Flujos migratorios asociados a la adquisición de nacionalidades europeas

La movilidad humana ha sido una constante a lo largo de la historia. Desde las grandes migraciones protohistóricas hasta los desplazamientos contemporáneos provocados por desigualdades económicas, conflictos o crisis climáticas, los seres humanos se han movido en busca de mejores condiciones de vida. Lo que hoy se presenta desde ciertos sectores políticos como una «crisis migratoria» no es sino un capítulo más de este fenómeno estructural, agravado por la huella que el colonialismo y el neocolonialismo han dejado en las relaciones Norte-Sur. 

Examinaremos aquí dos flujos migratorios concretos vinculados a la adquisición de nacionalidades europeas que, lejos de ser excepcionales, revelan patrones sistémicos de movilidad y estrategias de optimización de derechos. 

• El primer flujo analiza cómo la nacionalidad española se convierte para muchos sudamericanos en un «pasaporte» de acceso a Estados Unidos. 
• El segundo examina el fenómeno inverso: cómo ciudadanos sudamericanos, especialmente argentinos, acceden a la nacionalidad italiana y terminan residiendo en España. 

Ambos casos, abordados con datos empíricos, permiten desmontar el discurso hipócrita de ciertos gobiernos conservadores europeos que, mientras acusan a España de laxitud migratoria, practican políticas igualmente permisivas cuando les conviene.

El ordenamiento jurídico español establece un plazo de residencia de tan solo dos años para que los nacionales de países iberoamericanos puedan solicitar la nacionalidad por residencia. Esta ventaja comparativa, junto con los lazos históricos, lingüísticos y culturales, convierte a España en el país europeo con la vía más rápida de acceso a la nacionalidad para los sudamericanos. Los datos son bastante claros: en 2024, un total de 252.476 extranjeros residentes en España adquirieron la nacionalidad española, con un incremento del 5,1% respecto al año anterior. En 2025, la cifra ascendió a 299.732, un aumento del 18,7%. Entre las nacionalidades de origen más frecuentes destacan Venezuela (36.271 en 2025), Colombia (37.712) y Marruecos (42.114), lo que evidencia el peso abrumador de la inmigración latinoamericana en estos procesos. 

Sin embargo, el verdadero motor de muchas de estas solicitudes no es necesariamente el deseo de residir en España, sino la ventaja que otorga el pasaporte español en términos de movilidad global. Los ciudadanos españoles pueden entrar a Estados Unidos sin necesidad de visado de turista (programa ESTA), un privilegio del que no disfrutan la mayoría de los nacionales sudamericanos. Esta dinámica ha sido reconocida incluso por las autoridades italianas. 

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, declaró explícitamente: «La nacionalidad no puede ser un instrumento para poder viajar a Miami con un pasaporte europeo». Aunque Tajani se refería al caso italiano, la lógica es perfectamente trasladable al contexto español: el pasaporte europeo se convierte en un activo geopolítico que permite sortear las restrictivas políticas migratorias de terceros países, especialmente Estados Unidos. Aunque no existen estadísticas oficiales que cuantifiquen con exactitud el número de sudamericanos que, tras obtener la nacionalidad española, emigran a Estados Unidos, diversos estudios señalan que España y Estados Unidos son los dos principales receptores de inmigrantes latinoamericanos. Esta coincidencia geográfica no es casual: el pasaporte español facilita el tránsito entre ambos destinos, convirtiendo a España en una «puerta giratoria» hacia el mercado laboral y las oportunidades estadounidenses.

En el extremo opuesto del circuito migratorio encontramos el fenómeno de los argentinos con nacionalidad italiana que residen en España, un flujo que alcanza dimensiones gigantescas. Italia concede su nacionalidad siguiendo el principio de ius sanguinis (derecho de sangre), lo que permite a los descendientes de emigrantes italianos reclamar la ciudadanía con independencia de su lugar de nacimiento. Este principio, sumado a la masiva emigración italiana hacia Sudamérica entre finales del siglo XIX y mediados del XX, ha generado un fenómeno de proporciones extraordinarias. Los datos son reveladores: los italianos en el extranjero han aumentado un 40% en la última década, pasando de 4,6 millones a 6,4 millones. 

En Sudamérica, la comunidad italiana ha pasado de 800.000 a más de dos millones en los últimos veinte años. Solo en Argentina, los casos de reconocimiento de nacionalidad italiana pasaron de 20.000 en 2023 a 30.000 en 2024; en Brasil, de 14.000 en 2022 a 20.000 en 2024, y los procedimientos pendientes superan actualmente los 60.000. 

Lo relevante de la idea que subyace en este artículo es que muchos de estos nuevos ciudadanos italianos no se dirigen a Italia, sino a España. La presidenta de la Asociación Italoargentinos en España, Carolina Davico, explica que, antes de 2008, la comunidad italiana en España estaba compuesta mayoritariamente por italoargentinos que, tras la crisis argentina, buscaron oportunidades económicas en España. La ausencia de barrera idiomática, el estado del bienestar español, la seguridad y la sanidad pública jugaron un papel crucial en esta elección. Los números confirman la magnitud del fenómeno. 

La presencia italiana en España supera las 300.000 personas, una cifra que se ha triplicado especialmente en los últimos quince años. Según el Comité de Italianos en el Extranjero (ComItEs), solo en Madrid hay unas 135.000 personas de nacionalidad italiana inscritas en el AIRE (Registro de Italianos Residentes en el Extranjero), con un aumento de 1.500 cada mes. Los argentinos con ciudadanía italiana representan aproximadamente el 25% del total en Madrid, un porcentaje que resulta especialmente significativo si se considera que, en términos globales, casi el 3% de la población argentina (1,2 millones de personas) posee pasaporte italiano. Este flujo convierte a España en el destino preferente de los italianos (o neoitalianos) que abandonan su país de origen. En 2024, 155.732 italianos dejaron Italia, la cifra más alta de las dos últimas décadas, y se estima que ya son más de 325.000 los italianos residentes en España.

El discurso de ciertos gobiernos conservadores europeos, especialmente el italiano bajo el liderazgo de Giorgia Meloni, se caracteriza por una retórica dura contra la inmigración irregular y una crítica constante a las políticas migratorias de otros países. Sin embargo, los datos revelan una realidad bien distinta. 

Italia ha sido durante décadas un país de concesión masiva de nacionalidad a través del ius sanguinis, un mecanismo que, como el propio Tajani reconoció, ha sido utilizado con fines especulativos y «comerciales». Los anuncios en español que ofrecen «cursos para obtener la nacionalidad italiana prometiendo salida laboral inmediata» evidencian la existencia de un mercado paralelo que el propio gobierno italiano ha permitido durante años. Además de esta «laxitud» en la concesión de nacionalidades, Italia enfrenta un problema significativo de inmigración irregular. Según datos de 2024-2025, se estima que 339.000 inmigrantes viven en Italia en situación de irregularidad, una cifra que, aunque ha disminuido desde 2022, sigue siendo sustancial. Mientras Italia otorga nacionalidades casi automáticas a millones de descendientes de italianos en Sudamérica —muchos de los cuales nunca han pisado el país— y acumula cientos de miles de inmigrantes irregulares en su territorio, el gobierno de Meloni no ha dudado en criticar a España por su política migratoria. 

La hipocresía alcanza su punto más álgido cuando, como ha ocurrido recientemente, Italia evalúa suspender la libre circulación con España por la «crisis migratoria» en Ceuta, ignorando que su propia política de concesión de nacionalidades ha alimentado los flujos migratorios hacia España. El ministro Tajani, que ha denunciado que la nacionalidad «no puede ser un instrumento para poder viajar a Miami», guarda silencio sobre el hecho de que la nacionalidad italiana sí ha sido durante décadas un instrumento para que millones de sudamericanos accedan al espacio Schengen. Y, lo que es más grave, su gobierno ha permitido que Italia se convierta en un «coladero» de nacionalidades, generando un flujo migratorio secundario que acaba recayendo en países como España.

Los dos flujos analizados revelan una misma lógica subyacente: la movilidad humana responde a la búsqueda de oportunidades y a la optimización de derechos en un mundo globalizado pero profundamente desigual. Los sudamericanos que buscan la nacionalidad española para viajar a Estados Unidos, y los argentinos que obtienen la italiana para residir en España, están actuando como agentes racionales en un sistema que ellos no diseñaron. La hipocresía de los gobiernos conservadores europeos consiste en criticar la «laxitud» migratoria de España mientras practican políticas igualmente permisivas —cuando no directamente irresponsables— en sus propios países. 

Italia ha regalado nacionalidades a millones de personas sin control efectivo, generando externalidades migratorias que otros países, como España, deben gestionar. Al mismo tiempo, estos mismos gobiernos ignoran que la inmigración organizada es necesaria para mantener el estado del bienestar en sociedades envejecidas y con tasas de natalidad en descenso. 

Por último, no puede obviarse la responsabilidad histórica de las potencias coloniales europeas en la generación de los desequilibrios que hoy impulsan la migración. El expolio de recursos, la imposición de fronteras artificiales y la explotación económica de los territorios colonizados han empobrecido sistemáticamente a regiones enteras, creando las condiciones estructurales para la emigración. 

Acusar a los migrantes de «querer entrar» es, en el mejor de los casos, un ejercicio de amnesia histórica; en el peor, una estrategia electoralista que criminaliza a quienes, en realidad, están buscando reparar, con sus propias vidas, las desigualdades que el colonialismo y el neocolonialismo han perpetuado. 

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Fuentes: INE (Estadística de Adquisiciones de Nacionalidad Española de Residentes, 2024-2025), Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Servimedia, EFE/Swissinfo, datos del AIRE (Registro de Italianos Residentes en el Extranjero), declaraciones de Antonio Tajani y del Comité de Italianos en el Extranjero (ComItEs).

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Dime de qué presumes...

La reciente resolución de diversos laudos arbitrales en el ámbito internacional ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión estructural que, sin embargo, apenas ha merecido un tratamiento extenso en los grandes medios de comunicación. Nos referimos a la acumulación de pasivos contingentes derivados de la política energética aplicada durante la pasada década, específicamente a las denominadas primas a las energías renovables. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial, ha dictado en los últimos meses nuevos laudos que condenan al Reino de España al pago de indemnizaciones millonarias a fondos de inversión y sociedades energéticas. Según los datos consolidados, el Estado español acumula ya 28 laudos adversos que, sumando intereses y costas procesales, superan los 2.300 millones de euros. Esta cifra, que incluye el reciente laudo de 262 millones de euros a favor de Eiser Infrastructure Limited —fallo que duplica la condena inicial de 128 millones anulada en 2020—, representa el desenlace de un proceso iniciado en 2013, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy, a través del entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, modificó retroactivamente el régimen retributivo de las renovables. Lo que en su momento se presentó como una medida de contención del déficit tarifario se ha traducido, años después, en una factura que deberá ser satisfecha con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Dicho de otro modo: el contribuyente, esto es, la totalidad de la ciudadanía, asumirá el coste final de unas decisiones políticas cuyos efectos económicos no se circunscriben al ámbito de la política energética, sino que se proyectan directamente sobre las arcas públicas.

Esta dinámica de socialización de pérdidas no constituye, sin embargo, un hecho aislado en la gestión de los recursos colectivos durante el periodo 2011-2018. El rescate del sistema financiero español, articulado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), supuso una inyección de capital público de una magnitud considerablemente superior. Las cifras disponibles, procedentes del Tribunal de Cuentas y del Banco de España, sitúan el coste total asumido por el Estado en torno a los 101.500 millones de euros, de los cuales 66.577 millones corresponden a inyecciones directas de capital y productos híbridos. De esta cantidad, el organismo supervisor estima que únicamente se recuperará el 14%, lo que implica que la mayor parte del desembolso —más de 60.000 millones de euros— se habrá perdido de forma irreversible. El proceso de reestructuración bancaria afectó especialmente a las antiguas cajas de ahorro, entidades que, paradójicamente, habían sido concebidas como instrumentos de redistribución social a través de sus obras sociales y su arraigo territorial. La intervención pública, lejos de preservar esa función, aceleró su desaparición como modelo, transformando el mapa financiero español en un ecosistema dominado por grandes conglomerados bancarios de carácter privado. El coste de esta operación, asumido íntegramente por el conjunto de los ciudadanos, no ha sido objeto de un debate público a la altura de su trascendencia, quizá porque su complejidad técnica y su extensión temporal han dificultado su percepción como un hecho unitario.

