta hipertrofia informativa, el silencio sobre otros actores resulta ensordecedor y revela el doble rasero con el que se mide la ejemplaridad. 

Felipe González, expresidente del Gobierno, ha acumulado una fortuna personal que ha sido objeto de escasas investigaciones periodísticas; su presencia en consejos de administración de empresas que su propio Gobierno privatizó —como Gas Natural Fenosa, donde percibió 125.000 euros anuales entre 2011 y 2015—, junto con los ingresos por sus actividades de intermediación y asesoramiento que le reportan más de dos millones de euros anuales, apenas han merecido la atención que la opinión pública podría esperar de un expresidente. 

Un análisis de la base de datos MyNews revela que, en el mismo periodo en que se publicaron 2.341 noticias sobre la vivienda de Iglesias y Montero, solo 37 hicieron referencia a los emolumentos de González en empresas privatizadas. 

El caso de José María Aznar y su esposa, Ana Botella, presenta un perfil similar de opacidad: la venta de 1.806 viviendas de protección pública al fondo buitre Blackstone por 128,5 millones de euros durante la alcaldía de Botella, una operación que el Tribunal Supremo ha anulado en varias ocasiones por considerarla no ajustada a derecho, generó una cobertura notablemente inferior, con apenas 89 piezas informativas en el mismo período, según el informe de la Fundación Civismo. 

El silencio informativo sobre los beneficios obtenidos por la familia Aznar en operaciones vinculadas a la privatización de vivienda pública contrasta vivamente con el ruido generado por la compra de una vivienda particular por parte de Iglesias y Montero. 

De igual modo, la modificación legislativa impulsada durante el Gobierno de Mariano Rajoy en materia de registros de la propiedad, que ha atribuido cambios sustanciales en el régimen jurídico del sector con el consiguiente incremento de negocio para los registradores —estimado por el Colegio de Registradores en un aumento del 18% de la facturación anual—, ha pasado prácticamente inadvertida para los grandes medios. Que el propio Rajoy, registrador de la propiedad en activo, solicitara su reingreso en el cuerpo nada más abandonar la presidencia del Gobierno configura un escenario de conflicto de intereses que, en cualquier otra democracia europea, habría generado un debate profundo sobre la ética pública; en España, apenas fue un apunte marginal con 42 referencias en prensa escrita. 

Tampoco las mansiones de Alberto Núñez Feijóo o Santiago Abascal han suscitado el mismo interés informativo: las dudas sobre la financiación de Vox, con investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción por presunta financiación irregular que supera los 4,5 millones de euros procedentes de entidades bancarias extranjeras, o los traspasos millonarios del partido a la fundación presidida por Abascal, no han recibido ni una fracción de la cobertura dedicada a la hipoteca de Iglesias y Montero —apenas 128 noticias acumuladas en dos años, frente a las más de 3.000 dedicadas al caso Galapagar—.

Este desequilibrio informativo no podría sostenerse sin la colaboración activa de determinados sectores de la judicatura, esa "togatura" que ha operado en ocasiones como un poder fáctico sin el control efectivo de los estamentos correspondientes. 

La filtración de sumarios, la orientación prospectiva de investigaciones sin cobertura constitucional y la difusión de datos personales con clara dimensión política han encontrado en algunos juzgados un aliado silencioso, mientras que el Consejo General del Poder Judicial ha mostrado una pasividad que raya en la complicidad. 

Esta instrumentalización del poder judicial en la arena mediática no solo vicia el proceso penal, sino que socava la separación de poderes al convertir a determinados jueces en actores políticos con toga, cuya actividad se mide más por su repercusión en las portadas que por su rigor jurídico. La ausencia de mecanismos efectivos de control interno y la lentitud de los procedimientos disciplinarios —con una media de 28 meses para resolver expedientes a jueces— han permitido que esta práctica se convierta en una rutina, alimentando la percepción ciudadana de que la justicia no es igual para todos y de que el escrutinio público se aplica con criterios de conveniencia partidista.

Este fenómeno no es casual ni menor, porque erosiona el capital social y la cultura cívica que toda democracia necesita para funcionar. Robert Putnam definió el capital social como las redes, normas y confianza que facilitan la cooperación en beneficio mutuo; cuando los medios de comunicación, en lugar de ejercer su función de control democrático con ecuanimidad, se convierten en instrumentos de selección ideológica, la confianza de los ciudadanos en las instituciones se resquebraja. 

Los datos del CIS son elocuentes: la confianza en los medios de comunicación ha caído al 34% en 2026, 21 puntos por debajo de la media europea, y la percepción de sesgo ideológico en la información alcanza el 78% entre los encuestados. La percepción de que el escrutinio público se aplica con criterios políticos y no con parámetros de interés general mina la legitimidad del sistema en su conjunto y alimenta el caldo de cultivo del populismo. 

La cultura cívica, entendida como el conjunto de valores, actitudes y conocimientos que permiten una participación ciudadana informada y responsable, se ve igualmente afectada: cuando la ciudadanía percibe que la información que recibe está sesgada y que determinados casos se amplifican mientras otros se silencian, se instala una desafección que empobrece el debate público, desplaza los argumentos en favor de los golpes bajos y aleja la posibilidad de alcanzar consensos. La polarización afectiva entre bloques ha crecido un 40% en la última década, y los estudios del Centro Reina Sofía señalan que el 62% de los jóvenes entre 18 y 25 años considera que los medios mienten deliberadamente, una cifra que duplica la de hace cinco años.

Frente a este diagnóstico, la respuesta no puede limitarse a denunciar la hipocresía ni a esperar una autorregulación que los hechos demuestran ineficaz; es necesario abordar sus causas estructurales desde la formación de las nuevas generaciones. La educación ética y cívica no puede ser un complemento menor en el currículo escolar, sino que debe constituir una materia transversal que impregne todas las actividades de los colegios e institutos desde los primeros años, tal como ya apunta la LOMLOE al recuperar Educación en Valores Cívicos y Éticos como obligatoria, pero cuyo desarrollo efectivo sigue siendo insuficiente y fragmentario. 

Es preciso ir mucho más allá e incluir al menos dos asignaturas troncales en todas las carreras universitarias dedicadas a la ética, la cultura cívica, la sociedad democrática y las bases constitucionales, con carga lectiva efectiva y evaluación. No se trata de adoctrinar, sino de proporcionar herramientas conceptuales sólidas que permitan el análisis crítico de la realidad, la identificación de sesgos informativos, la comprensión de los mecanismos que sustentan una democracia saludable y, sobre todo, la capacidad de distinguir entre el escrutinio legítimo y el acoso, entre la información verificada y la propaganda, entre el debate de ideas y la descalificación personal.

Concluyendo

La hipocresía de los discursos públicos apoyados por la gran fuerza mediática no es un accidente ni una anomalía corregible con buenas intenciones, sino un síntoma profundo de una cultura política que ha renunciado al debate racional de ideas en favor del combate personal y la guerra de trincheras. La solución no vendrá de los medios ni de los partidos —actores demasiado enredados en sus propias lógicas de poder—, sino de una ciudadanía formada en la aceptación serena de las diferencias, en la naturalidad de las discusiones para llegar a puntos de encuentro y en la necesidad imperiosa del diálogo como único camino viable para construir un futuro común y en paz. 

Educar desde los hogares y desde la escuela en la escucha activa, en el respeto a la presunción de inocencia y en la exigencia de un escrutinio homogéneo para todos los poderes es la única vacuna duradera contra la manipulación y el cinismo. Solo así podremos formar ciudadanos capaces de exigir coherencia a sus representantes y a sus medios, de reclamar que la justicia sea igual para todos y de restaurar la confianza en unas instituciones que, hoy, muchos perciben como un campo de batalla partidista más que como un espacio de encuentro colectivo. 

El futuro de nuestra democracia —y de la convivencia pacífica que la sustenta— depende, en buena medida, de que asumamos esta tarea educativa con la urgencia y la profundidad que merece, porque sin ciudadanos críticos y éticamente formados, cualquier reforma legal o código deontológico será papel mojado ante la fuerza arrolladora del escándalo selectivo y la hipocresía institucionalizada.

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INCENDIOS, DESINFORMACIÓN Y OTROS BULOS DEL MONTÓN

Texto corregido por el autor, Jose Ramón Goberna, de esta publicación

He escrito en varias ocasiones tratando de aclarar cuestiones relativas a incendios
forestales. Me pedían, a raíz de una publicación irónica de hace unos días sobre
las tonterías que se leen en redes, explicaciones sobre qué está pasando estos
días, este verano.
Me sugerían también rescatar una publicación anterior sobre el tema. La he
revisado y no hace justicia a la situación actual. Los incendios han cambiado, pero
sobre todo la percepción de la ciudadanía ha cambiado. Para peor. Más ignorante.
Más simplista. Más sospechosamente dirigida. Más aun, que ya era difícil de
superar.
Vamos a tratar de poner un poco de luz.
LA GRAVEDAD ACTUAL.
De entrada, hay que decir que las peores cifras de incendios se dieron en el
periodo que va entre 1975 y 1994 aproximadamente. En número y superficie
quemada. Creo que estamos entrando en un periodo que será más grave que
aquellas dos décadas negras y de más difícil solución, pero hoy en día no estamos
peor que entonces.
Tenemos mucho más monte hoy del que hemos tenido en siglos. En España y en
Europa en general. A costa del éxodo rural de los últimos 80 años y la pérdida con
él de cientos de miles de hectáreas de cultivos, que se han convertido en bosque,
sobre todo en aquellos cultivos minifundistas de montaña que nos aportaban las
discontinuidades (el mosaico agroforestal), que dificultaban la propagación de los
incendios.
Hemos cambiado de materias primas y fuentes de energía. Hemos pasado de
montes esquilmados, verdaderos eriales con algún árbol disperso, porque cada
árbol, rama de poda, cada leña caída, incluso cada matorral, eran susceptibles de
uso para cocinas, chimeneas y hornos industriales, a montes con cargas de
vegetación altísimas que multiplican exponencialmente la intensidad y propagación
de los incendios.
Ha cambiado el clima. Las olas de calor son más frecuentes y de duración más
larga. Jamás hubo incendios de esta virulencia y extensión en los montes de la
mitad norte de la península como ahora, ni tan a menudo (León, Zamora,
Guadalajara, Ávila, Madrid, Orense). Eso era propio del mediterráneo (Andalucía,
Murcia, C. Valenciana y Cataluña). Prácticamente todos los incendios más grandes
de la historia en España, son de los últimos 5 o 6 años y en la mitad norte del país.
Superando en muy poco tiempo a los del mediterráneo, que encabezábamos ese
triste ranking. Tenemos menos incendios que en los 80, 90. Menos GIFs (acrónimo
de Gran Incendio Forestal), los de + de 500 hectáreas. Hemos metido mucha
pasta en medios para conseguirlo.
Pero los que se hacen grandes, se hacen mucho más grandes que antes.
Esto no se soluciona con más medios. EEUU es la prueba. Son pioneros en la
extinción profesionalizada de incendios forestales. Cada año baten record en
inversión para la extinción. Cada año baten record en hectáreas quemadas.

