domingo, 11 de octubre de 2026

Los unicornios y los partidos de centro

En el imaginario político de nuestras sociedades contemporáneas habita una criatura tan deseada como esquiva, un ser cuya existencia todos invocan pero que nadie ha logrado ver jamás: el partido de centro. 

Se nos presenta como la solución mágica a la polarización, el antídoto contra los extremismos, la voz de la razón en medio del ruido. Pero, ¿qué es realmente el centro político? ¿Una ubicación ideológica, una estrategia electoral o, más bien, una entelequia, un unicornio que solo existe en la imaginación de quienes, hastiados del conflicto, sueñan con una armonía que las reglas mismas del juego político parecen contradecir?

Para desentrañar este mito, debemos primero entender el terreno donde se libra la batalla. 

La ciencia política nos enseña que los sistemas de organización social no son compartimentos estancos, sino que se despliegan a lo largo de un continuum. En un extremo se sitúa el totalitarismo, donde el poder se concentra de manera absoluta y la sociedad civil es anulada. En el otro extremo, utópico y probablemente inalcanzable, se encuentra la autogestión anarquista, donde no existe un poder centralizado y la organización surge de la libre asociación. 

Entre ambos polos, se suceden y mezclan modelos dictatoriales, presidencialistas, democracias limitadas, sistemas parlamentarios y asamblearios. Cada sociedad, en un momento dado, ocupa una posición en este espectro, a menudo en tensión entre fuerzas que pugnan por desplazarla hacia uno u otro lado.

Del mismo modo, los partidos políticos, más allá de su maquillaje como «catch-all parties» o formaciones transversales, basan sus propuestas en ideas que pueden situarse en ese mismo continuum. Una formación que aboga por un ejecutivo fuerte y una mínima intervención social se acercará al polo autoritario, mientras que otra que promueve la descentralización radical y la participación directa se aproximará al anarquista. 

El eje izquierda-derecha, tan manido, es una simplificación de esta compleja geometría. La verdadera disputa no es entre dos bloques simétricos, sino entre distintas concepciones sobre cómo debe distribuirse el poder y organizarse la convivencia.

Es aquí donde el concepto de «partido de centro» revela su naturaleza quimérica. La idea misma de un centro presupone la existencia de una línea recta entre dos extremos, como si la política fuera un simple segmento con un punto medio equidistante. 

Esta noción, profundamente errónea, hunde sus raíces en una historia de pueblos acostumbrados a la verticalidad del poder, a ser súbditos y parroquianos, en la clásica nomenclatura de Almond y Verba. En aquellas sociedades, la política era cosa de unos pocos y la masa solo participaba para aclamar o padecer. Bajo esa lógica, el «centro» era simplemente el espacio de los que no se atrevían a desafiar al poder establecido ni a subvertirlo, un lugar de prudencia y, a menudo, de complicidad silenciosa.

Sin embargo, las sociedades verdaderamente parlamentarias se fundan en un principio radicalmente distinto: la diversidad. No buscan un punto medio entre dos opciones, sino que crean un espacio donde múltiples voces puedan hablar (parlare), parlamentar, negociar y, finalmente, llegar a acuerdos. 

La política no es un ring donde dos púgiles se enfrentan, sino una mesa de negociación donde se sientan muchos intereses legítimos. Siguiendo el paradigma hegeliano, estas sociedades han transcendido la pugna estéril de la tesis y la antítesis para generar una síntesis superior: el pacto. Un pacto entre los que dirigen y los que obedecen, un pacto social que establece las reglas del juego, un pacto entre los diferentes partidarios de diferentes sensibilidades que renuncian a la imposición total para lograr una convivencia posible.

Precisamente, las tensiones violentas que reaparecen en nuestras sociedades son, en gran medida, el resultado de partidos que aleccionan a los votantes con soluciones dicotómicas, simplistas, fáciles de consumir y de publicitar. 

Se nos presenta la política como una guerra entre el bien y el mal, entre «nosotros» y «ellos», donde no hay matices ni puntos intermedios. Esta lógica amigo-enemigo, en lugar de fomentar el diálogo, enciende la mecha del enfrentamiento. Y en medio de este fuego cruzado, se encuentran los ciudadanos que, en su inmensa mayoría, anhelan vivir sin estridencias ni violencia. Sueñan con un mundo donde los opuestos se den la mano y dialoguen, donde el debate sereno sustituya al grito. 

Esos ciudadanos, comprensiblemente, miran con esperanza hacia ese supuesto «centro» que promete ser la casa de la cordura.

Pero ese centro no existe como partido. Lo que existen son formaciones que, en un momento dado, ocupan una posición más moderada en el continuum, pero que siguen defendiendo una visión particular de la sociedad. Un partido no puede ser «el centro» porque el centro no es una ideología, es una posición relacional. 

Un partido que se define a sí mismo como de centro está, en realidad, aceptando la nomenclatura polarizadora que dice combatir. Está diciendo: «los otros están en los extremos, nosotros en el medio». Y eso, en una sociedad diversa, es tan solo una estrategia de marketing político.

Las Constituciones de las democracias modernas fueron diseñadas precisamente para evitar la tiranía de la mayoría y para forzar el acuerdo. Establecen mecanismos de contrapeso, de diálogo, de negociación. No están pensadas para que gobierne «el centro», sino para que los representantes de los muchos y los pocos encuentren normas de convivencia que sean útiles para el mayor número de personas posibles. La grandeza de la democracia parlamentaria no reside en la existencia de un partido que acierte a sintetizar todas las demandas, sino en la capacidad de los diferentes actores para tejer alianzas, para ceder en algunos puntos a cambio de avanzar en otros, para construir, en definitiva, un «nosotros» siempre imperfecto pero siempre perfectible.

Por eso y concluyendo: los partidos de centro o son una mentira o son un unicornio. 

Una mentira cuando se presentan como la única opción razonable frente a la locura de los extremos, ocultando que ellos mismos defienden una posición concreta y a menudo excluyente. 

Un unicornio cuando se sueña con una formación que recoja «lo bueno de los dos» como si la política fuera un menú donde se pueden combinar platos sin contradicción. La realidad es más compleja y más rica. 

La democracia no es el reino de la armonía preestablecida, sino el arte de gestionar el desacuerdo. Y ese arte no requiere unicornios, sino ciudadanos y representantes dispuestos a sentarse, hablar y, sobre todo, escuchar.

viernes, 9 de octubre de 2026

Fabricando la realidad (21). Recapitulando sobre la arquitectura de manipulación

A lo largo de esta serie hemos desgranado diecinueve principios que, combinados, constituyen lo que podríamos llamar una arquitectura de la fabricación de la realidad. No se trata de una conspiración con un centro único de mando, sino de un ecosistema de técnicas que han sido adoptadas, refinadas y sistematizadas por los nuevos autoritarismos y las extremas derechas mundiales. En España, este arsenal se ha desplegado con una intensidad particular en los últimos cinco años, convirtiendo el debate público en un campo de batalla donde la verdad es la primera víctima.

El despliegue del arsenal en España 

El principio del culpable único ha encontrado en la inmigración su vector principal. La extrema derecha española ha concentrado problemas distintos —vivienda, empleo, inseguridad— en un único enemigo: el migrante. Santiago Abascal ha culpado al «bipartidismo» de alentar la «llegada de millones de personas» que, según él, amenazan la «supervivencia» de España. La fabricación del miedo opera en paralelo: el discurso de Vox se basa en el miedo al inmigrante, a quien se presenta como una amenaza existencial. Abascal ha llegado a calificar la inmigración como una «auténtica invasión» que exige el «billete de vuelta a su lugar de origen».

La deshumanización es el corolario lógico de este proceso. Pedro Sánchez ha acusado a Abascal de basar su discurso en el miedo para deshumanizar a los inmigrantes y perpetuar su explotación. En la crisis de Ceuta de 2026, el secretario general de Vox en el Congreso ha llegado a afirmar que había que «cazar uno por uno» a los migrantes que habían entrado irregularmente. El lenguaje no es inocente: calificar la llegada de migrantes como una «invasión ilegal» o hablar de «hordas de inmigrantes ilegales» no describe, sino que construye una realidad donde el otro ha dejado de ser persona.

El encuadre y la simplificación han sido herramientas centrales. La crisis de Ceuta ha sido enmarcada sistemáticamente como un «intento de invasión» y una «avalancha», términos que el PP ha terminado comprando y utilizando. Esta simplificación reduce un fenómeno migratorio complejo —con dimensiones humanitarias, diplomáticas y económicas— a una única idea: la amenaza. La fragmentación y la descontextualización han acompañado este proceso: los hechos se presentan como piezas sueltas, arrancadas de su marco, imposibilitando cualquier comprensión global.

La normalización es quizás el principio que mejor explica el éxito de esta estrategia. Lo que hace una década era impensable —afirmaciones racistas, discursos de odio, propuestas de deportación masiva— se ha ido incorporando al debate público hasta convertirse en una opción política más. Los acuerdos de gobierno entre PP y Vox en Extremadura y Castilla y León representan un proceso preocupante de «institucionalización del discurso del odio». El lenguaje de la «prioridad nacional» y el «españoles primero» normaliza en pactos de gobierno un vocabulario que la extrema derecha europea lleva años usando para jerarquizar derechos.

La orquestación y la amplificación artificial han alcanzado niveles industriales. El entorno ultra de Vox ha convertido la desinformación en su principal herramienta de desgaste. Durante la crisis de Ceuta, redes de desinformación vinculadas a Rusia e Israel, en colaboración con la extrema derecha, han difundido bulos que han alimentado la entrada masiva de migrantes. El gobierno español ha denunciado que el origen de la crisis está en una campaña de «bulos y desinformación» alentada por la «internacional reaccionaria».

La polarización afectiva y el agotamiento por confrontación son el resultado visible de este arsenal. Siete de cada diez ciudadanos españoles cree que la crispación política ha crecido en el último año, y son los votantes de extrema derecha quienes en mayor proporción perciben ese incremento. La confrontación permanente no es un accidente; es una estrategia calculada para mantener a la ciudadanía ocupada reaccionando, defendiendo y atacando, sin energía para comprender.

El contexto europeo: una ofensiva coordinada 

Como hemos visto a lo largo de esta serie, este fenómeno no es exclusivamente español. En toda Europa, las extremas derechas han desarrollado un repertorio de técnicas de manipulación que trascienden fronteras. La investigación transfronteriza The Extremist Machine ha identificado estrategias de comunicación compartidas, incluyendo mensajes coordinados, amplificación digital y encuadres narrativos comunes. Plataformas como TikTok, Telegram, Facebook y X son centrales para difundir narrativas ultraconservadoras y antieuropeas, a menudo mediante actividad coordinada o amplificada artificialmente.

El uso de inteligencia artificial generativa ha añadido una nueva dimensión a esta ofensiva. En Alemania, cuentas afiliadas a Alternativa für Deutschland (AfD) utilizan IA para crear secuencias de vídeo e imágenes que representan escenas para las que no existen imágenes reales. En toda Europa, la extrema derecha ha utilizado desde imágenes fabricadas y «deepfakes» hasta «shallowfakes» y pies de foto descontextualizados para promover narrativas islamófobas, incluyendo la del «Gran Reemplazo». Elon Musk ha utilizado X para amplificar la voz de la extrema derecha en Europa, apoyando a la AfD en Alemania y atacando a líderes como el primer ministro británico Keir Starmer.