Paralelamente al rescate financiero, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social —conocido coloquialmente como la «hucha de las pensiones»— experimentó una reducción de tal magnitud que cabe calificarla, en términos cuantitativos, como un vaciamiento sistemático. Creado en el año 2000 con el objetivo de acumular excedentes para hacer frente a los ciclos económicos adversos, el Fondo alcanzó su máximo histórico en 2011, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, con un saldo de 66.815 millones de euros. En diciembre de 2017, tras seis años de gobierno de Mariano Rajoy, el saldo se había reducido a 8.095 millones. Al cierre de 2018, la cifra se situaba en 5.043 millones. En términos porcentuales, el fondo perdió más del 90% de su dotación durante el periodo 2012-2018. Este descenso no obedeció a una contingencia demográfica excepcional, sino a la utilización recurrente de los recursos del Fondo para financiar el pago de prestaciones ordinarias y, en particular, las pagas extraordinarias de Navidad, así como para sufragar políticas activas de empleo. La decisión de no reponer las cantidades extraídas, pese a la recuperación económica iniciada en 2014, supuso una opción de política fiscal que, de facto, transfirió la carga del ajuste a la sostenibilidad futura del sistema público de pensiones. El Fondo de Reserva, concebido como un colchón para situaciones de crisis, fue empleado como un mecanismo de financiación ordinaria, alterando así su función original y comprometiendo la capacidad del sistema para afrontar el envejecimiento poblacional.

A este conjunto de decisiones de política económica se suma el capítulo de la corrupción institucional, cuyo coste, aunque más difícil de cuantificar con precisión, no es menos relevante desde una perspectiva de análisis de la gestión de los recursos públicos. El caso Gürtel, considerado la trama de corrupción más extensa de la democracia española, ha dejado un rastro de 200 millones de euros defraudados, según estimaciones judiciales. La sentencia de la Audiencia Nacional, confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo, condenó a 29 de los 37 acusados e impuso penas que suman 351 años de prisión. El entramado, operativo durante más de una década, involucró a altos cargos del Partido Popular en las comunidades de Madrid y Valencia —entre ellos los expresidentes Esperanza Aguirre, Francisco Camps y Eduardo Zaplana— y se articuló en torno a la adjudicación irregular de contratos públicos, el amaño de procedimientos y la financiación ilegal de campañas electorales. La red, liderada por Francisco Correa, llegó a controlar un volumen de contratos que superó los 354 millones de euros. A esta cifra se añaden las investigaciones en curso relacionadas con el denominado «caso Montoro», en el que se indaga la posible percepción de comisiones a cambio de la elaboración de disposiciones normativas favorables a determinados sectores empresariales, con un montante estimado que, según algunas fuentes, podría acercarse a los 50 millones de euros. La Agencia Tributaria ha localizado pagos fraccionados por importe de 850.000 euros realizados por empresas del sector gasístico, mientras que otras investigaciones apuntan a la repatriación de 2,3 millones de euros a través de la amnistía fiscal impulsada por el entonces ministro Cristóbal Montoro.

Paralelamente, la utilización de fondos reservados del Ministerio del Interior en la denominada «operación Kitchen» —cuyo objetivo habría sido la destrucción de pruebas comprometedoras para el Partido Popular en posesión de su extesorero, Luis Bárcenas— ha sido objeto de investigación judicial. La documentación desclasificada por el Gobierno acredita que altos mandos de la llamada «policía patriótica» autorizaron gastos con cargo a estos fondos entre 2013 y 2014. Aunque el importe documentado en esta operación concreta asciende a 53.266 euros, el uso discrecional de esta partida presupuestaria —sometida a escaso control parlamentario— plantea interrogantes sobre la posible desviación de recursos públicos hacia fines ajenos a la seguridad nacional, así como sobre la opacidad que rodea su gestión. La suma de estos episodios, aunque heterogénea en su naturaleza y en su cuantía, dibuja un patrón recurrente en el que los costes de determinadas actuaciones políticas —ya sean por error regulatorio, por necesidad de rescate financiero o por conductas delictivas— terminan siendo absorbidos por el conjunto de la ciudadanía, mientras que los beneficios, en forma de rentas extraordinarias, ventajas competitivas o impunidad, se privatizan en beneficio de actores concretos.

Desde una perspectiva de análisis de políticas públicas, lo que estos casos ponen de manifiesto es la asimetría existente entre la capacidad de los agentes económicos y políticos para generar pasivos contingentes que recaen sobre el erario público, y la escasa capacidad de los mecanismos de control democrático para anticiparlos, mitigarlos o, al menos, hacerlos explícitos en el debate político. El «impuesto al sol», el rescate bancario, el vaciamiento del Fondo de Reserva de las pensiones y las tramas de corrupción institucional no son fenómenos desconectados, sino manifestaciones de una misma lógica de gestión en la que la socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios se han erigido en una constante. Que, a pesar de ello, sectores significativos del electorado consideren viable retornar a fórmulas de gobierno que encarnan ese mismo patrón de comportamiento es un hecho que, desde la óptica del análisis político, resulta difícil de conciliar con los principios elementales de la racionalidad del voto y la responsabilidad fiscal. Los vendedores de elixires milagrosos han existido siempre en la historia de las sociedades humanas; lo que quizá distingue a nuestro tiempo es la persistencia de su demanda, incluso después de que la composición de sus pócimas haya sido desvelada y sus efectos adversos, documentados. La cultura cívica, en este sentido, no es un atributo estático, sino un proceso de aprendizaje colectivo que, a la vista de los datos, aún tiene un largo recorrido por completar.

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Te engañaron: un atónomo no es un empresario.

En el anterior post abordamos cómo la narrativa económica dominante, al servicio de intereses extractivos, cuestiona constantemente los mecanismos redistributivos del Estado socialdemócrata. Señalábamos que la economía, como disciplina, es a menudo un campo de batalla ideológico donde los datos se moldean para justificar agendas políticas. Hoy no nos queda más remedio que dar un paso más en este desmontaje y centrarnos en una de las grandes falacias del capitalismo contemporáneo: la equiparación entre el autónomo y el empresario. Esta confusión, deliberadamente alimentada por las organizaciones empresariales y ciertos discursos mediáticos, no es un mero error de terminología; es una trampa conceptual que sitúa a millones de trabajadores por cuenta propia en el bando equivocado de la lucha de clases.

Para entender esta distorsión, es imprescindible partir de una definición clara y fría, desprovista de juicios morales. Un autónomo es una persona física que realiza una actividad económica de forma habitual, personal y directa, a cambio de una remuneración, sin estar subordinada a un empleador. Un empresario, en cambio, es aquel que crea y gestiona una estructura empresarial, una organización formal con personalidad jurídica propia, para desarrollar su actividad. Esta diferencia no es baladí. El autónomo no tiene un «capital» que invertir en una estructura, sino que es su propia fuerza de trabajo la que pone en el mercado. El autónomo es, en esencia, un trabajador que ha asumido el riesgo de la gestión de su propio empleo, pero que sigue siendo, ante todo, un vendedor de su tiempo y de su capacidad productiva.

La confusión se agrava cuando analizamos la naturaleza de la empresa desde la perspectiva de la Teoría General de Sistemas. Una vez que una empresa ha superado su fase inicial y ha logrado estabilizar su producción y su mercado, su función fundamental deja de ser la creación de valor para convertirse en la gestión de flujos. La Teoría General de Sistemas, formulada por Ludwing Von Bertalanffy, concibe la organización como un sistema abierto que intercambia continuamente materia, energía e información con su entorno. Bajo este prisma, la empresa se convierte en una máquina de optimización de flujos: de materiales, de capitales y de información. Su objetivo no es tanto «producir» como «extraer». Extraer valor pagando a los proveedores lo más tarde posible (obteniendo así un crédito sin coste), cobrando a los clientes lo antes posible (obteniendo liquidez inmediata) y, crucialmente, gestionando la plusvalía generada por los trabajadores.

La plusvalía, en su definición más clásica, no es más que el valor que el trabajador asalariado crea por encima del valor de su propia fuerza de trabajo, es decir, por encima de su salario. El empresario, por tanto, no es un creador de riqueza, sino un gestor de la misma. Su habilidad reside en maximizar los márgenes entre lo que se paga por los insumos (incluida la mano de obra) y lo que se cobra por los productos finales. La empresa, como sistema, es intrínsecamente extractiva. No es una crítica, sino una descripción de su función en el modo de producción capitalista.

Frente a esta lógica extractiva, el autónomo emerge como una figura que, en su origen, busca precisamente escapar de ella. El trabajador autónomo es aquella persona que ve la posibilidad de que las plusvalías y los márgenes de su trabajo no se los quede un conglomerado empresarial, y que él, como resultado directo de su esfuerzo y sus ideas, pueda obtener el máximo rendimiento. Es un intento de recuperar el control sobre el fruto de su propio trabajo. Sin embargo, el gran éxito ideológico del capitalismo ha sido convencer a estos autónomos de que sus intereses son los mismos que los de las grandes corporaciones extractivas. Se les ha vendido la idea de que son «pequeños empresarios», que deben luchar por las mismas banderas: menos impuestos, menos regulación, menos derechos para los trabajadores (que ahora son ellos mismos). Este es el autoengaño fundamental.

La realidad es muy diferente. El autónomo no es más que una pieza más en la cadena de flujos que las grandes empresas utilizan para extraer riqueza. A menudo, son la base de la pirámide productiva, suministrando bienes y servicios a corporaciones que, gracias a su poder de mercado, imponen condiciones de pago y precios que exprimen al máximo el margen del autónomo. El discurso de la «carga fiscal» que tanto resuena en el colectivo es, en este contexto, una distracción. Muchos autónomos, llevados por este relato, contribuyen durante toda su vida laboral con cantidades miserables a la sociedad, cotizando por las bases mínimas para reducir sus cuotas a la Seguridad Social. Se quejan amargamente de los impuestos, pero cuando llega el momento de la jubilación, reclaman que el «Papá-Estado», al que contribuyeron siempre de forma renegada y en la medida justa para obtener las prestaciones más básicas, les resuelva la papeleta con una pensión digna. No es una crítica moral, es una constatación de una contradicción interna: se exige al Estado que provea cuando se ha hecho todo lo posible por no contribuir a él. La paradoja es que muchos autónomos, que se consideran defensores del libre mercado, se convierten, al final de su vida, en los mayores dependientes del Estado del bienestar que tanto criticaron.

Un ejemplo paradigmático de esta contradicción lo encontramos en el reciente caso de abogados y procuradores. Durante años, estos profesionales cotizaron a sus mutualidades, a menudo por las bases mínimas, lo que se tradujo en que, al llegar a la jubilación, se encontraron con pensiones que en muchos casos no llegaban a los 800 euros mensuales. La situación era tan precaria que muchos no alcanzaban siquiera el umbral del Ingreso Mínimo Vital. La reacción del sector fue exigir al Estado una solución, una «pasarela» que les permitiera complementar sus pensiones con cargo a los presupuestos generales. Es decir, después de haber contribuido de forma mínima durante décadas, reclamaban un salvamento público. El Estado, finalmente, ha tenido que intervenir para paliar una situación generada por la propia lógica de la «optimización fiscal» que el discurso dominante tanto alaba.

Otro caso similar es el de los funcionarios que cotizan a MUFACE. La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado no gestiona las pensiones de jubilación, que dependen del Régimen de Clases Pasivas. Los funcionarios tienen la opción de cotizar al régimen general de la Seguridad Social, pero sus prestaciones y condiciones no son homogéneas. La comparación entre ambos regímenes es compleja, pero lo que subyace es el mismo patrón: la búsqueda de un sistema de protección social que, al final, debe ser sostenido por el conjunto de la sociedad, incluso por aquellos que, durante su vida activa, han contribuido a erosionar la base del mismo.