Los incendios empiezan a ser un problema serio incluso en Europa central y norte,
húmeda y fría. Quien no quiera ver, que no vea. No mires hacia arriba, el meteorito
no está cayendo. Se feliz y consume. Sobre todo, consume, aunque sean
antidepresivos.
LAS CAUSAS
En cifras a brocha gorda, en el noroeste de la península, donde está el 50% de
todos los incendios, un 70% de incendios son intencionados y relacionados sobre
todo con practicas ganaderas ilegales (regenerar el pasto) y agrícolas (controlar la
maleza). El otro 30%, accidentales, negligencias y rayos. En el resto del país se
invierten esas cifras, con un 30 % de intencionados, una mayoría de negligencias y
en algunas zonas muchos rayos. Os animo a poner en cualquier IA “causalidad de
incendios forestales en españa por areas geograficas en cifras medias de los
ultimos 40 años”. En este enlace tambien podeis consultar las estadisticas del
ministerio. Ahi podeis encontrar las estadisticas por años y por decenios.
https://www.miteco.gob.es/.../inc.../estadisticas-datos.html
No hay más. Esta más que estudiado. Nada de conspiraciones ni películas
baratas. Hace años la leyenda decía que era para urbanizar, ahora que son los
parques eólicos y fotovoltaicos.
No es necesario que un monte arda para instalar un parque eólico. No hace falta
cambiar la calificación del suelo para ello y aunque hiciera falta, el monte quemado
no se puede recalificar.
Las placas fotovoltaicas no se instalan en montañas sino en llanos, en antiguos
cultivos. Aunque hubiera que cambiar el uso, por cuestión de interés general se
ponen donde haga falta sin que arda el suelo.
Ahora bien, si eres de los que gustan de estas mierdas, tu mismo con tu
mecanismo. No te voy a convencer. Las administraciones mienten y falsean estos
datos de causas, todos los incendios son provocados por oscuros intereses entre
empresarios y gobiernos (sobre todo si no me gustan esos gobiernos), los
reptilianos están entre nosotros y los pajaritos cantan y las nubes se levantan.
LAS POLÉMICAS.
Aquí la fiesta va por barrios, a saber:
Eres de izquierdas. Tienes sensibilidad medioambiental y has oído o te han mal
contado cuatro cosas, porque hemos tenido en España en general un ecologismo
muy beligerante con las ciencias forestales.
Tu juegas en el equipo de:
“Los eucaliptos y los pinos son los malos de la película. Las “repoblaciones de
Franco”, del Plan General de Repoblación Forestal de España de 1939, han
convertido España en un monocultivo de pinos y eucaliptos a costa de la
destrucción de nuestra biodiversidad y nuestros bosques autóctonos para
plantarlos y son además superinflamables y los culpables de la virulencia de los
incendios. Los “arboles buenos”, no arden”

Dato mata relato:
Las repoblaciones ya eran anteriores al dictador y se venían proponiendo e
iniciando desde finales del XIX, aunque toman forma estructurada a partir de 1940.
Os animo si queréis ampliar por aquí a pedirle a una IA “antecedentes y análisis
del Plan General de Repoblación Forestal de España de 1939”
Se repoblaron en su inmensa mayoria terrenos extremadamente degradados y
erosionados, para lo que se llama restauración hidrológico – forestal, que era el
objeto principal del plan, con pinos, porque son capaces de sobrevivir en esas
condiciones. No puedes plantar encinas o robles a pleno sol. Se mueren. Eso se
tendría que haber hecho en fases posteriores (cierto es que en general, no se
hizo). Pero no se cortaron robles y encinas para plantar pinos como he llegado a
leer por ahí.
Solo un 2% de los montes españoles tienen eucaliptos para producción y solo un
2% tienen pinares plantados para producción. Pero es que necesitamos madera y
pasta de papel…¿Qué hacemos? ¿Lo importamos o lo producimos aquí? No veo a
nadie quejarse por los millones de hectáreas de ecosistemas que convertimos en
melonares y trigales a lo largo de nuestra historia.
“Esos pinares son mares de pinos muy homogéneos y se pierde biodiversidad”
Como los hayedos, que solo verás hayas y un reducidísimo número de otras
especies, como cualquier masa donde hay una especie dominante. Pero si son
árboles de sangre azul, se perdona la falta de biodiversidad. Es incluso
parcialmente falso, una gran parte de nuestros pinares tiene un sotobosque muy
rico en otras especies.
“En relación con los incendios son mucho más inflamables y por eso tenemos el
problema de incendios que tenemos”.
Aun aceptando que sean especies (pinos y eucaliptos) algo mas inflamables, es un
factor muy poco determinante. La estructura de la vegetación (carga de
combustible, continuidad vertical y horizontal), la climatología y la sequedad de la
vegetación en el momento del incendio es infinitamente más determinante.
“Los encinares, robledales y hayedos, arden menos”
Claro, el 70% de los encinares españoles están adehesados con cargas y
continuidades bajísimas. Y robledales, hayedos o abedulares son ecosistemas de
la España más húmeda. Nos ha jodío, con las trampas al solitario.
Curiosamente también, el 60-70 % de lo que ha ardido históricamente en España
son montes no arbolados, con virulencias e intensidades similares y a menudo
mayores que el monte arbolado. Pero ese no es un factor reseñable en el
problema…¿Por qué?
Porque la premisa fundamental es la no intervención. La naturaleza es sabia, se
regula sola y no hay que tocarla. Y a partir de aquí se construyen los argumentos
necesarios y se desechan los datos que no ayuden. La vieja historia de siempre.

Y claro, como los montes de matorral no son los malditos eucaliptos o pinos, no los
plantó el dictador, el malvado ingeniero o el productor forestal, sino que son
naturales, su influencia en el problema no es relevante. O no interesa que lo sea.
En general, estás polémicas por la izquierda hacen menos ruido y están más
limitadas a foros y discusiones entre defensores y detractores de las ciencias
forestales.
Vamos al otro lado.
Eres de derechas. O muy de derechas. O andas una miaja desnortao, no
entiendes del tema y te crees lo que mas se oiga por ahi del asunto. Comamos
mierda porque mil millones de moscas no pueden estar equivocadas.
Los ecolojetas de salón, la Agenda 2030 y los progres woke son los culpables, con
una gran variedad de argumentos, a cada cual más chorra, más falso o más
torticeramente interpretado.
Argumentos que, por supuesto, dejarán de ser válidos, importantes y producto de
gran indignación cuando ganen los tuyos.
Antes de entrar en harina de los argumentos y campos de batalla de la derecha,
dos puntualizaciones.
Hay que reconocer que saben capitalizar tonterías para ponerlas en el candelero,
Cierto es que juegan en casa; el porcentaje de apoyos a la ultraderecha entre
agricultores y ganaderos es muy importante. Nunca han sido amigos de las
regulaciones, como en general no lo somos ninguno en las cosas que nos tocan el
bolsillo o el estómago. Y en el mundo rural, muchas regulaciones han venido de la
mano de normativas medioambientales. Y no ayuda nada que una parte del
ecologismo patrio sea muy urbanita y se haya acercado al mundo rural mirando al
agricultor y al ganadero por encima del hombro para explicarle “como son y se
tienen que hacer las cosas”. Cuando no se les tilda de neandertales y asesinos
sanguinarios a los que son cazadores.
También se oye “los ecolojetas no te dejan…” o “por culpa de los ecolojetas…”. El
ecologismo en España carece de poder e influencia, salvo que puntualmente con
protestas, para algún trabajo forestal que no les gusta y poco más. Lo único
relevante a nivel de legislación que consiguieron está en la Ley de Bienestar
Animal que personalmente me parece en parte un despropósito, pero no es un
caso que afecte a este tema.
De hecho, el ecologismo se lleva a matar con todos los gobiernos. Porque ellos
irían mucho más allá. Y afortunadamente en algunos casos, menos mal que no
mandan y en otros tienen razón y no se les hace caso. Las normativas
medioambientales tienen décadas y emanan de normativas europeas y de la
propia madurez y concienciación de las sociedades actuales.
A lo que iba, eres muy de derechas y tus himnos en el campo para apoyar al
equipo son:

“No se puede ni recoger una piña porque te multan y claro así esta el monte de
sucio y los incendios destruyéndolo todo”
La perra que les ha dado con las piñas debería ser objeto de estudio. Pues, en
teoría, si, es cierto. Ni piñas, ni piedras, ni musgo, ni ramas, ni troncos, ni tierra, ni
setas, ni plantas, ni animales. Nada. Y así es como debe ser, porque en el 72% de
los montes de España sería un robo. Son privados, tienen un dueño. Y en los de
titularidad pública igual. Que sean públicos no quiere decir que estén a disposición
de los ciudadanos para hacer lo que quieran, igual que no se nos ocurriría
llevarnos un banco de la sala de espera de un hospital al salón de nuestra casa. Lo
increíble es que esto haya que explicarlo.
Para llevarte subproductos de un monte necesitas en los privados permiso del
dueño y en los públicos una autorización. Aquí pueden entrar en juego normativas
estatales, autonómicas o locales. No me extiendo en esta cuestión. En resumen,
si, está sometido a control.
Pero lo interesante de esta historia, son estas tres consideraciones:
1. Te lo venden como algo que los “ecolojetas” y los rojos se han sacado de la
manga antes de ayer para jodernos a todos. Por no irnos mas atrás, la Ley de
Montes de 1863 ya regulaba esto. Y la del 57 y la actual de 2003.
2. Seamos serios. ¿Alguien puede creer que unos hatillos de leña para una
barbacoa y unos sacos de piñas para encender la chimenea van a cambiar
sustancialmente algo en la carga de vegetación de nuestros montes, que además
es fundamentalmente vegetación viva y nada tiene que ver con leñas y piñas?
¿Hay millones de españoles deseando recoger leña (y piñas) y no nos hemos
enterado? Si es que te tienes que reír.
3. Decir que es imposible que te multen por recoger leña en pequeña cantidad de
un monte no sería cierto. Posible es, si por ejemplo le vacilas al Seprona o al
Agente Medioambiental si se te acercan, que lo más fácil es que no le den la
mínima importancia. Pero es extremadamente improbable.
Cuando se hacen fajas auxiliares de pista, que son zonas desbrozadas a ambos
lados de los caminos para prevención de incendios, donde se reduce el número de
árboles, a menudo la madera de esos árboles se deja troceada y apilada junto al
camino para que la gente se la lleve, incluso publicitándolo en los pueblos
cercanos para que vayan a por ella quien la necesite…¿Te van a multar por dos
piñas, alma de cántaro?
“No te dejan desbrozar el monte. Tienes que pedir permiso y los trámites duran
años”
Las administraciones promueven que hagas ese tipo de trabajos en tus montes y
en general existe una obligatoriedad de realizar ese mantenimiento por parte de
los propietarios. Aunque las administraciones también son conscientes de que
ellas mismas no lo hacen en los de su titularidad y que muchos montes privados
tienen una rentabilidad 0, desbrozar es caro y no pueden pedir a los propietarios
que se endeuden para mantener cargas de vegetación bajas en sus montes. Hay
otro problema añadido: muchos montes son antiguas herencias que incluso sus
dueños, al no tener ningún uso, desconocen la ubicación de esos terrenos y en
otros casos, no hay herederos vivos.