El concepto de «remigración» —la repatriación forzada de millones de migrantes— ha pasado de ser una consigna marginal a un objetivo explícito de organizaciones como Reconquista y Save Europe, que han traído a España esta idea con el objetivo de conseguir la «repatriación» de miles de migrantes a los que culpan de la «degradación» de la «cultura y sociedad nativa europea». Lo que hace apenas una década resultaba impensable como consigna de masas en una capital europea se ha convertido en un eslogan coreado en manifestaciones.

La necesidad de una defensa democrática institucional

Ante esta ofensiva, la respuesta no puede limitarse a la denuncia o a la contraargumentación. Estas armas de guerra híbrida operan en un terreno —el de la atención, la emoción y la percepción— donde los mecanismos tradicionales de la democracia son insuficientes. Se necesitan, por tanto, mecanismos institucionales que actúen como un sistema inmunológico democrático.

En España, se han dado pasos en esta dirección. El Consejo de Seguridad Nacional aprobó en enero de 2025 el Acuerdo de elaboración de la Estrategia Nacional contra las Campañas de Desinformación, y en marzo de 2025 se aprobó el procedimiento para su elaboración. Existe una Comisión Permanente contra la Desinformación como grupo de trabajo interministerial y «unidades especializadas en las fuerzas de seguridad y en instituciones públicas para monitorizar y analizar campañas de desinformación».

A nivel europeo, la Comisión Europea presentó en noviembre de 2025 el Democracy Shield, un conjunto de medidas para combatir la desinformación, la manipulación de la información y la interferencia extranjera. Entre sus propuestas se incluye exigir a los algoritmos de las redes sociales que prioricen fuentes de noticias fiables por defecto, y establecer nuevos límites para el uso de IA en campañas políticas. El Democracy Package de la Comisión refuerza el marco regulatorio existente, incluyendo la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Inteligencia Artificial.

Pero estos mecanismos son aún insuficientes. La alfabetización mediática y algorítmica debe convertirse en una prioridad educativa, especialmente cuando el 49% de los jóvenes españoles de entre 16 y 30 años se informa a través de redes sociales. La democracia militante —la disposición a defender activamente el orden constitucional frente a quienes lo amenazan— debe ser recuperada como principio rector. La libertad de expresión no puede amparar el discurso del odio ni la apología de regímenes autoritarios.

 Hacia una federación kantiana de democracias

La ofensiva de los nuevos autoritarismos y fascismos no es solo un fenómeno nacional, sino transnacional. Opera a través de redes coordinadas que atraviesan fronteras, utilizando plataformas globales y financiación internacional. La respuesta, por tanto, no puede ser meramente nacional. Se necesita una federación kantiana de democracias —una alianza de estados comprometidos con los principios del republicanismo constitucional y la ilustración— que actúe de manera coordinada para defender el espacio público democrático.

Esta federación debe desarrollar mecanismos comunes de detección y respuesta a campañas de desinformación orquestadas, establecer estándares mínimos de transparencia algorítmica, promover la alfabetización mediática como bien público europeo y crear instrumentos legales que permitan sancionar a quienes utilicen la manipulación masiva como arma política. 

La democracia no puede ser ingenua frente a quienes la utilizan como ariete para destruirla. Como señala el informe del Departamento de Seguridad Nacional, las campañas de desinformación buscan «fragmentar la percepción de la realidad compartida». Defender esa realidad compartida es la tarea política fundamental de nuestro tiempo.

La realidad se puede fabricar, pero también se puede defender. Y la defensa comienza por saber cómo se construye. Pero no termina ahí: requiere instituciones fuertes, ciudadanos críticos y una alianza de democracias que sepan que, en la guerra híbrida del siglo XXI, la primera trinchera es la mente.


miércoles, 7 de octubre de 2026

La democracia no es un trofeo: cómo identificar la desinformación que viene

Hay una idea que se repite en los medios y en boca de ciertos políticos con una insistencia que ya resulta sospechosa: que en las elecciones alguien «gana» y alguien «pierde», como si de un partido de fútbol o de un sorteo de lotería se tratara. Pero en una democracia parlamentaria como la que establece la Constitución española, nadie gana un trofeo. Lo que ocurre es algo mucho más complejo y, a la vez, más valioso: los partidos representan sensibilidades distintas de la sociedad y, en función del apoyo que reciben en las urnas, negocian y tejen alianzas para formar un gobierno. 

El espíritu de este sistema no es la victoria de unos sobre otros, sino la búsqueda de acuerdos que permitan que las leyes y las medidas resulten aplicables al mayor número posible de personas. Esa es la base sobre la que se asienta nuestra convivencia, y quienes la distorsionan no están haciendo un simple ejercicio de estilo: están sembrando las condiciones para que la desinformación prospere.

Conviene prestar atención a un patrón que se repite con una regularidad casi mecánica. En los últimos años, los partidos de derecha y ultraderecha de todo el mundo occidental han convertido la exigencia de elecciones anticipadas en su principal bandera. Marine Le Pen pidió en 2025 la convocatoria «ultrarrápida» de elecciones legislativas en Francia. 

Alice Weidel, líder de Alternativa para Alemania, reclamó elecciones federales anticipadas y planteó que el canciller Merz dejara la Cancillería «antes de Navidad». Y Santiago Abascal, líder de Vox, recordó que su formación exigió elecciones «desde el minuto 1» del mandato. 

No se trata de una coincidencia: es una estrategia coordinada que busca deslegitimar cualquier gobierno de coalición que no les incluya, presentándolo como ilegítimo o incapaz desde su misma formación. La repetición de esta exigencia no es un síntoma de fortaleza democrática, sino todo lo contrario: es la señal de que se quiere sustituir la negociación por la confrontación permanente.

A esto se suma un fenómeno que durante años se ha minimizado y que hoy está perfectamente documentado: el uso de financiación extranjera para crear granjas de bots que fuerzan la opinión pública. 

Como hemos documentado en anteriores posts, en Moldavia, una investigación de WatchDog.MD identificó al menos 2.167 páginas de Facebook coordinadas por Rusia y el oligarca fugitivo Ilan Shor, que entre octubre de 2022 y septiembre de 2024 gastaron casi 470.000 euros en más de 1.400 anuncios para influir en las elecciones parlamentarias. 

  • En Filipinas, una denuncia verificada solicitó investigar operaciones de desinformación digital «financiadas por China» para impulsar a candidatos vinculados al expresidente Duterte en las elecciones de 2025.
  • La operación Matryoshka, una campaña persistente de medios sintéticos a nivel estatal, fue identificada en Moldavia con 258 dominios registrados. 
  • En la República Checa, TikTok eliminó una red de influencia prorrusa, y en Alemania se detectaron más de 180 publicaciones falsas vinculadas a una operación de influencia rusa antes de las elecciones regionales de 2026. 
  • Y en Estados Unidos, el Departamento de Justicia desmanteló en 2024 una campaña de propaganda rusa respaldada por el Kremlin que utilizaba inteligencia artificial para difundir desinformación a través de una granja de bots. 

Estos no son casos aislados ni teorías conspirativas: son operaciones documentadas por gobiernos, medios de investigación y organismos internacionales.

El problema se agrava cuando las democracias occidentales confunden el derecho a expresar libremente tu opinión con el derecho a que tu opinión sea amplificada por medios de comunicación oficiales. Son dos cosas distintas. 

La libertad de expresión es un derecho fundamental que protege al individuo frente al Estado; la amplificación es un acto editorial que multiplica el alcance de un mensaje y le otorga una apariencia de legitimidad que no siempre merece. Genevieve Laker, en un articulo publicado en la Harvard Undergraduate Law Review, explicaba «la doctrina moderna de la libertad de expresión se construyó para un mundo en el que la expresión se difundía mediante elección directa», pero plantea que en la actualidad la amplificación algorítmica debería tratarse como una conducta de la plataforma, no como expresión protegida. 

Cuando un medio de comunicación público o una televisión privada concede minutos y minutos a un discurso intolerable, no está ejerciendo la libertad de expresión: está amplificando un mensaje que, en muchos casos, busca destruir las reglas del juego democrático. Los estudios sobre medios y extrema derecha han demostrado que los medios de comunicación actúan como «agentes autónomos» que amplifican sistemáticamente ciertos odios mientras reprimen otros, contribuyendo a la normalización de discursos que deberían permanecer en los márgenes.

Y no se trata solo de medios y redes sociales. Hay un problema más sutil y, quizá por ello, más peligroso: la manipulación de la forma en que se presentan los sondeos y los estudios estadísticos para generar una sensación de auge de las posiciones de derechas o ultraderecha. 

En España, el informe de la Comisión de Investigación del Senado sobre la gestión del CIS es contundente: el organismo «ha dejado de cumplir su función de servicio público para convertirse en un mecanismo de manipulación política», y se documentan «falsificaciones metodológicas intencionadas» que derivan en una manipulación del debate democrático. En el informe se citan ejemplos concretos: la estimación del CIS que daba al PSOE como primera fuerza en las europeas de 2024, o los titulares que mantenían al PSOE más de diez puntos por delante del PP en noviembre de 2025. Estos sesgos sistemáticos no son errores aleatorios: responden a una intencionalidad que, como señala el propio informe, «tiene como finalidad influir en la voluntad del elector».

A esto se suma el papel de los think tanks y las empresas demoscópicas que, en ocasiones, actúan como correas de transmisión de intereses particulares. 

La organización Atlas Network, fundada en 1981, cuenta con 589 think tanks en 103 países que, según investigaciones independientes, financian el odio y las farsas de la extrema derecha. En Francia, el think tank «Hexagone», financiado por el empresario ultraderechista Pierre-Édouard Stérin a través de la estructura Périclès, encarga regularmente sondeos al IFOP. En Austria, el partido ultraderechista FPÖ ha denunciado que la radiotelevisión pública ORF, financiada con dinero de todos los ciudadanos, realiza una «manipulación de encuestas y propaganda unilateral» para influir en las elecciones húngaras. 

La cuestión no es que los sondeos puedan tener un sesgo ideológico —algo inevitable en toda interpretación de datos—, sino que se presenten como mediciones objetivas de la realidad cuando en muchos casos son herramientas de construcción de esa misma realidad.

En este contexto, la Junta Electoral Central tiene un papel crucial. La doctrina de la JEC es clara: es competente y está obligada a velar por la transparencia y objetividad del proceso electoral y del principio de igualdad, incluidas las actuaciones de los medios de comunicación de titularidad pública, y puede incoar expedientes sancionadores por cualquier infracción de la legislación electoral. 

Sin embargo, en la práctica, sus herramientas resultan insuficientes. Como se ha reconocido en sede parlamentaria, «ha habido algunos supuestos en los que nos hemos visto limitados a la hora de poder actuar por carecer de herramientas suficientes» para abordar el problema de la desinformación y las injerencias anónimas o extranjeras en campañas electorales. La JEC ha actuado con contundencia en algunos casos, como cuando avaló la suspensión de la cuenta de Vox por Twitter. Pero necesita instrumentos más ágiles y contundentes para un fenómeno que se mueve a la velocidad de un tuit.