El colmo del autoengaño se manifiesta cuando los autónomos se alinean con las grandes patronales y organizaciones empresariales que dicen defender sus derechos. Creen que comparten un enemigo común: el Estado y los impuestos. Pero olvidan una ley fundamental del capitalismo: si una gran empresa comprueba que el sector en el que opera el autónomo es productor de altos márgenes y plusvalías, no dudará en ejercer su poder e influencia para «comerle la tostada». Los ejemplos son numerosos y evidentes. El sector del taxi, compuesto mayoritariamente por autónomos con licencias propias, ha sido literalmente devorado por la irrupción de plataformas como Uber y Cabify. Estas empresas, con su capacidad para operar a gran escala y eludir ciertas regulaciones, han generado una competencia que muchos califican de desleal, poniendo en jaque a los autónomos del sector. Lo mismo ha ocurrido en el sector hotelero con la aparición de Airbnb, que ha permitido a grandes tenedores de viviendas competir directamente con pequeños hostales y B&B, a menudo sin cumplir con las mismas cargas fiscales y regulatorias.

Estos ejemplos demuestran que el interés de las grandes corporaciones no es el del pequeño autónomo. El capitalismo no es un ecosistema de pequeñas y grandes empresas compitiendo en igualdad de condiciones; es un sistema jerárquico donde el capital concentrado tiende a absorber o destruir al capital disperso. Los autónomos, al abrazar el discurso del «empresario individual» y alinearse con las fuerzas que promueven la desregulación y el debilitamiento del Estado, están cavando su propia tumba. Están desmantelando las únicas herramientas que podrían protegerles de la voracidad de los grandes conglomerados: un sistema fiscal progresivo que financie servicios públicos de calidad, y una regulación que limite el poder de mercado de las grandes corporaciones.

En conclusión, la confusión entre autónomo y empresario no es un accidente semántico. Es una construcción ideológica que sirve para dividir a la clase trabajadora, para hacer creer a aquellos que venden su fuerza de trabajo (aunque sea por cuenta propia) que sus intereses están alineados con los de aquellos que viven de la gestión de la fuerza de trabajo ajena. Es un canto de sirena que lleva a los autónomos a luchar contra sus propios intereses, a renegar del Estado que podría protegerles y a abrazar la lógica de un mercado que, en última instancia, les devorará. Es hora de que los autónomos comprendan la esencia del capitalismo y dejen de ser piezas útiles en un juego que está diseñado para que siempre pierdan.

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Desmontando a los mercenarios

 

El bombardeo mediático contra los pilares del Estado socialdemócrata es incesante y sigue un patrón cada vez más predecible. Cada cierto tiempo, un medio de comunicación —casi siempre el mismo— lanza una pieza que, bajo una supuesta rigurosidad económica, cuestiona el derecho a la baja laboral, la jubilación o cualquier otro mecanismo de redistribución. La última entrega de esta serie la firma Pilar García de la Granja en la COPE, donde se alerta del «coste colosal» del absentismo laboral. Pero antes de abordar sus afirmaciones, es imprescindible realizar una aclaración epistemológica: la economía, tal y como se practica en estos foros, no es una ciencia en el sentido estricto del término. No lo digo en un sentido despectivo, sino descriptivo. La economía es, en gran medida, una seudociencia. Dependiendo de tu posicionamiento ideológico y epistemológico, podrás manipular las fórmulas y los datos para que demuestren «a posteriori» aquello que estabas predicando. La cuestión no es si los números mienten, sino quién los interpreta y con qué fin.

Este es el núcleo del problema. Cuando un analista o economista parte de supuestos capitalistas —y del liberalismo económico más ortodoxo—, su argumentación oscila siempre en torno a una misma cantinela: los trabajadores tienen demasiados derechos. Enfermedad, pensión, vacaciones, estabilidad en el empleo... todo ello es percibido como una carga que los «pobres» empresarios deben soportar. Se nos presenta a los empresarios como creadores de riqueza y generadores de empleo que, por el mero «riesgo» de haber invertido, merecen quedarse con la plusvalía generada por el trabajo ajeno. Esta narrativa, sin embargo, se desmorona cuando el investigador se atiene al método científico y analiza la realidad sin gafas ideológicas.

Comencemos, pues, desmontando la figura de la propia mensajera. Pilar García de la Granja es presentada como una «experta económica», pero su formación académica es en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Es periodista, no economista. Una periodista que, además, tiene una militancia política declarada, pues figura como afiliada al Partido Popular. Su trayectoria profesional, desarrollada en medios como el Grupo Intereconomía, Mediaset o la propia COPE, no es la de una investigadora independiente, sino la de una comunicadora al servicio de una línea editorial claramente definida. Esto no es un ad hominem gratuito; es un dato crucial para entender el origen y la intencionalidad de sus mensajes. Cuando alguien con este perfil y esta vinculación mediática habla del «coste del absentismo», no está haciendo ciencia, está haciendo política con datos sesgados.

Y ¿cuáles son esos datos? Según García de la Granja, el absentismo se ha duplicado en la última década, alcanzando una tasa del 7% en 2025, con un coste que resta un 6% al PIB. Su argumento más llamativo, y el que más juego da a los titulares, es que el perfil del absentista es el trabajador con contrato indefinido y salario medio, ya que la estabilidad «reduce el miedo a perder el empleo». La conclusión que se desprende de su análisis es perversa: la seguridad laboral es un problema porque «facilita» que los trabajadores ejerzan su derecho a la baja médica. La solución que propugna, coherente con su ideología, es la de reducir los salarios durante las bajas para desincentivar su uso, argumentando que «si estás enfermo y ganas lo mismo, qué vas a hacer». Es decir, se asume que el trabajador medio es un simulador que prefiere cobrar estando enfermo que trabajar sano. Se criminaliza al enfermo y se señala su derecho como un fraude.

Esta afirmación, sin embargo, no se sostiene ni siquiera con la propia lógica de los datos que ella maneja. Señala que el absentismo es más frecuente en mujeres y que los autónomos apenas recurren a la baja porque el coste recae directamente sobre ellos. Esto no demuestra un «abuso», sino una realidad estructural: las mujeres soportan una mayor carga de cuidados no remunerados que impacta en su salud; y los autónomos, al no tener una red de protección social que cubra sus bajas, se ven forzados a trabajar enfermos por pura necesidad. Esa no es una virtud del sistema, es una condena.

La visión de García de la Granja es la del economista mercenario que describe el panfleto ideológico del capitalismo. Pero la realidad, cuando se analiza al amparo de las investigaciones de auténticos economistas científicos, es radicalmente distinta. Economistas como Joseph Stiglitz, premio Nobel, o Thomas Piketty han dedicado su carrera a desmontar las falacias de esta predicación neoliberal. Stiglitz sostiene que la desigualdad no es una consecuencia inevitable del capitalismo, sino el resultado de fallos sistémicos en las políticas, de comportamientos de búsqueda de rentas (rent-seeking) y del abuso del poder de mercado. No es una ley natural, es una construcción política.

Piketty, por su parte, ha demostrado empíricamente que el capitalismo, en su estado puro, tiende de forma inherente a la concentración de la riqueza, generando una desigualdad que amenaza los cimientos de nuestras sociedades. Ambos coinciden, junto a más de 360 economistas internacionales, en un diagnóstico demoledor: «Vivimos en una era de escasez fabricada». La pobreza y la desigualdad «no son accidentes», sino «resultados previsibles de decisiones de política pública». El modelo económico actual, basado en el mito del crecimiento infinito, no es más que una máquina extractora de riqueza que la acumula en manos de una ínfima minoría, al tiempo que empuja al planeta más allá de sus límites. No se trata de crisis separadas, sino de los «síntomas de un modelo económico que ha llegado al final del camino».

Volviendo al origen de este artículo, cuando García de la Granja y sus terminales mediáticos lloran por el coste del absentismo, lo que realmente están defendiendo es el derecho del capital a apropiarse sin cortapisas de la riqueza generada por el trabajo. El derecho a la baja laboral, a la pensión o a las vacaciones no es un «privilegio» ni un «gasto» que los empresarios generosamente conceden. Es la recuperación, por parte de los trabajadores, de una pequeña fracción de las ingentes cantidades de plusvalía que les han sido absorbidas a lo largo de años de trabajo. Esa plusvalía es el fruto de dedicar su vida y organizar su tiempo para contribuir a que el empresario construyera su sueño. El trabajador no es un socio, es una persona que vende su fuerza de trabajo, pero que también organiza su vida, su vivienda y el tiempo que dedica a sus seres queridos en función de las necesidades de un proyecto ajeno.

Los trabajadores, al poner su vida al servicio de la producción, no están «costando» dinero; están generándolo. Los derechos adquiridos, fruto de décadas de lucha social, no son un lastre para la economía, sino el único escudo que impide que el capitalismo devore por completo a la sociedad. Son el mecanismo que permite que una parte de la riqueza que ellos mismos crean retorne a sus bolsillos en forma de bienestar. Despojarles de estos derechos en nombre de la competitividad y la productividad no es más que un nuevo y descarado episodio de extracción de riqueza.

Es por ello que los auténticos economistas científicos, los Stiglitz, los Piketty y todos aquellos que se ciñen al método y no a la ideología, deberían salir en tromba a desmontar estas mentiras. Cada vez que un medio de comunicación, al servicio de los grandes intereses económicos, publica un dato sesgado sobre el «coste» de los derechos sociales, está contribuyendo a fabricar una realidad que justifica el desmantelamiento del Estado de bienestar. La batalla es epistemológica antes que económica. Mientras no se exponga la naturaleza seudocientífica de estos análisis y la agenda política que esconden, seguiremos asistiendo a la misma farsa: señalar al trabajador como el problema, cuando la verdadera amenaza es un sistema que ha convertido la extracción de riqueza en su único objetivo. La economía no es una ciencia dura, es un campo de batalla ideológico. Y en esta batalla, la verdad debe abrirse paso entre el ruido de los mercaderes.

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Desmontando bulos con la Constitución en la mano: conceptos básicos de la democracia española

La democracia española, asentada sobre la Constitución de 1978, es un sistema complejo que con frecuencia se simplifica en exceso en el debate público. Esta simplificación, en ocasiones interesada, da lugar a afirmaciones que, aunque repetidas hasta la saciedad, no se corresponden con lo que establecen nuestras leyes. Este texto recorre algunos de los bulos más recurrentes en la política española, confrontándolos con el texto constitucional y la legislación vigente, con el objetivo de ofrecer una visión clara y fundamentada de cómo funciona realmente nuestro sistema.

Primer bulo: la venta de patrimonio público para financiar gastos corrientes

Un ejemplo reciente de este tipo de afirmaciones es el anuncio del Gobierno de la Comunidad de Madrid de vender inmuebles de la sociedad pública Planifica Madrid para destinar los fondos a los afectados por los incendios forestales de la Sierra Oeste. La declaración, a primera vista, puede parecer una medida solidaria y eficaz. Sin embargo, choca frontalmente con los principios que rigen la gestión del patrimonio público y los presupuestos.

La Constitución Española, en su artículo 135, establece que todas las Administraciones Públicas deben adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Este principio, desarrollado por la Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003), implica que los presupuestos son el instrumento fundamental para planificar los gastos e ingresos públicos. La Ley General Presupuestaria es clara al señalar que los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados. Esto significa que no se pueden generar ingresos extraordinarios, como los derivados de una venta patrimonial, y destinarlos de manera improvisada a una partida de gasto que no había sido prevista, por muy loable que sea su fin.

El patrimonio público, además, no es una hucha a la que recurrir para gastos corrientes o imprevistos. La normativa de hacienda pública, como la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid, prohíbe explícitamente la venta de inmuebles para pagar gasto corriente. Las ayudas para paliar los daños de una catástrofe natural, por su propia naturaleza, constituyen un gasto corriente o una transferencia, no una inversión. Por lo tanto, la afirmación de que se pueden vender bienes patrimoniales para financiar directamente estas ayudas no solo es incorrecta desde el punto de vista presupuestario, sino que también podría ser ilegal, ya que obvia los procedimientos de modificación presupuestaria que son obligatorios para cualquier cambio en el destino de los fondos públicos.

Segundo bulo: la «prioridad nacional» en sanidad frente al principio de universalidad

El debate sobre el acceso a la sanidad ha traído a la palestra conceptos como la «prioridad nacional», una idea que propugna que los ciudadanos españoles o con «arraigo» deberían tener preferencia en el acceso a las prestaciones sanitarias frente a los extranjeros. Esta noción, defendida por algunas formaciones políticas, choca de manera directa con el principio rector de nuestro Sistema Nacional de Salud: la universalidad.