Puedes incluso en algunas comunidades autónomas, eliminar la vegetación
forestal para recuperar el cultivo original cuando lo había. Requiere algo mas para
su autorización porque ya se convirtió en monte y puede haber valores
ambientales a proteger, pero es posible.
¿Y porque te tiene que autorizar la administración (no los ecolojetas, ni los progres
de ahora, sino de siempre) en tu propio terreno? Pues porque, aunque sea tuyo, el
medio natural es un bien común sometido a protección y tu monte forma parte de
él. De la misma manera que si tienes una parcela urbana en medio de una ciudad,
no puedes instalar allí lo que quieras que repercuta negativamente al resto.
Lo de que los trámites duren años para un simple desbroce, que me lo enseñen
con pruebas y fechas. Mas bulos.
“Como no dejan que el ganado paste en el monte, los montes están así. Si los
ecolojetas dejaran entrar al ganado se acababan los incendios”
Sí que dejan (las administraciones). Requiere de varias autorizaciones y requisitos.
Como todo en esta vida. Tu actividad necesita un permiso, tus animales tienen que
cumplir normativas sanitarias. No podrás hacerlo como y donde quieras. Esto no
haría falta ni tener que explicarlo.
Lo que me pregunto es donde está todo ese ganado esperando que lo dejen entrar
al monte. Muriéndose de hambre, famélicas las ovejas de España, pobrecitas.
La ganadería extensiva tiene una rentabilidad bajísima y además es
tremendamente sacrificada. Los niños quieren ser youtubers, no pastores. Y sus
padres querían ser futbolistas o médicos, no llevarle leche y queso a Jesús en el
portal de Belen. Pongámonos todos a comprar quesos artesanales de cabra y de
oveja o a comer cordero o cabrito de ganadería extensiva, pagando la diferencia
con el de Mercadona. Entonces será un negocio que crecerá y aportará a la
prevención de incendios.
Porque será una aportación y punto. Una sola cosa no acaba con un problema tan
complejo. Que nos gustan las soluciones fáciles y únicas para cualquier cosa y eso
no existe.
Y llegamos al final….
LAS SOLUCIONES
No hay. Ya está.
Bueno, si que hay, pero no van a llegar. Llamarme pesimista. Supondrían un
cambio socioeconómico en el mundo rural, tan drástico y complejo que poner en
marcha, que requeriría la implicación de toda la sociedad a una, la rural y la urbana
y todos los gobiernos y partidos políticos remando en la misma dirección.
¿A que no van a llegar? Pues eso.

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El plebiscito cotidiano de Ceuta

Hay imágenes que trascienden el impacto inmediato de la actualidad. Miles de cuerpos agotados tendidos sobre el césped de los parques de Ceuta, familias enteras cruzando a nado el espigón mientras otros se lanzan al mar con un flotador improvisado, y al menos 72 personas que han perdido la vida intentando alcanzar territorio español. 

Detrás de estas cifras hay un fracaso, pero también un chantaje, una agresión que parece haber sido pactada, fomentada o coordinada al más alto nivel internacional. 

Marruecos ha movilizado a cerca de 50.000 personas, muchas de ellas transportadas y escoltadas en camiones por la Gendarmería nacional, y las ha lanzado contra la frontera de Ceuta. Y, en cuestión de horas, el Gobierno de Estados Unidos, el de Israel y las extremas derechas locales han encontrado en esta tragedia un escenario propicio para sus propios fines.

En este contexto de guerra híbrida, donde los civiles desarmados se convierten en arma arrojadiza, un grupo de ciudadanos ceutíes ha ofrecido una lección que merece ser analizada con la profundidad que la sociología y la ciencia política requieren. 

Cuando el líder de Se Acabó La Fiesta, Alvise Pérez, acompañado del «influencer» político Vito Quiles, se desplazó desde la península para aumentar la tensión y sembrar odio en una ciudad que ya estaba sufriendo, no encontró lo que esperaba. 

Los vecinos de Ceuta, muchos de ellos de origen marroquí, salieron a la calle con banderas españolas en la mano y expulsaron a esos grupos que solo pretendían generar más dolor. «Aprovecháis la situación para sembrar odio, eso es lo que sois, odio», les gritaron. «Yo soy español, español», coreaban. «No te equivoques, yo estoy en mi país». 

Y cuando los agentes de la Policía Nacional pidieron a los contramanifestantes que se retiraran, estos se mantuvieron en el lugar hasta lograr la evacuación de los ultraderechistas. La misma escena se repitió con la organización ultraderechista Núcleo Nacional, cuyos veinte integrantes fueron igualmente escoltados hasta el puerto mientras los ceutíes coreaban «que se vayan ellos» y «es nuestra ciudad también».

Lo ocurrido en Ceuta nos obliga a recuperar una conversación que Ernest Renan mantuvo con su tiempo hace casi siglo y medio en la Sorbona. «¿Qué es una nación?», se preguntaba el pensador francés en 1882. Y su respuesta, tan sencilla como radical, sigue siendo la mejor vacuna contra los discursos de odio que pretenden secuestrar la idea de patria. 

Una nación no es la sangre, ni la raza, ni la lengua, ni el territorio. Una nación es, ante todo, un alma, un espíritu, «una gran solidaridad, constituida por el sentimiento de los sacrificios que se han hecho y de los que aún se está dispuesto a hacer». La existencia de una nación es, en palabras inmortales de Renan, «un plebiscito cotidiano». No se decreta desde arriba, no se impone con banderas ni con consignas, no se defiende con el odio al diferente. Se renueva cada día en la voluntad de los ciudadanos de vivir juntos, de compartir un futuro común, de dotarse de normas de convivencia y proyectos compartidos.

Ceuta es una ciudad donde conviven culturas tan dispares como la musulmana y la católica, gobernada por el Partido Popular. Y sin embargo, cuando la ultraderecha llegó para instrumentalizar el dolor y la muerte, fueron precisamente los ciudadanos de origen marroquí, los mismos a los que los discursos de odio señalan como «el otro», quienes empuñaron la bandera española para defender su ciudad y su país. 

No lo hicieron desde el odio, sino desde el amor a un territorio que es su hogar. No lo hicieron desde la exclusión, sino desde la afirmación de una pertenencia que ningún discurso xenófobo puede arrebatarles. Esa es la nación de Renan: el deseo de conseguir una sociedad justa que permita a los ciudadanos tener un proyecto de futuro y vivir en paz.

Pero subyace en este relato una contradicción que no podemos eludir. La misma bandera que los ceutíes de origen marroquí empuñaron para defender su dignidad es la que otros, los que vinieron a sembrar odio, pretenden secuestrar como símbolo de exclusión. 

La bandera, como todos los símbolos nacionales, es un campo de batalla semiótico. No tiene un significado fijo ni inmutable; su significado se disputa en cada acto, en cada gesto, en cada calle. Lo que vimos en Ceuta fue precisamente esa disputa: los ciudadanos reclamaron la bandera para sí, la despojaron de su uso instrumental por parte de la extrema derecha y la devolvieron a su significado más genuino: el de la pertenencia compartida, el de la solidaridad, el de la defensa de un proyecto común frente a quienes intentan destruirlo desde dentro.

El Partido Popular, que gobierna Ceuta, y Vox, que comparte con los populares gobiernos en otras comunidades autónomas, han cargado contra el Gobierno central por la llegada de miles de personas a Ceuta. 

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha llegado a exigir que se desplieguen «todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Ceuta para que no quede ni uno de los inmigrantes ilegales que han entrado». 

Pero mientras los dirigentes del PP y Vox utilizan la tragedia como arma política contra el Gobierno progresista, los ciudadanos de Ceuta, muchos de ellos votantes de esas mismas formaciones, han dado una lección de patriotismo y solidaridad que sus líderes políticos parecen no haber comprendido. No es la primera vez que ocurre: la ciudadanía, en su sabiduría práctica, suele estar por delante de sus representantes cuando se trata de defender lo esencial.

La pregunta que emerge con fuerza es la siguiente: ¿cómo es posible que una ciudad gobernada por el PP y sus ciudadanos, muchos de ellos de origen marroquí, den una lección de patriotismo y solidaridad mientras sus líderes políticos y los medios afines alimentan el discurso del odio? La respuesta nos remite a la naturaleza del hecho nacional tal como lo concebía Renan. 

La nación no es propiedad de ningún partido, ni de ningún gobierno, ni de ningún grupo que pretenda secuestrar su significado. La nación es de quienes la viven cada día, de quienes comparten el espacio público, de quienes enfrentan juntos las dificultades, de quienes deciden, en el plebiscito cotidiano de la convivencia, que quieren seguir siendo una comunidad. 

Los ciudadanos de Ceuta, con independencia de su origen, de su religión o de su opción política, han mostrado que la nación es algo más que una consigna. Es un vínculo que se forja en la adversidad, no en el odio.

Y sin embargo, mientras los ciudadanos daban esta lección de civismo, en las redes sociales y en algunos medios de comunicación se difundían mensajes que animaban a «cazar al moro». 

La Fiscalía ha abierto diligencias en otras ocasiones contra miembros de Vox por presuntos delitos de odio, y asociaciones como Izquierda Unida han denunciado al partido ante el Ministerio Público por incitación al odio racista y xenófobo. Pero la sensación de impunidad persiste. ¿Cómo es posible que la judicatura no haya actuado ya contra los miembros de Vox, Figaredo y demás, que en las redes animaban a cazar al moro? 

Esta pregunta no es retórica, es una exigencia de coherencia democrática. El discurso del odio no es libertad de expresión; es la antesala de la violencia. Y cuando ese discurso se amplifica desde posiciones de poder político y mediático, la responsabilidad de las instituciones es aún mayor. La democracia no puede permitirse la complacencia con quienes utilizan el dolor de los demás para construir su negocio político.