La Unión Europea tampoco puede permanecer impasible. El Reglamento de Servicios Digitales (DSA) aborda la desinformación como un riesgo sistémico que las grandes plataformas deben mitigar, y la Comisión Europea ya ha iniciado procedimientos de infracción contra plataformas como Meta y X por posibles incumplimientos, que podrían derivar en sanciones de hasta el 6% de la facturación global del proveedor. En diciembre de 2025, la Comisión impuso a X una multa de 120 millones de euros por incumplir sus obligaciones de transparencia. Pero las sanciones económicas, por sí solas, no bastan. Se necesita una estrategia coordinada que incluya la monitorización constante de las operaciones de influencia extranjera, la exigencia de transparencia en la financiación de partidos y campañas, y la capacidad de sancionar no solo a las plataformas, sino también a los medios de comunicación que amplifiquen conscientemente narrativas manipuladas.

No se deberían descartar medidas de higiene informativa cuando se detecte el uso de granjas de bots o la manipulación de la información. 

Impedir a los autores de estas prácticas la participación en debates o campañas publicitarias, y sancionar a los medios que lo permitan con multas muy superiores a lo que obtienen de las administraciones públicas, no es censura: es defensa de la democracia. 

Como recuerda el Informe sobre Libertad en el Mundo de Freedom House, el sistema parlamentario español se caracteriza por elecciones multipartidistas competitivas y transferencias pacíficas de poder entre partidos rivales, y el Estado de derecho prevalece. España obtuvo 90 sobre 100 en 2025, una puntuación que refleja una democracia sólida pero que también advierte de que la libertad de expresión y de reunión se han visto amenazadas por legislación restrictiva. 

No estamos ante un sistema perfecto, pero sí ante uno de los más garantistas del mundo. Y precisamente por eso, quienes siembran dudas infundadas sobre su limpieza no están defendiendo la democracia: la están atacando.

De aquí al 29 de noviembre, vamos a recibir una avalancha de basura informativa. Titulares que hablarán de «ganadores» y «perdedores» como si esto fuera una competición deportiva. Encuestas presentadas como certezas cuando no son más que fotografías borrosas de un instante. Debates en los que se amplificarán discursos que buscan destruir las reglas del juego. 

Granjas de bots que simularán un apoyo popular que no existe. Y todo ello con la apariencia de normalidad democrática, como si fuera parte del paisaje. La única defensa real es la ciudadanía alerta. 

No podemos acabar este post sin mencionar al científico y pensador Antonio Lafuente, que nos recordaba que el procomún está formado por «bienes que son de todos y de nadie» y que, precisamente por eso, deben ser «activamente protegidos» y legados a las generaciones futuras. Esa idea entronca con las palabras de Iñaki Gabilondo cuando, en una de sus frases sintéticas y quirúrgicas, nos repite una y otra vez que la sociedad está empezando a entender que necesita «el periodismo en defensa propia». 

Esa doble conciencia —la del patrimonio compartido y la de los instrumentos para cuidarlo— es la única vacuna real contra la avalancha de desinformación que se nos viene encima. No es una cuestión de ideología: es una cuestión de higiene democrática. Y la higiene, como la libertad, no se regala: se conquista cada día.

martes, 6 de octubre de 2026

Los que «ganan» y los que perdemos.

En cada cita electoral, los titulares de prensa y los discursos políticos repiten continuamente que tal o cual partido ha «ganado» las elecciones. Se habla de vencedores y vencidos como si de una competición deportiva o un sorteo de lotería se tratara. Sin embargo, esta forma de explicar la política es profundamente engañosa y distorsiona la naturaleza misma de nuestro sistema de gobierno. 

En una democracia parlamentaria como la que establece la Constitución española, nadie gana un trofeo ni se lleva un premio único. Lo que ocurre es algo mucho más complejo y, a la vez, más valioso: los partidos políticos representan sensibilidades distintas de la sociedad y, en función del apoyo que reciben en las urnas, negocian y tejen alianzas para formar un gobierno. El espíritu de este sistema no es la victoria de unos sobre otros, sino la búsqueda de acuerdos que permitan que las leyes y las medidas resulten aplicables al mayor número posible de personas, o que resuelvan los problemas de una parte de la sociedad, pequeña o grande, contribuyendo así al equilibrio y a la convivencia.

El artículo 66 de la Constitución es muy claro al respecto: «Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado». No dice que representan al partido más votado, sino al pueblo en su conjunto, en toda su pluralidad. Las Cortes ejercen la potestad legislativa, aprueban los presupuestos y controlan al Gobierno. Es en ese espacio de representación donde se dirimen las diferencias y se construyen las mayorías. Por eso, hablar de un partido que «gana» las elecciones es un error de concepto que, en el mejor de los casos, revela una profunda ignorancia del funcionamiento institucional.

A los medios de comunicación deberíamos exigirles un mínimo de higiene informativa. Su labor no es la de animar una contienda, sino la de explicar con rigor el sistema de representación que nos hemos dado. Desterrar titulares y redacciones que confunden a la ciudadanía no es un capricho, sino una condición necesaria para un debate público de calidad. Cuando los medios insisten en plantear el marco de «ganadores» y «perdedores», están trasladando a la política la lógica del todo o nada, una lógica que es ajena al parlamentarismo y que, además, alimenta la desafección y la polarización.

Si lo miramos desde un punto de vista de política comparada, la evidencia es abrumadora. Los sistemas presidencialistas, en los que el que gana se lo lleva todo, nos muestran sociedades cada vez más fracturadas, desiguales y conflictivas. 

Arend Lijphart, uno de los politólogos más influyentes de la historia moderna, ha advertido que los sistemas presidenciales y mayoritarios —como los de Estados Unidos, India o Reino Unido— facilitan concentraciones peligrosas de poder que erosionan las normas democráticas y abren la puerta a liderazgos autoritarios. 

No es casualidad que en Estados Unidos y Reino Unido la desafección, la desigualdad y la conflictividad social hayan alcanzado cotas preocupantes. Frente a ello, las sociedades parlamentarias del norte de Europa, las socialdemocracias escandinavas, nos muestran un panorama bien distinto. Allí es impensable que un solo partido gobierne en solitario; la norma es la negociación y la coalición. En Dinamarca, por ejemplo, desde 1909 ningún partido ha obtenido la mayoría absoluta, lo que ha obligado a legislaturas caracterizadas por el diálogo y el acuerdo. El resultado son ciudadanías más implicadas, sociedades más amables con los más desfavorecidos y un mayor equilibrio social.

España, por suerte, cuenta con un sistema electoral sólido y garantista. Los informes internacionales así lo confirman. El Global State of Democracy del International IDEA sitúa a España en el rango alto en todas sus categorías y en el cuarto superior de países del mundo en casi todos los factores de calidad democrática. Freedom House otorga a España la máxima puntuación posible en proceso electoral (12/12) y en pluralismo político (16/16). La OSCE, en sus observaciones, califica los comicios españoles de plurales y competitivos. 

Estos datos desmienten cualquier sospecha infundada sobre la limpieza de nuestro sistema. Quienes insinúan lo contrario, jugando con cartas marcadas, no solo faltan a la verdad, sino que atacan un pilar básico de nuestra convivencia.

El discurso de los «ganadores» y los «perdedores» es, quizás, el preludio de lo que se nos viene encima. La derecha y la extrema derecha ya están sembrando dudas sobre el sistema electoral español, y algunos medios amplifican esas sospechas sin fundamento. 

Frente a ello, conviene recordar que solo cuando la gente está alerta y se implica se impide que unos pocos destruyan y se apropien de lo que es de todos. El bien público es, como ha subrayado el ministro Pablo Bustinduy, «el patrimonio de los que no tienen patrimonio». Los servicios públicos, las instituciones, el sistema electoral que nos permite convivir en paz: todo eso es nuestro mayor patrimonio común.

 Defenderlo exige ciudadanía activa, información veraz y una firme voluntad de no dejarse engañar por relatos que, bajo la apariencia de la emoción, esconden una peligrosa simplificación de la democracia.

lunes, 5 de octubre de 2026

Feijóo entra en campaña: el mismo discurso de siempre, la misma contradicción de siempre

El líder del PP ha comparecido tras el anuncio de adelanto electoral del 29N para decir que la elección es «entre corrupción y decencia". ¿Qué hay detrás de ese marco y por qué su propio historial lo desmiente?

1. El marco de la «decencia»

Tras conocer el anuncio de Sánchez, el PP ha reaccionado en las redes sociales con un escueto «POR FIN», acompañado de un vídeo con el himno de la alegría y frases como «por fin podremos dar nuestra opinión». Minutos después, Feijóo ha comparecido en la sede de Génova para fijar el tono de su campaña.

Su mensaje central ha sido este: «La elección es entre corrupción y decencia». Y ha añadido: «La pregunta que le propongo a los ciudadanos es si quieren cuatro años más de lo que estamos viviendo o si quieren dar una oportunidad al cambio».

La estrategia es clara: Feijóo no va a discutir gestión, ni propuestas, ni balances. Fundamentalmente porque no puede. Va a convertir el 29N en un plebiscito moral sobre Sánchez. Es el mismo marco que lleva repitiendo desde hace meses, años, cuando ya pedía elecciones desde el día siguiente de la formación de gobierno de esta legislatura, «no por revanchismo, sino porque el país no aguanta más». Y es un marco que, como veremos, se vuelve contra él en cuanto se le aplican los mismos estándares a su partido.

2. La decencia que Feijóo invoca choca con su gestión


Feijóo habla de «limpiar las instituciones» y de devolver la «decencia» a España. La pregunta obvia es: ¿dónde está esa decencia en los gobiernos del PP?

En las comunidades donde gobierna, el PP ha recibido más de 300.000 millones de euros en transferencias del Estado. El resultado no ha sido una mejora de los servicios públicos, sino un desgaste continuo de sanidad y educación, privatizaciones y externalizaciones, y un modelo ultraliberal que erosiona el Estado del bienestar. La Comunidad de Madrid marca el camino, pero las demás autonomías del PP le siguen.

En los ayuntamientos, el PP gestiona más de 8.000 consistorios. Feijóo ha anunciado un «nuevo Plan de Financiación Local» y un estatuto básico para municipios pequeños. Esas promesas llegan años después de que su partido haya estado al frente de las instituciones locales sin resolver los problemas estructurales. La decencia, en la gestión real, brilla por su ausencia.

3. PP y Vox: el laboratorio de la «decencia» que Feijóo no menciona


Feijóo no ha mencionado a Vox, con quien comparte gobiernos, en su comparecencia. No le conviene. Porque los gobiernos de coalición entre PP y Vox son el mejor argumento contra su propio discurso.

El caso más paradigmático es Extremadura. Vox ha impuesto una agenda que recorta la cooperación al desarrollo de 10 millones a 700.000 euros (del 0,7% al 0,03% del presupuesto) y destina 1.780.000 euros a subvenciones taurinas. Es decir: menos dinero para combatir la pobreza, más dinero para la «fiesta nacional».

Pero lo más grave es la inestabilidad crónica. Vox ha roto acuerdos de coalición en Aragón, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia, expulsando a sus consejeros y dejando al PP gobernando en minoría. El colapso político terminó en adelantos electorales en Aragón y Extremadura. No fue una estrategia: fue el reconocimiento del fracaso de un modelo basado en la dependencia de la extrema derecha.

Feijóo está atrapado en su propia paradoja: sin Vox no gobierna y con Vox tampoco. Y cuando invoca la «decencia», conviene recordar a quién necesita para gobernar.

4. La «oposición salvaje» que Feijóo denuncia es la que ha venido ejerciendo su propio partido

Feijóo se presenta como el líder que quiere «resolver los problemas en las instituciones». La realidad es la contraria.