El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud y encomienda a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de las prestaciones y servicios necesarios. Este mandato constitucional se materializó en la Ley General de Sanidad de 1986, que sentó las bases de un sistema sanitario público, universal y gratuito. La universalidad significa que el acceso a la sanidad no depende de la nacionalidad, la situación administrativa o la capacidad de pago, sino de la necesidad médica. Es un pilar fundamental que, como ha señalado la ministra de Sanidad, convierte al sistema español en un referente mundial.

Plantear una «prioridad nacional» en el acceso a la sanidad supone una vulneración de este principio. Implicaría establecer un triaje no basado en criterios médicos o de urgencia, sino en la condición de la persona, lo que es contrario a la equidad y a la propia lógica de un sistema universal. La legislación, refrendada por sucesivos gobiernos, ha ido en la dirección contraria, ampliando la cobertura para garantizar que todas las personas en territorio español tengan acceso a la atención sanitaria. Establecer prioridades basadas en la nacionalidad no solo es una transgresión del ordenamiento jurídico, sino que también puede ser contraproducente desde el punto de vista de la salud pública y la eficiencia del sistema, al dejar sin atender a poblaciones que, por su propia situación de vulnerabilidad, pueden generar mayores costes a largo plazo.

Tercer bulo: «ganar» las elecciones y la traición a los votantes

En el imaginario colectivo, y en el discurso de algunos partidos, es común escuchar que «hemos ganado las elecciones» o que un partido ha «traicionado» a sus votantes al pactar con otros. Ambas afirmaciones parten de una comprensión errónea de la naturaleza de nuestra democracia parlamentaria.

La Constitución, en su artículo 68, establece que el Congreso se compone de Diputados elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. El sistema electoral español, regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), utiliza el método D'Hondt para la asignación de escaños. Este método es una fórmula de representación proporcional, lo que significa que su objetivo es traducir los votos en escaños de la manera más proporcional posible, aglutinando las diferentes sensibilidades políticas del país. Es un sistema diseñado para que el Parlamento sea un reflejo, aunque imperfecto, de la pluralidad de la sociedad.

En este contexto, afirmar que un partido «gana» las elecciones es una simplificación. Quien obtiene más escaños tiene una mayor representación, pero en un sistema parlamentario, la investidura del presidente del Gobierno requiere una mayoría absoluta o simple en el Congreso (artículo 99 CE). Dado que es excepcional que un partido obtenga esa mayoría absoluta, la conformación del Gobierno exige necesariamente la negociación y el pacto entre distintas fuerzas políticas. La Constitución, al reconocer a los partidos políticos como instrumentos de expresión del pluralismo político (artículo 6), legitima y fomenta este diálogo.

Por lo tanto, el pacto no es una traición, sino la esencia del sistema. Cuando un partido negocia con otros para formar gobierno o para sacar adelante una ley, no está traicionando a sus votantes, sino cumpliendo con el mandato constitucional de gobernar para el conjunto de la sociedad. La negociación permite que las leyes, fruto del consenso, representen al mayor número posible de ciudadanos, integrando diferentes perspectivas. Es la consecuencia lógica de un sistema de representación proporcional y de un Estado social y democrático de Derecho, donde la voluntad popular se manifiesta a través del diálogo y la búsqueda de acuerdos en el Parlamento.

Cuarto bulo: los pactos pueden ser de cualquier cosa

Una consecuencia del bulo anterior es la idea de que los partidos, al pactar, pueden acordar cualquier medida, por muy alejada que esté del marco legal. Esto es falso. Todos los pactos y acuerdos políticos, incluidos los programas de gobierno, deben moverse dentro del estricto marco de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, que incluye la legislación europea, nacional y autonómica.

Un gobierno, al ejercer su función ejecutiva (artículo 97 CE), está sujeto a la ley. No puede, mediante un pacto de investidura o un acuerdo de gobierno, transgredir derechos fundamentales, vulnerar principios constitucionales o aprobar leyes que sean inconstitucionales. Ejemplos como la propuesta de establecer una «prioridad nacional» en sanidad, que contradice el principio de universalidad, o la idea de modificar el concepto de «violencia de género» a «violencia intrafamiliar», que podría chocar con las leyes de protección integral contra la violencia de género, son claros ejemplos de propuestas que, de ser implementadas, supondrían una clara transgresión del ordenamiento jurídico.

El control de constitucionalidad de las leyes recae en el Tribunal Constitucional, que vela porque ninguna norma, pacto o decisión política vulnere la Carta Magna. Por tanto, los acuerdos entre partidos, como los que puedan alcanzar PP y Vox, no son un espacio de creatividad legal ilimitada, sino que están constreñidos por los límites que la propia democracia y el Estado de Derecho imponen. La ley es el límite y el pacto, el instrumento para gestionar la diversidad dentro de ese marco.

Finalizando

Los bulos políticos, en muchas ocasiones, no son más que simplificaciones interesadas de realidades jurídicas complejas. La democracia española, con sus mecanismos de representación proporcional, su sistema de pactos y su consagración de derechos fundamentales como la sanidad universal, es un sistema diseñado para gestionar la pluralidad y garantizar la estabilidad dentro del Estado de Derecho. Aceptar afirmaciones como la venta libre de patrimonio para gastos corrientes, la prioridad nacional en sanidad, la existencia de un "ganador" de las elecciones o la libertad absoluta para pactar cualquier cosa, implica desconocer los pilares sobre los que se asienta nuestra convivencia. La confrontación de estas ideas con el texto constitucional y la ley no es un ejercicio de opinión, sino un requisito indispensable para una ciudadanía informada y una democracia saludable.

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Sistemas extractivos: El capitalismo como mecanismo de extracción de riqueza

El capitalismo contemporáneo, en su fase más madura, ha perfeccionado una lógica de funcionamiento que trasciende la mera generación de valor para convertirse en un sofisticado sistema de extracción de riqueza. Esta dinámica no es un efecto colateral, sino el auténtico leitmotiv de sus múltiples sistemas de gestión, que, independientemente del sector al que se apliquen —ya sea la vivienda, la sanidad, la industria o la comunicación—, operan bajo un mismo denominador común: la apropiación de valor generado socialmente para su redistribución entre una élite de accionistas y directivos, con escasa o nula repercusión en el bienestar colectivo. 

Lejos de ser una anomalía, se trata de la expresión más depurada de lo que podría denominarse capitalismo extractivo, un modelo que concibe cualquier proceso social, recurso natural o derecho fundamental como una mera cantera de la que extraer beneficio privado.

Un ejemplo paradigmático de esta mecánica extractiva lo encontramos en la reciente adquisición de un ático de lujo en el madrileño barrio de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid. La operación, realizada en abril de 2026 por la empresa pública Planifica Madrid por un valor cercano a los seis millones de euros, tenía como destino inicial ser la oficina temporal de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. 

Más allá de la polémica política, el caso es un ejemplo cristalino de cómo el dinero público se convierte en un vector de transferencia de riqueza hacia el sector privado. En esta operación, la inmobiliaria intermediaria obtuvo una comisión de 180.000 euros, una cifra que, aunque significativa, es solo la punta del iceberg de un sistema donde las plusvalías generadas por la inversión pública engordan las cuentas de agentes privados sin que exista un retorno social claro. La compra, realizada con opacidad y sin reflejo presupuestario, evidencia cómo la gestión de lo público se pliega a las lógicas del mercado inmobiliario, transformando una necesidad administrativa en una oportunidad para la extracción de valor privado.

Esta lógica extractiva alcanza cotas de profunda inmoralidad cuando se aplica a la gestión de servicios esenciales como la sanidad. El caso del hospital de Torrejón de Ardoz, gestionado por la empresa privada Ribera Salud, es ilustrativo. 

En diciembre de 2025, una investigación periodística destapó cómo la dirección del centro había ordenado al personal la reutilización de catéteres de un solo uso para procedimientos de electrofisiología, un material que puede costar más de 2.000 euros por unidad. Las instrucciones consistían en esterilizar estos dispositivos hasta un máximo de diez veces, una práctica ilegal que solo puede ser realizada por fabricantes especializados y que pone en grave riesgo la salud de los pacientes. 

La motivación era clara: aumentar los beneficios (el ebitda) de la compañía. Este no fue un hecho aislado, sino que se enmarcó en una estrategia más amplia donde se daban órdenes para aumentar las listas de espera y seleccionar únicamente la actividad médica rentable, priorizando el beneficio económico sobre la salud de los ciudadanos. 

La maximización de beneficios, como leitmotiv de la gestión sanitaria privada, conduce inevitablemente a la mercantilización de la salud y a la extracción de valor incluso a costa de la seguridad de los pacientes, demostrando que la lógica del mercado es incompatible con la ética de los cuidados.

Esta dinámica no es nueva, sino que se ha ido consolidando a lo largo de las últimas décadas a través de procesos de privatización que han transferido al sector privado empresas públicas estratégicas. 

Durante los gobiernos de Felipe González y José María Aznar, España se deshizo de un importante patrimonio industrial y de servicios. Bajo el mandato de González, el Estado llevó a cabo cerca de ochenta operaciones de privatización, dejando en las arcas públicas 13.200 millones de euros, mientras que el gobierno de Aznar, liderado por Rodrigo Rato, completó la privatización de gigantes como Telefónica, Endesa o Repsol. 

El argumento esgrimido era la eficiencia y la necesidad de obtener financiación, pero el resultado ha sido la pérdida de instrumentos clave para el Estado y la transferencia de ingentes cantidades de riqueza a manos privadas. Hoy, esas empresas, que antaño pertenecían a todos los españoles, reparten jugosos dividendos entre sus accionistas, mientras el Estado, cuando necesita tener voz en su estrategia, como ocurrió con la entrada de Saudi Telecom en Telefónica, debe recomprar participaciones a un alto coste. 

No hubo, por tanto, una repercusión social clara de esa riqueza, sino una gigantesca transferencia de recursos del conjunto de la ciudadanía a una élite de inversores.

Las inversiones de estas grandes corporaciones, que a menudo viven de contratos y concesiones públicas publicadas en el Boletín Oficial del Estado, no suelen revertir en la sociedad que las financia. Una parte significativa de sus beneficios se destina a la adquisición de grandes grupos de comunicación, que se convierten en terminales mediáticos al servicio de sus intereses. 

Este fenómeno crea un circuito perfecto: el dinero público alimenta a grandes empresas, que a su vez controlan los medios de comunicación, los cuales modelan la opinión pública y silencian cualquier atisbo de crítica al sistema. La existencia de conglomerados público-privados donde participa el Estado, como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), podría parecer una forma de recuperar parte de esa riqueza para la sociedad. 

Sin embargo, la SEPI se ha convertido a menudo en un «cementerio de elefantes» donde se «coloca» a altos funcionarios que han servido a uno u otro gobierno, perpetuando una red de influencias que poco tiene que ver con la gestión eficiente y mucho con el reparto de prebendas. En definitiva, el propio sistema se revela como inherentemente corrupto, una maquinaria diseñada para extraer y concentrar la riqueza en la cima.

La hipocresía del sistema alcanza su punto álgido cuando, en este contexto de acumulación desmedida, los principales beneficiarios del statu quo se erigen en defensores de la «cultura del esfuerzo» y del «libre mercado». 

Mientras el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, percibía una remuneración de 403.000 euros brutos en 2025 (más de 33.500 euros mensuales), un sueldo que ha incrementado un 3% en un solo año, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acumula emolumentos por sus cargos como diputado y senador que pueden superar los 177.000 euros anuales, ambos predican la necesidad de moderación salarial y recortes de derechos a los trabajadores. 

Garamendi, sin ir más lejos, ha liderado una ofensiva para vincular las bajas médicas con el absentismo laboral, exigiendo la reducción de costes operativos a costa de los derechos de las plantillas. Esta élite, que vive en gran medida de los impuestos de todos —ya sea a través de sueldos públicos, subvenciones o concesiones—, es la primera en hablar de la necesidad de no intervenir el mercado.