El Ministro del Interior, responsable último de la seguridad y del orden público, se enfrenta a una paradoja que debería ser objeto de reflexión. Por un lado, su departamento ha tenido que gestionar una crisis migratoria sin precedentes, movilizar al Ejército y coordinar la respuesta de las Fuerzas de Seguridad. Por otro lado, ha sido testigo de cómo los ciudadanos de Ceuta, por sí mismos, sin necesidad de consignas oficiales, han expulsado a los grupos que venían a sembrar odio. 

Esa lección de civismo debería interpelar al conjunto de las instituciones, empezando por el Ministerio del Interior y el Consejo General del Poder Judicial. La pasividad ante los discursos de odio no es neutralidad; es complicidad. Y la democracia española, que ha sabido construir un modelo de convivencia envidiable en muchas partes del mundo, no puede permitirse que sus instituciones miren hacia otro lado cuando la extrema derecha utiliza el dolor de los migrantes para alimentar el odio.

Ceuta nos ha dado una lección que trasciende sus fronteras. Nos ha recordado que la nación no es un concepto abstracto ni una propiedad de unos pocos. Es el resultado de un plebiscito cotidiano que se renueva cada día en la voluntad de los ciudadanos de vivir juntos. 

Los ceutíes de origen marroquí que empuñaron la bandera española para expulsar a los ultraderechistas han ganado esa batalla simbólica. Han demostrado que el patriotismo no es incompatible con la diversidad, que la defensa de la soberanía no es lo mismo que la xenofobia, que la pertenencia a una nación no se mide por el color de la piel ni por el origen de los apellidos, sino por el deseo compartido de construir un futuro común. Ojalá sus líderes políticos y sus instituciones estén a la altura de esa lección. Ojalá la Togatura actúe con la contundencia que la ley exige contra quienes incitan al odio. 

Ojalá el Ministerio del Interior sepa leer en lo ocurrido en Ceuta no solo una crisis de seguridad, sino también una oportunidad para reivindicar el verdadero significado de la nación: el de una comunidad que se reconoce en su diversidad y que elige, cada día, seguir siendo una sola.

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El negocio del odio y la arquitectura económica de la ultraderecha

En los intercambios cotidianos —ya sea en sobremesas familiares, en conversaciones improvisadas con compañeros de trabajo o en discusiones acaloradas en redes sociales— es habitual recurrir a etiquetas como «facha» o «fascista» para describir comportamientos o discursos que percibimos como reaccionarios. Aunque estas palabras funcionan como atajos comunicativos y todos entendemos lo que queremos señalar, existe un riesgo evidente: que el lenguaje simplifique en exceso fenómenos complejos y termine oscureciendo las dinámicas reales que los sostienen. En ocasiones, estas discusiones semánticas se convierten en un velo que impide ver la estructura material que hay detrás.

Este problema no es nuevo. En debates recientes sobre vivienda, por ejemplo, se ha señalado que centrar la conversación exclusivamente en el precio del alquiler puede eclipsar la cuestión de los salarios y la precariedad laboral. De manera similar, la insistencia en la retórica sobre la ultraderecha puede estar funcionando como una coartada que permite a ciertos actores ocultar prácticas de corrupción, redes de intereses y estrategias de enriquecimiento personal. La política identitaria, cuando se instrumentaliza, puede convertirse en un ruido que distrae de la transferencia sistemática de recursos públicos hacia manos privadas.

En el análisis de la coyuntura ideológica contemporánea, es frecuente confundir instrumentos con objetivos. El odio, entendido como fenómeno psicosocial, existe y se manifiesta en múltiples formas: resentimiento, frustración, miedo, rechazo al otro. Sin embargo, este odio disperso rara vez posee la capacidad organizativa para articular por sí solo una mayoría electoral. Para que el malestar de algunos se convierta en poder político, es indispensable la intervención de agentes de movilización: partidos, plataformas mediáticas, consultoras de comunicación, influencers y estructuras empresariales que canalizan la polarización hacia fines concretos.

Estas maquinarias del odio no suelen actuar movidas por convicciones profundas. Su lógica responde más bien a intereses económicos y a cálculos aritméticos: el miedo y el desprecio se convierten en recursos monetizables. La ultraderecha contemporánea, en este sentido, es uno de los productos más crudos del capitalismo actual: una herramienta diseñada para proteger privilegios materiales mediante la distracción, la confrontación y la manipulación emocional. Su función no es tanto defender una ideología coherente como generar el ruido suficiente para que ciertas élites económicas puedan operar sin supervisión pública.

Para comprender este fenómeno, conviene no mezclar conceptos que, aunque relacionados, no son equivalentes. La derecha tradicional, en términos generales, defiende el orden de mercado y la institucionalidad vigente. El populismo, por su parte, es una lógica discursiva que enfrenta «pueblo» y «élite» y puede aparecer en distintos espectros ideológicos. La ultraderecha añade un componente identitario excluyente: fiscaliza los derechos de las minorías, cuestiona la agenda de género y convierte la inmigración en un problema moral. El fascismo, en cambio, es un fenómeno histórico específico: partido único armado, movilización totalitaria, culto mesiánico al líder y violencia organizada. Surgió en la Europa de entreguerras y está circunscrito a un momento muy particular de la historia. Pretender trasladarlo sin matices a nuestro presente es un error analítico que confunde más de lo que aclara.

Sin embargo, la relación entre fascismo y poder económico no es nueva. Investigadores como Daniel Guérin documentaron ya en los años treinta cómo el ascenso de Mussolini y Hitler se sostuvo sobre la financiación directa de grandes industriales que veían en esos movimientos una garantía contra los sindicatos y las políticas redistributivas. Empresas como IG Farben, Krupp o el magnate Fritz Thyssen —quien tituló sus memorias «Pagué a Hitler»— apoyaron activamente a los regímenes fascistas porque estos ofrecían un entorno político favorable a sus intereses. En Estados Unidos, el llamado «Business Plot» de 1933 reveló que sectores empresariales conspiraron para influir en la dirección política del país. La historia demuestra que lo que solemos llamar fascismo no es sino la apariencia que adopta el brazo armado del mercado cuando siente amenazados sus privilegios.

Esta misma lógica se reproduce hoy en figuras políticas que, más que ideólogos, actúan como empresarios del poder. Santiago Abascal, por ejemplo, no emergió de una transformación doctrinaria profunda. Su trayectoria inicial en el entorno institucional del Partido Popular madrileño no anunciaba una conversión ideológica radical. Lo que detectó fue un nicho electoral desatendido: España era una anomalía en Europa por no tener un partido de ultraderecha consolidado. Abascal construyó una marca para ocupar ese espacio con la racionalidad de quien identifica una oportunidad de negocio. Su proyecto, además, se ha sostenido con fondos de procedencia cuestionable, similares a los que han impulsado a líderes como Meloni, Le Pen, Milei o Trump.

Otros actores, como Alvise Pérez o Vito Quiles, replican este patrón en sus propios ámbitos. Su comportamiento errático y su falta de coherencia ideológica revelan que su motivación principal no es una convicción política, sino la búsqueda de fama y dinero. En todos estos casos, la ideología funciona como un cálculo de oportunidad, no como el motor real de su conducta. La política se convierte en un escenario donde algunos actores compiten por visibilidad, monetización y poder, utilizando discursos incendiarios como herramientas de marketing.

La izquierda, por su parte, tropieza a menudo con un caso paradigmático: el de Isabel Díaz Ayuso y su asesor Miguel Ángel Rodríguez. Etiquetarla como ultraderecha o liberal doctrinaria implica atribuirle una densidad ideológica que no existe. Su trayectoria muestra más bien una estrategia de aprovechamiento: apoyos coyunturales a causas religiosas, alineamientos internacionales o discursos incendiarios que adopta únicamente cuando detecta que pueden reportarle beneficios políticos o económicos. Sus escándalos —comisiones en plena pandemia, adjudicaciones sistemáticas a empresas privadas, operaciones inmobiliarias de lujo— no responden a una batalla cultural, sino a la búsqueda de blindar transferencias constantes de dinero público hacia manos privadas. Llamar «fascistas» a estos comportamientos les otorga una épica que no merecen: lo que hay detrás es ambición y lucro.

Esta instrumentalización del malestar social se explica también desde la teoría. Karl Polanyi argumentó que el fascismo surge cuando la sociedad de mercado se desintegra y deja a las comunidades sin protección. No es casual que el auge actual de las ideologías ultras coincida con salarios estancados, viviendas inaccesibles y vidas precarizadas. La inseguridad material es el caldo de cultivo perfecto para que ciertos actores conviertan la frustración en mercancía política. La precariedad se transforma en una materia prima que, bien manufacturada, puede ser monetizada por quienes detectan en el miedo una oportunidad de negocio.

El negacionismo climático es otro ejemplo de cómo los intereses económicos moldean discursos ideológicos. Investigaciones han demostrado que grandes petroleras conocían desde hace décadas el impacto de los combustibles fósiles en el clima y aun así financiaron campañas para sembrar dudas sobre la ciencia. Redes empresariales canalizaron fortunas hacia organizaciones dedicadas a difundir sospechas sobre energías renovables y agendas internacionales. No existe una ideología «anti-verde» coherente: lo que hay son empresas que buscan evitar regulaciones que reduzcan sus beneficios. La desinformación se convierte en una inversión rentable.

Del mismo modo, las teorías conspirativas sobre fumigaciones, élites ocultas o control social no son pensamiento político, sino desinformación comprada para que la ciudadanía defienda intereses ajenos creyendo que protege su libertad. Los líderes que repiten estos relatos actúan como portavoces pagados, no como pensadores. Otorgarles ese estatus intelectual es un error que solo fortalece su influencia. La paranoia se convierte en un producto que se vende bien porque ofrece certezas simples en un mundo complejo.

En última instancia, cuando escuchamos a ciertos actores hablar de la eficacia de la sanidad privada o de la seguridad jurídica de los propietarios, conviene observar menos sus palabras y más sus actos. Combatir el clasismo, el racismo o la transfobia es necesario, pero siempre preguntándonos quién financia el odio y quién obtiene beneficios de que exista. Seguir el rastro del dinero, como sugería Robert Paxton, permite entender que los movimientos políticos deben juzgarse por sus acciones y por las estructuras económicas que los sostienen. En nuestro presente, esa lectura puede invertirse: más que escuchar lo que dicen, conviene analizar quién paga, quién gana y qué intereses se ocultan tras cada discurso.

La política contemporánea, en su versión más tóxica, se ha convertido en un mercado donde el miedo es mercancía, la identidad es producto y la polarización es estrategia comercial. Entender esta arquitectura económica es indispensable para desmontar los relatos que la sostienen y para recuperar un espacio público donde la democracia no sea rehén de quienes han descubierto que el odio, bien empaquetado, puede ser extraordinariamente rentable.