El PP ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para impulsar cinco conflictos institucionales contra el Congreso en lo que va de legislatura, incluyendo el bloqueo de leyes como la amnistía, la reforma judicial o la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Feijóo ha ordenado a su partido llevar al Tribunal Constitucional el «bloqueo sistemático» de sus leyes, denunciando que la Mesa del Congreso ha frenado 31 iniciativas de la oposición.

La ironía es brutal: el PP denuncia el bloqueo mientras ejerce el suyo propio. En la Comunidad de Madrid, el PP de Ayuso ha tumbado el 25% de las iniciativas de la oposición: casi 6.200 de las 25.000 registradas en 2025. La «oposición salvaje» que Feijóo atribuye a Sánchez es exactamente la que su partido practica donde gobierna.

Y hay un dato que desmonta toda su narrativa: desde septiembre de 2024, la ley que reconoce a la Guardia Civil y a la Policía Nacional como profesión de riesgo lleva 71 prórrogas consecutivas bloqueada por la mayoría de la Mesa del Congreso. El PP denuncia el bloqueo de sus leyes en el Senado, pero ignora que el Congreso también bloquea las del Gobierno. Es el juego de la victimización permanente.

5. La degradación institucional como estrategia de campaña

Feijóo se queja del «deterioro institucional» y de que el Gobierno «ya no está legitimado». Pero es el PP quien ha convertido la deslegitimación del adversario en su principal herramienta política.

Feijóo anunció que impulsaría un conflicto de atribuciones contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y amenazó con actuar «con contundencia» contra los miembros de la Mesa si el «fraude» no se corregía. Ese lenguaje —«fraude», «no están legitimados»— no es el de un partido de Estado. Es el de una oposición que ha decidido que la mejor manera de gobernar es impedir que el Gobierno lo haga.

El resultado es una legislatura marcada por la parálisis legislativa. En 2025, el plan normativo prometía 59 leyes; se aprobó una. Los presupuestos generales del Estado llevan tres años sin presentarse. El decreto ley se ha convertido en el sustituto del Parlamento. Y Feijóo, lejos de contribuir a desbloquear, ha convertido cada votación en un pulso institucional.

Ahora, con las elecciones convocadas, ese pulso se traslada a la campaña. Feijóo no va a discutir su programa. Va a discutir la decencia de Sánchez. Es lo único que sabe hacer.

6. «Por fin»... ¿para quién?


El PP ha celebrado el adelanto electoral con un «POR FIN» en mayúsculas. «Por fin podremos dar nuestra opinión», dicen en el vídeo. La pregunta es: ¿dónde estaba esa urgencia por escuchar a los ciudadanos cuando el PP bloqueaba leyes en el Senado por cálculo político? ¿Dónde estaba cuando tumbaba el 25% de las iniciativas de la oposición en Madrid?

Feijóo habla de regeneración, de responsabilidad, de instituciones. Pero su partido gestiona comunidades donde recorta servicios públicos, ayuntamientos donde incumple promesas y coaliciones con Vox que han demostrado ser un desastre de gestión e inestabilidad.

La oposición del PP no ha sido «salvaje» por parte del Gobierno: ha sido salvaje por parte del propio PP, que ha convertido el Senado en un ariete contra el Congreso, ha bloqueado leyes por cálculo político y ha deslegitimado sistemáticamente al Ejecutivo. Feijóo no quiere resolver el problema de la vivienda. Quiere que el problema de la vivienda le resuelva su futuro a él. Y ahora, con las urnas a la vuelta de la esquina, quiere que la «decencia» le resuelva la campaña.

Ese es el verdadero balance de un liderazgo que prometió «política de adultos» y ha entregado bloqueo, dependencia de la ultraderecha y degradación institucional. El 29N los ciudadanos tendrán la oportunidad de contrastarlo... y decidir.

jueves, 1 de octubre de 2026

Entre parásitos y rentistas no debería andar el juego

Hay una idea que se repite tanto en las conversaciones de sobremesa como en los titulares de ciertos medios: que a las sociedades les va mejor cuando dejan hacer al mercado, cuando bajan impuestos y cuando confían en que la iniciativa privada, por sí sola, resolverá los problemas colectivos. Es una idea seductora porque promete mucho con poco esfuerzo. Pero cuando uno mira los datos y la historia reciente, emerge una verdad incómoda: las sociedades que construyen su riqueza sobre la producción real —fábricas, servicios, conocimiento, infraestructuras— tienen un futuro mucho más sólido que aquellas que la construyen sobre la especulación, el alquiler y la extracción financiera. 

La razón es sencilla y tiene que ver con una pregunta básica: ¿de dónde sale el dinero que circula y quién se beneficia de él?

Cuando una economía es productiva, el dinero no se queda quieto en una cuenta offshore ni en el bolsillo de un rentista que ya tiene sus necesidades cubiertas. Circula. Se paga un salario, ese salario se gasta en el comercio del barrio, ese comercio contrata a alguien, esa persona paga su alquiler y sus impuestos, y el Estado recauda para financiar escuelas, hospitales y pensiones. 

Es lo que Keynes describió como el multiplicador: cada euro invertido en producción real genera una cadena de gasto que multiplica su impacto en la economía. 

En cambio, cuando la riqueza se acumula en manos de especuladores y rentistas, esa cadena se rompe. El dinero se guarda, se invierte en productos financieros que no crean empleo, o se destina a comprar viviendas para alquilarlas a precios que exprimen a quien las necesita. No hay circulación; hay extracción.

No hay que irse muy lejos para encontrar ejemplos. España ha pasado de ser un país de propietarios a convertirse, en buena medida, en un país de especuladores. La entrada masiva de fondos de inversión en el mercado inmobiliario ha creado una nueva clase social: el rentista, ciudadanos que se enriquecen acumulando propiedades y extrayendo riqueza a través del alquiler de otros ciudadanos en situación menos favorable. 

Este modelo no enriquece al conjunto de la sociedad; la empobrece. La desigualdad crece por la vía patrimonial, y el trabajo o el emprendimiento pierden fuerza como vías de ascenso social. Quien tiene dinero para invertir en vivienda ya tiene sus necesidades cubiertas; no va a generar consumo interno con esos excedentes. Los acumula. Y mientras tanto, el inquilino que destina la mitad de su salario a pagar el alquiler no puede consumir en otros bienes, no puede ahorrar, no puede invertir en su formación. La economía se ahoga.

Esto se agrava cuando las grandes empresas de inversión operan a escala transnacional y escapan a las reglas fiscales de los Estados. Un informe reciente sobre TotalEnergies revela que una parte muy significativa de sus beneficios no proviene de la extracción real de petróleo o gas, sino de actividades de trading con sede en Suiza y Singapur, donde los regímenes fiscales son extremadamente favorables. Es decir, la empresa genera riqueza en un lugar, pero la declara en otro para pagar menos impuestos. 

Ese dinero que debería financiar servicios públicos en los países donde se produce la riqueza acaba en paraísos fiscales. Los ciudadanos de esos países no ven ni un euro de esa actividad extractiva. La multinacional se beneficia de la infraestructura, de la seguridad jurídica y de la mano de obra formada que esos Estados les ofrecen, pero a la hora de contribuir, desaparece. Es una forma de parasitismo perfectamente legal, pero parasitismo al fin y al cabo.

Quienes defienden este modelo suelen argumentar que los rentistas y los especuladores también generan actividad económica. Pero eso es falso. Un fondo que compra edificios enteros para subir los alquileres no crea riqueza nueva; simplemente redistribuye la que ya existe, y lo hace en su beneficio. Un inversor que compra acciones no está financiando una fábrica; está apostando a que el precio de esas acciones subirá. Esa apuesta puede enriquecerle, pero no añade un solo tornillo a la economía real. Como decía Keynes, cuando la especulación domina, “la empresa se convierte en la burbuja sobre un torbellino de especulación”. Y cuando el torbellino estalla, los que pierden son siempre los mismos: los trabajadores, los pequeños ahorradores, los inquilinos.

La paradoja estadounidense es el ejemplo más brutal de esta lógica. 

Estados Unidos presume de ser la tierra de la libertad y del libre mercado, pero su ejército es una de las pocas instituciones que ofrece a los jóvenes de clase trabajadora algo parecido a un Estado de bienestar: salario garantizado, cobertura sanitaria, subsidios de vivienda y beneficios educativos sustanciales. En comunidades rurales y urbanas donde el empleo estable escasea y la universidad es inalcanzable, alistarse se convierte en la única vía de ascenso social. El Pentágono recluta a estos jóvenes ofreciéndoles precisamente lo que el mercado laboral civil les niega: seguridad, sanidad y educación. Y luego los envía a países lejanos a imponer, con las armas, un modelo económico que en su propia casa no funciona para la mayoría. Es una contradicción que debería hacer temblar a cualquiera que defienda ese sistema como el paradigma de la libertad.

Los datos de desigualdad no dejan lugar a dudas. En Estados Unidos, el 1% más rico acumula el 31,7% de toda la riqueza del país, el nivel más alto registrado en décadas. El 10% más rico concentra más del 68% de la riqueza total, mientras que la mitad más pobre apenas posee el 2,5%. 

En Argentina, la economía se ha vuelto un casino donde especular es más rentable que producir, y donde el cierre de fábricas y el desempleo son el precio que paga la mayoría para que unos pocos sigan ganando. 

Rusia, por su parte, es el ejemplo clásico de Estado rentista: un país que depende de la exportación de petróleo y gas, donde las élites se apropian de las rentas mientras la población soporta salarios bajos y servicios públicos deteriorados. Ninguno de estos modelos es un faro de prosperidad; son modelos caníbales, que devoran a su propia gente.

Frente a este panorama, la socialdemocracia y el pacto de un Estado de bienestar basado en la intervención en sectores estratégicos —sanidad, educación, vivienda, dependencia— no son una utopía, sino la única vía realista para construir sociedades más justas y más habitables. 

Los países nórdicos lo han demostrado durante décadas: la estrategia de combinar economías de mercado con altos niveles de protección social, inversión pública en formación y servicios, y una fiscalidad progresiva que redistribuía la riqueza ha dado lugar a sociedades con baja desigualdad, alta cohesión social y niveles de vida envidiables. 

Alemania y Japón, cada uno a su manera, construyeron modelos de capitalismo coordinado donde el Estado jugó un papel decisivo en la industrialización y en la regulación de los mercados financieros. No son paraísos; tienen problemas, como cualquier sociedad. Pero han sabido mantener la producción en el centro de su economía y no han dejado que la especulación se convierta en el motor del país.

La lección es clara. Una sociedad que premia a los parásitos y a los rentistas está condenada a la desigualdad, a la volatilidad y, tarde o temprano, a la crisis. Una sociedad que invierte en producción, en conocimiento y en protección social genera riqueza que circula, que se redistribuye y que beneficia al conjunto. 

No se trata de elegir entre mercado y Estado, sino de entender que sin un Estado fuerte que regule, recaude e invierta en lo estratégico, el mercado se convierte en un casino donde siempre ganan los mismos. La socialdemocracia no es un capricho ideológico; es la respuesta pragmática a la pregunta de cómo vivir juntos sin que unos pocos se lleven todo. Y en ese juego, entre parásitos y rentistas, lo que está en juego no es una teoría económica, sino la posibilidad misma de una vida digna para la mayoría.

miércoles, 30 de septiembre de 2026

Fabricando la realidad (20). Principio de conflicto horizontal: dirigir nuestra frustración hacia otros como nosotros en lugar de hacia las estructuras que producen el problema

Hemos recorrido dieciocho técnicas de manipulación, organizados como principios, y todos ellos comparten una característica común: nos distraen, nos confunden, nos aíslan, nos cansan.