Pero los datos demuestran que el verdadero problema no es el esfuerzo de los trabajadores, sino la sistemática apropiación de su trabajo. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en España se realizan 2,54 millones de horas extraordinarias no pagadas ni compensadas cada semana. Casi la mitad de los trabajadores que hacen horas extra (436.000 personas) no reciben compensación alguna, lo que supone un ahorro para las empresas de 3.378 millones de euros anuales en salarios y cotizaciones. 

En 2025, las empresas dejaron de pagar 3.243 millones de euros a casi medio millón de trabajadores. Estas horas no pagadas equivaldrían a 68.000 puestos de trabajo a jornada completa, empleos que no se crean porque el trabajo se extrae de forma gratuita. 

Este es el verdadero rostro de la «cultura del esfuerzo»: una cultura donde el esfuerzo lo ponen los trabajadores y los beneficios los cosechan los empresarios, que además evitan cotizar a la Seguridad Social, mermando los ingresos del sistema público de pensiones.

Ante este diagnóstico, la conclusión es ineludible: es imperativo avanzar hacia un modelo socialdemócrata que revierta la riqueza que genera la sociedad al conjunto de la ciudadanía. Un modelo que ponga el foco en el bienestar de las personas y en el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Española: la vivienda, el trabajo, la salud, la libertad de culto y de vida. 

Frente a la lógica de la acumulación infinita, debemos recordar las advertencias de los clásicos. Karl Marx ya nos previno sobre los peligros de la concentración de recursos en manos de unos pocos y la consiguiente alienación del trabajador. Por su parte, John Maynard Keynes nos enseñó la necesidad de la intervención del Estado para hacer circular el dinero y mantener la demanda agregada, corrigiendo las fallas de un mercado que, por sí solo, tiende al desequilibrio y la desigualdad. 

La socialdemocracia no es una concesión paternalista, sino la única herramienta eficaz para corregir las abusivas extracciones de riqueza que caracterizan al capitalismo extractivo. Cuando se intenta poner en práctica, los terminales mediáticos controlados por los mismos extractores de riqueza gritan al «socialismo» o al «comunismo», en un intento de generar un miedo atávico en la ciudadanía. 

Olvidan convenientemente que fue el fracaso del socialismo comunista en 1991, pero también que el mundo de profunda desigualdad y destrucción ecológica al que hemos llegado es el resultado de treinta años de capitalismo salvaje que, en su búsqueda de un crecimiento infinito, ha destrozado el hábitat humano y nos aboca al cambio climático.

El reto, por tanto, no es solo económico, sino profundamente moral y político. Se trata de desenmascarar la hipocresía de los que, viviendo del esfuerzo de todos y de los recursos públicos, predican el libre mercado y la no intervención. 

Se trata de recuperar la soberanía sobre nuestra propia riqueza y ponerla al servicio de la vida, y no al revés. La sociedad no es una cantera de la que extraer beneficios para una élite, sino el sujeto colectivo que debe decidir democráticamente el destino de los recursos que genera. 

Solo así podremos construir un futuro más justo, sostenible y habitable para las próximas generaciones.

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La hipocresía como método: cuando el escrutinio público es un arma de selección

(Este texto se ha desarrollado a partir del trabajo que está realizando @beatrizgallardop.eurosky.social  sobre la noticiabiliad de sucesos) 

La democracia representativa descansa sobre un delicado equilibrio entre la rendición de cuentas y el respeto a la esfera privada. En las últimas décadas, el ecosistema mediático español ha mostrado una inquietante capacidad para desequilibrar esa balanza, convirtiendo el escrutinio público en un instrumento de selección ideológica más que en un mecanismo de control democrático. El contraste entre la cobertura dispensada a determinados casos y el silencio sepulcral sobre otros ofrece un diagnóstico preocupante sobre la salud de nuestra cultura cívica y el capital social del país. Esta hipocresía estructural no es un accidente puntual, sino el síntoma de un modelo de comunicación que opera como un ariete contra determinados actores políticos mientras blinda a otros, y cuya persistencia amenaza con erosionar los cimientos mismos del Estado de derecho si no se abordan sus causas profundas desde la formación ciudadana.

El tratamiento diferencial se ha manifestado con particular virulencia en la cobertura de la vida privada de ciertos dirigentes. 

La adquisición por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero de una vivienda en Galapagar en 2018 se convirtió en un fenómeno mediático de proporciones difícilmente justificables desde cualquier parámetro de proporcionalidad informativa: centenares de artículos, tertulias monográficas y análisis de gabinete desgranaron cada metro cuadrado, cada euro de la hipoteca y cada supuesta contradicción ideológica de unos dirigentes que, paradójicamente, buscaban precisamente la privacidad que su nuevo estatus les negaba en su piso de Vallecas para criar a sus hijos mellizos. 

La cobertura no se limitó a informar; construyó un relato de presunta hipocresía que se enquistó en el imaginario colectivo, con un pico de 1.287 piezas informativas solo en los primeros quince días tras la filtración, según el monitor de audiencias de la Asociación de la Prensa. 

Este mismo patrón se ha repetido con la esposa y el hermano del actual presidente del Gobierno: Begoña Gómez ha sido objeto de una cobertura que ha transcendido lo estrictamente informativo para convertirse en un espectáculo de desgaste personal, mientras que la condena a David Sánchez por prevaricación generó titulares que ocuparon portadas durante cuatro semanas consecutivas en seis de los principales diarios nacionales. En ambos casos, el tratamiento informativo ha operado como un mecanismo de extensión del daño político a la esfera familiar, una práctica que, lejos de ser neutral, responde a una lógica de deslegitimación personal. 

El mismo fenómeno se ha observado en la filtración de pruebas obtenidas en el marco de investigaciones judiciales: la extracción y posterior difusión de material probatorio, en ocasiones sin la cobertura legal adecuada y encuadrada en investigaciones de carácter prospectivo no amparadas por el artículo 24 de la Constitución, han encontrado en determinados medios un canal de difusión privilegiado, con un incremento del 340% en el volumen de referencias a estos casos en comparación con investigaciones similares que afectaban a otros partidos. 

La presunción de inocencia, pilar del Estado de derecho, se ha visto así erosionada por una práctica que convierte el sumario en espectáculo y la sospecha en condena mediática, todo ello con la aquiescencia de una opinión pública que recibe dosis asimétricas de escándalo.

Frente a esta hipertrofia informativa, el silencio sobre otros actores resulta ensordecedor y revela el doble rasero con el que se mide la ejemplaridad. 

Felipe González, expresidente del Gobierno, ha acumulado una fortuna personal que ha sido objeto de escasas investigaciones periodísticas; su presencia en consejos de administración de empresas que su propio Gobierno privatizó —como Gas Natural Fenosa, donde percibió 125.000 euros anuales entre 2011 y 2015—, junto con los ingresos por sus actividades de intermediación y asesoramiento que le reportan más de dos millones de euros anuales, apenas han merecido la atención que la opinión pública podría esperar de un expresidente. 

Un análisis de la base de datos MyNews revela que, en el mismo periodo en que se publicaron 2.341 noticias sobre la vivienda de Iglesias y Montero, solo 37 hicieron referencia a los emolumentos de González en empresas privatizadas. 

El caso de José María Aznar y su esposa, Ana Botella, presenta un perfil similar de opacidad: la venta de 1.806 viviendas de protección pública al fondo buitre Blackstone por 128,5 millones de euros durante la alcaldía de Botella, una operación que el Tribunal Supremo ha anulado en varias ocasiones por considerarla no ajustada a derecho, generó una cobertura notablemente inferior, con apenas 89 piezas informativas en el mismo período, según el informe de la Fundación Civismo. 

El silencio informativo sobre los beneficios obtenidos por la familia Aznar en operaciones vinculadas a la privatización de vivienda pública contrasta vivamente con el ruido generado por la compra de una vivienda particular por parte de Iglesias y Montero. 

De igual modo, la modificación legislativa impulsada durante el Gobierno de Mariano Rajoy en materia de registros de la propiedad, que ha atribuido cambios sustanciales en el régimen jurídico del sector con el consiguiente incremento de negocio para los registradores —estimado por el Colegio de Registradores en un aumento del 18% de la facturación anual—, ha pasado prácticamente inadvertida para los grandes medios. Que el propio Rajoy, registrador de la propiedad en activo, solicitara su reingreso en el cuerpo nada más abandonar la presidencia del Gobierno configura un escenario de conflicto de intereses que, en cualquier otra democracia europea, habría generado un debate profundo sobre la ética pública; en España, apenas fue un apunte marginal con 42 referencias en prensa escrita. 

Tampoco las mansiones de Alberto Núñez Feijóo o Santiago Abascal han suscitado el mismo interés informativo: las dudas sobre la financiación de Vox, con investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción por presunta financiación irregular que supera los 4,5 millones de euros procedentes de entidades bancarias extranjeras, o los traspasos millonarios del partido a la fundación presidida por Abascal, no han recibido ni una fracción de la cobertura dedicada a la hipoteca de Iglesias y Montero —apenas 128 noticias acumuladas en dos años, frente a las más de 3.000 dedicadas al caso Galapagar—.

Este desequilibrio informativo no podría sostenerse sin la colaboración activa de determinados sectores de la judicatura, esa "togatura" que ha operado en ocasiones como un poder fáctico sin el control efectivo de los estamentos correspondientes. 

La filtración de sumarios, la orientación prospectiva de investigaciones sin cobertura constitucional y la difusión de datos personales con clara dimensión política han encontrado en algunos juzgados un aliado silencioso, mientras que el Consejo General del Poder Judicial ha mostrado una pasividad que raya en la complicidad. 

Esta instrumentalización del poder judicial en la arena mediática no solo vicia el proceso penal, sino que socava la separación de poderes al convertir a determinados jueces en actores políticos con toga, cuya actividad se mide más por su repercusión en las portadas que por su rigor jurídico. La ausencia de mecanismos efectivos de control interno y la lentitud de los procedimientos disciplinarios —con una media de 28 meses para resolver expedientes a jueces— han permitido que esta práctica se convierta en una rutina, alimentando la percepción ciudadana de que la justicia no es igual para todos y de que el escrutinio público se aplica con criterios de conveniencia partidista.

Este fenómeno no es casual ni menor, porque erosiona el capital social y la cultura cívica que toda democracia necesita para funcionar. Robert Putnam definió el capital social como las redes, normas y confianza que facilitan la cooperación en beneficio mutuo; cuando los medios de comunicación, en lugar de ejercer su función de control democrático con ecuanimidad, se convierten en instrumentos de selección ideológica, la confianza de los ciudadanos en las instituciones se resquebraja. 

Los datos del CIS son elocuentes: la confianza en los medios de comunicación ha caído al 34% en 2026, 21 puntos por debajo de la media europea, y la percepción de sesgo ideológico en la información alcanza el 78% entre los encuestados. La percepción de que el escrutinio público se aplica con criterios políticos y no con parámetros de interés general mina la legitimidad del sistema en su conjunto y alimenta el caldo de cultivo del populismo. 

La cultura cívica, entendida como el conjunto de valores, actitudes y conocimientos que permiten una participación ciudadana informada y responsable, se ve igualmente afectada: cuando la ciudadanía percibe que la información que recibe está sesgada y que determinados casos se amplifican mientras otros se silencian, se instala una desafección que empobrece el debate público, desplaza los argumentos en favor de los golpes bajos y aleja la posibilidad de alcanzar consensos. La polarización afectiva entre bloques ha crecido un 40% en la última década, y los estudios del Centro Reina Sofía señalan que el 62% de los jóvenes entre 18 y 25 años considera que los medios mienten deliberadamente, una cifra que duplica la de hace cinco años.

Frente a este diagnóstico, la respuesta no puede limitarse a denunciar la hipocresía ni a esperar una autorregulación que los hechos demuestran ineficaz; es necesario abordar sus causas estructurales desde la formación de las nuevas generaciones. La educación ética y cívica no puede ser un complemento menor en el currículo escolar, sino que debe constituir una materia transversal que impregne todas las actividades de los colegios e institutos desde los primeros años, tal como ya apunta la LOMLOE al recuperar Educación en Valores Cívicos y Éticos como obligatoria, pero cuyo desarrollo efectivo sigue siendo insuficiente y fragmentario. 