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Un semáforo de peatones en rojo: termómetro invisible del contrato social

Viena, con su elegante arquitectura imperial y sus cafés donde el tiempo parece transcurrir con una cadencia distinta, es también un laboratorio sociológico de primer orden. Para comprender plenamente la escena que he presenciado esta mañana, tengo que situarla en el contexto de la singular historia política de Austria. 

Este país, encrucijada de Europa, ha forjado una cultura cívica que es el resultado de un complejo entramado histórico. Actualmente, Austria es gobernada por una coalición tripartita que aglutina a conservadores, liberales proeuropeístas y socialistas, un pacto de gobernabilidad diseñado, en parte, para mantener el denominado «cordón sanitario» a la extrema derecha, representada por el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ). Sin embargo, esta estrategia de contención es, cuando menos, paradójica, ya que la extrema derecha tiene raíces profundas en el país. 

Ya antes del Anschluss, la anexión de Austria por la Alemania nazi en 1938, existían movimientos de corte nacionalista y pangermánico que allanaron el camino para la llegada del nacionalsocialismo. La referencia a las «cruces negras» evoca, probablemente, a grupos y simbologías de la ultraderecha austriaca que, en su momento, se adhirieron incondicionalmente al movimiento nazi, una memoria histórica que, aunque latente, resurge periódicamente en el debate político.

La posguerra y la posterior influencia soviética, en una zona de transición como fue Austria durante la Guerra Fría, marcada por el Telón de Acero, dejaron una huella indeleble en su sociedad. Tras la caída del Muro de Berlín, esta historia se tradujo en un curioso patrón electoral: las principales urbes del país –Viena, Linz, Graz e Innsbruck– se han consolidado como bastiones de partidos de izquierdas o centroizquierda, mientras que las zonas rurales mantienen un posicionamiento más conservador. 

Este fenómeno, que enfrenta la ciudad al campo, no es exclusivo de Austria, pero aquí adquiere una dimensión particular. De hecho, el actual presidente federal de la República, Alexander Van der Bellen, es un destacado miembro del partido ecologista Los Verdes, lo que subraya la complejidad y el pluralismo de su espectro político. Esta es la Viena que acoge al viajero, una ciudad donde la cultura cívica no es una abstracción, sino una práctica diaria, un contrato social tácito que se renueva en cada esquina.

Ha sido en este escenario donde se ha desarrollado la anécdota que motiva esta reflexión. Esta mañana, camino al trabajo, he sido testigo de un pequeño pero revelador drama social. 

Un semáforo en rojo para peatones se ha convertido en el escenario de una obra en tres actos. Una señora de unos 35 o 40 años, que por su acento británico resultó ser extranjera, decidió hacer caso omiso a la señalización en tres ocasiones consecutivas, cruzando con el semáforo en rojo siempre que el tráfico de vehículos se lo permitía. Yo, y un joven austriaco que caminaba detrás de mí, esperamos pacientemente a que la luz cambiase a verde en cada ocasión. La situación, para mí, rayaba en lo cómico, pues la señora, en su afán por ganar unos segundos, no lograba aventajarnos; siempre la alcanzábamos en el siguiente semáforo. Sin embargo, para el joven austriaco, la escena no era motivo de risa. Con una educación exquisita, se dirigió a ella en alemán: «Enschuldigun, Frau». Al recibir la respuesta en un inglés muy británico, «I'm sorry. I don't speak German», el joven cambió de idioma y, con una corrección impecable, le espetó: «¿No se ha dado cuenta, señora, que los tres que estamos aquí hemos llegado al mismo lugar en el mismo tiempo? Pero hay una diferencia entre este señor (señalándome a mí) y usted: él ha respetado escrupulosamente las normas que nos permiten convivir, es decir, su turno de paso en los semáforos, mientras usted, no sólo ha cometido tres infracciones, cruzando tres semáforos en rojo, sino, lo más grave, ha demostrado una falta de civismo y educación social que solo puede provocar, si todos actuamos así, que la calidad de vida con la que vivimos, se vaya al traste». 

La señora, con un desplante de soberbia, cruzó finalmente cuando el semáforo se puso en verde, mientras el joven me dedicaba una sonrisa cómplice.

Más allá de la anécdota, este pequeño episodio es un microcosmos que ilustra con precisión quirúrgica los fundamentos de la cooperación social y el papel de la cultura cívica en el mantenimiento de la calidad de vida. Desde la sociología y las ciencias políticas, podemos analizar esta interacción como un ejemplo de la teoría de la acción colectiva. 

El respeto a las normas, incluso cuando su transgresión no conlleva una sanción inmediata o un perjuicio directo y visible, es lo que los politólogos denominan «capital social»: la confianza, las normas y las redes que facilitan la cooperación para el beneficio mutuo. Cada vez que la señora cruzaba con el semáforo en rojo, no solo violaba una norma de tráfico, sino que erosionaba, aunque fuera de manera infinitesimal, el tejido de confianza que permite que una sociedad funcione. El joven austriaco, al intervenir, actuó como un agente de control social informal, un vigilante de las normas que, lejos de ser un acto de autoritarismo, es una defensa de un bien común: la predictibilidad y la seguridad que otorga un espacio público compartido.

La diferencia cultural entre ambos personajes es un reflejo de distintas tradiciones cívicas. El individualismo, llevado a su extremo, como el que se puede atribuir a la señora, es una fuerza centrífuga que desintegra la comunidad. 

Paradójicamente, Gran Bretaña, cuna de las revoluciones democráticas y faro de la historia política moderna, parece experimentar en las últimas décadas un declive en su capital social, alimentado por un hiperindividualismo que prioriza la gratificación personal sobre el bienestar colectivo. Como bien apuntó el joven, si todos actuáramos como la señora, la calidad de vida se iría al traste. 

Las normas de convivencia, los pequeños gestos de respeto, como esperar a que un semáforo se ponga en verde, son los ladrillos con los que se construye una sociedad civilizada. Son la expresión tangible de un contrato social que no se firma en los parlamentos, sino que se renueva día a día en las aceras de las ciudades. 

La cultura cívica austriaca, forjada en la historia y en la necesidad de convivir con un pasado complejo, es un recordatorio de que la libertad individual no es absoluta, sino que encuentra su límite en la libertad y el bienestar de los demás. 

La lección de esta mañana en Viena es clara: las sociedades no mejoran únicamente con grandes leyes o revoluciones, sino con la suma de millones de pequeños actos de cooperación y respeto cotidiano. El verdadero progreso social se mide, quizás, en la capacidad de sus ciudadanos para detenerse ante un semáforo en rojo, incluso cuando nadie les observa.

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Comentarios al artículo de la SER «Las cinco grandes mentiras de los incendios en España: de las prohibiciones en la ley de montes para gestionar el campo a la "red terrorista"», por Jose Ramón Goberna.

El articulo de la SER Las cinco grandes mentiras de los incendios en España: de las prohibiciones en la ley de montes para gestionar el campo a la "red terrorista" es un adorno porque va del tema. 

Esto es larguísimo, no me voy a disculpar por la extension. Si quieres te lo acabas y si no pues seguro que encontrarás otras formas tanto o más productivas de ocupar tu tiempo. O no. Cuestiones complejas requieren razonamientos complejos. Es lo que hay.

Ahi va eso...

He escrito en varias ocasiones tratando de aclarar cuestiones relativas a incendios forestales. Me pedían, a raíz de una publicación irónica de hace unos días sobre las tonterías que se leen en redes, explicaciones sobre qué está pasando estos días, este verano. 

Me sugerían también rescatar una publicación anterior sobre el tema. La he revisado y no hace justicia a la situación actual. Los incendios han cambiado, pero sobre todo la percepción de la ciudadanía ha cambiado. Para peor. Más ignorante. Más simplista. Más sospechosamente dirigida. Más aun, que ya era difícil de superar.

Vamos a tratar de poner un poco de luz.

LA GRAVEDAD ACTUAL.

De entrada, hay que decir que las peores cifras de incendios se dieron en el periodo que va entre 1975 y 1994 aproximadamente. En número y superficie quemada. Creo que estamos entrando en un periodo que será más grave que aquellas dos décadas negras y de más difícil solución, pero hoy en día no estamos peor que entonces.

Tenemos mucho más monte hoy del que hemos tenido en siglos. En España y en Europa en general. A costa del éxodo rural de los últimos 80 años y la pérdida con él de cientos de miles de hectáreas de cultivos, que se han convertido en bosque, sobre todo en aquellos cultivos minifundistas de montaña que nos aportaban las discontinuidades (el mosaico agroforestal), que dificultaban la propagación de los incendios.

Hemos cambiado de materias primas y fuentes de energía. Hemos pasado de montes esquilmados, verdaderos eriales con algún árbol disperso, porque cada árbol, rama de poda, cada leña caída, incluso cada matorral, eran susceptibles de uso para cocinas, chimeneas y hornos industriales, a montes con cargas de vegetación altísimas que multiplican exponencialmente la intensidad y propagación de los incendios.

Ha cambiado el clima. Las olas de calor son más frecuentes y de duración más larga. Jamás hubo incendios de esta virulencia y extensión en los montes de la mitad norte de la península como ahora, ni tan a menudo (León, Zamora, Guadalajara, Ávila, Madrid, Orense). Eso era propio del mediterráneo (Andalucía, Murcia, C. Valenciana y Cataluña). Prácticamente todos los incendios más grandes de la historia en España, son de los últimos 5 o 6 años y en la mitad norte del país. Superando en muy poco tiempo a los del mediterráneo, que encabezábamos ese triste ranking. Tenemos menos incendios que en los 80, 90. Menos GIFs (acrónimo de Gran Incendio Forestal), los de + de 500 hectáreas. Hemos metido mucha pasta en medios para conseguirlo. 

Pero los que se hacen grandes, se hacen mucho más grandes que antes.

Esto no se soluciona con más medios. EEUU es la prueba. Son pioneros en la extinción profesionalizada de incendios forestales. Cada año baten record en inversión para la extinción. Cada año baten record en hectáreas quemadas.

Los incendios empiezan a ser un problema serio incluso en Europa central y norte, húmeda y fría. Quien no quiera ver, que no vea. No mires hacia arriba, el meteorito no está cayendo. Se feliz y consume. Sobre todo, consume, aunque sean antidepresivos.

LAS CAUSAS

En cifras a brocha gorda, en el noroeste de la península, donde está el 50% de todos los incendios, un 70% de incendios intencionados relacionados sobre todo con usos ganaderos y agrícolas. El otro 30%, accidentales, negligencias y rayos. En el resto del país se invierten esas cifras, con un 30 % de intencionados, una mayoría de negligencias y en algunas zonas muchos rayos. Os animo a poner en cualquier IA “causalidad de incendios forestales en españa por areas geograficas en cifras medias de los ultimos 40 años”. 