Este último principio es quizás el más sutil y, al mismo tiempo, el más decisivo. El principio de conflicto horizontal consiste en desviar la frustración, la ira y el resentimiento de la ciudadanía hacia otros que están en una posición similar —otros trabajadores, otros inmigrantes, otras regiones, otros colectivos— en lugar de hacia las estructuras de poder que realmente producen los problemas. 

Cuando el conflicto es horizontal, las élites pueden observar desde arriba cómo los de abajo se enfrentan entre sí, mientras ellas permanecen intactas. No se trata de eliminar el conflicto, sino de canalizarlo en una dirección que no amenace el orden establecido. Y la dirección elegida es siempre la del otro, la del semejante, la del que está al lado y no la del que está arriba.

La sociología política ha estudiado este fenómeno desde los clásicos. Karl Marx ya advertía que la lucha de clases podía ser desviada por «falsas conciencias» que hicieran a los trabajadores ver en otros trabajadores a sus enemigos. Pierre Bourdieu, en La distinción, mostró cómo las clases populares a menudo dirigen su resentimiento hacia los sectores más vulnerables que hacia las élites que realmente acumulan el capital. Pero quizás quien mejor describió este mecanismo fue el sociólogo alemán Wilhelm Reich, en Psicología de masas del fascismo, cuando explicó cómo el nazismo logró que los obreros alemanes odiaran a los judíos y a los comunistas en lugar de a los industriales que los explotaban. 

El conflicto horizontal es la forma más depurada de la dominación: hacer que los dominados se odien entre sí.

En el contexto español, el conflicto horizontal se manifiesta en múltiples registros. El enfrentamiento entre bloques políticos —izquierda contra derecha, nacionalistas contra constitucionalistas— es el más visible, pero no es el único. 

En las redes sociales, la confrontación se da entre ciudadanos comunes, vecinos, compañeros de trabajo, que se insultan y se descalifican como si fueran enemigos irreconciliables. La crispación y la polarización están poniendo a prueba los vínculos humanos en el ámbito educativo: directores que temen que «el independentismo se cuele» en las escuelas, mientras el Gobierno insiste en que la educación en Cataluña no es un «problema». El conflicto horizontal convierte a los padres y maestros en adversarios, mientras la estructura del sistema educativo —financiación, ratios, currículo— permanece intacta.

El debate sobre la vivienda, que ha eclosionado con la acampada de Sol el 26S, es otro campo donde el conflicto horizontal opera con eficacia. En lugar de dirigir la ira contra los fondos de inversión, los grandes tenedores y las políticas de liberalización del suelo que han encarecido el acceso a la vivienda, la frustración se canaliza hacia los inmigrantes, a los que se acusa de «ocupar» las viviendas, o hacia los inquilinos que «no pagan». 

En los bloques de vecinos, el conflicto se da entre los que llegan y los que ya estaban; entre los que tienen un contrato de alquiler antiguo y los que pagan el precio de mercado; entre los propietarios y los inquilinos. Mientras tanto, la estructura que genera la escasez —el mercado financiero, la desregulación, la falta de vivienda pública— sigue funcionando sin ser cuestionada. 

El conflicto horizontal mantiene a los ciudadanos ocupados en peleas entre ellos, impidiendo que se organicen contra quienes realmente deciden el precio y la disponibilidad de la vivienda.

La crisis migratoria de Ceuta en julio de 2026 es otro ejemplo de cómo el conflicto horizontal desvía la atención. La narrativa de la «invasión» ha convertido a los migrantes en el enemigo a batir, cuando en realidad son personas que huyen de la pobreza y la violencia, que comparten con los españoles de clase trabajadora muchos de los mismos problemas: precariedad, falta de oportunidades, vivienda inaccesible. 

Al enfrentar a los españoles con los migrantes, el discurso de la extrema derecha impide que ambos colectivos se reconozcan como aliados potenciales en la lucha por mejores condiciones de vida. Como señala un análisis, la «instrumentalización de la migración como gasolina electoral» no solo deshumaniza a los migrantes, sino que convierte a los trabajadores españoles en verdugos de sus propios compañeros de clase.

En el ámbito internacional, el conflicto horizontal ha sido una herramienta central de los regímenes populistas y autoritarios. En Estados Unidos, Donald Trump ha dirigido sistemáticamente la ira de sus seguidores contra los inmigrantes, los «globalistas» y la izquierda, mientras que las políticas fiscales que benefician a los más ricos y las desregulaciones que favorecen a las grandes corporaciones pasan desapercibidas. 

El conflicto horizontal mantiene a los trabajadores blancos enfrentados a los inmigrantes y a las minorías, impidiendo que se unan en una lucha común contra la desigualdad creciente. En Brasil, Bolsonaro dirigió la frustración contra el «comunismo» y la «ideología de género», mientras recortaba derechos laborales y protegía a los grandes terratenientes. 

En Hungría, Orbán enfrentó a los húngaros con los inmigrantes musulmanes y con la «burocracia de Bruselas», mientras concentraba el poder y desvíaba fondos públicos hacia sus aliados.

El conflicto horizontal no es solo una estrategia de los populismos de derecha. También opera en el seno de los movimientos progresistas, cuando las luchas sectoriales —feministas, ecologistas, LGTBI, antirracistas— se enfrentan entre sí en lugar de articularse en un frente común contra el poder económico y político. 

La fragmentación de los movimientos sociales es, en cierto modo, un conflicto horizontal: cada colectivo lucha por su propia causa, a menudo en competencia con otros, mientras que la estructura del poder permanece unificada y sólida. Como señala la teoría de la interseccionalidad, las opresiones no son compartimentos estancos, sino sistemas interconectados; pero el conflicto horizontal tiende a aislar cada lucha, debilitando su capacidad transformadora.

El conflicto horizontal también se manifiesta en el ámbito territorial. En España, el enfrentamiento entre Cataluña y el resto del Estado, o entre las comunidades autónomas ricas y las pobres, es un conflicto horizontal que desvía la atención de las estructuras de poder reales: la financiación autonómica, el sistema de redistribución, la arquitectura del Estado. 

En lugar de preguntarse por qué el sistema fiscal es injusto o por qué la solidaridad interterritorial funciona mal, los ciudadanos se enfrentan entre sí: unos acusan a los catalanes de «privilegios», otros acusan a los andaluces de «vivir del cuento». El conflicto horizontal impide ver que los responsables de la desigualdad territorial no son los ciudadanos de unas regiones u otras, sino las decisiones políticas tomadas en Madrid y en Bruselas, y los intereses económicos que las condicionan.

La sociología política ha mostrado que el conflicto horizontal es particularmente eficaz porque explota la proximidad. Es más fácil odiar a quien está cerca, a quien es visible, a quien compite por el mismo trabajo, la misma vivienda, la misma escuela. El poder, en cambio, es abstracto, distante, invisible. 

Los grandes inversores, los fondos de capital riesgo, los responsables de las políticas de vivienda, los diseñadores de las reformas laborales no están en el barrio; no se ven en el supermercado ni en el autobús. El conflicto horizontal canaliza la ira hacia lo cercano, y al hacerlo, protege lo lejano. Como describía el filósofo Slavoj Žižek, la ideología no es una ilusión que oculta la realidad, sino la propia realidad en su funcionamiento; y el conflicto horizontal es una de las formas más eficaces de esa ideología en acción.

El antídoto contra el conflicto horizontal es la práctica de la solidaridad transversal. Reconocer que el inmigrante, el vecino del bloque de al lado, el trabajador de la misma fábrica, el ciudadano de otra comunidad autónoma, no es el enemigo, sino un aliado potencial en la lucha contra las estructuras que nos oprimen a todos. 

Preguntarse siempre: ¿quién se beneficia de que yo odie a esta persona? ¿Qué poder permanece intacto mientras nosotros nos enfrentamos? Construir puentes, no muros; alianzas, no trincheras. Y, sobre todo, levantar la mirada: no mirar al lado, sino hacia arriba. Las palabras de Bertolt Brecht, «la peor lucha es la que no se hace», resuenan en los corazones de los que vivimos este aparente caos de sociedad. Pero también podríamos decir: la lucha más inútil es la que se hace contra el compañero de infortunio en lugar de contra el arquitecto del infortunio.

Con esta técnica de manipulación cerramos este recorrido por los diecinueve mecanismos de la fabricación de la realidad. 

Hemos visto cómo se construye el enemigo, cómo se fabrica el miedo, cómo se asocian emociones a ideas, cómo se deshumaniza al otro, cómo se encuadra la realidad, cómo se simplifica, se fragmenta, se descontextualiza, se reducen las opciones a dos, se personalizan los mensajes, se renueva la atención, se satura de información, se orquesta el consenso, se amplifica artificialmente, se fabrica la unanimidad, se aísla en burbujas, se normaliza lo extraordinario, se agota con confrontación y, finalmente, se desvía el conflicto hacia los semejantes. No es una conspiración, sino una arquitectura. 

No es un complot, sino un sistema. Y conocerlo es el primer paso para desmontarlo. Porque la realidad se puede fabricar, pero también se puede defender. Y la defensa comienza por saber cómo se construye.


martes, 29 de septiembre de 2026

Fabricando la realidad (19). Principio de agotamiento por confrontación: mantenernos tan ocupados reaccionando, defendiendo y atacando que ya no quede energía para comprender

No podemos dejar de mencionar que la democracia, en su ideal más puro, es un espacio de deliberación donde ciudadanos y representantes confrontan ideas para construir el bien común. Parlamento tiene su origen etimológico en una palabra que significa «hablar». Además, las democracias se asientan sobre el principio del gobierno para la mayoría posible de personas, lo que implica pacto, negociación, en definitiva, hablar entre diferentes.

Pero hay una diferencia profunda entre la confrontación de ideas y la confrontación permanente. La primera es el motor del progreso; la segunda es su enemigo. El principio de agotamiento por confrontación consiste en mantenernos tan ocupados reaccionando, defendiendo y atacando que ya no quede energía para comprender. No se trata de ganar un debate, sino de hacer que el debate nunca termine. De mantener a la ciudadanía en un estado de alerta constante, donde cada declaración es una provocación, cada desacuerdo una traición y cada crisis una oportunidad para atacar al adversario. 

Cuando la política se convierte en una guerra de desgaste, el cansancio reemplaza al juicio, la fatiga a la reflexión y la indiferencia a la participación. La confrontación permanente no busca convencer; busca agotar. Y el agotamiento es la forma más eficaz de desmovilización política.

La ciencia política ha estudiado este fenómeno bajo el concepto de «polarización afectiva»: el sesgo emocional favorable al propio grupo y la animadversión hacia el adversario. La V Encuesta Nacional de Polarización Política del CEMOP (2025) confirma que la polarización en España ya no se manifiesta principalmente como discrepancia ideológica, sino como «un clima emocional de confrontación permanente». 

El 70,1% de la ciudadanía considera que el nivel de crispación política es hoy mayor que hace un año, frente a apenas un 2,4% que cree que ha disminuido. No es solo que la política vaya peor; es que la percepción de conflicto se ha convertido en el marco dominante a través del cual los ciudadanos interpretan la realidad. La política se percibe como «conflicto constante y no como espacio de resolución de problemas».