Es preciso ir mucho más allá e incluir al menos dos asignaturas troncales en todas las carreras universitarias dedicadas a la ética, la cultura cívica, la sociedad democrática y las bases constitucionales, con carga lectiva efectiva y evaluación. No se trata de adoctrinar, sino de proporcionar herramientas conceptuales sólidas que permitan el análisis crítico de la realidad, la identificación de sesgos informativos, la comprensión de los mecanismos que sustentan una democracia saludable y, sobre todo, la capacidad de distinguir entre el escrutinio legítimo y el acoso, entre la información verificada y la propaganda, entre el debate de ideas y la descalificación personal.

Concluyendo

La hipocresía de los discursos públicos apoyados por la gran fuerza mediática no es un accidente ni una anomalía corregible con buenas intenciones, sino un síntoma profundo de una cultura política que ha renunciado al debate racional de ideas en favor del combate personal y la guerra de trincheras. La solución no vendrá de los medios ni de los partidos —actores demasiado enredados en sus propias lógicas de poder—, sino de una ciudadanía formada en la aceptación serena de las diferencias, en la naturalidad de las discusiones para llegar a puntos de encuentro y en la necesidad imperiosa del diálogo como único camino viable para construir un futuro común y en paz. 

Educar desde los hogares y desde la escuela en la escucha activa, en el respeto a la presunción de inocencia y en la exigencia de un escrutinio homogéneo para todos los poderes es la única vacuna duradera contra la manipulación y el cinismo. Solo así podremos formar ciudadanos capaces de exigir coherencia a sus representantes y a sus medios, de reclamar que la justicia sea igual para todos y de restaurar la confianza en unas instituciones que, hoy, muchos perciben como un campo de batalla partidista más que como un espacio de encuentro colectivo. 

El futuro de nuestra democracia —y de la convivencia pacífica que la sustenta— depende, en buena medida, de que asumamos esta tarea educativa con la urgencia y la profundidad que merece, porque sin ciudadanos críticos y éticamente formados, cualquier reforma legal o código deontológico será papel mojado ante la fuerza arrolladora del escándalo selectivo y la hipocresía institucionalizada.

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INCENDIOS, DESINFORMACIÓN Y OTROS BULOS DEL MONTÓN

Texto corregido por el autor, Jose Ramón Goberna, de esta publicación

He escrito en varias ocasiones tratando de aclarar cuestiones relativas a incendios
forestales. Me pedían, a raíz de una publicación irónica de hace unos días sobre
las tonterías que se leen en redes, explicaciones sobre qué está pasando estos
días, este verano.
Me sugerían también rescatar una publicación anterior sobre el tema. La he
revisado y no hace justicia a la situación actual. Los incendios han cambiado, pero
sobre todo la percepción de la ciudadanía ha cambiado. Para peor. Más ignorante.
Más simplista. Más sospechosamente dirigida. Más aun, que ya era difícil de
superar.
Vamos a tratar de poner un poco de luz.
LA GRAVEDAD ACTUAL.
De entrada, hay que decir que las peores cifras de incendios se dieron en el
periodo que va entre 1975 y 1994 aproximadamente. En número y superficie
quemada. Creo que estamos entrando en un periodo que será más grave que
aquellas dos décadas negras y de más difícil solución, pero hoy en día no estamos
peor que entonces.
Tenemos mucho más monte hoy del que hemos tenido en siglos. En España y en
Europa en general. A costa del éxodo rural de los últimos 80 años y la pérdida con
él de cientos de miles de hectáreas de cultivos, que se han convertido en bosque,
sobre todo en aquellos cultivos minifundistas de montaña que nos aportaban las
discontinuidades (el mosaico agroforestal), que dificultaban la propagación de los
incendios.
Hemos cambiado de materias primas y fuentes de energía. Hemos pasado de
montes esquilmados, verdaderos eriales con algún árbol disperso, porque cada
árbol, rama de poda, cada leña caída, incluso cada matorral, eran susceptibles de
uso para cocinas, chimeneas y hornos industriales, a montes con cargas de
vegetación altísimas que multiplican exponencialmente la intensidad y propagación
de los incendios.
Ha cambiado el clima. Las olas de calor son más frecuentes y de duración más
larga. Jamás hubo incendios de esta virulencia y extensión en los montes de la
mitad norte de la península como ahora, ni tan a menudo (León, Zamora,
Guadalajara, Ávila, Madrid, Orense). Eso era propio del mediterráneo (Andalucía,
Murcia, C. Valenciana y Cataluña). Prácticamente todos los incendios más grandes
de la historia en España, son de los últimos 5 o 6 años y en la mitad norte del país.
Superando en muy poco tiempo a los del mediterráneo, que encabezábamos ese
triste ranking. Tenemos menos incendios que en los 80, 90. Menos GIFs (acrónimo
de Gran Incendio Forestal), los de + de 500 hectáreas. Hemos metido mucha
pasta en medios para conseguirlo.
Pero los que se hacen grandes, se hacen mucho más grandes que antes.
Esto no se soluciona con más medios. EEUU es la prueba. Son pioneros en la
extinción profesionalizada de incendios forestales. Cada año baten record en
inversión para la extinción. Cada año baten record en hectáreas quemadas.

Los incendios empiezan a ser un problema serio incluso en Europa central y norte,
húmeda y fría. Quien no quiera ver, que no vea. No mires hacia arriba, el meteorito
no está cayendo. Se feliz y consume. Sobre todo, consume, aunque sean
antidepresivos.
LAS CAUSAS
En cifras a brocha gorda, en el noroeste de la península, donde está el 50% de
todos los incendios, un 70% de incendios son intencionados y relacionados sobre
todo con practicas ganaderas ilegales (regenerar el pasto) y agrícolas (controlar la
maleza). El otro 30%, accidentales, negligencias y rayos. En el resto del país se
invierten esas cifras, con un 30 % de intencionados, una mayoría de negligencias y
en algunas zonas muchos rayos. Os animo a poner en cualquier IA “causalidad de
incendios forestales en españa por areas geograficas en cifras medias de los
ultimos 40 años”. En este enlace tambien podeis consultar las estadisticas del
ministerio. Ahi podeis encontrar las estadisticas por años y por decenios.
https://www.miteco.gob.es/.../inc.../estadisticas-datos.html
No hay más. Esta más que estudiado. Nada de conspiraciones ni películas
baratas. Hace años la leyenda decía que era para urbanizar, ahora que son los
parques eólicos y fotovoltaicos.
No es necesario que un monte arda para instalar un parque eólico. No hace falta
cambiar la calificación del suelo para ello y aunque hiciera falta, el monte quemado
no se puede recalificar.
Las placas fotovoltaicas no se instalan en montañas sino en llanos, en antiguos
cultivos. Aunque hubiera que cambiar el uso, por cuestión de interés general se
ponen donde haga falta sin que arda el suelo.
Ahora bien, si eres de los que gustan de estas mierdas, tu mismo con tu
mecanismo. No te voy a convencer. Las administraciones mienten y falsean estos
datos de causas, todos los incendios son provocados por oscuros intereses entre
empresarios y gobiernos (sobre todo si no me gustan esos gobiernos), los
reptilianos están entre nosotros y los pajaritos cantan y las nubes se levantan.
LAS POLÉMICAS.
Aquí la fiesta va por barrios, a saber:
Eres de izquierdas. Tienes sensibilidad medioambiental y has oído o te han mal
contado cuatro cosas, porque hemos tenido en España en general un ecologismo
muy beligerante con las ciencias forestales.
Tu juegas en el equipo de:
“Los eucaliptos y los pinos son los malos de la película. Las “repoblaciones de
Franco”, del Plan General de Repoblación Forestal de España de 1939, han
convertido España en un monocultivo de pinos y eucaliptos a costa de la
destrucción de nuestra biodiversidad y nuestros bosques autóctonos para
plantarlos y son además superinflamables y los culpables de la virulencia de los
incendios. Los “arboles buenos”, no arden”

Dato mata relato:
Las repoblaciones ya eran anteriores al dictador y se venían proponiendo e
iniciando desde finales del XIX, aunque toman forma estructurada a partir de 1940.
Os animo si queréis ampliar por aquí a pedirle a una IA “antecedentes y análisis
del Plan General de Repoblación Forestal de España de 1939”
Se repoblaron en su inmensa mayoria terrenos extremadamente degradados y
erosionados, para lo que se llama restauración hidrológico – forestal, que era el
objeto principal del plan, con pinos, porque son capaces de sobrevivir en esas
condiciones. No puedes plantar encinas o robles a pleno sol. Se mueren. Eso se
tendría que haber hecho en fases posteriores (cierto es que en general, no se
hizo). Pero no se cortaron robles y encinas para plantar pinos como he llegado a
leer por ahí.
Solo un 2% de los montes españoles tienen eucaliptos para producción y solo un
2% tienen pinares plantados para producción. Pero es que necesitamos madera y
pasta de papel…¿Qué hacemos? ¿Lo importamos o lo producimos aquí? No veo a
nadie quejarse por los millones de hectáreas de ecosistemas que convertimos en
melonares y trigales a lo largo de nuestra historia.
“Esos pinares son mares de pinos muy homogéneos y se pierde biodiversidad”
Como los hayedos, que solo verás hayas y un reducidísimo número de otras
especies, como cualquier masa donde hay una especie dominante. Pero si son
árboles de sangre azul, se perdona la falta de biodiversidad. Es incluso
parcialmente falso, una gran parte de nuestros pinares tiene un sotobosque muy
rico en otras especies.
“En relación con los incendios son mucho más inflamables y por eso tenemos el
problema de incendios que tenemos”.
Aun aceptando que sean especies (pinos y eucaliptos) algo mas inflamables, es un
factor muy poco determinante. La estructura de la vegetación (carga de
combustible, continuidad vertical y horizontal), la climatología y la sequedad de la
vegetación en el momento del incendio es infinitamente más determinante.
“Los encinares, robledales y hayedos, arden menos”
Claro, el 70% de los encinares españoles están adehesados con cargas y
continuidades bajísimas. Y robledales, hayedos o abedulares son ecosistemas de
la España más húmeda. Nos ha jodío, con las trampas al solitario.
Curiosamente también, el 60-70 % de lo que ha ardido históricamente en España
son montes no arbolados, con virulencias e intensidades similares y a menudo
mayores que el monte arbolado. Pero ese no es un factor reseñable en el
problema…¿Por qué?
Porque la premisa fundamental es la no intervención. La naturaleza es sabia, se
regula sola y no hay que tocarla. Y a partir de aquí se construyen los argumentos
necesarios y se desechan los datos que no ayuden. La vieja historia de siempre.