No hay más. Esta más que estudiado. Nada de conspiraciones ni películas baratas. Hace años era para urbanizar, ahora son los parques eólicos y fotovoltaicos. 

No es necesario que un monte arda para instalar un parque eólico. No hace falta cambiar la calificación del suelo para ello y aunque hiciera falta, el monte quemado no se puede recalificar. 

Las placas fotovoltaicas no se instalan en montañas sino en llanos, en antiguos cultivos. Aunque hubiera que cambiar el uso, por cuestión de interés general se ponen donde haga falta sin que arda el suelo. 

Ahora bien, si eres de los que gustan de estas mierdas, tu mismo con tu mecanismo. No te voy a convencer. Las administraciones mienten y falsean estos datos de causas, todos los incendios son provocados por oscuros intereses entre empresarios y gobiernos (sobre todo si no me gustan esos gobiernos), los reptilianos están entre nosotros y los pajaritos cantan y las nubes se levantan.

LAS POLÉMICAS.

Aquí la fiesta va por barrios, a saber: 

Eres de izquierdas. Tienes sensibilidad medioambiental y has oído o te han mal contado cuatro cosas, porque hemos tenido en España en general un ecologismo muy beligerante con las ciencias forestales. 

Tu juegas en el equipo de:

“Los eucaliptos y los pinos son los malos de la película. Las “repoblaciones de Franco”, del Plan General de Repoblación Forestal de España de 1939, han convertido España en un monocultivo de pinos y eucaliptos a costa de la destrucción de nuestra biodiversidad y nuestros bosques autóctonos para plantarlos y son además superinflamables y los culpables de la virulencia de los incendios. Los “arboles buenos”, no arden”

Dato mata relato:

Las repoblaciones ya eran anteriores al dictador y se venían proponiendo e iniciando desde finales del XIX, aunque toman forma estructurada a partir de 1940. Os animo si queréis ampliar por aquí a pedirle a una IA “antecedentes y análisis del Plan General de Repoblación Forestal de España de 1939”

Se repoblaron terrenos extremadamente degradados y erosionados, para lo que se llama restauración hidrologico – forestal, que era el objeto principal del plan, con pinos, porque son capaces de sobrevivir en esas condiciones. No puedes plantar encinas o robles a pleno sol. Se mueren. Eso se tendría que haber hecho en fases posteriores (cierto es que en general, no se hizo). Pero no se cortaron robles y encinas para plantar pinos como he llegado a leer por ahí.

Solo un 2% de los montes españoles tienen eucaliptos para producción y solo un 2% tienen pinares plantados para producción. Pero es que necesitamos madera y pasta de papel…¿Qué hacemos? ¿Lo importamos o lo producimos aquí? No veo a nadie quejarse por los millones de hectáreas de ecosistemas que convertimos en melonares y trigales a lo largo de nuestra historia.

“Esos pinares son mares de pinos muy homogéneos y se pierde biodiversidad” 

Como los hayedos, como cualquier masa donde hay una especie dominante. Pero si son árboles de sangre azul, se perdona la falta de biodiversidad. Es incluso parcialmente falso, en muchos casos, tienen un sotobosque muy diverso. 

“En relación con los incendios son mucho más inflamables y por eso tenemos el problema de incendios que tenemos”.

Aun aceptando que sean especies (pinos y eucaliptos) algo mas inflamables, es un factor muy poco determinante. La estructura de la vegetación (carga de combustible, continuidad vertical y horizontal), la climatología y la sequedad de la vegetación en el momento del incendio es infinitamente más determinante.

“Los encinares, robledales y hayedos, arden menos”

Claro, el 70% de los encinares españoles están adehesados con cargas y continuidades bajísimas. Y robledales, hayedos o abedulares son ecosistemas de la España más húmeda. Nos ha jodío, con las trampas al solitario.

Curiosamente también, el 60-70 % de lo que ha ardido históricamente en España son montes no arbolados, con virulencias e intensidades similares y a menudo mayores que el monte arbolado.  Pero ese no es un factor reseñable en el problema…¿Por qué?

Porque la premisa fundamental es la no intervención. La naturaleza es sabia, se regula sola y no hay que tocarla. Y a partir de aquí se construyen los argumentos necesarios y se desechan los datos que no ayuden. La vieja historia de siempre.

Y claro, como los montes de matorral no son los malditos eucaliptos o pinos, no los plantó el dictador, el malvado ingeniero o el productor forestal, sino que son naturales, su influencia en el problema no es relevante. O no interesa que lo sea.

En general, estás polémicas por la izquierda hacen menos ruido y están más limitadas a foros y discusiones entre defensores y detractores de las ciencias forestales.

Vamos al otro lado.

Eres de derechas. O muy de derechas. Los ecolojetas de salón, la Agenda 2030 y los progres woke son los culpables, con una gran variedad de argumentos, a cada cual mas chorra, mas falso o mas torticeramente interpretado. 

Argumentos que, por supuesto, dejarán de ser válidos, importantes y producto de gran indignación cuando ganen los tuyos. 

Antes de entrar en harina de los argumentos y campos de batalla de la derecha, dos puntualizaciones.

Hay que reconocer que saben capitalizar tonterías para ponerlas en el candelero, Cierto es que juegan en casa; el porcentaje de apoyos a la ultraderecha entre agricultores y ganaderos es muy importante. Nunca han sido amigos de las regulaciones, como en general no lo somos ninguno en las cosas que nos tocan el bolsillo o el estómago. Y en el mundo rural, muchas regulaciones han venido de la mano de normativas medioambientales. Y no ayuda nada que una parte del ecologismo patrio sea muy urbanita y se haya acercado al mundo rural mirando al agricultor y al ganadero por encima del hombro para explicarle “como son y se tienen que hacer las cosas”. Cuando no se les tilda de neandertales y asesinos sanguinarios a los que son cazadores.

También se oye “los ecolojetas no te dejan…” o “por culpa de los ecolojetas…”. El ecologismo en España carece de poder e influencia, salvo que puntualmente con protestas, para algún trabajo forestal que no les gusta y poco más. Lo único relevante a nivel de legislación que consiguieron está en la Ley de Bienestar Animal que personalmente me parece en parte un despropósito, pero no es un caso que afecte a este tema.  

De hecho, el ecologismo se lleva a matar con todos los gobiernos. Porque ellos irían mucho más allá. Y afortunadamente en algunos casos, menos mal que no mandan y en otros tienen razón y no se les hace caso. Las normativas medioambientales tienen décadas y emanan de normativas europeas y de la propia madurez y concienciación de las sociedades actuales. 

A lo que iba, eres muy de derechas y tus himnos en el campo para apoyar al equipo son:

“No se puede ni recoger una piña porque te multan y claro así esta el monte de sucio y los incendios destruyéndolo todo”

La perra que les ha dado con las piñas debería ser objeto de estudio. Pues, en teoría, si, es cierto. Ni piñas, ni piedras, ni musgo, ni ramas, ni troncos, ni tierra, ni piedras, ni setas, ni plantas, ni animales. Nada. Y así es como debe ser, porque en el 75% de los montes de España sería un robo. Son privados, tienen un dueño. Y en los de titularidad pública igual. Que sean públicos no quiere decir que estén a disposición de los ciudadanos para hacer lo que quieran, igual que no se nos ocurriría llevarnos un banco de la sala de espera de un hospital al salón de nuestra casa. Lo increíble es que esto haya que explicarlo.

Para llevarte subproductos de un monte necesitas en los privados permiso del dueño y en los públicos una autorización. Aquí pueden entrar en juego normativas estatales, autonómicas o locales. No me extiendo en esta cuestión. En resumen, si, está sometido a control.

Pero lo interesante de esta historia, son estas tres consideraciones:

1. Te lo venden como algo que los “ecolojetas” y los rojos se han sacado de la manga antes de ayer para jodernos a todos. Por no irnos mas atrás, la Ley de Montes de 1863 ya regulaba esto. Y la del 57 y la actual de 2003. 

2. Seamos serios. ¿Alguien puede creer que unos hatillos de leña para una barbacoa y unos sacos de piñas para encender la chimenea van a cambiar sustancialmente algo en la carga de vegetación de nuestros montes, que además es fundamentalmente vegetación viva y nada tiene que ver con leñas y piñas? ¿Hay millones de españoles deseando recoger leña (y piñas) y no nos hemos enterado? Si es que te tienes que reír.

3. Decir que es imposible que te multen por recoger leña en pequeña cantidad de un monte no seria cierto. Posible es, si por ejemplo le vacilas al Seprona o al Agente Medioambiental si se te acercan, que lo más fácil es que no le den la mínima importancia. Pero es extremadamente improbable. 

Cuando se hacen fajas auxiliares de pista, que son zonas desbrozadas a ambos lados de los caminos para prevención de incendios, donde se reduce el número de árboles, a menudo la madera de esos árboles se deja troceada y apilada junto al camino para que la gente se la lleve, incluso publicitándolo en los pueblos cercanos para que vayan a por ella quien la necesite…¿Te van a multar por dos piñas, alma de cántaro?

“No te dejan desbrozar el monte. Tienes que pedir permiso y los trámites duran años”

Las administraciones promueven que hagas ese tipo de trabajos en tus montes. En determinados casos puede ser hasta obligatorio. Aunque las administraciones también son conscientes de que muchos montes privados tienen una rentabilidad 0, desbrozar es caro y no pueden pedir a los propietarios que se endeuden para mantener cargas de vegetación bajas en sus montes.

Puedes incluso en algunas comunidades autónomas, eliminar la vegetación forestal para recuperar el cultivo original cuando lo había. Requiere algo mas para su autorización porque ya se convirtió en monte y puede haber valores ambientales a proteger, pero es posible.

¿Y porque te tiene que autorizar la administración (no los ecolojetas, ni los progres de ahora, sino de siempre) en tu propio terreno? Pues porque, aunque sea tuyo, el medio natural es un bien común sometido a protección y tu monte forma parte de él. De la misma manera que si tienes una parcela urbana en medio de una ciudad, no puedes instalar allí lo que quieras que repercuta negativamente al resto.

Lo de que los trámites duren años para un simple desbroce, que me lo enseñen con pruebas y fechas. Mas bulos.

“Como no dejan que el ganado paste en el monte, los montes están así. Si los ecolojetas dejaran entrar al ganado se acababan los incendios”

Si dejan (las administraciones). Requiere de varias autorizaciones y requisitos. Como todo en esta vida. Tu actividad necesita un permiso, tus animales tienen que cumplir normativas sanitarias. No podrás hacerlo como y donde quieras. Esto no haría falta ni tener que explicarlo.

Lo que me pregunto es donde está todo ese ganado esperando que lo dejen entrar al monte. Muriéndose de hambre, famélicas las ovejas de España, pobrecitas. 