El sociólogo Byung-Chul Han, en La sociedad del cansancio, describió cómo hemos pasado de una sociedad disciplinaria a una sociedad del rendimiento, donde ya no es el poder el que nos impone la carga, sino nosotros mismos quienes nos exigimos cada vez más. 

En el ámbito político, esto se traduce en una hiperactividad que nos mantiene permanentemente movilizados: la necesidad de estar informados y opinar sobre todo, la urgencia de demostrar compromiso político constante, la exigencia incesante de presencia digital y activismo permanente. «Creemos que participamos libremente, pero en realidad nos estamos sometiendo a una exigencia incesante de producción política», escribe el analista. El ciudadano hiperconectado es, en muchos casos, «un trabajador incansable de su propia identidad pública».

En España, esta dinámica ha alcanzado una intensidad que ya no puede explicarse como mera tensión coyuntural. La política española atraviesa una fase de polarización estructural. Todo ocurre como si el país viviera instalado en una campaña electoral infinita donde cada declaración, cada crisis y cada debate estuvieran diseñados no para resolver problemas, sino para alimentar titulares inmediatos y desgaste político constante. Una pandemia, una crisis energética, una emergencia sanitaria o una negociación internacional duran exactamente el tiempo que tardan en transformarse en munición partidista. 

Después desaparecen sepultadas bajo el siguiente escándalo, la siguiente polémica o el siguiente enfrentamiento televisivo.

El agotamiento por confrontación tiene consecuencias profundas para la democracia. En primer lugar, deteriora la confianza pública. Cuando todo se convierte en propaganda, los ciudadanos dejan lentamente de creer en cualquier relato institucional. La sensación de que nada es completamente verdad y de que todo responde únicamente a intereses partidistas genera una desafección que abre la puerta a los extremos populistas. En segundo lugar, desvía la atención de los problemas reales. El ruido constante y la permanente confrontación por todo desvían la atención de los problemas ciudadanos. Cuestiones estructurales como la vivienda, la precariedad juvenil o la transformación tecnológica aparecen y desaparecen rápidamente  sepultadas bajo la lógica del enfrentamiento permanente.

El caso de Aragón es un ejemplo paradigmático de cómo la confrontación permanente acaba alimentando aquello que dice combatir. El Partido Popular convocó elecciones autonómicas anticipadas argumentando que necesitaba liberarse del condicionamiento de Vox. La apuesta, sin embargo, no solo no ha cumplido ese objetivo, sino que ha producido el efecto contrario: el PP pierde escaños y Vox refuerza de manera significativa su presencia. 

 La lección es clara: la polarización no debilita al populismo, lo alimenta. Cada vez que el debate político se reduce a bloques irreconciliables, quienes mejor se mueven en ese terreno son precisamente las fuerzas que hacen de la confrontación su principal activo. Cuando el centro se estrecha, el espacio que queda libre lo ocupan los extremos.

La crisis de Ceuta en julio de 2026 ha sido otro campo de batalla donde la confrontación permanente ha impedido cualquier atisbo de unidad nacional. El editorial de El Mundo, Desidia, distopía y confrontación, describía cómo el presidente del Gobierno, lejos de hacerse cargo de la grave crisis, se mostró como un presidente ajeno a la realidad y recurrió a la estrategia conocida en él: enrocamiento, manipulación de los hechos y confrontación, en este caso ya no solo con la oposición, sino apuntando al jefe del Estado. La crisis multidimensional que requería un liderazgo a la altura se convirtió en otro episodio de la guerra de desgaste entre actores políticos. Ante la ausencia de gestión, la receta, una vez más, es azuzar la división.

El catedrático de Ciencia Política Xavier Coller ha advertido de que «la manera en que se gestiona públicamente la política aleja progresivamente a capas amplias de la población». Sus datos de encuesta muestran que más de la mitad de la población «mejoraría su visión de la política si se hiciera un esfuerzo por alcanzar acuerdos». Y sin embargo, la lógica del conflicto domina el escenario, haciendo «muy difícil llegar a esos acuerdos». Los votantes de PP, PSOE y Sumar-Podemos están de acuerdo en que mejorarían su visión de la política si hubiera más acuerdos; solo los votantes de Vox se muestran menos favorables. La mayoría de la ciudadanía quiere menos confrontación, pero la dinámica política se empeña en ofrecerle más.

El agotamiento por confrontación no es un accidente; es una estrategia. La conversación pública ha dejado de girar en torno a propuestas y soluciones. Ahora se trata de identidades impuestas. Se ha instalado la idea de que quien no está de un lado, forzosamente pertenece al otro.  En este juego de trincheras, la verdadera política –esa que debería atender los problemas reales de la gente– se convierte en un espectáculo de polarización. La ciudadanía queda reducida a una audiencia pasiva, aplaudiendo o abucheando según el guion preestablecido.

El antídoto contra el agotamiento por confrontación es la recuperación de la política como espacio de construcción colectiva. Exigir que el debate público no se limite a la reacción inmediata, sino que incluya propuestas y soluciones. Rechazar la lógica de la trinchera y reivindicar el valor del acuerdo y el matiz. 

Desconectar del ruido permanente y dedicar tiempo a la comprensión profunda. Y, sobre todo, no dejarse arrastrar por la fatiga que la confrontación permanente intenta inducir. El filósofo mencionado más arriba, Byung-Chul Han, nos muestra que la sociedad del cansancio nos convence de que estamos agotados para que aceptemos el orden existente. La resistencia al agotamiento es, en sí misma, un acto político.

En el próximo artículo analizaremos el decimonoveno y último principio: el de conflicto horizontal, esa técnica que dirige nuestra frustración hacia otros como nosotros en lugar de hacia las estructuras que producen el problema, y que cierra el círculo de la fabricación de la realidad.


lunes, 28 de septiembre de 2026

Repertorios, ciclos y persistencia de los esquemas de movilización en Europa

La historia no se repite, pero rima. La frase atribuida apócrifamente a Mark Twain adquiere una densidad analítica inusitada cuando se observa la acampada de la Puerta del Sol que, durante el último fin de semana, ha vuelto a convertir el kilómetro cero de Madrid en un hervidero de tiendas de campaña, asambleas improvisadas y consignas contra el rentismo. 

Quienes vivieron el 15M reconocen el guion: la ocupación del espacio simbólico, la organización por comisiones, la efervescencia de una ciudad efímera que se levanta en cuestión de horas. Pero la repetición no es un accidente ni una simple nostalgia. Responde a una lógica profunda que la sociología de los movimientos sociales ha identificado desde hace décadas: los actores colectivos no inventan sus formas de protesta desde cero, sino que seleccionan de un repertorio limitado, históricamente construido y culturalmente disponible. 

Charles Tilly acuñó el concepto de repertorio de acción colectiva para designar precisamente ese conjunto restringido de actuaciones que una población dada conoce, domina y puede desplegar en un contexto determinado. Como en el jazz o la commedia dell’arte, los movilizados tienen varias piezas que pueden tocar, pero no una infinidad. La acampada de Sol de 2026 no es una excepción: es la enésima interpretación de una partitura cuyos compases se escribieron hace más de un siglo.

Esa continuidad se aprecia con especial claridad cuando se comparan las trayectorias de movilización en Francia, Italia y España. A pesar de sus diferencias institucionales y de sus culturas políticas divergentes, los tres países comparten un patrón recurrente: ciclos de protesta que se activan ante crisis económicas o políticas, se difunden rápidamente entre sectores sociales diversos y adoptan formas de acción que ya han sido probadas en episodios anteriores. 

Sidney Tarrow definió el ciclo de protestas como una fase de intensificación del conflicto social que incluye una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos movilizados, un ritmo acelerado de innovación en las formas de confrontación y la creación de marcos nuevos o transformados para la acción. 

Francia, con su tradición de huelgas generales y manifestaciones callejeras; Italia, con sus movimientos urbanos y sus autoriduccione; y España, con sus acampadas y sus paros generales, han recorrido cíclicamente esa secuencia sin que ninguno de ellos haya inventado un repertorio radicalmente distinto. Las diferencias son de intensidad y de contexto, no de gramática profunda.

El caso español es un observatorio privilegiado para analizar esta persistencia. Desde la Transición, España ha vivido diez huelgas generales de convocatoria sindical (1985, 1988, 1992, 1994, 2002, 2003, 2010, 2012 —marzo y noviembre—, además de las huelgas feministas de 2018 y 2019), y cada una de ellas ha reactivado un repertorio que combina la presión en la calle con la negociación institucional. 

La huelga general del 14 de diciembre de 1988, convocada por CCOO y UGT contra la reforma laboral del Gobierno socialista, paralizó el país y se convirtió en un hito porque demostró que la movilización sindical podía doblegar la voluntad de un Ejecutivo del propio signo político. La del 20 de junio de 2002, ya con el PP en el Gobierno, repitió el esquema: paro de 24 horas, manifestaciones masivas y una negociación posterior que moderó algunos aspectos de la reforma del desempleo. Las huelgas de 2010 y 2012, en plena crisis de la deuda soberana, volvieron a activar el mismo dispositivo, aunque con menor seguimiento y mayor desgaste. 

En todos los casos, el repertorio fue el mismo: la huelga general como forma de acción, la manifestación como escenificación del conflicto y la negociación como salida.

Pero el repertorio español no se agota en la huelga general. Barcelona, a principios del siglo XX, ya había ensayado las formas de protesta que reaparecerían un siglo después. La Semana Trágica de julio de 1909, desencadenada por el embarque de tropas para la guerra de Marruecos y sofocada con una represión brutal que dejó 104 civiles muertos y cinco ejecuciones, fue la primera gran insurrección urbana del movimiento obrero español. Los trabajadores convocaron una huelga general, se levantaron barricadas y la ciudad se convirtió en un campo de batalla durante siete días. 

Aquel episodio dejó una huella profunda: demostró que la ocupación del espacio público y la confrontación directa con el Estado eran formas eficaces —aunque costosas— de visibilizar el conflicto social. Un siglo más tarde, las acampadas del 15M recuperaron esa lógica de ocupación, aunque despojada de la violencia y reorientada hacia la construcción de una comunidad deliberativa en la plaza.

El 15M de 2011 marcó un punto de inflexión en el repertorio español. El 15 de mayo de aquel año, la plataforma Democracia Real Ya convocó una manifestación que reunió a miles de personas en toda España y acabó con altercados y 24 detenidos. Esa noche, unas 30 personas acamparon en la Puerta del Sol para reclamar un cambio político y social; fue el germen del movimiento. En los días siguientes, la acampada creció hasta convertirse en una ciudad dentro de la ciudad, con comisiones de trabajo, servicios de enfermería, comedores populares y asambleas diarias que se convirtieron en el corazón del movimiento. La organización asamblearia no fue un invento del 15M: ya estaba presente en las sociedades obreras de principios del siglo XX y en los movimientos vecinales de los años setenta, pero el 15M la elevó a principio constitutivo y la sistematizó hasta hacerla replicable. El campamento se convirtió en la modalidad de acción privilegiada, y su ejemplo se difundió rápidamente a otras ciudades españolas y europeas: los indignados griegos siguieron el modelo español, y el movimiento Occupy adoptó la ocupación de plazas como forma de protesta.