Y claro, como los montes de matorral no son los malditos eucaliptos o pinos, no los
plantó el dictador, el malvado ingeniero o el productor forestal, sino que son
naturales, su influencia en el problema no es relevante. O no interesa que lo sea.
En general, estás polémicas por la izquierda hacen menos ruido y están más
limitadas a foros y discusiones entre defensores y detractores de las ciencias
forestales.
Vamos al otro lado.
Eres de derechas. O muy de derechas. O andas una miaja desnortao, no
entiendes del tema y te crees lo que mas se oiga por ahi del asunto. Comamos
mierda porque mil millones de moscas no pueden estar equivocadas.
Los ecolojetas de salón, la Agenda 2030 y los progres woke son los culpables, con
una gran variedad de argumentos, a cada cual más chorra, más falso o más
torticeramente interpretado.
Argumentos que, por supuesto, dejarán de ser válidos, importantes y producto de
gran indignación cuando ganen los tuyos.
Antes de entrar en harina de los argumentos y campos de batalla de la derecha,
dos puntualizaciones.
Hay que reconocer que saben capitalizar tonterías para ponerlas en el candelero,
Cierto es que juegan en casa; el porcentaje de apoyos a la ultraderecha entre
agricultores y ganaderos es muy importante. Nunca han sido amigos de las
regulaciones, como en general no lo somos ninguno en las cosas que nos tocan el
bolsillo o el estómago. Y en el mundo rural, muchas regulaciones han venido de la
mano de normativas medioambientales. Y no ayuda nada que una parte del
ecologismo patrio sea muy urbanita y se haya acercado al mundo rural mirando al
agricultor y al ganadero por encima del hombro para explicarle “como son y se
tienen que hacer las cosas”. Cuando no se les tilda de neandertales y asesinos
sanguinarios a los que son cazadores.
También se oye “los ecolojetas no te dejan…” o “por culpa de los ecolojetas…”. El
ecologismo en España carece de poder e influencia, salvo que puntualmente con
protestas, para algún trabajo forestal que no les gusta y poco más. Lo único
relevante a nivel de legislación que consiguieron está en la Ley de Bienestar
Animal que personalmente me parece en parte un despropósito, pero no es un
caso que afecte a este tema.
De hecho, el ecologismo se lleva a matar con todos los gobiernos. Porque ellos
irían mucho más allá. Y afortunadamente en algunos casos, menos mal que no
mandan y en otros tienen razón y no se les hace caso. Las normativas
medioambientales tienen décadas y emanan de normativas europeas y de la
propia madurez y concienciación de las sociedades actuales.
A lo que iba, eres muy de derechas y tus himnos en el campo para apoyar al
equipo son:

“No se puede ni recoger una piña porque te multan y claro así esta el monte de
sucio y los incendios destruyéndolo todo”
La perra que les ha dado con las piñas debería ser objeto de estudio. Pues, en
teoría, si, es cierto. Ni piñas, ni piedras, ni musgo, ni ramas, ni troncos, ni tierra, ni
setas, ni plantas, ni animales. Nada. Y así es como debe ser, porque en el 72% de
los montes de España sería un robo. Son privados, tienen un dueño. Y en los de
titularidad pública igual. Que sean públicos no quiere decir que estén a disposición
de los ciudadanos para hacer lo que quieran, igual que no se nos ocurriría
llevarnos un banco de la sala de espera de un hospital al salón de nuestra casa. Lo
increíble es que esto haya que explicarlo.
Para llevarte subproductos de un monte necesitas en los privados permiso del
dueño y en los públicos una autorización. Aquí pueden entrar en juego normativas
estatales, autonómicas o locales. No me extiendo en esta cuestión. En resumen,
si, está sometido a control.
Pero lo interesante de esta historia, son estas tres consideraciones:
1. Te lo venden como algo que los “ecolojetas” y los rojos se han sacado de la
manga antes de ayer para jodernos a todos. Por no irnos mas atrás, la Ley de
Montes de 1863 ya regulaba esto. Y la del 57 y la actual de 2003.
2. Seamos serios. ¿Alguien puede creer que unos hatillos de leña para una
barbacoa y unos sacos de piñas para encender la chimenea van a cambiar
sustancialmente algo en la carga de vegetación de nuestros montes, que además
es fundamentalmente vegetación viva y nada tiene que ver con leñas y piñas?
¿Hay millones de españoles deseando recoger leña (y piñas) y no nos hemos
enterado? Si es que te tienes que reír.
3. Decir que es imposible que te multen por recoger leña en pequeña cantidad de
un monte no sería cierto. Posible es, si por ejemplo le vacilas al Seprona o al
Agente Medioambiental si se te acercan, que lo más fácil es que no le den la
mínima importancia. Pero es extremadamente improbable.
Cuando se hacen fajas auxiliares de pista, que son zonas desbrozadas a ambos
lados de los caminos para prevención de incendios, donde se reduce el número de
árboles, a menudo la madera de esos árboles se deja troceada y apilada junto al
camino para que la gente se la lleve, incluso publicitándolo en los pueblos
cercanos para que vayan a por ella quien la necesite…¿Te van a multar por dos
piñas, alma de cántaro?
“No te dejan desbrozar el monte. Tienes que pedir permiso y los trámites duran
años”
Las administraciones promueven que hagas ese tipo de trabajos en tus montes y
en general existe una obligatoriedad de realizar ese mantenimiento por parte de
los propietarios. Aunque las administraciones también son conscientes de que
ellas mismas no lo hacen en los de su titularidad y que muchos montes privados
tienen una rentabilidad 0, desbrozar es caro y no pueden pedir a los propietarios
que se endeuden para mantener cargas de vegetación bajas en sus montes. Hay
otro problema añadido: muchos montes son antiguas herencias que incluso sus
dueños, al no tener ningún uso, desconocen la ubicación de esos terrenos y en
otros casos, no hay herederos vivos.

Puedes incluso en algunas comunidades autónomas, eliminar la vegetación
forestal para recuperar el cultivo original cuando lo había. Requiere algo mas para
su autorización porque ya se convirtió en monte y puede haber valores
ambientales a proteger, pero es posible.
¿Y porque te tiene que autorizar la administración (no los ecolojetas, ni los progres
de ahora, sino de siempre) en tu propio terreno? Pues porque, aunque sea tuyo, el
medio natural es un bien común sometido a protección y tu monte forma parte de
él. De la misma manera que si tienes una parcela urbana en medio de una ciudad,
no puedes instalar allí lo que quieras que repercuta negativamente al resto.
Lo de que los trámites duren años para un simple desbroce, que me lo enseñen
con pruebas y fechas. Mas bulos.
“Como no dejan que el ganado paste en el monte, los montes están así. Si los
ecolojetas dejaran entrar al ganado se acababan los incendios”
Sí que dejan (las administraciones). Requiere de varias autorizaciones y requisitos.
Como todo en esta vida. Tu actividad necesita un permiso, tus animales tienen que
cumplir normativas sanitarias. No podrás hacerlo como y donde quieras. Esto no
haría falta ni tener que explicarlo.
Lo que me pregunto es donde está todo ese ganado esperando que lo dejen entrar
al monte. Muriéndose de hambre, famélicas las ovejas de España, pobrecitas.
La ganadería extensiva tiene una rentabilidad bajísima y además es
tremendamente sacrificada. Los niños quieren ser youtubers, no pastores. Y sus
padres querían ser futbolistas o médicos, no llevarle leche y queso a Jesús en el
portal de Belen. Pongámonos todos a comprar quesos artesanales de cabra y de
oveja o a comer cordero o cabrito de ganadería extensiva, pagando la diferencia
con el de Mercadona. Entonces será un negocio que crecerá y aportará a la
prevención de incendios.
Porque será una aportación y punto. Una sola cosa no acaba con un problema tan
complejo. Que nos gustan las soluciones fáciles y únicas para cualquier cosa y eso
no existe.
Y llegamos al final….
LAS SOLUCIONES
No hay. Ya está.
Bueno, si que hay, pero no van a llegar. Llamarme pesimista. Supondrían un
cambio socioeconómico en el mundo rural, tan drástico y complejo que poner en
marcha, que requeriría la implicación de toda la sociedad a una, la rural y la urbana
y todos los gobiernos y partidos políticos remando en la misma dirección.
¿A que no van a llegar? Pues eso.

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El plebiscito cotidiano de Ceuta

Hay imágenes que trascienden el impacto inmediato de la actualidad. Miles de cuerpos agotados tendidos sobre el césped de los parques de Ceuta, familias enteras cruzando a nado el espigón mientras otros se lanzan al mar con un flotador improvisado, y al menos 72 personas que han perdido la vida intentando alcanzar territorio español. 

Detrás de estas cifras hay un fracaso, pero también un chantaje, una agresión que parece haber sido pactada, fomentada o coordinada al más alto nivel internacional. 

Marruecos ha movilizado a cerca de 50.000 personas, muchas de ellas transportadas y escoltadas en camiones por la Gendarmería nacional, y las ha lanzado contra la frontera de Ceuta. Y, en cuestión de horas, el Gobierno de Estados Unidos, el de Israel y las extremas derechas locales han encontrado en esta tragedia un escenario propicio para sus propios fines.

En este contexto de guerra híbrida, donde los civiles desarmados se convierten en arma arrojadiza, un grupo de ciudadanos ceutíes ha ofrecido una lección que merece ser analizada con la profundidad que la sociología y la ciencia política requieren. 

Cuando el líder de Se Acabó La Fiesta, Alvise Pérez, acompañado del «influencer» político Vito Quiles, se desplazó desde la península para aumentar la tensión y sembrar odio en una ciudad que ya estaba sufriendo, no encontró lo que esperaba. 

Los vecinos de Ceuta, muchos de ellos de origen marroquí, salieron a la calle con banderas españolas en la mano y expulsaron a esos grupos que solo pretendían generar más dolor. «Aprovecháis la situación para sembrar odio, eso es lo que sois, odio», les gritaron. «Yo soy español, español», coreaban. «No te equivoques, yo estoy en mi país». 

Y cuando los agentes de la Policía Nacional pidieron a los contramanifestantes que se retiraran, estos se mantuvieron en el lugar hasta lograr la evacuación de los ultraderechistas. La misma escena se repitió con la organización ultraderechista Núcleo Nacional, cuyos veinte integrantes fueron igualmente escoltados hasta el puerto mientras los ceutíes coreaban «que se vayan ellos» y «es nuestra ciudad también».

Lo ocurrido en Ceuta nos obliga a recuperar una conversación que Ernest Renan mantuvo con su tiempo hace casi siglo y medio en la Sorbona. «¿Qué es una nación?», se preguntaba el pensador francés en 1882. Y su respuesta, tan sencilla como radical, sigue siendo la mejor vacuna contra los discursos de odio que pretenden secuestrar la idea de patria. 

Una nación no es la sangre, ni la raza, ni la lengua, ni el territorio. Una nación es, ante todo, un alma, un espíritu, «una gran solidaridad, constituida por el sentimiento de los sacrificios que se han hecho y de los que aún se está dispuesto a hacer». La existencia de una nación es, en palabras inmortales de Renan, «un plebiscito cotidiano». No se decreta desde arriba, no se impone con banderas ni con consignas, no se defiende con el odio al diferente. Se renueva cada día en la voluntad de los ciudadanos de vivir juntos, de compartir un futuro común, de dotarse de normas de convivencia y proyectos compartidos.

Ceuta es una ciudad donde conviven culturas tan dispares como la musulmana y la católica, gobernada por el Partido Popular. Y sin embargo, cuando la ultraderecha llegó para instrumentalizar el dolor y la muerte, fueron precisamente los ciudadanos de origen marroquí, los mismos a los que los discursos de odio señalan como «el otro», quienes empuñaron la bandera española para defender su ciudad y su país. 

No lo hicieron desde el odio, sino desde el amor a un territorio que es su hogar. No lo hicieron desde la exclusión, sino desde la afirmación de una pertenencia que ningún discurso xenófobo puede arrebatarles. Esa es la nación de Renan: el deseo de conseguir una sociedad justa que permita a los ciudadanos tener un proyecto de futuro y vivir en paz.

Pero subyace en este relato una contradicción que no podemos eludir. La misma bandera que los ceutíes de origen marroquí empuñaron para defender su dignidad es la que otros, los que vinieron a sembrar odio, pretenden secuestrar como símbolo de exclusión. 

La bandera, como todos los símbolos nacionales, es un campo de batalla semiótico. No tiene un significado fijo ni inmutable; su significado se disputa en cada acto, en cada gesto, en cada calle. Lo que vimos en Ceuta fue precisamente esa disputa: los ciudadanos reclamaron la bandera para sí, la despojaron de su uso instrumental por parte de la extrema derecha y la devolvieron a su significado más genuino: el de la pertenencia compartida, el de la solidaridad, el de la defensa de un proyecto común frente a quienes intentan destruirlo desde dentro.

El Partido Popular, que gobierna Ceuta, y Vox, que comparte con los populares gobiernos en otras comunidades autónomas, han cargado contra el Gobierno central por la llegada de miles de personas a Ceuta. 

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha llegado a exigir que se desplieguen «todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Ceuta para que no quede ni uno de los inmigrantes ilegales que han entrado». 

Pero mientras los dirigentes del PP y Vox utilizan la tragedia como arma política contra el Gobierno progresista, los ciudadanos de Ceuta, muchos de ellos votantes de esas mismas formaciones, han dado una lección de patriotismo y solidaridad que sus líderes políticos parecen no haber comprendido. No es la primera vez que ocurre: la ciudadanía, en su sabiduría práctica, suele estar por delante de sus representantes cuando se trata de defender lo esencial.

La pregunta que emerge con fuerza es la siguiente: ¿cómo es posible que una ciudad gobernada por el PP y sus ciudadanos, muchos de ellos de origen marroquí, den una lección de patriotismo y solidaridad mientras sus líderes políticos y los medios afines alimentan el discurso del odio? La respuesta nos remite a la naturaleza del hecho nacional tal como lo concebía Renan. 