La ganadería extensiva tiene una rentabilidad bajísima y además es tremendamente sacrificada. Los niños quieren ser youtubers, no pastores. Y sus padres querían ser futbolistas o médicos, no llevarle leche y queso a Jesús en el portal de Belen. Pongámonos todos a comprar quesos artesanales de cabra y de oveja o a comer cordero o cabrito de ganadería extensiva, pagando la diferencia con el de Mercadona. Entonces será un negocio que crecerá y aportará a la prevención de incendios.

Porque será una aportación y punto. Una sola cosa no acaba con un problema tan complejo. Que nos gustan las soluciones fáciles y únicas para cualquier cosa y eso no existe. 

Y llegamos al final….

LAS SOLUCIONES

No hay. Ya está.

Bueno, si que hay, pero no van a llegar. Llamadme pesimista. Supondrían un cambio socioeconómico en el mundo rural, tan drástico y complejo que poner en marcha, que requeriría la implicación de toda la sociedad a una, la rural y la urbana y  todos los gobiernos y partidos políticos remando en la misma dirección.

¿A que no van a llegar? Pues eso.

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Adiós a la política: el nuevo orden mundial ya no tiene parlamentos, tiene servidores

El diagnóstico de una mutación civilizatoria

La obra de Shoshana Zuboff, «La era del capitalismo de vigilancia» (2019), no es un libro más sobre tecnología o economía digital. Es, ante todo, un tratado de ciencia política que identifica una mutación en el propio fundamento del poder en el siglo XXI. Zuboff, profesora emérita de la Harvard Business School, no describe una evolución del capitalismo ni una reconfiguración de las relaciones internacionales: documenta el nacimiento de un nuevo orden institucional que opera al margen del Estado y, por tanto, al margen de la gobernanza democrática, controlado por una oligarquía digital que ha usurpado funciones históricamente reservadas a los gobiernos. Como ella misma ha sintetizado, el capitalismo de vigilancia «redefinió internet como una prisión de vigilancia sin barrotes y sin salida».

Este análisis desmonta la narrativa convencional sobre el nuevo orden mundial. No se trata de la decadencia del imperio americano, ni del fin de la multilateralidad, ni de la sustitución del trabajo manual por máquinas. El fenómeno es más radical: la emergencia de un poder privado, global y antidemocrático que se ejerce no desde los parlamentos o los ministerios, sino desde los servidores y los algoritmos de cuatro tecnobros y sus corporaciones.

La mutación del capitalismo: del excedente de comportamiento al poder predictivo

El andamiaje teórico de Zuboff se articula en torno a un concepto central: el «excedente de comportamiento» (behavioral surplus). A diferencia del capitalismo industrial, que extraía recursos naturales o fuerza de trabajo, el capitalismo de vigilancia tiene como materia prima la experiencia humana misma: nuestros datos, hábitos, emociones, movimientos y relaciones sociales. Esta materia prima es reclamada unilateralmente por las grandes tecnológicas, que la convierten en «productos de predicción» que se venden en un nuevo tipo de mercado.

El proceso sigue una lógica implacable. Primero, el «imperativo de extracción»: las empresas recopilan datos más allá de lo necesario para mejorar sus servicios, creando un excedente de comportamiento que es la verdadera fuente de valor. Segundo, el «imperativo de predicción»: mediante el análisis masivo de estos datos, las corporaciones pueden anticipar el comportamiento futuro de los individuos con un grado de certeza sin precedentes. Tercero, y aquí reside la clave política, «la forma más segura de predecir el comportamiento es intervenir en su origen y moldearlo». El capitalismo de vigilancia no se limita a observar: modifica activamente la conducta humana para hacerla predecible y rentable.

Este salto cualitativo convierte a las grandes tecnológicas en algo más que empresas. Son arquitectas de la realidad social, capaces de influir en elecciones políticas, hábitos de consumo, opiniones públicas e incluso en la identidad de las personas. El famoso experimento de Facebook de 2012, que demostró que un simple botón de «He votado» podía aumentar la participación electoral, es para Zuboff la punta del iceberg de un poder que socava los cimientos de la soberanía política. 

El poder instrumentario y el «Gran Otro»: un poder sin Estado

Zuboff acuña el término «poder instrumentario» (instrumentarian power) para describir esta nueva forma de dominación. Definido como «la instrumentación e instrumentalización del comportamiento con fines de modificación, predicción, monetización y control», el poder instrumentario se distingue radicalmente del poder totalitario clásico.

Mientras que el totalitarismo —el «Gran Hermano» orwelliano— se impone mediante la coerción, la vigilancia estatal y el miedo, el «Gran Otro» (Big Other) del capitalismo de vigilancia opera de manera sutil, voluntaria y automatizada. No necesita soldados ni policías: nos seduce con servicios «gratuitos» mientras extrae nuestra experiencia como materia prima. No necesita censores: sus algoritmos nos moldean sin que seamos conscientes de ello. Como Zuboff ha señalado, los líderes de estas corporaciones son «oligarcas de la información» que controlan la producción, distribución y aplicación del conocimiento computacional que es el life blood de nuestra civilización.

Este poder no reconoce fronteras ni soberanías nacionales. Es global por naturaleza y privado por diseño. Las grandes tecnológicas han construido una arquitectura de control que abarca todos los sectores económicos y todas las regiones del mundo. No rinden cuentas a los ciudadanos ni a los parlamentos; su única obligación es con sus accionistas. En este sentido, el capitalismo de vigilancia representa la privatización del gobierno de la vida social, una transferencia de poder sin precedentes desde las instituciones democráticas hacia unas pocas corporaciones.

El combate a muerte con la democracia

Zuboff sostiene que el capitalismo de vigilancia y el orden democrático han entrado en un «combate a muerte» (death match). No se trata de una competencia entre modelos económicos, sino de una lucha por la soberanía política: quién decide quién decide, quién conoce y quién gobierna.

Las implicaciones son devastadoras. En primer lugar, el capitalismo de vigilancia despoja a los ciudadanos de sus «derechos epistémicos»: el derecho a saber quiénes somos, qué nos pasa y qué futuro podemos imaginar. Cuando los algoritmos nos conocen mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos, nuestra autonomía se convierte en una ficción. Nos convertimos en «ejecutores dóciles de algoritmos» que manipulan el comportamiento de las masas en beneficio de la nueva oligarquía digital.

En segundo lugar, erosiona las instituciones democráticas desde dentro. La concentración de poder económico en estas corporaciones se traduce directamente en concentraciones de poder de gobernanza. Como ha documentado Zuboff, los oligarcas de la vigilancia han aprendido a desafiar a los funcionarios elegidos democráticamente por el derecho y el poder de gobernar la sociedad. Las elecciones ya no son solo contiendas entre partidos; son campos de batalla donde los algoritmos moldean el comportamiento de los votantes.

En tercer lugar, Zuboff advierte sobre el «escenario de fusión» (fusion scenario): la convergencia entre el poder de las grandes tecnológicas y el poder de los Estados autoritarios. Cuando un gobierno se alía con el capitalismo de vigilancia, las capacidades de control se multiplican exponencialmente, creando las condiciones para un totalitarismo de datos del siglo XXI. Como ella misma ha afirmado: «Es posible tener capitalismo de vigilancia, y es posible tener democracia. No es posible tener ambas».

El nuevo orden mundial: un orden sin Estado

Llegamos a descubrir que el nuevo orden mundial no es un asunto de Estados o de relaciones internacionales, sino la instauración de un poder privado, global y antidemocrático.

Zuboff documenta cómo el capitalismo de vigilancia no es un fenómeno nacional ni siquiera regional: es un «campo unificado de desarrollo institucional» que avanza a través de cuatro etapas, cada una de las cuales sienta las bases para la siguiente. Nació en Silicon Valley, pero se ha extendido a todos los sectores económicos y a todas las regiones del mundo. Sus líderes son «históricamente únicos»: como los antiguos emperadores o los reyes feudales, son infinitamente ricos y poderosos, pero además poseen un conocimiento infinito sobre las personas y la sociedad, algo que los magnates de otras épocas solo podían soñar.

Este nuevo orden no tiene centro geográfico ni estructura jerárquica estatal. Opera a través de una red de servidores, algoritmos y flujos de datos que trascienden las fronteras nacionales. No necesita ejércitos ni tratados internacionales: controla los espacios digitales donde ocurre la vida social y económica. No busca la hegemonía de un país sobre otro: busca la hegemonía de una lógica de acumulación sobre la vida humana misma.

Zuboff insiste en que este no es un proceso inevitable ni tecnológicamente determinado. Es el resultado de decisiones políticas concretas: la desregulación de los mercados, la falta de protección de los datos personales, la pasividad de los gobiernos ante la concentración de poder. Como ella misma señala, «el capitalismo de vigilancia es lo que ocurrió cuando la democracia estadounidense se echó a un lado».

Conclusión: la lucha por el futuro humano

La obra de Zuboff no es un mero diagnóstico; es también una llamada a la acción política. Su conclusión es inequívoca: la lucha de nuestro tiempo no es entre izquierda y derecha, ni entre naciones, sino entre el capitalismo de vigilancia y la democracia.

Para contrarrestar este poder, Zuboff propone eliminar la condición misma que permitió su ascenso: la recopilación incontrolada y encubierta de datos personales por parte de las empresas tecnológicas. Los gobiernos democráticos deben salvaguardar la privacidad de los usuarios y proteger los datos personales para evitar que las corporaciones conviertan el comportamiento humano en una mercancía a través de algoritmos sin control. O, en sus propias palabras: «merecemos un futuro digital que amplíe los derechos humanos, la soberanía individual [y] la democracia floreciente».

El nuevo orden mundial que Zuboff describe es, en definitiva, el fin de la política democrática tal como la hemos conocido. No porque los Estados desaparezcan, sino porque pierden su monopolio sobre el gobierno de la vida social. La soberanía se ha trasladado a los algoritmos; la ciudadanía se ha convertido en audiencia; la deliberación pública ha sido sustituida por la predicción automatizada. Frente a este escenario, Zuboff nos recuerda que aún tenemos una opción: «el poder de decidir qué tipo de mundo queremos habitar». Podemos elegir si permitimos que el poder de la tecnología enriquezca a unos pocos y empobrezca a muchos, o si lo aprovechamos para una distribución más amplia de los beneficios sociales y económicos del capitalismo.
 

Referencias bibliográficas


    Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: Public Affairs.


    Mallard, G. (2022). Critical Theory in The Age of Surveillance Capitalism: How to Regulate the Production and Use of Personal Information in the Digital Age. Law & Social Inquiry, 47(1), 349-354.

    Morgan, W. (2019). Review: Shoshana Zuboff's The Age of Surveillance Capitalism. Media Theory Journal.