La acampada de Sol de septiembre de 2026 reproduce ese esquema con una fidelidad casi litúrgica. La chispa ha sido el desahucio de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años, el miércoles 23 de septiembre, en Madrid. La imagen ha conmovido al país, desencadenando una serie de manifestaciones contra los desahucios y por el derecho a la vivienda, capitalizadas por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. El sábado 26, unas 25.000 personas, según la Delegación del Gobierno —300.000 según los convocantes—, han marchado bajo el lema «Ni una Maricarmen más» y, al término de la marcha, centenares de personas han acampado en Sol. 

La acampada ha sido organizada con la misma lógica que en 2011: una carpa central, comisiones de trabajo, donaciones de comida y agua, y asambleas para deliberar sobre las acciones a seguir. Las consignas también resuenan con ecos del pasado: «O cae el rentismo o cae el Gobierno», «Hace falta ya una huelga de alquileres, hace falta ya una huelga general», «Madrid será la tumba del rentismo». La conexión con el 15M es explícita: quienes participaron en las acampadas de 2011 reconocen el guion, y los más jóvenes, que entonces eran niños, viven ahora su propio momento de efervescencia colectiva.

La pregunta que surge inevitablemente es por qué los movimientos sociales repiten estos esquemas. La respuesta no es la falta de imaginación, sino la eficacia del repertorio disponible. Tilly observó que los cambios en los repertorios son incrementales y raros: las innovaciones radicales son excepcionales, y la mayoría de las transformaciones se producen dentro de los límites establecidos por el repertorio preexistente. 

Esto ocurre porque los actores colectivos no eligen sus formas de acción en un vacío, sino en un contexto histórico concreto que les ofrece un conjunto limitado de opciones legítimas y eficaces. La acampada funciona porque ocupa un espacio simbólico, genera visibilidad mediática, permite la construcción de una identidad colectiva y obliga a las autoridades a posicionarse. La huelga general funciona porque paraliza la producción y ejerce presión sobre el Gobierno y los empresarios. Son formas que ya han demostrado su eficacia en el pasado, y por eso se repiten.

La comparación con Francia e Italia refuerza esta interpretación. En Francia, el repertorio de protesta ha estado históricamente dominado por la huelga general y la manifestación callejera, con una tradición de confrontación con el Estado que se remonta a la Revolución y que se ha mantenido viva a lo largo de los siglos XIX y XX. 

En Italia, los movimientos urbanos de los años sesenta y setenta desarrollaron formas de acción como la autoriduccione (reducción autónoma de precios y tarifas) y la ocupación de viviendas, que luego fueron recuperadas por los movimientos antiglobalización y, más tarde, por las acampadas de los indignados. 

En España, el repertorio ha combinado la huelga general, la manifestación y, desde 2011, la acampada en plazas. En los tres casos, los ciclos de protesta se han activado en momentos de crisis económica y política, y han seguido una secuencia similar: indignación, movilización, difusión, institucionalización y, finalmente, declive o transformación.

La acampada de Sol de 2026 no es, por tanto, un fenómeno aislado ni una novedad radical. Es la manifestación más reciente de un ciclo de protestas que se remonta al menos a la crisis de 2008 y que tuvo en el 15M su expresión más emblemática. 

La conexión con las huelgas generales y con el movimiento sindical de Barcelona de principios del siglo XX no es una simple analogía historicista: es el reconocimiento de que los movimientos sociales, en España y en Europa, han construido a lo largo del tiempo un repertorio limitado de formas de acción que siguen utilizando porque siguen funcionando. La acampada, la huelga general, la manifestación y la ocupación del espacio público son las piezas de ese repertorio, y su repetición no es un signo de agotamiento, sino de continuidad. 

Tarrow afirmaba que los ciclos de protesta son fases de intensificación del conflicto que se difunden rápidamente y que transforman los marcos de la acción colectiva. La acampada de Sol de 2026 es, en este sentido, un nuevo capítulo de una historia que empezó mucho antes y que, previsiblemente, seguirá escribiéndose con los mismos mimbres.

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Bibliografía


Bernhard, L., Fossati, F., Hänggli, R., & Kriesi, H. (2019). Action repertoires for shaping the debates. En Debating unemployment policy: Political communication and the labour market in Western Europe (pp. 173-188). Cambridge University Press.

Pickvance, C. (1985). The rise and fall of urban movements and the role of comparative analysts. Environment and Planning D: Society and Space, 3(1), 31-53.

Tarrow, S. (1997). El poder en movimiento: Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Alianza Editorial.

Tilly, C. (1978). From mobilization to revolution. Addison-Wesley.

VV.AA. (2011). Los indignados han recurrido de manera amplia a dos modalidades de acción, la marcha y el campamento. Revista FLACSO Ecuador, (87), 111-128.

Fabricando la realidad (18). Principio de normalización: repetir algo extraordinario hasta que deje de parecernos extraordinario

Hay un momento, casi imperceptible, en el que lo que nos parecía inaceptable deja de parecérnoslo. No porque haya cambiado nuestra moral, ni porque hayamos comprendido algo nuevo, sino simplemente porque lo hemos visto tantas veces que ya no nos sorprende. 

El principio de normalización consiste precisamente en eso: repetir algo extraordinario —una mentira, una violencia, un discurso de odio, una ruptura de la norma democrática— hasta que deje de parecernos extraordinario. La repetición no convence; acostumbra. Y el acostumbramiento es la forma más profunda de la manipulación, porque cuando algo se vuelve normal, deja de ser cuestionado. La normalización no nos hace creer que lo extraordinario es verdadero; nos hace creer que es inevitable, y por tanto, que no merece la pena resistirse.

La sociología y la psicología social han estudiado este fenómeno desde múltiples perspectivas. El concepto de «habituación» describe cómo la exposición repetida a un estímulo reduce nuestra respuesta emocional al mismo. Lo que al principio nos indigna, con el tiempo nos deja indiferentes. La teoría de la «ventana de Overton», formulada por el politólogo Joseph Overton, describe cómo las ideas que están fuera del espectro de lo aceptable pueden ser desplazadas gradualmente hacia el centro mediante la repetición y la normalización: lo que era impensable ayer se convierte en discutible hoy, y en aceptable mañana. 

El filósofo y sociólogo francés Jacques Ellul, en su obra sobre propaganda, advertía que la normalización opera a través de la «integración»: la repetición rutinaria de mensajes en la educación, el periodismo y la cultura va «incrustando valores y legitimando instituciones» hasta que se convierten en el nuevo sentido común. La normalización no es un accidente; es el objetivo último de toda propaganda duradera.

En el contexto español, la normalización del discurso de extrema derecha ha sido uno de los fenómenos políticos más significativos de la última década. Lo que hace unos años era considerado inaceptable —afirmaciones racistas, discursos de odio contra inmigrantes, teorías conspirativas como la del «reemplazo demográfico», propuestas de deportación masiva— ha ido ganando espacio en el debate público hasta convertirse en una opción política más. 

Un estudio longitudinal sobre las intervenciones parlamentarias en España durante las últimas tres décadas muestra un incremento significativo del discurso de odio, y señala que este aumento «puede contribuir a cambios sociales a largo plazo, incluyendo un aumento de las divisiones sociales y la normalización de puntos de vista extremistas». La politóloga Anna López sostiene que el «proceso de normalización de la extrema derecha ha sido mucho más rápido en España que en otros lugares de Europa», y las investigaciones confirman que «cuando la ultraderecha se normaliza, sus salidas de tono o posiciones extremas no escandalizan». La inclusión de Vox en gobiernos autonómicos y su creciente protagonismo en el debate público han contribuido a su «legitimación». Lo que antes era una anomalía se ha convertido en parte del paisaje político cotidiano.

La crisis migratoria de Ceuta en julio de 2026 ha sido un campo de pruebas para la normalización del discurso de odio. Mikel Mazkiaran, abogado y miembro de SOS Racismo, ha señalado la «normalización» de discursos «abiertamente discriminatorios» que «no se clasifican como racistas». El sindicato CGT ha advertido de que la «normalización de estos mensajes supone abrir la puerta a que distintos colectivos vulnerables puedan convertirse sucesivamente en chivos expiatorios». La normalización no convierte el odio en amor; lo convierte en algo sobre lo que no merece la pena indignarse. Y cuando la indignación desaparece, la resistencia se vuelve más difícil.

El caso de los pseudomedios y los agitadores ultras en España es otro ejemplo de normalización en acción. Figuras como Vito Quiles y Bertrand Ndongo, ligados al ecosistema de Vox, han convertido cada intervención parlamentaria en una «performance», y su presencia en el debate público, aunque inicialmente escandalosa, se ha ido normalizando hasta el punto de que el Gobierno ha tenido que impulsar un plan con seis leyes para combatir la actuación de los pseudomedios. La normalización no significa que lo extraordinario haya dejado de ser extraordinario; significa que nos hemos acostumbrado a él, y ese acostumbramiento es precisamente lo que permite que siga ocurriendo.

No podemos dejar de mencionar a Valeria Racu, del Sindicato de Inquilinas, poniendo los puntos sobre las íes en una intervención televisiva, a raíz de la muy reciente acampada de Sol, con reminiscencias del hartazgo del 15M: «¿En qué momento hemos igualado el derecho a la vivienda con el derecho a la especulación?».

En el ámbito internacional, la normalización de la guerra en el discurso público es uno de los ejemplos más preocupantes. En Italia, se ha documentado una «progresiva normalizzazione della guerra nel discorso pubblico e nella vita quotidiana», que incluye la militarización de la sociedad, la exaltación de la fuerza, la presencia constante de uniformes en el espacio público y la propaganda que transformaba la guerra en destino nacional. 

En Rusia, la retórica nuclear se ha normalizado en la cúpula parlamentaria, con diputados pidiendo abiertamente ataques nucleares como si fueran una opción política más. Lo que hace una década habría sido impensable —discutir el uso de armas nucleares en un parlamento— se ha convertido en una declaración rutinaria. La normalización no hace que la guerra sea más aceptable moralmente; la hace más aceptable psicológicamente, y al hacerlo, allana el camino para que ocurra.

La normalización de la mentira en la vida política es quizás el ejemplo más universal de este principio. En Perú, se ha propuesto sancionar penalmente la «normalización de la mentira en la vida política», reconociendo que cuando la mentira se convierte en un recurso político habitual, la verdad pierde valor público. 

En España, el líder de la oposición ha prometido «sacar a España de la normalización de la mentira», y un análisis señala que «la normalización de la mentira es el germen de la desafección, y ésta de la abstención o el abrazo de los extremos populistas». La normalización de la mentira no convence a nadie de que la mentira sea verdad; convence a todos de que la verdad no importa. Y cuando la verdad no importa, cualquier cosa es posible, como bien nos mostró Hannah Arendt.

El caso de Palestina es un ejemplo extremo de normalización de lo anormal. Desde la creación del Estado de Israel, lo ocurrido en Palestina ha ido acompañado de un adoctrinamiento que normaliza la distorsión de los derechos y valores humanos en el mundo. Un niño palestino amputado, o decenas de miles mutilados en Gaza, se han convertido en «una noticia» más, no porque su sufrimiento sea menos real, sino porque la repetición de la violencia ha ido erosionando nuestra capacidad de asombro. 

La normalización no elimina el sufrimiento; lo hace invisible a nuestros ojos, y por tanto, irrelevante para nuestra acción política. Al hacerlo en el momento en que nos estamos alimentando, con todas nuestras defensas bajas y la atención desenfocada, el proceso de normalización del sufrimiento se desplaza hacia el hartazgo y la desafección.