La nación no es propiedad de ningún partido, ni de ningún gobierno, ni de ningún grupo que pretenda secuestrar su significado. La nación es de quienes la viven cada día, de quienes comparten el espacio público, de quienes enfrentan juntos las dificultades, de quienes deciden, en el plebiscito cotidiano de la convivencia, que quieren seguir siendo una comunidad. 

Los ciudadanos de Ceuta, con independencia de su origen, de su religión o de su opción política, han mostrado que la nación es algo más que una consigna. Es un vínculo que se forja en la adversidad, no en el odio.

Y sin embargo, mientras los ciudadanos daban esta lección de civismo, en las redes sociales y en algunos medios de comunicación se difundían mensajes que animaban a «cazar al moro». 

La Fiscalía ha abierto diligencias en otras ocasiones contra miembros de Vox por presuntos delitos de odio, y asociaciones como Izquierda Unida han denunciado al partido ante el Ministerio Público por incitación al odio racista y xenófobo. Pero la sensación de impunidad persiste. ¿Cómo es posible que la judicatura no haya actuado ya contra los miembros de Vox, Figaredo y demás, que en las redes animaban a cazar al moro? 

Esta pregunta no es retórica, es una exigencia de coherencia democrática. El discurso del odio no es libertad de expresión; es la antesala de la violencia. Y cuando ese discurso se amplifica desde posiciones de poder político y mediático, la responsabilidad de las instituciones es aún mayor. La democracia no puede permitirse la complacencia con quienes utilizan el dolor de los demás para construir su negocio político.

El Ministro del Interior, responsable último de la seguridad y del orden público, se enfrenta a una paradoja que debería ser objeto de reflexión. Por un lado, su departamento ha tenido que gestionar una crisis migratoria sin precedentes, movilizar al Ejército y coordinar la respuesta de las Fuerzas de Seguridad. Por otro lado, ha sido testigo de cómo los ciudadanos de Ceuta, por sí mismos, sin necesidad de consignas oficiales, han expulsado a los grupos que venían a sembrar odio. 

Esa lección de civismo debería interpelar al conjunto de las instituciones, empezando por el Ministerio del Interior y el Consejo General del Poder Judicial. La pasividad ante los discursos de odio no es neutralidad; es complicidad. Y la democracia española, que ha sabido construir un modelo de convivencia envidiable en muchas partes del mundo, no puede permitirse que sus instituciones miren hacia otro lado cuando la extrema derecha utiliza el dolor de los migrantes para alimentar el odio.

Ceuta nos ha dado una lección que trasciende sus fronteras. Nos ha recordado que la nación no es un concepto abstracto ni una propiedad de unos pocos. Es el resultado de un plebiscito cotidiano que se renueva cada día en la voluntad de los ciudadanos de vivir juntos. 

Los ceutíes de origen marroquí que empuñaron la bandera española para expulsar a los ultraderechistas han ganado esa batalla simbólica. Han demostrado que el patriotismo no es incompatible con la diversidad, que la defensa de la soberanía no es lo mismo que la xenofobia, que la pertenencia a una nación no se mide por el color de la piel ni por el origen de los apellidos, sino por el deseo compartido de construir un futuro común. Ojalá sus líderes políticos y sus instituciones estén a la altura de esa lección. Ojalá la Togatura actúe con la contundencia que la ley exige contra quienes incitan al odio. 

Ojalá el Ministerio del Interior sepa leer en lo ocurrido en Ceuta no solo una crisis de seguridad, sino también una oportunidad para reivindicar el verdadero significado de la nación: el de una comunidad que se reconoce en su diversidad y que elige, cada día, seguir siendo una sola.

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El negocio del odio y la arquitectura económica de la ultraderecha

En los intercambios cotidianos —ya sea en sobremesas familiares, en conversaciones improvisadas con compañeros de trabajo o en discusiones acaloradas en redes sociales— es habitual recurrir a etiquetas como «facha» o «fascista» para describir comportamientos o discursos que percibimos como reaccionarios. Aunque estas palabras funcionan como atajos comunicativos y todos entendemos lo que queremos señalar, existe un riesgo evidente: que el lenguaje simplifique en exceso fenómenos complejos y termine oscureciendo las dinámicas reales que los sostienen. En ocasiones, estas discusiones semánticas se convierten en un velo que impide ver la estructura material que hay detrás.

Este problema no es nuevo. En debates recientes sobre vivienda, por ejemplo, se ha señalado que centrar la conversación exclusivamente en el precio del alquiler puede eclipsar la cuestión de los salarios y la precariedad laboral. De manera similar, la insistencia en la retórica sobre la ultraderecha puede estar funcionando como una coartada que permite a ciertos actores ocultar prácticas de corrupción, redes de intereses y estrategias de enriquecimiento personal. La política identitaria, cuando se instrumentaliza, puede convertirse en un ruido que distrae de la transferencia sistemática de recursos públicos hacia manos privadas.

En el análisis de la coyuntura ideológica contemporánea, es frecuente confundir instrumentos con objetivos. El odio, entendido como fenómeno psicosocial, existe y se manifiesta en múltiples formas: resentimiento, frustración, miedo, rechazo al otro. Sin embargo, este odio disperso rara vez posee la capacidad organizativa para articular por sí solo una mayoría electoral. Para que el malestar de algunos se convierta en poder político, es indispensable la intervención de agentes de movilización: partidos, plataformas mediáticas, consultoras de comunicación, influencers y estructuras empresariales que canalizan la polarización hacia fines concretos.

Estas maquinarias del odio no suelen actuar movidas por convicciones profundas. Su lógica responde más bien a intereses económicos y a cálculos aritméticos: el miedo y el desprecio se convierten en recursos monetizables. La ultraderecha contemporánea, en este sentido, es uno de los productos más crudos del capitalismo actual: una herramienta diseñada para proteger privilegios materiales mediante la distracción, la confrontación y la manipulación emocional. Su función no es tanto defender una ideología coherente como generar el ruido suficiente para que ciertas élites económicas puedan operar sin supervisión pública.

Para comprender este fenómeno, conviene no mezclar conceptos que, aunque relacionados, no son equivalentes. La derecha tradicional, en términos generales, defiende el orden de mercado y la institucionalidad vigente. El populismo, por su parte, es una lógica discursiva que enfrenta «pueblo» y «élite» y puede aparecer en distintos espectros ideológicos. La ultraderecha añade un componente identitario excluyente: fiscaliza los derechos de las minorías, cuestiona la agenda de género y convierte la inmigración en un problema moral. El fascismo, en cambio, es un fenómeno histórico específico: partido único armado, movilización totalitaria, culto mesiánico al líder y violencia organizada. Surgió en la Europa de entreguerras y está circunscrito a un momento muy particular de la historia. Pretender trasladarlo sin matices a nuestro presente es un error analítico que confunde más de lo que aclara.

Sin embargo, la relación entre fascismo y poder económico no es nueva. Investigadores como Daniel Guérin documentaron ya en los años treinta cómo el ascenso de Mussolini y Hitler se sostuvo sobre la financiación directa de grandes industriales que veían en esos movimientos una garantía contra los sindicatos y las políticas redistributivas. Empresas como IG Farben, Krupp o el magnate Fritz Thyssen —quien tituló sus memorias «Pagué a Hitler»— apoyaron activamente a los regímenes fascistas porque estos ofrecían un entorno político favorable a sus intereses. En Estados Unidos, el llamado «Business Plot» de 1933 reveló que sectores empresariales conspiraron para influir en la dirección política del país. La historia demuestra que lo que solemos llamar fascismo no es sino la apariencia que adopta el brazo armado del mercado cuando siente amenazados sus privilegios.

Esta misma lógica se reproduce hoy en figuras políticas que, más que ideólogos, actúan como empresarios del poder. Santiago Abascal, por ejemplo, no emergió de una transformación doctrinaria profunda. Su trayectoria inicial en el entorno institucional del Partido Popular madrileño no anunciaba una conversión ideológica radical. Lo que detectó fue un nicho electoral desatendido: España era una anomalía en Europa por no tener un partido de ultraderecha consolidado. Abascal construyó una marca para ocupar ese espacio con la racionalidad de quien identifica una oportunidad de negocio. Su proyecto, además, se ha sostenido con fondos de procedencia cuestionable, similares a los que han impulsado a líderes como Meloni, Le Pen, Milei o Trump.

Otros actores, como Alvise Pérez o Vito Quiles, replican este patrón en sus propios ámbitos. Su comportamiento errático y su falta de coherencia ideológica revelan que su motivación principal no es una convicción política, sino la búsqueda de fama y dinero. En todos estos casos, la ideología funciona como un cálculo de oportunidad, no como el motor real de su conducta. La política se convierte en un escenario donde algunos actores compiten por visibilidad, monetización y poder, utilizando discursos incendiarios como herramientas de marketing.

La izquierda, por su parte, tropieza a menudo con un caso paradigmático: el de Isabel Díaz Ayuso y su asesor Miguel Ángel Rodríguez. Etiquetarla como ultraderecha o liberal doctrinaria implica atribuirle una densidad ideológica que no existe. Su trayectoria muestra más bien una estrategia de aprovechamiento: apoyos coyunturales a causas religiosas, alineamientos internacionales o discursos incendiarios que adopta únicamente cuando detecta que pueden reportarle beneficios políticos o económicos. Sus escándalos —comisiones en plena pandemia, adjudicaciones sistemáticas a empresas privadas, operaciones inmobiliarias de lujo— no responden a una batalla cultural, sino a la búsqueda de blindar transferencias constantes de dinero público hacia manos privadas. Llamar «fascistas» a estos comportamientos les otorga una épica que no merecen: lo que hay detrás es ambición y lucro.

Esta instrumentalización del malestar social se explica también desde la teoría. Karl Polanyi argumentó que el fascismo surge cuando la sociedad de mercado se desintegra y deja a las comunidades sin protección. No es casual que el auge actual de las ideologías ultras coincida con salarios estancados, viviendas inaccesibles y vidas precarizadas. La inseguridad material es el caldo de cultivo perfecto para que ciertos actores conviertan la frustración en mercancía política. La precariedad se transforma en una materia prima que, bien manufacturada, puede ser monetizada por quienes detectan en el miedo una oportunidad de negocio.

El negacionismo climático es otro ejemplo de cómo los intereses económicos moldean discursos ideológicos. Investigaciones han demostrado que grandes petroleras conocían desde hace décadas el impacto de los combustibles fósiles en el clima y aun así financiaron campañas para sembrar dudas sobre la ciencia. Redes empresariales canalizaron fortunas hacia organizaciones dedicadas a difundir sospechas sobre energías renovables y agendas internacionales. No existe una ideología «anti-verde» coherente: lo que hay son empresas que buscan evitar regulaciones que reduzcan sus beneficios. La desinformación se convierte en una inversión rentable.

Del mismo modo, las teorías conspirativas sobre fumigaciones, élites ocultas o control social no son pensamiento político, sino desinformación comprada para que la ciudadanía defienda intereses ajenos creyendo que protege su libertad. Los líderes que repiten estos relatos actúan como portavoces pagados, no como pensadores. Otorgarles ese estatus intelectual es un error que solo fortalece su influencia. La paranoia se convierte en un producto que se vende bien porque ofrece certezas simples en un mundo complejo.

En última instancia, cuando escuchamos a ciertos actores hablar de la eficacia de la sanidad privada o de la seguridad jurídica de los propietarios, conviene observar menos sus palabras y más sus actos. Combatir el clasismo, el racismo o la transfobia es necesario, pero siempre preguntándonos quién financia el odio y quién obtiene beneficios de que exista. Seguir el rastro del dinero, como sugería Robert Paxton, permite entender que los movimientos políticos deben juzgarse por sus acciones y por las estructuras económicas que los sostienen. En nuestro presente, esa lectura puede invertirse: más que escuchar lo que dicen, conviene analizar quién paga, quién gana y qué intereses se ocultan tras cada discurso.

La política contemporánea, en su versión más tóxica, se ha convertido en un mercado donde el miedo es mercancía, la identidad es producto y la polarización es estrategia comercial. Entender esta arquitectura económica es indispensable para desmontar los relatos que la sostienen y para recuperar un espacio público donde la democracia no sea rehén de quienes han descubierto que el odio, bien empaquetado, puede ser extraordinariamente rentable.

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