    Pobedonostsev, A. (2025). The Anti-Democratic Counterrevolution of Surveillance Capitalism. Economic Sociology, 26(5), 111-122.

    Evangelista, R. (2019). Review of Zuboff's The Age of Surveillance Capitalism. Surveillance & Society, 17(1/2), 246-251.

    Khan, A. (2019). Book review: Shoshana Zuboff, The age of surveillance capitalism: the fight for human future at the new frontier of power. Social Change, 49(4). 

    Zuboff, S. (2022). Surveillance Capitalism or Democracy? The Death Match of Institutional Orders and the Politics of Knowledge in Our Information Civilization.

    Zuboff, S. (2024-2025). Notes from the New Frontier of Power (blog series). Carr Center for Human Rights Policy, Harvard Kennedy School. 

    Zuboff, S. (2019). Entrevista sobre el capitalismo de la vigilancia. BBC News.

    Zuboff, S. (2020). "A privacidade é pública, se a entregamos, destruímos..." Instituto Humanitas Unisinos.

    Zuboff, S. (2023). "Vivimos en una distopía accidental". Ethic.

    Zuboff, S. (2025). "La IA es el capitalismo de la vigilancia". El País. 

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La gran hipocresía: la dualidad capitalismo/comunismo

Vivimos en un momento histórico en el que la lógica capitalista se ha naturalizado hasta el punto de ser percibida como el único sistema posible de organización social. Democracias más o menos consocionales han asumido como axiomas incuestionables que los empresarios generan trabajo y que la gestión monetaria por parte de los lobbies insertados en los bancos centrales —y, por extensión, en el BCE y la Reserva Federal— es el modo más eficiente de gestionar la sociedad. Sin embargo, esta naturalización oculta una hipocresía profunda: los métodos extractivos del capitalismo nos conducen a la destrucción del hábitat necesario para la vida humana, mientras que los niveles de desigualdad y empobrecimiento que sufren dos terceras partes de la humanidad desmienten sistemáticamente la validez de sus axiomas.

La brecha entre salarios y beneficios: el dato que rompe el relato

Los números son tozudos. En los últimos años, la evolución de los salarios y los beneficios empresariales ha dibujado una brecha descomunal que desmonta el relato de la patronal. Según el informe del Gabinete Económico de CCOO, basado en datos del Observatorio de Márgenes Empresariales, entre 2018 y 2023 los márgenes empresariales crecieron un 64% en términos absolutos, mientras que los salarios lo hicieron apenas un 29,8%. Es decir, los beneficios empresariales crecieron el doble que los salarios. El reparto del valor añadido (plusvalías) generado en ese periodo refleja esta desigualdad: los salarios captaron únicamente el 33% del incremento del valor añadido bruto, mientras que los márgenes empresariales captaron el 67%.

La rentabilidad operativa de las empresas pasó del 10,5% en 2018 al 12,9% en 2023, alcanzando niveles récord. Los márgenes empresariales se situaron en 311.000 millones de euros en 2023, 121.000 millones más que en 2018. La brecha es aún más escandalosa si se considera que el 20% de las empresas —las más grandes— concentran el 91% del valor añadido y el 98% de los márgenes empresariales.

El informe de UGT, por su parte, señala que en los últimos diez años los salarios de convenio se han incrementado una media anual del 1,4%, ganando poder adquisitivo solo cuando la tasa de inflación lo ha permitido. Mientras tanto, los beneficios empresariales han crecido diez veces por encima de los sueldos. España cerró 2022 con la cuarta brecha más alta entre salarios y beneficios reales de Europa.

Esta realidad contradice frontalmente el argumento empresarial de que no es posible pagar más salarios porque los «gastos» (impuestos, seguros, materias primas) dejan un margen muy pequeño. Los datos demuestran que el margen existe y es amplio; lo que ocurre es que se destina a la extracción de plusvalía en beneficio de unos pocos.

La plusvalía: el corazón del conflicto

Como describió Marx, la plusvalía es el exceso de riqueza que se genera como resultado del trabajo de las personas, una vez que se les ha pagado el salario. El capitalismo tiene como único objeto la extracción de esa riqueza «sobrante» para el beneficio de unos pocos. La hipocresía del sistema se manifiesta en su discurso contradictorio: cuando se habla de absentismo laboral, los empresarios se quejan de que cada día sin un trabajador pierden miles de euros; cuando se habla de retribuir el trabajo, argumentan que no pueden pagar más.

La realidad es que los beneficios empresariales han crecido a costa de los salarios. La dinámica especulativa de las empresas, especialmente las más grandes, es la principal causante de la inflación, trasladando el incremento de costes al precio final y aprovechando la situación para acrecentar sus márgenes. Son los beneficios, y no los salarios, los que más contribuyen al incremento de la inflación.

La usura y los banqueros: cuando la usura era pecado

Antes de la era industrial, la percepción social de los banqueros y usureros era radicalmente distinta. En la Edad Media, la usura se sancionaba canónicamente con la excomunión y, en la ley secular, se elevaba a la categoría de delito. La Iglesia Católica desempeñó un papel central en la regulación de la usura a través de la doctrina moral y las leyes canónicas.

Los usureros eran considerados «hombres de mala reputación». La fama —entendida como la opinión colectiva— pretendía establecer la reputación del acusado como «usurero público». La mayoría de los juicios contra usureros buscaban la restitución de las sumas extorsionadas. El Antiguo Testamento prohibía cualquier tipo de interés, y esta prohibición religioso-moral se mantuvo durante siglos.

Lo que hoy consideramos una actividad respetable —prestar dinero a cambio de interés— era entonces una práctica inmoral y perseguida. La banca nació durante la Edad Media como la institucionalización de la usura y la vía por la que consiguió su total respetabilidad. Usureros fueron genoveses y lombardos que inventaron el banco; usureros fueron los judíos Fugger que fundieron a Carlos V y desprestigiaron a la Iglesia con la venta de indulgencias. Cuando la burguesía consiguió ocupar su sitio como financiadora de los que ostentan el poder, los gobernantes se convirtieron en vectores para la consecución de sus objetivos.

Bretton Woods y el dominio del dólar

En 1944, los Acuerdos de Bretton Woods establecieron un nuevo sistema monetario internacional basado en la convertibilidad del dólar estadounidense al oro. Estados Unidos surgió de la Segunda Guerra Mundial como la economía más fuerte del mundo, concentrando cerca del 50% del PIB mundial con menos del 5% de la población. El dólar se convirtió en la moneda de referencia internacional, y se crearon el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Este sistema ha permitido a Estados Unidos ejercer un control descomunal sobre la economía mundial. La simple manipulación descontrolada del dinero nos ha llevado a las crisis más salvajes de la historia moderna. Cuando cualquier país ha intentado escapar de ese mecanismo —Libia, Venezuela, Panamá— se ha encontrado con invasiones y guerras que solo buscaban evitar transacciones comerciales fuera del patrón dólar. El sistema de Bretton Woods, concebido inicialmente para evitar las devaluaciones competitivas, se ha convertido en un instrumento de dominación geopolítica.

La socialdemocracia como síntesis hegeliana

No se trata de defender el comunismo como alternativa paradisíaca. La cuestión fundamental, expresada en términos hegelianos, es la oposición tesis/antítesis que suponen capitalismo y comunismo como dos caras de una misma moneda: ¿qué hacemos con la plusvalía? ¿cómo se gestiona y se redistribuye?

Las únicas sociedades que podríamos considerar que cuidan y sirven al ser humano son las que han sabido sintetizar esta oposición. Los países nórdicos y, en particular, el modelo sueco, representan un ejemplo de esta síntesis. La socialdemocracia sueca, reconocida como la principal arquitecta del estado de bienestar basado en impuestos progresivos, ha demostrado que es posible mantener el mercado como mecanismo necesario para la asignación de recursos, pero con una fuerte intervención estatal para redistribuir la riqueza. El Partido Socialdemócrata Sueco construyó un estado de bienestar con servicios públicos universales y un gobierno omnipresente.

En países como Austria o Suecia, donde el Estado —el procomún, la gestión de todos— pone puertas a la ganancia y extracción de beneficios para redistribuirlos en la sociedad, se generan sociedades donde la delincuencia disminuye y el bienestar social aumenta. No es casualidad que en estos países se cierren cárceles porque la delincuencia disminuye.

La federación de democracias de Kant

Immanuel Kant intuyó en el siglo XVIII el camino hacia una sociedad más justa y pacífica. En su obra Sobre la paz perpetua (1795), Kant propuso una federación de Estados libres como fundamento del derecho de gentes. Su visión de un orden internacional regido por la ley, capaz de regular mediante el espíritu universalista de una federación mundial la política, anticipó lo que hoy necesitamos: una federación de democracias basada en la socialdemocracia y la redistribución de las riquezas.

Kant apostó por una federación de pueblos y alertó contra los peligros del poder desmedido. La paz perpetua, según Kant, es posible siempre que el hombre se organice republicana y federativamente. Su concepción de una federación pacífica de repúblicas, libre y voluntariamente asociadas, es el horizonte hacia el que debemos caminar.

Concluyendo, el capitalismo y el comunismo no son más que dos caras de una misma moneda: ambas han fracasado en su intento de ofrecer una respuesta satisfactoria a la cuestión fundamental de la gestión y redistribución de la plusvalía. El capitalismo ha demostrado ser extractivo y destructivo; el comunismo, en sus diversas manifestaciones históricas, ha mostrado su incapacidad para preservar las libertades individuales.

La alternativa no es elegir entre uno u otro, sino superar esa falsa dualidad mediante una síntesis que ponga al ser humano en el centro. La socialdemocracia de los países nórdicos —con su énfasis en la redistribución, los servicios públicos universales y la regulación del mercado— ofrece un modelo viable. La federación de democracias que Kant intuyó es el marco político necesario para implementar este modelo a escala global.

Los poderosos, apoyados en la fuerza de la riqueza extraída al trabajador, lo han convencido de que son imprescindibles para que funcione la sociedad. La realidad es bien distinta: solo en los países donde el Estado, el procomún, la gestión de todos, pone límites a la extracción de beneficios y los redistribuye, se generan sociedades verdaderamente humanas. No se trata de eliminar el mercado, sino de ponerlo al servicio de la sociedad. No se trata de abolir la propiedad privada, sino de garantizar que la riqueza generada por el trabajo de todos beneficie a todos.

El camino hacia la federación de democracias pasa por reconocer la hipocresía del capitalismo, desmontar sus axiomas con datos y argumentos, y construir alternativas basadas en la redistribución, la justicia social y la sostenibilidad. La plusvalía no debe ser extraída por unos pocos; debe ser gestionada y redistribuida en beneficio de la sociedad y del ser humano. Esa es la gran tarea de nuestro tiempo.

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