La sociología política ha mostrado que la normalización es la culminación de todos los principios anteriores. La simplificación, la fragmentación, la descontextualización, la saturación, la amplificación artificial, la unanimidad fabricada y el aislamiento informativo son herramientas que preparan el terreno para la normalización. 

Cuando la realidad ha sido fragmentada, el contexto eliminado, la información saturada y las voces discrepantes aisladas, lo extraordinario puede ser repetido sin contradicción, sin escándalo, sin resistencia. La normalización no es un principio más; es el objetivo final de toda la arquitectura de la manipulación porque la manipulación busca la normalización y la banalización de las tropelías e ilegalidades que se acometen. La manipulación no quiere que creamos algo falso; quiere que dejemos de intentar distinguir lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto, lo aceptable de lo inaceptable.

El antídoto contra la normalización es la práctica de la extrañeza deliberada. Mantener viva la capacidad de asombrarse, de indignarse, de decir «esto no es normal» incluso cuando todos los demás parecen haberlo aceptado. 

Preguntarse siempre: ¿hace un año, esto me habría parecido aceptable? ¿Hace cinco años? ¿Hace diez? Si la respuesta es no, entonces algo ha cambiado, y ese cambio no es necesariamente progreso; puede ser normalización. Buscar referentes históricos que nos recuerden que lo que hoy parece normal ayer era impensable, y que lo que hoy parece inevitable mañana puede ser reversible. 

Y, sobre todo, resistir la tentación de la resignación, de la fatiga, de la creencia de que «siempre ha sido así» o «no se puede hacer nada». La normalización nos ofrece la comodidad de la aceptación; la democracia necesita la incomodidad de la resistencia. Theodor Adorno, uno de los padres de la teoría crítica de la sociedad, de la Escuela de Frankfurt, mantenía que la única forma de resistir la barbarie es no acostumbrarse a ella. Y no acostumbrarse a ella es, precisamente, lo que la normalización intenta impedir.

En el próximo artículo analizaremos el decimoctavo principio: el de agotamiento por confrontación, esa técnica que nos mantiene tan ocupados reaccionando, defendiendo y atacando que ya no queda energía para comprender, y que es el siguiente paso en la estrategia de desmovilización de la ciudadanía.


viernes, 25 de septiembre de 2026

Fabricando la realidad (17). Principio de aislamiento informativo: construir un ecosistema donde todo lo que vemos termine confirmando lo que ya creemos

Hemos recorrido ya quince principios de manipulación, y todos ellos comparten una característica fundamental: operan desde fuera hacia dentro, bombardeando al ciudadano con mensajes, emociones y narrativas diseñadas para moldear su percepción. Pero el principio de aislamiento informativo opera en la dirección contraria: no se trata de imponer una idea desde el exterior, sino de construir un ecosistema interior donde el ciudadano se sienta cómodo, seguro y confirmado en lo que ya cree. 

El aislamiento informativo no es una técnica de persuasión; es una técnica de encierro. Consiste en diseñar un entorno informativo —algoritmos, redes sociales, medios afines, círculos de conversación— donde todo lo que vemos, leemos y escuchamos termina confirmando lo que ya pensamos, y donde cualquier voz discrepante queda excluida, invisibilizada o desacreditada. Cuando el aislamiento informativo funciona, el ciudadano no necesita ser convencido de nada; ya está convencido, y todo su entorno se encarga de recordárselo una y otra vez. La manipulación ya no es necesaria porque la realidad se ha vuelto redundante.

La teoría de la comunicación ha estudiado este fenómeno bajo los conceptos de «burbuja de filtro» (filter bubble) y «cámara de eco» (echo chamber). El primero, acuñado por Eli Pariser en 2011, describe cómo los algoritmos de personalización nos muestran solo aquello que se ajusta a nuestros intereses y preferencias, aislando gradualmente cualquier información que no encaje con nuestro perfil. El segundo, la cámara de eco, describe un espacio donde las opiniones similares se amplifican y las contrarias se minimizan, creando la ilusión de que el consenso es mucho mayor de lo que realmente es. 

Ambos conceptos se refuerzan mutuamente: la burbuja de filtro nos aísla de perspectivas contrarias, y la cámara de eco nos hace creer que la nuestra es la única perspectiva legítima. El resultado es lo que los investigadores llaman «homofilia política»: la tendencia a rodearse de quienes piensan como nosotros, que en el entorno digital se convierte en un mecanismo de refuerzo ideológico que «acelera la fragmentación» de la esfera pública.

En el contexto español, el aislamiento informativo se ha convertido en un rasgo estructural del debate político. Un estudio sobre el comportamiento informativo de más de 14.000 usuarios de internet en siete países, entre ellos España, mostró cómo los algoritmos de personalización crean entornos informativos cada vez más homogéneos. La «fachosfera», como se ha denominado a la cámara de eco de la ultraderecha española, es un ejemplo paradigmático: un ecosistema digital que se acompaña de una retórica «antisanchista» y se reviste de un revisionismo de la memoria democrática, donde cualquier información que contradiga su narrativa es automáticamente descartada como «progresista» o «mediática». 

Pero el aislamiento informativo no es patrimonio de un solo bando; cada extremo del espectro político ha construido sus propias burbujas, sus propias cámaras de eco, sus propias realidades paralelas donde las noticias que confirman las propias creencias son las únicas que circulan. La crisis migratoria de Ceuta en julio de 2026 ha sido un ejemplo especialmente revelador de cómo funciona el aislamiento informativo. 

El gobierno español denunció que el 52% de la conversación en X sobre el tema era en español, pero cerca del 40% era en inglés, impulsada por usuarios estadounidenses que buscaban imponer el relato del «colapso de la seguridad». La desinformación no circulaba de manera uniforme; circulaba en burbujas. Los usuarios que seguían a cuentas afines a la ultraderecha recibían una dieta constante de contenido que presentaba la llegada de migrantes como una «invasión»; los usuarios que seguían a cuentas progresistas recibían una dieta igualmente constante de contenido que presentaba la crisis como un problema humanitario. Cada grupo vivía en su propia realidad informativa, y cada grupo creía que su realidad era la única verdadera. El aislamiento informativo no había creado dos opiniones sobre un mismo hecho; había creado dos hechos diferentes.

El ámbito de la política territorial española ofrece otro ejemplo paradigmático de aislamiento informativo. El conflicto catalán ha generado dos ecosistemas informativos prácticamente incomunicados: el independentista, donde los medios afines y las redes sociales construyen una narrativa de opresión y resistencia; y el constitucionalista, donde los medios afines construyen una narrativa de desafío a la ley y ruptura de la convivencia. Un ciudadano que se informa exclusivamente en medios independentistas no tiene acceso a los argumentos constitucionalistas; un ciudadano que se informa exclusivamente en medios constitucionalistas no tiene acceso a los argumentos independentistas. 

La posibilidad de un diálogo informado se desvanece porque cada bando habla un lenguaje diferente, cita fuentes diferentes y vive en una realidad diferente. Las cámaras de eco «estimulan la polarización» al aislar a los ciudadanos de fuentes informativas alternativas, y al hacerlo, convierten el debate político en un enfrentamiento entre realidades incomunicadas.

El fenómeno de la polarización entre los jóvenes españoles es otro reflejo del aislamiento informativo. Los jóvenes están «más polarizados políticamente que nunca», y las redes sociales juegan un papel central en este proceso, «reforzando nuestras ideas y generando cámaras de eco donde no tienen cabida las opiniones contrarias». 

El discurso antiinmigrante, por ejemplo, ha encontrado en las cámaras de eco un terreno fértil: «cada consulta en dispositivos móviles refuerza lo que ya se ha visto anteriormente», creando un bucle de confirmación que hace casi imposible que el usuario encuentre información que contradiga su sesgo. Los algoritmos, en este sentido, no son neutrales: están diseñados para maximizar el engagement, y el engagement se maximiza mostrando a cada usuario aquello que ya le gusta, aquello que ya confirma lo que ya cree. El aislamiento informativo no es un efecto secundario de la tecnología; es su lógica interna.

En el ámbito internacional, el aislamiento informativo ha sido una herramienta clave en las campañas de desinformación orquestadas por actores estatales. En Rumanía, la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2024 utilizó el microtargeting para crear burbujas informativas personalizadas: cada segmento de votantes recibía mensajes diseñados específicamente para sus miedos y prejuicios, de modo que cada grupo vivía en su propia realidad informativa y votaba en consecuencia. 

En Moldavia, las 119 cuentas falsas en TikTok no se dirigían a todos los ciudadanos por igual; se dirigían a segmentos específicos, creando burbujas de desinformación que aislaban a cada grupo en su propia narrativa. El resultado no era una sociedad uniformemente engañada, sino una sociedad fragmentada en burbujas incomunicadas, donde cada burbuja creía tener la verdad y desconfiaba de cualquier información que viniera de fuera.

En Estados Unidos, el aislamiento informativo ha alcanzado niveles de sofisticación que han reconfigurado el ecosistema político. Los seguidores de Donald Trump y los seguidores de Joe Biden no solo tenían opiniones diferentes; vivían en realidades informativas diferentes. Los primeros consumían y consumen medios que presentan las elecciones de 2020 como «robadas», el sistema judicial como «corrupto» y la inmigración como una «invasión»; los segundos consumían medios que presentan a Trump como una «amenaza a la democracia» y a sus seguidores como «extremistas». 

La posibilidad de un diálogo entre ambos universos es prácticamente nula, porque cada universo ha construido su propio conjunto de hechos, sus propias fuentes de autoridad y sus propias reglas de validación. El aislamiento informativo no es solo un problema de desinformación; es un problema de fragmentación de la realidad compartida.

La sociología política muestra cómo el aislamiento informativo impacta profundamente sobre las bases de la democracia. Cuando los ciudadanos viven en burbujas informativas incomunicadas, la deliberación pública se vuelve imposible. No hay un conjunto común de hechos sobre el que debatir; no hay un terreno neutral donde confrontar argumentos; no hay un espacio donde el disenso pueda ser escuchado y considerado. 

Es así que la política se convierte en una guerra de identidades, donde cada bando se define por oposición al otro y donde cualquier intento de tender puentes es tachado de traición. Las burbujas de filtro y las cámaras de eco fomentan la fragmentación de las percepciones compartidas de la realidad, y al hacerlo, socavan la base misma de la democracia: la posibilidad de que ciudadanos con diferencias legítimas puedan llegar a acuerdos informados.

El antídoto contra el aislamiento informativo es la práctica de la exposición deliberada a la diferencia. Buscar fuentes de información que no confirmen lo que ya creemos, sino que lo desafíen. Leer medios de tendencia contraria, no para cambiar de opinión, sino para entender cómo piensa el otro. Participar en conversaciones con personas que no comparten nuestras ideas, no para convencerlas, sino para escucharlas. 

Y, sobre todo, desarrollar la humildad intelectual de reconocer que nuestra visión de la realidad es siempre parcial, siempre limitada, siempre susceptible de ser enriquecida por perspectivas diferentes. Volvemos a citar al filósofo John Stuart Mill, cuando afirmaba que la verdad no surge del aislamiento, sino del choque de opiniones contrarias. El aislamiento informativo nos ofrece la comodidad de la certeza; la democracia necesita la incomodidad de la duda.

En el próximo artículo analizaremos el decimoséptimo principio: el de normalización, esa técnica que repite algo extraordinario hasta que deja de parecernos extraordinario, y que es el siguiente paso en la consolidación de la realidad fabricada.